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 Tormenta en la Universidad Central
JOSE Caroca Gómez, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central (Feucen).
Tras conseguir una importante victoria con sus movilizaciones, tomas y hasta una huelga de hambre, los estudiantes de la Universidad Central se preparan para un claustro en que conversarán con académicos y funcionarios sobre la universidad con la que sueñan para el futuro. La tarea no es fácil, porque sus relaciones con las autoridades están enrarecidas por desconfianzas originadas por una historia de desencuentros e incumplimiento de acuerdos. Los jóvenes también sospechan de las promesas de educación gratuita y fin del lucro, realizadas por la candidata Michelle Bachelet, por malas experiencias anteriores como el frustrado movimiento “pingüino”.
Con catorce mil alumnos, la Universidad Central constituye un caso especial. Fue la primera universidad privada que se hizo parte del conflicto estudiantil de 2011, hasta entonces impulsado por las universidades públicas o tradicionales. Su organización estudiantil fue también la primera en sumarse a la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). Hoy, sus estudiantes siguen siendo los más activos entre los de las universidades privadas en la denuncia del sistema de educación superior, protagonizando tomas, acciones de protesta -como su campamento en el río Mapocho- y hasta una huelga de hambre.
La acción de los estudiantes de la Universidad Central ha logrado resultados prácticos. Representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central (Feucen), de la Asociación de Académicos, del Sindicato de Trabajadores, de la Corporación de Egresados y las autoridades del plantel lograron, el 23 de julio, un acuerdo para terminar la toma. Los alumnos consiguieron la constitución de una mesa que organizará los claustros que se llevarán a cabo en las Facultades, con participación triestamental de académicos, estudiantes y trabajadores.
PF conversó con el vicepresidente de Feucen, José Caroca Gómez (21), estudiante de tercer año de pedagogía en matemáticas y estadística. En 2006, cuando estudiaba primero medio en el colegio Don Bosco, participó activamente en el movimiento de los “pingüinos” y esa experiencia lo marcó.
José Caroca expresa los puntos centrales del petitorio de su organización, que están muy lejos de objetivos puramente reivindicativos económicos, como los relacionados con becas o créditos blandos. “Tenemos una clara visión de la universidad que queremos. Todas las carreras debatieron sobre ciertos ejes, que terminaron en un petitorio que se entregó a las autoridades. Esos ejes son: democratización, fin de la subcontratación, vinculación de la universidad con el medio social, investigación, calidad de la enseñanza y bienestar estudiantil”, argumenta. El petitorio fue entregado un viernes y al lunes siguiente, el comité de estudiantes movilizados había ocupado tres edificios de la universidad para presionar a las autoridades.
ESTRUCTURA DE PROPIEDAD ATIPICA
La Universidad Central es una corporación sin fines de lucro, que no recibe apoyos externos y su desarrollo institucional se basa en la reinversión de utilidades. La propiedad y control están en manos de los académicos, agrupados en la Asamblea General de Socios. Esta elige sus representantes en la Junta Directiva, que toma las decisiones respecto al funcionamiento. “Una vez que la Asamblea General de Socios designa sus representantes ante la Junta Directiva, esta no tiene que rendir cuenta a la Asamblea: eso a los alumnos nos parece impresentable; toman decisiones que pueden exceder el mandato de aquellos que los eligieron”, dice José Caroca.
En 2011, cuando arreciaba la movilización estudiantil, la Junta Directiva -cercana a la Concertación- intentó vender el 50% de la universidad a la Sociedad de Inversiones Norte Sur, compañía propiedad de empresarios democratacristianos que gestiona proyectos con fines de lucro en el área de la educación, en particular en colegios subvencionados, centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades privadas. La Junta Directiva firmó el acuerdo sin consultar a nadie y eso molestó a estudiantes y profesores.
Mediante movilizaciones entre 2011 y 2013, los estudiantes lograron revertir el proceso de venta de la Universidad Central y consiguieron el compromiso de democratizar la gestión administrativa. Una nueva visión participativa comenzó a materializarse a través de claustros conformados por académicos, funcionarios y estudiantes en dos Facultades; pero ese proceso no se generalizó.
La democratización de la Universidad Central choca frontalmente con uno de los fundamentos de las universidades privadas, expresado en el DFL 2 que prohibe el co-gobierno porque limita el “sagrado derecho de propiedad” consagrado en la Constitución de 1980. “Lo sucedido en 2011 es una muestra clara de que las autoridades de las universidades privadas pueden hacer lo que quieran cuando quieran. Decidieron que la universidad se vendería, y si los estudiantes no la hubiéramos defendido, habría ocurrido fatalmente. Por eso ahora exigimos garantías por escrito para todo acuerdo adoptado en los claustros”, señala el dirigente.
