Vuelco en políticas de defensa nacional

MARCOS Robledo Hoecker, investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales.

Se está produciendo un retroceso significativo en la política de defensa nacional, que hasta hace poco funcionaba en el marco que trazaron los gobiernos de la Concertación en consenso con las Fuerzas Armadas, centros de estudio y personeros de la derecha. Se avecina un debate en el Senado en torno a los principales temas cuestionados: la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSD) y el segundo trámite constitucional del proyecto que deroga la Ley Reservada del Cobre, reemplazándola por una ley de financiamiento de la defensa. Al mismo tiempo, el Senado deberá pronunciarse sobre un oficio del 8 de agosto del presidente de la República solicitándole una opinión sobre la segunda versión de la ENSD. Este documento -que reemplaza al libro de la defensa nacional que tuvo tres versiones, en 1997, 2003 y 2010-, ha tenido una rápida tramitación que contrasta con el estudio detenido e informado que hicieron variados sectores de los libros de la defensa. La tramitación express eventualmente pondría en peligro la legitimación de las FF.AA., que siguen cuestionadas por su actuación durante la dictadura.
La primera ENSD fue entregada informalmente en el Senado y se hizo llegar a los ministros de Defensa de Unasur. Provocó revuelo, al punto que fue necesaria una segunda versión que suavizaba sus aspectos más polémicos. Los aspectos principales tenían que ver con la extensión del concepto de seguridad, que englo-baba a la defensa. Eventualmente facilitaría la actuación de los militares en labores policiales. Igualmente, se revivían ideas tradicionales en cuanto a la situación internacional, especialmente en el caso de Perú, y se prestaba escasa o nula atención a las dinámicas internacionales de articulación militar transversal, que se producen en el continente impulsadas desde Unasur. Se prefería, en cambio, destacar la convergencia privilegiada con Estados Unidos y Canadá. Y se volvía a la idea de un Chile aislado, en peligro, que se preparaba para un eventual conflicto que contemplaba incluso acciones preventivas.
En cuanto al proyecto de ley de financiamiento de la defensa, derogando la Ley Reservada del Cobre, se vuelve a la idea de un “piso mínimo” que, por la forma de cálculo, permitiría un largo proceso de cuantiosas adquisiciones, desencadenando, sin duda, carreras armamentistas.
 Sobre estos y otros temas, PF entrevistó a Marcos Robledo Hoecker, investigador asociado del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales, ex jefe del comité asesor del Ministerio de Defensa Nacional y asesor de política exterior y defensa de la Presidencia de la República (2006-2010).

