Observatorio Político
La UDI: bombero de la protesta social

Respuesta de emergencia a
los estudiantes

Las 21 propuestas entregadas por el nuevo ministro de Educación, Felipe Bulnes, para destrabar el conflicto con los estudiantes y los profesores tuvo como telón de fondo un evidente intento de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por asumir un papel protagónico en el gobierno, desplazando incluso al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, sostenido en el gabinete por el presidente Sebastián Piñera.
Pablo Longueira y Andrés Chadwick, ex senadores de la UDI, el principal partido de la coalición oficialista, llegaron al equipo ministerial pisando fuerte, pauteando la agenda informativa y desdibujando incluso la incontenible figuración del propio mandatario. “La Moneda vuelve a tener un panzer”, llegó a titular en su cuerpo de reportajes dominical el diario El Mercurio, experimentado conocedor de las vanidades políticas, en alusión al nuevo titular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Andrés Chadwick, comparándolo con José Miguel Insulza, el poderoso ex ministro de la Concertación en dos de sus cuatro administraciones.
Longueira, en tanto, desde su cargo de ministro de Economía, desplazó del primer plano a todos sus pares, promoviendo nuevas iniciativas y abordando temas que superan las prerrogativas de la cartera que encabeza. La guinda de la torta la puso a través de un programa de televisión donde propuso una reforma tributaria para financiar los gastos de la eventual reforma educacional emprendida por el gobierno. Sin embargo, esto fue rápidamente desmentido por los ministros Felipe Larraín y Andrés Chadwick.
La audacia de Longueira provocó la inmediata crítica de sus aliados de Renovación Nacional y también de algunos de sus principales detractores en la disidencia. No obstante, el ex senador prosiguió, impertérrito, su cruzada para mantener la iniciativa política propia y del gobierno, pese a quien pese. En ese afán se reunió con los máximos representantes del retail y programó una apretada agenda de reuniones con otros gremios empresariales.
Aparentemente, arropado como ministro de Economía, Longueira intentará reencantar a las bases sociales de apoyo a la derecha y conseguir relanzar al gobierno con un paquete de reformas potentes que aborden la educación, salud, trabajo, pobreza y consumo. En estos cinco ejes se sustenta el apoyo social que se requiere para revertir la caída de la popularidad de Piñera -que llega sólo al 30 por ciento según la encuesta Adimark- y vislumbrar la posibilidad de una segunda administración de la derecha, esta vez encabezada por la UDI.
En este escenario, resulta prioritario poner fin a las movilizaciones estudiantiles y evitar que la protesta social se torne incontrolable. De allí que el ministro Bulnes haya sido forzado a entregar una rápida respuesta a las demandas de secundarios, universitarios y profesores, contenidas en las llamadas “Bases para un Acuerdo Social por la Educación Chilena”, texto de 19 carillas que se resumió en 21 medidas para la enseñanza preescolar, escolar y superior.
Entre ellas destacan la incorporación de la educación de calidad como garantía constitucional, la modernización de la carrera docente, la promoción de la democratización estudiantil, la reformulación del sistema de becas y créditos estudiantiles para la educación superior, una Superintendencia de Educación Superior que haga efectiva la prohibición de lucro en las universidades y la desmunicipalización de la educación pública.
Alumnos y profesores llevaron la propuesta a sus bases y anunciaron una respuesta para este viernes 5 de agosto. Cualquiera sea, es evidente que las reformas educacionales, si es que se realizan, llevarán largo tiempo y serán motivo de un debate permanente. Para abordar integralmente las reformas al sistema educacional, se requiere conocer los planes estratégicos para el desarrollo del país; que se diga claramente a los ciudadanos hacia dónde va Chile y cuáles son los principales objetivos para conseguir un mayor progreso. En la actualidad, esto no parece posible porque el mercado es el encargado de regular la actividad económica.
¿Necesita el país los casi quince mil futuros abogados que se están formando en medio centenar de programas de derecho vigentes en la actualidad? ¿Requiere el país más de cuarenta escuelas de periodismo y otros tantos institutos donde se preparan comunicadores de todo tipo y calidad? ¿Cuál será el futuro de la industria y qué tipo de industrias se requieren en los próximos años? ¿Seguirá expandiéndose el retail hasta devorar el pequeño y mediano comercio? ¿Terminará la mayoría de los chilenos trabajando sólo en el sector servicios? ¿El cobre, el molibdeno, la harina de pescado y las forestales seguirán siendo el principal sustento de las exportaciones?

Treinta años sin cambios

Hace treinta años, en 1981, la dictadura militar decidió reducir el papel regulador y orientador del Estado sobre el sistema educativo. Para ello desmembró a la Universidad de Chile y entregó a los municipios el control sobre los establecimientos de enseñanza básica y secundaria de carácter público. Desde ese momento, el mercado se encargaría de regular la calidad de la educación.
Luego del retorno a la democracia en 1990, los sucesivos gobiernos de la Concertación mantuvieron el modelo educativo y sólo efectuaron reformas cosméticas en un intento de mejorarlo. En 2006, con la “revolución pingüina”, se logró reimponer en la agenda pública un debate sobre los problemas estructurales, como el papel del Estado en la enseñanza, el valor de la educación pública, su financiamiento y administración, y la formación de los profesores, entre otros aspectos críticos.
Aquella movilización estudiantil consiguió la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), promulgada a fines de la dictadura del general Augusto Pinochet, y su reemplazo por una nueva Ley General de Educación (LGE). Junto con ello, los estudiantes secundarios lograron que se creara un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que implicaba una Superintendencia de Educación y una Agencia de Calidad.
Pasada la tormenta estudiantil, una vez más promesas y compromisos se diluyeron en el marasmo burocrático y en la casi nula intención de la mayoría de los actores políticos, tanto del gobierno como de oposición, por efectuar transformaciones profundas. Finalmente, muy emperifollada pero carente de sustancia, la LGE fue aprobada en el Congreso y todo siguió igual.
Hasta ahora, el principal problema de la educación superior chilena -la desigualdad- se expresa en que los estudiantes de menores ingresos son los que más pagan, recibiendo una educación de peor calidad. La desigualdad en la educación básica y media persiste al llegar a la superior. El Estado entrega un subsidio bien focalizado para las dos primeras, mientras que el destinado a los universitarios favorece mayoritariamente a los de altos ingresos.
La educación superior se masificó a partir de la desregulación del sector en 1981, pasando de 120 mil a casi un millón de matriculados en sólo tres décadas. A partir de 1990 los universitarios crecieron de 125 mil, en 1990, a 560 mil, en 2010

