Pocas veces ha sido más gráfica la división que una ley puede producir entre los trabajadores. El 7 de noviembre, en Valparaíso, mientras unas 500 personas que laboran en industrias pesqueras aplaudían en las afueras del Parlamento la aprobación de la reforma a la Ley de Pesca en una comisión de la Cámara de Diputados, alrededor de 600 pescadores artesanales que protestaban en el otro extremo del edificio fueron reprimidos y varios de ellos detenidos por Carabineros.
También hubo manifestaciones a favor y en contra de este proyecto en los meses anteriores. Dos días antes que la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca de la Cámara de Diputados aprobara la idea de legislar -en una segunda votación para dirimir un empate anterior- centenares de trabajadores industriales de la VIII Región ocuparon la autopista que une Concepción con Talcahuano, quemaron neumáticos y redes de pesca para exigir la pronta aprobación de la ley. Se defendieron a pedradas de efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros que se llevaron a varios detenidos. El 13 de noviembre en Puerto Montt los pescadores volvieron a chocar con la policía. También la CUT se hizo eco de la misma demanda, lo que fue severamente criticado por la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach), que representa a la principal fuerza social del sector con alrededor de 42 mil afiliados, entre pescadores, buzos y mariscadores.
Tanto los trabajadores de la industria como los de la pesca artesanal defienden sus respectivas fuentes de trabajo en medio de una grave crisis a causa del agotamiento de los recursos marinos. La sobreexplotación sostenida en las últimas dos décadas, en beneficio de las grandes empresas nacionales y transnacionales, auguraba la escasez de hoy, pero los gobiernos de la Concertación fueron sordos a los llamados de advertencia. Basta recordar el informe preliminar del Banco Central, en 1995, sobre la situación de las pesquerías nacionales que demostró que ocho de las nueve más importantes se encontraban sobreexplotadas, entre ellas el jurel, congrio dorado, merluza y tacas. El problema se agudizó en los años siguientes. La captura del jurel, por ejemplo, mostró una preocupante baja, pasando de casi 4 millones de toneladas en 1996 a no más de 1,2 millón en el 2000.
El proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso para modificar la actual Ley de Pesca por un período de dos años -se plantea en términos transitorios- intenta reglamentar el acceso a los pocos recursos del mar que van quedando, sabiendo que no alcanza para todos. Así, establece cuotas máximas de captura por armador y abre paso a la entrega gratuita y a perpetuidad de los recursos marinos, que son propiedad de todos los chilenos, a los grandes consorcios pesqueros.
Los pescadores artesanales acceden al 12% del desembarque total de recursos marinos y abastecen a cerca del 90% de la demanda interna. Se han destacado por su alto nivel de combatividad en la defensa de la conservación de los recursos marinos y de las cinco millas costeras de reserva pesquera, a menudo violadas por tecnificados barcos factorías. El dirigente de la Conapach, Cosme Caracciolo, declaró que el proyecto legislativo "vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, estableciendo discrecionalmente, casi con nombre y apellido diferentes formas de asignación de los recursos pesqueros". Agregó que es un verdadero "traje a la medida para las grandes empresas nacionales y transnacionales, además de pasar a llevar una serie de medidas de regulación ambiental y el derecho constitucional de libertad de pesca para los pescadores artesanales".
LOS JUEGOS DE ALBARRAN
El proyecto de ley, titulado "Límite máximo de captura por armador", fue elaborado por representantes de los empresarios pesqueros y funcionarios de la Subsecretaría de Pesca. Su gran impulsor es el subsecretario de Pesca, Daniel Albarrán, con el apoyo activo del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Barrueto, diputado de la región pesquera del Bío-Bío, y los ministros de Hacienda, Economía y secretario general de Gobierno. La idea de legislar se apoyó en la comisión parlamentaria gracias a una "vuelta de chaqueta" de miembros de la Concertación que lo habían rechazado en la primera votación generando un empate. Durante el gobierno de Eduardo Frei, la iniciativa privatizadora fue rechazada en tres oportunidades. Además de la Conapach, se oponen a este proyecto la Confederación Nacional de Tripulantes de Naves Pesqueras (Fetrinech), la Confederación de Gente de Mar (Congemar), pequeñas y medianas empresas del sector y organizaciones agrupadas en el Foro Ciudadano Ambiental (Casa de la Paz, Ecoceanos, Codeff y el Canelo de Nos, entre otras).
A comienzos de noviembre, la Conapach, Ecoceanos, la Coordinadora Ecologista y el Foro Ciudadano Ambiental solicitaron a la Contraloría General que investigue diversas situaciones relacionadas con el subsecretario de Pesca, que estarían vulnerando la Ley de Probidad Administrativa. En el Diario Oficial consta que Daniel Albarrán, ex presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Salmón y Trucha hasta marzo de este año, posee dos concesiones acuícolas en Aysén, XI Región, y es propietario del 3% de la empresa salmonera Antarfish. "Es delicado que en un momento en que se discute un proyecto de modificación a la Ley de Pesca que tiende a privatizar los recursos marinos, la Subsecretaría sea dirigida por un empresario como Daniel Albarrán Ruiz-Calvijo con intereses en el sector", acusó Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos.
La solicitud a la Contraloría incluye un informe relativo a la declaración de intereses del subsecretario, pues cuando pescadores de San Antonio le plantearon esta inquietud al ministro de Economía, José de Gregorio, éste afirmó categóricamente que Albarrán se había desligado de la actividad acuícola.
CAMINO A LA PRIVATIZACION
Luego de la aprobación de la idea de legislar, Juan Carlos Cárdenas señaló que "el desconocimiento de las reales implicancias del proyecto por parte de quienes lo aprobaron, las graves acusaciones en Contraloría sobre el manifiesto conflicto de interés que afecta al subsecretario de Pesca y las confusas situaciones que rodearon la votación de los diputados oficialistas explica que se hayan impuesto el poder político y el dinero, abriendo de manera estratégica el paso a la privatización de los recursos del mar".
Por su parte, la Conapach declaró que la decisión de la comisión parlamentaria "cuestiona directamente al presidente Lagos y a sus funcionarios, en relación con la ética pública y su verdadero compromiso con las grandes mayorías ciudadanas, la democracia y el desarrollo sostenible de la pesca nacional. La votación registrada en la Cámara de Diputados representa ni más ni menos los corruptos intentos de funcionarios de gobierno por vender y regalar los recursos naturales del país al gran empresariado nacional y transnacional".
Si prospera la modificación, el 70 % de la pesquería chilena de merluza común, principal recurso de consumo nacional, quedará en manos de dos familias (Stenjel y Santa Cruz) con asiento en la región de Bío Bío, y el 99 % de la pesquería de merluza de tres aletas en poder de la familia Del Río, cuya cabeza empresarial, José Luis Del Río, es miembro del Consejo Nacional de Pesca, cuerpo asesor del subsecretario de Pesca y dueño de la empresa Pesquera Frío Sur, además de accionista de la transnacional japonesa Emdepes.
La situación será más grave aún si se toma en cuenta que el Grupo Angelini controla el 87% de la pesquería del extremo norte de Chile a través de Corpesca S.A., lo que le permite dominar el 9 % de la oferta y comercialización mundial de harina de pescado. A través de un activo proceso de fusiones, el grupo Angelini creó la empresa SPK, que amplió su área de control de la pesquería en la zona centro sur. Numerosas fusiones resueltas durante este año se han traducido en constantes despidos de trabajadores
PF y Ecoceanos News
