El terror en octubre del 73

Rol de los civiles en la represión

El nuevo impulso dado por el juez Mario Carroza a la investigación por las torturas y muertes ocurridas en la Academia de Guerra Aérea (AGA), en las semanas y meses que siguieron al golpe de Estado, podría descubrir un inesperado vértice que revele el papel de algunos civiles en el brusco y dramático aumento de la represión a partir de octubre de ese año.
Abogados, defensores de los derechos humanos y familiares de las víctimas de los crímenes ocurridos en aquel periodo se han hecho durante décadas las mismas interrogantes que el ex diputado y jurista Andrés Aylwin Azócar resumió en su libro Simplemente lo que ví, publicado en 2003 por LOM: “¿Por qué se perpetraron tantos asesinatos masivos en el mes de octubre de 1973, en circunstancias de que el país estaba en absoluta calma desde el 12 de septiembre de ese año? ¿Cómo pudo producirse esta determinación de muerte en un mismo momento, surgiendo espontáneamente de autoridades y uniformados esparcidos a través de todo el territorio nacional? ¿Por qué muchas de las autoridades y mandos regionales que habían actuado con una cierta ecuanimidad y humanidad en septiembre de 1973, se convirtieron súbitamente en monstruos en el mes de octubre? ¿Por qué tanta muerte en esos días si no existían enfrentamientos o resistencia en ninguna parte? ¿Cómo no pensar que en ese momento, octubre, se produce una decisión política emanada de los más altos niveles del poder, esto es, desde la Junta de Gobierno o del presidente de dicha Junta, en el sentido de actuar con mayor dureza?”.
Andrés Aylwin cita una “minuta” enviada por el abogado Jaime Guzmán Errázuriz a la Junta de Gobierno días después del golpe, mencionada por el cientista político Carlos Huneeus en su libro El régimen de Pinochet, publicado por Editorial Sudamericana el 2000. Afirmaba el abogado gremialista en aquella “minuta”, examinada por Huneeus en la Fundación Jaime Guzmán: “El éxito de la Junta está directamente ligado a su dureza y energía, que el país espera y aplaude. Todo complejo o vacilación a este propósito será nefasto. El país sabe que afronta una dictadura y lo acepta. Sólo exige que ésta se ejerza con justicia y sin arbitrariedades. Véase si no la increíble pasividad con que se ha recibido por el estudiantado la intervención de las universidades, medida que en todas partes ha suscitado violenta resistencia. Transformar la dictadura en ‘dictablanda’ sería un error de consecuencias imprevisibles. Es justamente lo que el marxismo quiere desde las sombras”.
Por aquellas semanas, a fines de septiembre de 1973, Jaime Guzmán, máximo dirigente del gremialismo e integrante del directorio de la revista Qué Pasa, era parte del núcleo de consejeros más cercanos al general Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fach, quien en la tarde del día 11 había prometido “extirpar el cáncer marxista”. Otro de los consejeros civiles del general Leigh era el secretario general del Colegio de Abogados, Julio Tapia Falk, que en los meses siguientes se transformaría en uno de los hombres que dirigiría el consejo de guerra en contra de los oficiales y suboficiales constitucionalistas de la Fach, en el caso caratulado como “La Fuerza Aérea contra (el general Alberto) Bachelet y otros”.
A fines de septiembre, la Junta de Gobierno encargó al historiador Gonzalo Vial, miembro del directorio de la revista Qué Pasa, y a otros dos o tres periodistas cuya identidad aún permanece en las sombras, la redacción rápida del denominado “Libro Blanco”, que incluyó una serie de documentos aparentemente encontrados en los allanamientos a las reparticiones públicas y sedes de partidos de la Unidad Popular, entre ellos un supuesto “Plan Zeta” destinado a asesinar a la oficialidad de las Fuerzas Armadas y a sus familias.
Los contenidos del “Libro Blanco” y de aquel afiebrado “Plan Zeta” sirvieron como base de los crueles interrogatorios a los que fueron sometidos el general Alberto Bachelet y sus camaradas de la Fach en los subterráneos de la AGA por sus propios camaradas de armas, encabezados por el general Orlando Gutiérrez Bravo y los comandantes Edgar Ceballos Jones, Sergio Lizosain Mitrano, Ramón Cáceres Jorquera y Gonzalo Pérez Canto, además del ya mencionado abogado Julio Tapia. (Ver Patricia Bravo: Los secretos de la Fach, PF, septiembre de 2002; y, Hernán Soto: La Fach torturó a sus propios oficiales, PF, octubre de 2002).
En aquella decisión de endurecer la represión cabe responsabilidad a quienes gobernaban al país pero también a los altos mandos de las instituciones armadas y de orden, así como de quienes incitaban a la violencia extrema en contra de la disidencia. Andrés Aylwin sostiene que no es posible olvidar la influencia decisiva de los medios de comunicación, ni la conducta de la enorme mayoría de los dirigentes políticos de la derecha, quienes vieron en el golpe triunfante la oportunidad para aplastar a los sectores progresistas y establecer un orden político y económico funcional a sus intereses.
Huneeus, en tanto, señala lo que considera una verdad indiscutible: “No hubo de parte de los grupos de civiles de derecha que apoyaron el golpe de Estado un llamado a la prudencia, por el contrario, algunos rechazaron la moderación en el estilo político, descartando tempranamente que se estableciera una ‘dictablanda’”.
Fue en octubre cuando se intensificaron las torturas y malos tratos a los oficiales y suboficiales detenidos en diversos recintos de la Fach, incluida la AGA. Paralelamente, en esas mismas fechas fueron fusilados once trabajadores en la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo, se hizo desaparecer a los hermanos Valdivia Vásquez en esa zona y fueron asesinados 17 campesinos del fundo “El Escorial”, catorce del fundo “24 de Abril” y otras sesenta personas de los sectores de Aculeo, Champa y Paine. También en octubre la “Caravana de la Muerte”, que encabezó el general Sergio Arellano, asesinó e hizo desaparecer a 75 personas detenidas entre Cauquenes, por el sur, y Calama, por el norte. En octubre asimismo se cometieron crímenes masivos en Puente Alto, Parral, Talcahuano, Mulchén, Panguipulli, Chihuío, Lago Ranco, Llanquihue y Porvenir. En Santiago, mientras, se asesinó a pobladores de San Gregorio y a vecinos de la remodelación San Borja y de El Arrayán. También los campesinos y pobladores que aparecieron asesinados en los hornos de Lonquén fueron arrestados y exterminados en ese mismo mes de octubre de 1973.

