La estremecedora confesión del ex mayor Carlos Herrera Jiménez, quien se declaró culpable de los asesinatos del ex presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez, bajo las órdenes de la DINE, y del carpintero Juan Alegría Mundaca, en este caso de la CNI, activó un hervidero de grillos. Herrera fue el primer ejecutor confeso y el eslabón inicial de una cadena que aún no ha llegado a su fin.
Al menos seis de los 17 procesados de la Operación Albania reconocieron su participación en la matanza de doce militantes del FPMR en junio de 1987, señalando que cumplían órdenes del ex director operativo de la CNI, Alvaro Corbalán. Este, a su vez, confesó ante el ministro Milton Juica que había dado esa orden por instrucciones de su mando superior, apuntando al ex director de la CNI, Hugo Salas Wenzel. Luego, el abogado Jorge Mario Saavedra -querellante en el proceso por el asesinato del dirigente de la ANEF- dio a conocer una carta que habría escrito el fallecido ex director de la CNI y ex miembro de la Junta Militar, Humberto Gordon, donde asume responsabilidad por las actuaciones de sus subordinados en la CNI y la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), a la cual nunca perteneció.
Poco después el ministro Sergio Muñoz dio su golpe más espectacular, hasta ahora, en el caso Tucapel Jiménez: orden de detención y procesamiento contra el ex auditor general del ejército, Fernando Torres Silva (como encubridor), y del general en servicio activo Hernán Ramírez Hald, jefe del Comando de Industria Militar, CIMI (como cómplice). El primero, asesor y hombre de confianza de Augusto Pinochet -hasta su desafortunada gestión ante el juez español Baltasar Garzón-, despiadado ex fiscal militar durante la dictadura, y protector de torturadores y asesinos. Por su parte, Ramírez Hald, el militar de más alto grado que se encuentra procesado, exhibe una carrera "brillante" que incluye la dirección del Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE) -instancia ejecutiva de la DINE- al momento del asesinato del líder de la ANEF. De sus dependencias salió el arma utilizada por Carlos Herrera en el crimen. Más silenciosamente, el ministro Juica sometió a proceso a otros dos militares en servicio activo, el coronel Erick Silva y el capitán de la Fuerza Aérea, Hernán Miqueles. También ha habido importantes avances en otros crímenes no cubiertos por la Ley de Amnistía. La ministra en visita Dobra Lusic, quien investiga los asesinatos de José Carrasco, Gastón Vidaurrázaga, Abraham Muskablit y Felipe Rivera, ha contado con la cooperación del ex capitán Arturo Sanhueza y los oficiales Kranz Bauer, Jorge Vargas Bories, Rodrigo Pérez y el ex comandante de Carabineros, Iván Quiroz, segundo jefe de la CNI. Sus testimonios ratifican los autos de procesamiento dictados hasta el momento.
La complicidad castrense del silencio se vino al suelo. Enfrentados a la justicia, despojados del poder que les confirió la dictadura militar y sin el amparo de sus antiguos jefes, los asesinos y torturadores procesados comenzaron a flaquear. Como dijo Herrera Jiménez hace un par de meses, sintieron que estaban asumiendo más responsabilidades que las que les corresponden y que el alto mando de las Fuerzas Armadas debía responder "por las órdenes que dieron o dejaron de dar". Fue decisiva la sentencia que dictó a comienzos de julio el ministro Sergio Muñoz en el caso de Juan Alegría y que hace unos días ratificó definitivamente la Corte Suprema. Esto es, penas de presidio perpetuo para Carlos Herrera Jiménez, Alvaro Corbalán y el ex suboficial de Carabineros Armando Cabrera Aguilar (autores), además de diez años y un día de prisión para Osvaldo Pincetti Gac (cómplice). Si eso era lo que se les venía encima, muchos de los que estaban encarcelados comenzaron a considerar la posibilidad de cooperar con la justicia buscando condenas más bajas. Tampoco podían contar ya con los hábiles manejos de Fernando Torres Silva para entorpecer la acción de la justicia.
En julio de este año, el ex comandante Iván Cifuentes, del Comando Cobra de la CNI, pidió en una entrevista en "El Mercurio" una "salida política" (indulto con pena de extrañamiento) para los ex agentes de seguridad. Dijo que "en el fondo, la CNI cumplió la ?pega? que el Estado le encomendó" y reclamó que "desde el punto de vista judicial, los superiores de la CNI quedaron como encubridores o cómplices, pero solamente quienes éramos capitanes estamos asumiendo la condición de autores directos y materiales". Cifuentes enfrenta dos cadenas perpetuas por la Operación Albania y también fue citado a declarar por los casos de Tucapel Jiménez y el asesinato de Eugenio Berríos, en Uruguay.