SEGURIDAD Y DEFENSA

“Lo que ha ocurrido este año -dice Robledo- debe ser visto con una perspectiva mayor. Las dos iniciativas más importantes que ha tenido el gobierno han sido la Estrategia de Seguridad y Defensa y el proyecto de ley de financiamiento de la defensa. Marcan el comienzo de un nuevo ciclo, cuando se ha instalado un gobierno de derecha. Al parecer, fuera de algún trabajo que realizó el grupo Tantauco, el gobierno del presidente Piñera carecía de un proyecto estructurado en estas materias. Y, tal como en el caso de la Concertación, había en su interior miradas diversas. Se avanzó nombrando a un ex comandante en jefe del ejército, el general (r) Oscar Izurieta, como subsecretario de Defensa, buscando al parecer dar continuidad a la política anterior. Hay que decir que la Concertación hizo un trabajo interesante, que obviamente no fue perfecto. Los libros de la defensa fueron un paso adelante en transparencia, estudio y visiones de largo alcance. En ellos, como ahora, se advertía una tensión entre el pensamiento conservador y el progresista en materia de política exterior. La existencia de una fuerte tradición pragmática, inspirada principalmente por Andrés Bello, influyó en una política internacional continental basada en la defensa de la soberanía, estimulada por el peligro de las intervenciones norteamericanas y también por la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos.
Durante el siglo XX coexistieron las tendencias a la colaboración con la posición conservadora, que no eludía una eventual solución militar. Fue muy importante la década de 1960 para la integración latinoamericana. En Chile, el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva impulsó el Pacto Andino. Y el gobierno de Salvador Allende desplegó una amplia política latinoamericana, además del acercamiento a los países no alineados. Luego de la dictadura militar, en los años 1990, se abrió una nueva etapa en la política exterior y en el plano de la defensa. Rasgos principales eran la idea de que las FF.AA. deben ser un instrumento estatal y no ideológico. Cuando las FF.AA. decidieron identificarse con un sector, específicamente con la derecha, incurrieron en un grave error, poniendo en peligro su legitimidad a largo plazo. A partir de los 90, hay un retorno a su profesionalización, como institución del Estado. Sin hacer comparaciones minuciosas no hay que olvidar que las FF.AA. chilenas no siempre han sido constitucionalistas, por así decirlo. Antes de la dictadura, entre los años 20 y 30, hubo frecuentes intervenciones militares; después las cosas se normalizaron, en apariencia al menos.
La teoría política liberal democrática supone FF.AA. profesionales, neutrales, bajo control del Estado, creadas para afrontar conflictos internacionales. En términos generales eso ha funcionado así en Europa y Estados Unidos. En América Latina ha sido al revés. Son muy pocos los conflictos internacionales y en cambio hay alto nivel de conflictos internos con participación de las FF.AA. A la teoría política democrática se vuelve a partir de los 90 y queda plasmada desde 1991 en los libros de la defensa. Queda establecida en forma más específica con el mando del comandante en jefe Juan Emilio Cheyre, cuando declara que el ejército no debe ser identificado con el régimen militar. La iniciativa en esta materia la ha llevado el ejército. Las otras ramas de las FF.AA. no han mostrado una voluntad parecida.
Digo esto porque una de las cuestiones asociadas es que las FF.AA. son instituciones estatales y no políticas, y que la defensa corresponde al Estado. Por lo tanto, la política de defensa es expresión del Estado y no de criterios partidistas o particulares.
Así, con altos y bajos, se llega a 2010, con una línea general positiva. Esa tendencia es la que se revierte con el actual gobierno”.
¿Siguen las FF.AA. aferradas a la doctrina de la Seguridad Nacional?
“No lo sé. Creo que se debe distinguir entre la gestión del gobierno y las instituciones que de él dependen, que son cosas distintas. Los sucesivos gobiernos han actuado con un claro sentido democrático institucional y me parece que lo que hay aquí es un debate en torno a una declaración de gobierno”.