José Caroca dice que el presidente Piñera y su antecesora “se hicieron los locos”, porque no quisieron derogar las normas que impiden el cogobierno. Eso responde a la presión de los grupos económicos que controlan las universidades privadas. Sin embargo, en todas las instancias en que participan estudiantes de universidades privadas, existe consenso de que hay que avanzar en la derogación de las normas que prohíben la participación de estudiantes y funcionarios en las decisiones.
PARTICIPACION Y DEMOCRACIA
Los estudiantes proponen un modelo de administración triestamental para la Universidad Central. “La democratización es para nosotros más valiosa que una demanda gremial. Para que la participación en las decisiones quede asegurada, hay que derogar las normas del DFL 2, que excluyen la participación de alumnos y funcionarios en los órganos encargados de la dirección y gestión de las universidades”, agrega Caroca.
“Hasta ahora -dice- los estudiantes sólo tenemos voz en los Consejos de Facultad y en el Consejo Superior. Esto ya es un logro, pero tenemos que avanzar para llegar a tomar decisiones. Nuestra acción apunta a inducir que profesores y trabajadores participen más en las decisiones y que todos influyamos en las decisiones que interesan a la comunidad universitaria”.
El vicepresidente de Feucen sostiene que la Universidad Central es distinta a otras universidades privadas, que son de propiedad de grupos económicos en que los problemas se pueden ocultar debajo de la alfombra. “En la Universidad Central, cuando existen diferencias, se ponen sobre la mesa. En otras, como las universidades Del Desarrollo o la Adolfo Ibáñez, los estudiantes no sueñan siquiera sentarse a negociar. Con suerte tratan de organizarse y luego a aquellos que se organizan, los expulsan”.
Los cambios propuestos por los estudiantes buscan influir en el sistema para dotar a la Universidad Central de una política avanzada de investigación y una vinculación efectiva con el medio social, que permita realizar actividades de extensión académica. José Caroca insiste en que el movimiento por la democratización seguirá “hasta tener garantías que los acuerdos de participación, investigación y extensión queden plasmados en los estatutos de la universidad”, afirma.
José Caroca afirma que si bien los estudiantes plantean algunas demandas que pueden sonar muy radicales, como el fin de la subcontratación de servicios prestados por empresas externas que se encargan de la seguridad o el aseo, no piden que los contratos de esas personas se regularicen de la noche a la mañana. “Hay demandas que son de largo plazo, pero queremos conversar ahora, para avanzar en una solución gradual. Vemos los abusos que cometen empresas externas subcontratistas, y creemos que nuestra universidad tiene que apuntar al bienestar de toda su comunidad y dar el ejemplo, excluyendo malas prácticas laborales”.
CRECIENTE DESCONFIANZA EN LA CONCERTACION
La desconfianza que caracteriza las relaciones entre estudiantes y autoridades de la Universidad Central se extiende también a la opinión que el movimiento estudiantil universitario tiene sobre quienes postulan a gobernar el país. “Si gana Michelle Bachelet, me temo que terminará haciendo lo mismo que antes, basando su gestión en otorgar más bonos y becas. Pienso que no optará por cambiar la Constitución porque Concertación y Alianza no quieren hacer modificaciones en el sistema político, social y económico. Las transformaciones que buscamos no se van a dar mientras ellos gobiernen, porque detrás están los grupos económicos”, dice Caroca.
El dirigente recuerda que antes de las primarias, Bachelet se comprometió a garantizar que la educación fuera gratuita y a terminar con el lucro. Después de las primarias, dijo “educación gratuita pero no para todos. Quizá después de la elección diga, ‘educación gratuita sólo para algunos y restringida a las becas’. Creo que la letra chica seguirá primando, como viene ocurriendo por más de veinte años”, comenta.
Opina que la mayoría silenciosa votará por Michelle Bachelet por miedo a apoyar una candidatura más radical que pudiera significa inestabilidad. Pero la desconfianza, especialmente de los estudiantes, se extiende hacia ella. “Dudo que alguien que haya participado del movimiento estudiantil de los ‘pingüinos’ pueda confiar en lo que Bachelet diga. Los movimientos sociales estamos demostrando que la vieja política tiene que caer por su propio peso. Para nosotros, izquierda y derecha terminan siendo lo mismo”.
Según José Caroca, si gana Bachelet será porque no se quiere que gobierne la derecha. Pero los que votarán por ella no se sienten interpretados por sus planteamientos. “Lo que los jóvenes buscamos es el renacer de la política en Chile; sobre todo con el surgimiento de nuevos liderazgos. Aunque falta mucho para que la sociedad asuma una cultura participativa que permita cambios más profundos, como el de la Constitución”.
Para este dirigente estudiantil, el mayor peligro asociado a una Asamblea Constituyente radica en los mecanismos que se establezcan para materializarla; hasta podrían permitir que sean los mismos senadores, diputados o ministros los que terminen haciendo la nueva Constitución. Se pregunta: “¿Tendremos cabida los movimientos sociales? Esa es una inquietud que nos queda cuando hablamos de la Constituyente”, argumenta.
Rubén Andino Maldonado
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 787, 9 de agosto, 2013)
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