Según el abogado Jorge Mario Saavedra, en su calidad de procesado como autor en los crímenes que investiga la jueza Dobra Lusic y como cómplice en el homicidio de Tucapel Jiménez, Humberto Gordon fue citado con frecuencia por los tribunales para ser careado con quienes estaban en Punta Peuco II. "Entonces inició una serie de visitas al penal para ponerse de acuerdo con la contraparte -algo que siempre han hecho los uniformados- y se encontró con una situación muy dura. Los detenidos se quejaban de que el mando los tenía botados", dice el abogado Saavedra. De ahí habría surgido la carta, redactada por Gordon junto a otras personas del penal y algunos de sus abogados. A Saavedra se la enviaron desde Punta Peuco II después que Mónica Madariaga la entregó al presidente de la Corte Suprema. Se sabe que Alvaro Corbalán, muy amigo de Gordon, intervino directamente. El abogado Héctor Salazar afirma que fue Corbalán quien mantuvo la carta en su poder y que decidió darla a conocer cuando la situación pasó de castaño a oscuro. Sin embargo, esa carta no tiene valor procesal, porque Gordon sólo asume responsabilidades en términos genéricos. "Pienso que lo que pretendía era quedar bien con su gente y, por otro lado, buscar algún atenuante", comenta Saavedra. Su colega Héctor Salazar asegura que Humberto Gordon se estaba preparando para hacer esas mismas declaraciones ante los tribunales de justicia con la idea de liberar de culpas a sus subalternos, lo que sí podría haber influido en los procesos. En eso estaba cuando falleció, el 15 de junio, a causa de un paro cardíaco -según se dijo-, mientras se encontraba con arresto domiciliario. "Yo creo que fue asesinado y que su familia debería pedir una investigación -opina Salazar-. Durante años de trabajo en el campo de los derechos humanos hemos visto que cada vez que en un proceso se abrían posibilidades de llegar a niveles más altos de mando, la persona clave moría en forma sorpresiva y en situación nunca aclaradas". Entre otros, menciona los casos del cabo Manuel Leyton y del capitán de Carabineros Francisco ("Gurka") Zúñiga. Este último, quien se habría suicidado en 1991, estaba siendo procesado como autor en el homicidio de Tucapel Jiménez y de Juan Alegría Mundaca.
"En lo esencial, la tardía confesión de Herrera Jiménez no hizo más que corroborar lo que ya sabíamos", señala el ingeniero Tucapel Jiménez, hijo del dirigente sindical asesinado. En su declaración, el ex agente de la CNI y de la DINE admitió que fue él quien disparó los cinco tiros mortales con un revólver Dan Wesson calibre 22, obedeciendo la orden de los jefes de la DINE, dirigida entonces por el ex general Arturo Alvarez Scoglia. En su relato del asesinato de Alegría Mundaca, Herrera precisa que fue Francisco Zúñiga quien le cortó las muñecas, mientras él lo sujetaba de las manos y Alvaro Corbalán de los pies. Afirmó que en este crimen actuó por órdenes de Corbalán y de Humberto Gordon. Y agregó que, aunque no se lo preguntó, suponía que éste cumplía, a su vez, órdenes de Pinochet.
Por su parte, después que Corbalán confesó por primera vez ante la ministra Lusic que las víctimas de la Operación Albania habían sido previamente detenidas -y, por lo tanto, no hubo enfrentamiento-, entregó una declaración donde reafirma su fidelidad a las Fuerzas Armadas y sostiene que nunca participó en ninguna operación con Carlos Herrera, como una forma de desmentir el testimonio de éste en el caso de Juan Alegría. "Creo que (Corbalán) tiene un poquito sueltos los alambres, que ha perdido la dirección de las cosas", comenta el abogado Saavedra. Aunque Herrera y Corbalán se conocieron de jóvenes, las relaciones entre ambos están rotas hace mucho. Corbalán, quien trató de convencer de su inocencia a la esposa del carpintero Alegría, culpando a Pincetti y Herrera, no perdona que éste lo haya involucrado en sus declaraciones. Para Herrera Jiménez, que se considera un militar ciento por ciento, su ex jefe no es más que un mercenario frívolo que se inmiscuyó en política porque le gusta figurar y, además, un aprovechador que se echó al bolsillo mucha de la plata que pasaba por la CNI.
Herrera fue careado con Fernando Torres Silva durante los tres días que éste permaneció detenido en el Hospital Militar antes que le otorgaran libertad provisional. Entre los cargos que enfrenta el ex auditor general del ejército están ocultar y tergiversar información sobre el asesinato de Tucapel Jiménez, y dirigir la operación para sacar clandestinamente a Argentina a Carlos Herrera en 1991, cuando aún no había terminado de cumplir su condena como autor del asesinato del transportista Mario Fernández y era requerido por la causa del ex presidente de la ANEF. En esta acción también participó el ex director de la DINE, general (r) Hernán Ramírez Rurange.
Pese a que el abogado de Herrera Jiménez pidió clemencia, la Corte Suprema confirmó la condena a perpetuidad por el crimen de Alegría y accedió a la reapertura del caso para que se investigue al ex brigadier Roberto Schmied y a Hugo Alarcón Vergara, chofer de Corbalán. "En ese sentido, la confesión no sirvió de nada -dice Jorge Mario Saavedra-, pero con esta rebelión de los mandos quedó claro que los criminales no son soldados aislados, sino que actuaron dentro de la institución. Eso obliga a que cada vez se tengan que ir pronunciando en los niveles más altos. Vamos a subir hasta donde podamos"
PATRICIA BRAVO