UN “INFORME MEDICO”
En la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, en tanto, desde fines de septiembre de ese año el coronel Manuel Contreras se preparaba para encabezar la Dina y se abocó a revisar informes de inteligencia y documentos encontrados en las sedes de los partidos de Izquierda. Contreras pidió listas de prisioneros, sugirió órdenes de arresto, ordenó allanamientos, recomendó métodos para interrogar y fijó prioridades para el trabajo represivo. Uno de los informes que recibió fue elaborado por el médico militar Augusto Schuster Cortés, que llegaría a ser ministro de Salud del gobierno de Pinochet. Se titulaba ‘’Políticas a seguir con los miembros de la Unidad Popular’’ y señalaba: “La Unidad Popular en el país alcanzó, en el periodo de su auge, un porcentaje cercano al 50% de los votantes, cantidad ésta que fue progresivamente disminuyendo hasta que alcanzó el 43,5 en las elecciones de marzo de 1973.
Aquellos que tomaron parte en este contingente pueden ser clasificados, en orden decreciente de peligrosidad y activismo, en varias categorías.
En primer lugar tenemos a los extremistas, elementos fanáticos, desequilibrados, altamente peligrosos por su agresividad y capaces de matar sin titubeos. Pueden ser extranjeros o chilenos. Tienen serias inestabilidades mentales y carecen de espíritu de autocrítica, así como de una clara comprensión de sus acciones. Generalmente, no son inteligentes y no poseen buena preparación técnica. Son irrecuperables.
El segundo grupo está compuesto por activistas de alta peligrosidad e inteligencia, que son técnicamente dotados y ejercen una influencia enloquecedora sobre sus grupos de trabajo. En un momento dado pueden llegar a ser violentos. Son irrecuperables.
El tercer grupo está compuesto por activistas ideológicos, quienes, mientras reflejan características de los grupos antes descritos en cuanto a peligrosidad, odian la violencia directa, prefiriendo ejercerla a través de terceros... Este grupo debiera ser analizado meticulosamente, para determinar cuáles de ellos podrían ser usados técnicamente, sobreentendiéndose que deben estar bajo estricta vigilancia.
El cuarto grupo está compuesto por los militantes de los partidos de la Unidad Popular, los cuales, aun cuando no son inmediatamente recuperables, es posible que con el tiempo puedan apaciguarse. Constituyen ellos una fuente de trabajo que es altamente aprovechable en este país.
El quinto grupo es aquel de los simpatizantes de la UP que sin ninguna peligrosidad, y con más razón que el grupo mayoritarios, pueden ser ganados con una inteligente y exitosa política.
A nadie cabe duda alguna acerca de la aplicación absoluta de la norma que establece que cualquier jefe de servicio identificado con la UP, cualquiera sea el grado de su compromiso, debería ser removido de su cargo.
Si deseamos una patria fraternalmente unida, sin ganadores ni perdedores, ocupada exclusivamente en su rápida restauración, no deben permanecer en el país o libres por mucho tiempo extremistas o activistas, sean chilenos o extranjeros.
Los extremistas y activistas más peligrosos deben ser deportados y otros neutralizados en algún lugar dentro del territorio nacional. Aquellos que son utilizables a causa de su menor peligrosidad y de su mayor capacidad técnica, deben ser cambiados de su lugar de trabajo. Que quede en claro que estamos en una firme e inexorable actitud de eliminar todos los elementos desequilibrantes de nuestra patria”. (Ver Manuel Salazar, Las letras del terror. Tomo I: La Dina, Ediciones LOM, 2011).
A fines de septiembre de 1973, Pinochet convocó al coronel Contreras a una reunión de la Junta de Gobierno con la Comunidad de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Sus miembros requerían imponer criterios sobre el trabajo de inteligencia y el manejo de la información que cada una de las ramas estaba recogiendo. Los jefes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (Sifa), del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), del Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sicar), y de la Policía de Investigaciones, habían considerado que para enfrentar la tarea que se avecinaba se debía crear un organismo superior que cotejara y centralizara la información y trazara los lineamientos de las acciones a seguir.
El coronel Contreras pidió la palabra y expuso la estrategia por él diseñada, los planes a desarrollar, las características de la nueva orgánica e incluso, los nombres de los oficiales de las distintas ramas que él consideraba que deberían incorporarse al nuevo servicio. También les leyó una lista de civiles que, a su juicio, serían de utilidad para ese trabajo. Los asistentes se miraron entre sí sorprendidos, pero comprendieron que la decisión ya había sido tomada por Pinochet y los otros integrantes de la Junta de Gobierno. Sólo quedaba acatar.

