Inmigrantes enjuician proyecto migratorio

Tras años de espera, el gobierno presentó el proyecto de ley de migraciones. La presidenta Bachelet resaltó cuatro ejes de la iniciativa: sistema de principios, derechos y deberes; regulación del ingreso, salida y categorías migratorias; procedimiento administrativo sancionatorio; y un sistema nacional de política migratoria, con el fin de evitar que los migrantes sean víctimas de redes de tráfico o de trata de personas. “Se puede equilibrar la exigencia del cumplimiento de los deberes con el reconocimiento de derechos. Un primer paso es transparentar la verdadera magnitud de la migración en Chile. Por eso, un aspecto central del proyecto es la creación de un Registro Nacional de Extranjeros, administrado por la Subsecretaría del Interior”, dijo la mandataria. Para las organizaciones de migrantes el proyecto es más de lo mismo.
En Chile la normativa migratoria vigente es el Decreto Ley 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros, y el Decreto 597, de 1984, del Ministerio del Interior, que aprobó el Reglamento de Extranjería. “Lo que presentó la presidenta al Congreso es un proyecto de ley de extranjería y no una ley de migración. Por ‘extranjería’ se entiende la entrada y salida de extranjeros al país, el acto administrativo de dejarlos entrar y/o salir de las fronteras territoriales. ‘Migración’ implica la entrada, la permanencia y eventualmente la salida. En la permanencia está la diferencia más clara que marca la verdadera migración. Permanecer en un país es ser parte de él, integrarse a su vida, habitar y trabajar aceptando sus leyes y costumbres, enviar los hijos al sistema educativo escolar, conservar la idiosincrasia cultural propia, pero hacerla compatible con la del país receptor. Es un fenómeno integral. El proyecto no puede ser considerado como de migración bajo esos preceptos. No enfoca el fenómeno de manera integral”, afirma José Campot, vocero de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes.
Según Campot -uruguayo avecindado en Valparaíso- el proyecto desconoce a los propios ciudadanos chilenos que son migrantes: “Existen el doble de chilenos en el exterior que extranjeros en Chile y eso no interesa a este proyecto. No tienen ni siquiera el reconocimiento de existencia como migrantes, mucho menos que se les considere en normas de retorno, reinserción u otras necesarias”, dice. Según la Red, el proyecto solo intenta regular el ingreso de extranjeros con un claro enfoque en la seguridad y no en los derechos humanos.

PROYECTO AL DESNUDO
Por su parte, Rodolfo Noriega, abogado, presidente del Comité de Refugiados Peruanos en Chile y de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, dice que hay puntos críticos que demuestran el carácter regresivo y restrictivo del proyecto: “A los nudos críticos, se deben agregar la falta de definiciones del proyecto al remitirse a un futuro reglamento, así como el no establecimiento de la institución que se hará cargo de las migraciones. Las organizaciones de inmigrantes debemos tratar de incidir en los congresistas, a fin de que éstos hagan sustantivas indicaciones que permitan superar las áreas críticas observadas. Sin perjuicio de ello, consideramos preocupante que no se permita un debate de fondo que asegure una nueva legislación, reconociendo la migración como derecho fundamental y favoreciendo la integración de la comunidad inmigrante. Es urgente un proceso extraordinario de regularización migratoria -amnistía migratoria- para atender la situación de indocumentación que afectaría a más de cien mil personas”, dice.
Según Noriega, se debe reconocer la migración como derecho, y el proyecto sólo usa esa frase como “eslogan” y para “justificar restricciones”. No reconoce la migración como derecho, sólo la valora utilitariamente, en tanto “contribución”: “La migración, así sea irregular, nunca -en ningún caso- debe ser considerada como delito, y el proyecto dice lo contrario. Reconoce sólo la igualdad de las personas en dignidad, recorta lo que dice la Constitución que reconoce ‘igualdad en dignidad y derechos’. Ni la salud, ni la seguridad social deben ser condicionadas por leyes especiales, menos aún cuando la sustentan todos los trabajadores con sus aportes. El proyecto admite que se pueden restringir mediante ‘leyes especiales’. Restringir la atención de urgencia a sólo casos de riesgo vital es atentar contra los derechos humanos. Además, no reconoce a los hijos de inmigrantes el derecho a la educación parvularia y superior. Los trabajadores inmigrantes deben tener los mismos derechos que los trabajadores nacionales, no se les pueden restringir por leyes especiales, ni siquiera cuando tienen una situación migratoria irregular. La reunificación familiar no puede ser limitada por la minoría de edad, eso choca con el imperativo constitucional del Estado de proteger y estar al servicio de la familia. Establecer como únicas categorías de ingreso al país las de visitante y turista, que serán entregadas previamente por los consulados y excepcionalmente por la Policía de Investigaciones (PDI) al momento de ingreso, significa cerrar las fronteras a la migración, promoviendo la migración irregular”.
Advierte Noriega que el hecho de ser extranjero se considerará como agravante para cualquier delito y recibirán la pena accesoria de expulsión. Se obligará a las empresas de transporte a la reconducción o regreso de los pasajeros que sean rechazados al tratar de ingresar. Con ello se encarecerán los pasajes y las empresas sólo transportarán a quienes previamente tengan visas, imponiendo de hecho que se tengan visados consulares previos. “Legaliza las expulsiones sumarias dispuestas por la policía sin necesidad de consultar a la autoridad administrativa. La PDI pasa de tener sólo la función de control de identidad, a ser una autoridad de control migratorio. Asimismo se crea un Registro Nacional de Extranjeros de carácter policial y secreto, así como se mantiene la detención de inmigrantes que se hará en centros especiales para ello”, señala.