MANUEL SALAZAR SALVO

RECUADRO

Datos duros sobre educación en Chile

• En Chile el aporte familiar al financiamiento de la educación superior es de 73% del total. En los países de la OCDE es sólo de 16%.
• Un porcentaje del financiamiento para las universidades proviene del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) que premia a las casas de estudio donde se matriculan los 27.500 alumnos con mejores puntajes de la PSU. El aporte es de unos 800 mil pesos anuales por alumno.
• El 12% de los alumnos que rinden la PSU proviene de colegios particulares, un 41% de establecimientos municipales y un 47% de colegios particulares subvencionados.
• Un 67% de los estudiantes de la Universidad Católica y un 38% de la U. de Chile provienen de colegios particulares, porcentajes muy elevados de ese 12% de alumnos que representa este segmento entre quienes rinden la PSU.
• En 2005 poco más de 59 mil jóvenes optaron por estudiar carreras técnicas en universidades, institutos y centros de formación técnica. En 2011 la cifra llegó a 127 mil.
• En 2011 de cada diez jóvenes que entraron a la educación superior, cuatro optaron por formación para técnicos y seis por títulos profesionales o licenciaturas.
• En 2011 hay 980 mil estudiantes en la educación superior, un incremento de 59% con respecto a 2005. De esta cantidad, 261 mil estudia carreras técnicas.
• Algunas carreras técnicas, en el área de la salud y otras, ofrecen una cada vez más alta empleabilidad y rentas, a veces similares a las de los profesionales.
• Cerca de 900 liceos técnicos concentran 38% de la matrícula de educación media, con casi 400 mil alumnos. Representan al sector más vulnerable, el de las familias de menores ingresos, donde un 65% corresponde a los dos primeros quintiles. La calidad de la formación general y vocacional en estos liceos es mediocre, lo que se traduce en bajos puntajes PSU y difícil inserción laboral al egresar. Se requiere más y mejor equipamiento, pero también mediciones de los aprendizajes y oportunidades para que los alumnos accedan a la educación superior.
• En general, el sistema escolar reproduce la estructura de clases del país. Los pobres se educan con los pobres; los ricos con los ricos. Ello ocurre en la educación municipalizada o particular subvencionada versus la de financiamiento compartido o particular.
• Hoy se prohíben las universidades con fines de lucro pero se tolera que existan, en abierta transgresión de la ley. A través de inmobiliarias, agencias de publicidad y otras empresas relacionadas se licuan las ganancias obtenidas en las universidades a través de los aranceles.
• Las escuelas públicas perdieron más de 459 mil alumnos entre 2000 y 2010. Y las particulares subvencionadas sumaron 600 mil en similar periodo. Los municipios dejaron de percibir 714 millones de dólares al año en subvenciones, considerando un aporte promedio de 755 mil pesos cada año por alumno (69.900 al mes).
• Las escuelas particulares pasaron en diez años de 2.378 a 4.566 en las áreas urbanas.
Si en 2000 los colegios particulares subvencionados tenían 507 alumnos en promedio, hoy tienen apenas 392. Y si los municipales tenían 690 alumnos, hoy tienen 526. Si se desea volver al mismo número de alumnos por colegio municipal que había en 2000, habría que eliminar 589 establecimientos.
• Mario Waissbluth, director de Educación 20/20, ha advertido que junto con la fuga de alumnos de las escuelas municipales surgió una industria pyme de escuelas particulares subvencionadas, que tampoco entrega educación de calidad. Sugirió que deberían fusionarse escuelas en los sectores urbanos.
• El 59% de los egresados de la educación media accede a alguna institución de educación superior dentro de los tres años siguientes a su egreso. Del total, sólo el 20,8% llega a una universidad tradicional, el 29,1% ingresa a una privada y el 50,1% a un centro de formación técnica o instituto profesional, donde el 27% corresponde a los más pobres.
• En las universidades tradicionales sólo el 10,6% pertenece al quintil más pobre; mientras el 31,6% es del quintil del 20% de los más ricos.
• Más del 90% de las instituciones de educación superior en Chile son privadas y aproximadamente el 70% de los alumnos está inscrito en ellas. A estas instituciones se suman las casi veinte entidades de educación superior de la fuerzas armadas y de orden y seguridad que otorgan títulos técnicos, profesionales y grados académicos a cerca de nueve mil alumnos.
• Según proyecciones del Catastro de Educación Católica elaborado el año 2002, en Chile asisten a colegios católicos 555 mil alumnos, equivalente al 15% del total de matrículas en la educación prebásica, básica y media, que corresponde a poco más de 3,6 millones de estudiantes. A ellos se agregan unos 100 mil universitarios, el 22% de la educación superior entregada por universidades e institutos profesionales. En el país funcionan 818 colegios y escuelas católicas y 155 instituciones de educación superior del mismo signo religioso

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 739, 5 de agosto, 2011
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