18 de noviembre de 2000

En las últimas semanas se han producido sustanciales avances en la investigación de los crímenes y atrocidades cometidos por la dictadura militar. Ello causa preocupación en la derecha, las Fuerzas Armadas y el gobierno, mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos aprecia el trabajo de aquellos magistrados que cumplen su deber y que no vacilan en interrogar y detener a militares en retiro o en actividad para esclarecer los delitos. Que nadie esté por encima de la ley, es una aspiración general que parece en vías de materializarse pero no sin dificultades y amenazas. El encausamiento del ex auditor general del ejército, Fernando Torres Silva, y del general en servicio activo Hernán Ramírez Hald, jefe del Comando de Fabricaciones Militares, como encubridores del crimen de Tucapel Jiménez Alfaro son ejemplos relevantes. Todo indica que el ministro Sergio Muñoz Gajardo, que instruye el proceso por el asesinato del presidente de la ANEF (ver PF 481), se encuentra a punto de aclararlo definitivamente.

Ha caído la barrera del silencio que ligaba a los agentes de seguridad. El ex mayor Carlos Herrera Jiménez, autor material del crimen, ha confesado su participación y entregado detalles acerca de cómplices y encubridores. El propio Alvaro Corbalán, ex jefe operativo de la CNI, también ha colaborado. Entretanto, la Corte Suprema dictó sentencia de término en el caso del carpintero Juan Alegría Mundaca, asesinado para encubrir la muerte de Tucapel Jiménez: los hechores materiales, Carlos Herrera Jiménez y Alvaro Corbalán fueron condenados a cadena perpetua. Otros partícipes también han recibido condenas severas. Hay progresos significativos en la investigación de la Operación Albania que lleva el ministro Milton Juica; en las innumerables querellas contra Pinochet que conduce el ministro Juan Guzmán Tapia; y en la investigación del asesinato del periodista José Carrasco Tapia y de los otros tres militantes de Izquierda ultimados como represalia por el atentado contra Pinochet en septiembre de 1986. Está a punto de fallarse en Buenos Aires el proceso contra Enrique Arancibia Clavel, ex agente de la DINA, inculpado en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, y hay peticiones de extradición contra Pinochet, los generales (r) Manuel Contreras y Raúl Iturriaga, los brigadieres (r) Pedro Espinoza y José Zara y los civiles Jorge Iturriaga y Mariana Callejas, también ex agentes de la DINA. Todos ellos aparecen como responsables o partícipes en el doble asesinato ocurrido en Argentina, junto con el norteamericano Michael Townley.

Paso a paso las investigaciones alcanzan a los responsables de rango superior y apuntan derechamente a Pinochet, que no fue ajeno a crímenes de esa envergadura y repercusión. Las investigaciones judiciales producen un efecto devastador entre los ex agentes que se sienten abandonados por los que les dieron las órdenes, y por eso en sus declaraciones han comenzado a involucrarlos. Los mandos tratan de salvar su responsabilidad y abandonan a sus subordinados, como lo ha hecho permanentemente Pinochet, en actitudes calificadas como desleales y cobardes por sus propios hombres.

Para abordar el problema, los ex agentes han buscado una salida con la carta auto inculpatoria que se atribuye al fallecido general Humberto Gordon, ex jefe de la CNI, que asume la responsabilidad por los hechos acaecidos e intenta configurar la ?inocencia? de sus oficiales subordinados que sólo habrían obedecido órdenes, actuando como ciegos verdugos del terrorismo de Estado.