POLITICA MAS CONSERVADORA

¿Cree usted que en el retroceso producido ha habido presión de las FF.AA.?
“Me parece que no han sido las FF.AA. los protagonistas de esta posición del gobierno. Ha sido causada por elementos instalados en él. Algunos podrían inferir que ha sido determinante la presencia de un excomandante en jefe del ejército en la subsecretaría de Defensa. Yo pienso que se trata de actos del gobierno y no de las FF.AA. Este gobierno tiene pleno derecho a opiniones diferentes a las de los gobiernos anteriores, pero es indispensable que se mantenga el debate público buscando acuerdos que signifiquen continuidad en lo fundamental, como que se mantenga el carácter estatal de las políticas que se aplicarán. Esa dinámica se suspendió, y fue un grave error. Afecta a una política que se aplicó durante más de diez años y todavía no está suficientemente institucionalizada. Sobre todo, porque hay que cautelar el carácter estatal de la defensa y el papel del Ministerio de Defensa, que es nuevo. Pienso que hay una regresión hacia una política de defensa encerrada en el Ministerio, sobrepolitizada, y cuyo resultado fue un documento que ni siquiera pudo respaldar el propio gobierno, que lo desautorizó como política pública. Y por eso mismo es indispensable que haya un verdadero debate, amplio e informado.
Eso es lo primero. Lo segundo, es el contenido mismo de la política, como una discusión específica. Hay un retorno a un enfoque más conservador en política exterior y política de defensa. Hay que mirarlo en un contexto más largo. Chile estaba llevando adelante un proceso de acercamiento a América Latina que no era fácil. La participación de la presidenta Bachelet como primera presidenta de Unasur y las cuestiones que ocurrieron entonces, fueron muy importantes. Hubo como un crescendo a partir del gobierno de Ricardo Lagos que hizo una propuesta a la región para ir en ayuda de Haití, que fue interpretada por algunos como concertada con Estados Unidos y fue todo lo contrario, una iniciativa latinoamericana para evitar una intervención norteamericana. Luego vino la votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en contra de la intervención de Estados Unidos en Iraq, lo que fue visto en la región como un hito. A partir de 2010 viene un congelamiento de la política exterior hacia América Latina, aunque se diga que se continúa aplicándola. En una primera etapa de esta fase es notorio el sello ideológico. No hay ninguna alusión relevante a la dinámica de la región y más bien se subrayan los aspectos conflictivos innecesariamente. Cuestiones que son suavizadas en el segundo documento, que envió el gobierno al Senado con una atribución que antes había sido, según me han dicho, utilizada una sola vez en la década del 60. Imagino que el documento enviado merecerá una respuesta del Senado, porque es claramente un asunto de Estado ya que involucra a dos poderes públicos. Por lo mismo, esa respuesta debería merecer máxima preocupación y cuidado ya que, además, se vincula con la ley de financiamiento de la defensa nacional, y es esta ley la que establece en uno de sus artículos que habrá una Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, lo que implica, finalmente, un contenido de política exterior. Ojalá que se pueda dar este debate y que ayude el nuevo ministro de Defensa (Hinzpeter), que no está en campaña electoral.
Y en cuanto a la ley de financiamiento: respecto al piso mínimo de inversiones y el monto consecuente, si fuese aprobada, las posibilidades de reforma serían escasas, porque se requerirían 4/7. Y eso sería un gran retroceso en términos de las Fuerzas Armadas, que tendrían mucho más autonomía y se debilitaría el control civil y la calidad de la gobernabilidad democrática sobre la defensa nacional. Sin hablar de las repercusiones internacionales en desconfianza y emulación armamentista.
Hay dos contenidos importantes en el Senado. Uno es el político y el que institucionaliza la existencia de una Estrategia Nacional de Defensa (aunque diga de Seguridad y Defensa). También el Senado debería pronunciarse sobre este punto, porque la ley actual limita la gestión del Ministerio de Defensa al ámbito externo. La constitución del Ministerio de Defensa como Ministerio de la Seguridad Nacional sería una aberración. El debate está pendiente. Pero es un hecho que se ha vuelto a pensar en que las Fuerzas Armadas y los comandantes en jefe puedan orientar políticamente a los distintos sectores del país y del gobierno, ya que la seguridad es un término tan amplio que termina abarcándolo todo y se convierte en ‘la política de las políticas’”.

EL ROL DEL IMPERIO

¿Cree usted que en este enfoque falta una visión más realista del papel de Estados Unidos en el continente como elemento desestabilizador e intervencionista cuando cree amenazados sus intereses?
“Puede ser que en Estados Unidos haya algunos que tengan esa orientación, incluyendo planificadores y altos jefes de las FF.AA. Pero no creo que sea la orientación dominante. Recuerde que Obama, por ejemplo, ha sido criticado por no preocuparse o descuidar a América Latina. No olvide que la reactivación de la IV Flota fue desautorizada por el Departamento de Estado, lo mismo que hizo con la instalación de bases militares en Colombia, archivada luego por el Congreso colombiano. Creo que más bien son inercias burocráticas que tienen inspiración conservadora, pero que no forman parte del diseño político del gobierno de Estados Unidos. Obama tenía una propuesta de cooperación con América Latina que no pudo implementar, porque en América Latina no había mayor interés en asociarse con Estados Unidos, básicamente por parte de los países del Alba, pero no solamente ellos. Estados Unidos tuvo que (…)

Hernán Soto

(Este artículo se publicó completo en “Punto Final”, edición Nº 771, 23 de noviembre, 2012)

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