MAS ASESORES CIVILES
En los meses previos y en las semanas que siguieron al golpe del 11 de septiembre, un considerable número de miembros del Frente Nacionalista Patria y Libertad y de otros grupos de derecha se incorporaron a los aparatos de inteligencia de las fuerzas armadas como analistas de inteligencia o integrantes de los aparatos represivos. Sus nombres fueron recomendados o sugeridos por dirigentes políticos cuyos nombres hasta ahora tampoco se conocen.
A fines de 1972, el presidente Salvador Allende había pedido a la Fach que destinara al general Alberto Bachelet para que asumiera, en enero de 1973, como director de la Secretaría Nacional de Abastecimiento y Distribución, cargo desde el cual dirigió las JAP (Juntas de Abastecimiento y Precios).
El 26 de julio de 1973, Allende cenó con los Bachelet Jeria. Había insistido por meses que deseaba probar las tórtolas y codornices que cazaba el general y que tan bien preparaba la dueña de casa. Esa noche fue asesinado el edecán naval del presidente, el capitán Arturo Araya, por miembros de Patria y Libertad.
Tras producirse el golpe, Bachelet fue detenido en su despacho, pero luego fue liberado. En la tarde redactó su renuncia a la Fach. Tres días después, el 14 de septiembre de 1973, se lo llevaron a la Escuela Militar para interrogarlo. De allí a los subterráneos de la Academia de Guerra Aérea y luego a la Cárcel Pública. Fue vejado, torturado y traicionado. Su esposa, Angela, lo visitaba los martes. El le entregaba cartas escritas en sus horas de encierro. En una de ellas anotó: “Gelucha mía, y más mía que nunca, quiero enviarte en estas pocas letras todo mi amor, mi recuerdo, mis deseos de verte y estar junto a ti mirando el horizonte infinito; libres absolutamente libres para poder dirigir juntos nuestros pasos, buscando la forma y luchando porque el hombre deje de ser el lobo del hombre y la libertad, la igualdad y la justicia social se traduzcan en hechos concretos, aunque en ello se nos vaya la vida”.
El 12 de marzo de 1974, Bachelet murió víctima de un paro cardíaco en brazos de sus compañeros de celda.

MANUEL SALAZAR SALVO

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 763, 3 de agosto, 2012)

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