La situación inquieta a los Altos Mandos y -según se dice- pone en peligro acuerdos reservados o implícitos con el gobierno. La orden de detención del general Ramírez Hald, ex agente de la CNI, fue un detonante de crisis. El ejército ha desafiado la autoridad del juez, dilatando el acatamiento de sus órdenes. El comandante en jefe, Ricardo Izurieta, hizo presente su ?preocupación? al gobierno. El almirante Jorge Arancibia, comandante en jefe de la Armada, fue más allá. Deliberadamente confundió la investigación de crímenes atroces cometidos por uniformados, con lo que llamó ?cacería de brujas? y ?guerrilla dialéctica?, llamando a ponerle fin mediante un gran ?pacto nacional? para que el país ?no se empantane en un pantano negro?, como expresa su cantinflesco discurso. Una vez más los uniformados en actividad y retiro pretenden ponerse por encima de la ley. Sorprendidos ante la acción de magistrados honestos, se sienten agraviados. En ellos funciona lo que hace cerca de cuarenta años denunciaba el senador socialista Raúl Ampuero: ?Pareciera temerse que el castigo a cualquier exceso pudiera atemperar el celo represivo de las formaciones militares... Así, el soldado se siente dueño de un poder más o menos discrecional y piensa que su responsabilidad se disuelve en una función social inviolable, requisito y asilo de su propia impunidad?.

Una especie de reflejo condicionado acentuado por diecisiete años de dictadura en que la norma fue la mentira y la negación de los crímenes, torturas y todo tipo de tropelías que sufrían los opositores del régimen y la población en general.

El desagrado militar inquietó de inmediato al gobierno. Las vacilaciones surgieron tanto a través del ministro del Interior, José Miguel Insulza, como del propio presidente de la República que dejaron de lado lo que hasta ahora había sido la política oficial: la defensa de la independencia del Poder Judicial, para reconocer que existe una situación ?delicada?.

A todas luces, el problema es otro. Son demasiados los indicios de la existencia de compromisos entre el gobierno, las FF.AA. -y también la Iglesia- para cerrar a costa de la justicia el capítulo sobre violaciones de los derechos humanos. La señal más poderosa se dio con las desesperadas maniobras para rescatar a Pinochet de la justicia inglesa, en las que hasta hubo participación del Vaticano. Ahora se trata, en el caso del ex dictador, de eximirlo definitivamente vía incapacidad física con efectos sobre su inteligencia y buen juicio. Hacia allá se ha ido enfilando cuidadosamente la puntería, incluso con participación del Consejo de Defensa del Estado. En ese sentido, las declaraciones arrogantes del almirante Arancibia, que invaden terrenos que constitucionalmente le están vedados, muestran con brutalidad la presión castrense para ponerle una lápida política a la justicia.

El presidente Ricardo Lagos ha seguido atentamente la situación y declaró a un grupo de empresarios que ?el caso Pinochet se resolverá pronto y bien?. Al mismo tiempo se busca poner fin a lo que los Altos Mandos llaman ?desfile de militares? ante los tribunales. Para esto se barajan diversas fórmulas, no fáciles de lograr porque los casos más difíciles están fuera del ámbito del decreto de amnistía. Hay, además, un claro tira y afloja en cuanto a los posibles resultados de la mesa de diálogo sobre derechos humanos, mientras se acerca el plazo -6 de enero- acordado para recibir información precisa sobre detenidos desaparecidos. Comienza a ambientarse, entretanto, la llamada ?justicia con clemencia?, que tiene destinatarios claros en los agentes de seguridad que colaboren e incluso en los que no lo hagan. Los primeros lograrían fuertes rebajas de sus condenas. Los segundos deberían cumplir un período ?prudente? de cárcel, lo que quiere decir que en pocos años algunos verdaderos monstruos del crimen, como Herrera Jiménez, Alvaro Corbalán y oficiales generales de la DINA, CNI o el DINE, estarían en libertad como hoy ocurre con el brigadier (r) Pedro Espinoza o el torturador Osvaldo Romo.

En los próximos días, se multiplicarán las presiones sobre los magistrados que se esfuerzan por cumplir con su deber. Esos jueces deberían recibir un claro apoyo público de los más amplios sectores democráticos, como ha hecho la recién creada Agrupación Nacional de ex Prisioneros de Campos de Concentración.

Si triunfan las oscuras maniobras en desarrollo, los familiares de las víctimas de la dictadura serán burlados una vez más, ofendiendo la memoria de miles de chilenos asesinados. La justicia se vería -nuevamente- domesticada de acuerdo a la ?razón de Estado? y conveniencias del poder. Los ciudadanos comunes y corrientes confirmarán sus sospechas de que la impunidad sigue beneficiando a los militares y otros privilegiados del sistema

PF