LEY DE EXTRANJERIA 2.0
Eduardo Cardoza, uruguayo, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante (MAM), advierte que el proyecto está imbuido del criterio de la seguridad nacional, lo mismo que el decreto de 1975: “Pero también lo tenía el proyecto de Piñera, y ahora éste. Creo que hay algo del ADN de la doctrina de Seguridad Nacional que evidentemente continúa, y eso lo condiciona. Las organizaciones de migrantes bregamos porque se generara y aprobara una ley que abarcara todos los aspectos, como los migrantes chilenos, la interculturalidad, los derechos económicos, sociales y culturales, que tampoco se consideran, una institución que la aplique… Se le entrega todo a la Subsecretaría del Ministerio del Interior. Decimos que está muy imbuida de la Seguridad Nacional porque queda todo este fenómeno global y social en manos de criterios policiales. El poder que se le da a la PDI y a la Subsecretaría deja muchísimo que desear. Por eso decimos que es una ley de extranjería 2.0”.
Agrega Cardoza que el comité interministerial que se ocupará de generar las políticas, tiene falta de Ministerios: “Está Economía, Relaciones Exteriores, Interior, pero falta Desarrollo Social, Trabajo, Cultura, etc. Nosotros luchamos por otra cosa, por una verdadera ley, algo que le sirva al país y a la gente a largo plazo. Chile se está volviendo más cosmopolita, y el derecho a migrar es un derecho humano y debiera consagrarse con una ley adecuada. ¿Qué es lo que ocurre cuando se generan políticas represivas? Que la gente no puede desplazarse, y cuando hay empujes migratorios hacia un país, aunque existan políticas represivas, la gente va a entrar de todas formas. Ese delirio de pensar que la migración se puede controlar con represión o muros de papel o de ladrillos es una ilusión. Lo que sí ocurre, cuando se hace eso, es que se precariza la vida de los migrantes, y eso le hace mal al país. Crecen las entradas irregulares, se generan mercados de explotación y trata, gente que se aprovecha de eso… En Colchane, trafican y se aprovechan, les cobran, los violan, les roban las pocas pertenencias que traen, y entran al país en una condición que es condenarse toda la vida. Porque después no pueden circular, no pueden salir, no acceden a ningún derecho o política social”, dice.
A las asociaciones y organizaciones de migrantes, el proyecto como está y con las características que tiene, no les satisface nada. Chile es el último país en Latinoamérica en cambiar su legislación migratoria, para supuestamente tener una ley a la altura de los estándares internacionales que Chile firmó y aún no aplica. “Lo que vemos es un barniz de derechos humanos; enmascarar una política muy represiva con la migración va a generar muchísimos más problemas que lo que se dice pretende resolver. Esperamos que algo de esto podamos cambiarlo, porque si se aprueba como está, será nefasto para Chile y los migrantes”, añade Cardoza.
“Espero tengamos la fuerza para que nos escuchen y tomen en cuenta -dice Eduardo Cardoza-. Somos miles quienes hemos trabajado por una verdadera ley de migraciones desde las asociaciones, organizaciones y la academia. Participamos en reuniones y consultas organizadas por el gobierno. Se consultó a 615 organizaciones en todo el país. A partir de eso se confeccionaron seis o siete borradores de proyectos… pero no fue presentado ninguno. Ese proceso se cortó a mediados del año pasado, y no nos hablaron más. Incluso dijeron que no iban a presentar ningún proyecto, que no estaba entre las urgencias legislativas. Luego salieron Sebastián Piñera y Manuel José Ossandón con discursos xenófobos, y nosotros los calificamos como ‘clones fallidos de Donald Trump’. Tras eso, el gobierno habló nuevamente de presentar un proyecto. Pero renunció el director del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), Rodrigo Sandoval, quien había tomado medidas paliativas que criticábamos porque eran administrativas, de las que pueden cambiar de gobierno a gobierno. Creemos que la postura más próxima a un enfoque de derechos humanos perdió fuerza en el Ejecutivo, y a partir de ahí no supimos más. Tras la amenaza de interpelación al ministro del Interior, se presentó este proyecto obviamente incompleto. Es un poco vergonzoso. Ni siquiera tomó en consideración esas conversaciones y consultas a las que fuimos convocados. Nada. Es una lástima. Se argumentó que no se establecerá un servicio u organismo porque no hay recursos suficientes, y nosotros averiguamos que sí los hay. Con lo que se genera en dos años con el pago de visas y multas a migrantes, da para montar el servicio y funcionar cuatro años. 207 millones de dólares gastó el Estado en migración el año pasado, y por información de Transparencia se supo que solo por impuestos a la renta los migrantes pagamos casi 500 millones de dólares. Por lo tanto, no es un tema de recursos. ¿Si no hay plata, no se aplican los derechos humanos?”, concluye Cardoza.

ARNALDO PEREZ GUERRA

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 886, 13 de octubre 2017).

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