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Edición 552
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Detenidas desaparecidas
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Jorge Montealegre
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El pasado nuestro
de cada día

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al gobierno y al parlamento
CARTA ABIERTA DE LOS EX PRISIONEROS DE LA FACH

En la reciente propuesta sobre derechos humanos, el Sr. presidente de la República manifestó su disposición a otorgar beneficios a quienes cometieron “delitos” dentro del período incluido entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990. Al respecto, debemos clarificar que los miembros de la Fuerza Aérea fuimos procesados y sentenciados por hechos cometidos con anterioridad al período estipulado. Sin embargo, como resultado de un decreto que declara al país en estado de guerra interna a partir del 11 de septiembre del 73, fuimos sometidos a proceso por un tribunal en tiempo de guerra, en la causa caratulada “Contra Bachelet y otros 1973” que es ampliamente reconocida como ilegal por los métodos que se usaron en su substanciación.
Los hechos por que se condena a oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea constituyen una serie de acciones desarrolladas antes del 11 de septiembre de 1973, en defensa de la Constitución y del sistema democrático imperante en ese período y persiguiendo como único objetivo el hacer abortar el golpe militar que en ese momento se estaba articulando.
Por las razones antes mencionadas, no consideramos haber incurrido en ningún “delito”, si se toma en cuenta que al momento de estos hechos, estábamos juramentados a respetar la Constitución y legislación vigente, en donde claramente se establecía que el “generalísimo de las Fuerzas Armadas era el presidente de la República” a quien se le debía pleno respeto y obediencia por el cargo que investía.
Por haber permanecido fieles a este mandato para todas las FF.AA., fallecieron tres camaradas nuestros y debimos soportar las humillaciones, torturas y condenas de un tribunal militar en tiempo de guerra, ordenado específicamente por los mandos de la Fuerza Aérea e instruido por representantes de los autores del golpe militar. Ellos son los mismos que destruyeron la democracia en nuestro país y los responsables de los crímenes a que el Sr. presidente hace referencia en esta propuesta.
En lo que respecta a la expresión de Su Excelencia “implementaremos medidas para reparar jurídica y moralmente el nombre y el honor de quienes fueron arbitrariamente encarcelados y procesados por motivos políticos”, deseamos dejar claramente establecido que en lo que a nosotros concierne, nunca hemos considerado haber perdido nuestro honor militar. Todo lo contrario, nuestro honor militar en este momento se encuentra no sólo intacto, sino que mucho más fortalecido, por el simple hecho de haber adoptado un camino que tanto entonces como ahora, estimamos fue el correcto.
En lo que se refiere a nuestra reivindicación jurídica y moral, requerimos en primer lugar no sólo que el gobierno sino que también nuestra institución, la Fuerza Aérea, públicamente “reconozca” como ilegal e injusto el proceso a que fuimos sometidos y que además, también comparta conjuntamente con el Estado chileno la responsabilidad que le cabe, por los daños personales, profesionales y materiales que nos ocasionó.
Los señores comandantes en jefe de las FF.AA. se niegan a reconocer públicamente las responsabilidades institucionales ante los crímenes cometidos a la población civil, escudándose con el argumento de que “El perdón es un acto personal”. Deseamos manifestar nuestro desacuerdo con ese argumento. Las instituciones militares tienen y han tenido por siempre el carácter de “permanentes” no son “temporales” y sus comandantes en jefe son por tanto, responsables ante el país de los hechos en que se compromete la institución, aunque ellos mismos no hayan tenido participación o responsabilidad directa en esos hechos. La falta de ese reconocimiento, como consecuencia de una lealtad mal entendida, ha significado que hasta hoy nuestras instituciones armadas sean vilipendiadas por hechos del pasado y que además, miembros de promociones que aún no nacían cuando estos hechos se cometieron, injustamente hoy también sufran el castigo que les cobra la sociedad.
Estimamos que es injusto por parte del gobierno el aceptar que, por una parte se entreguen reconocimientos especiales a aquellos militares que actuaron en contra de la ley otorgándoles el beneficio de la “ley de amnistía” y además, se les prometa la rebaja de penas en caso de colaborar con la justicia. En cambio a aquellos como nosotros, que hemos pagado en forma tan elevada nuestro compromiso con la Constitución, las leyes y la defensa de nuestra democracia, aún se nos mantengan las sentencias con que injustamente se nos castigó y además, como resultado de que nuestras autoridades no han sido capaces de determinar las responsabilidades e injusticias cometidas, aún seamos considerados por muchos como traidores a nuestra institución y a nuestra patria.
La falta de una clara disposición por parte de las autoridades de nuestro país para subsanar los hechos que manifestamos, nos ha obligado a recurrir primeramente a nuestros tribunales, a través de la Corte Suprema, que se declaró incompetente para revisar nuestro proceso y posteriormente, obligados por esta falta de comprensión a nuestra causa, nos hemos visto en la situación de tener que recurrir al tribunal interamericano de DD.HH. de la OEA, para obtener la justicia que nuestra patria nos niega, hecho que profundamente lamentamos pues hubiéramos preferido que la justicia proviniera de las autoridades de nuestro propio país.
Sin embargo y pese a los hechos antes manifestados, aún tenemos la esperanza de que, en esta aparentemente última instancia para solucionar las injusticias cometidas, las autoridades y parlamentarios de nuestro país puedan, finalmente, otorgarnos la reparación que hemos esperado a lo largo de tantos años. Estimamos que este reconocimiento servirá también de ejemplo para que las generaciones de militares que nos siguen, sepan cumplir con el compromiso que adquieren al ingresar a los institutos armados

EX-PRISIONEROS DE LA
FUERZA AEREA,
PROCESO “CONTRA BACHELET
Y OTROS 1973”
General de Brigada Aérea, Sergio Poblete Garcés
Capitán de Bandada, Jorge Silva Ortiz
Capitán de Bandada, Daniel Aycinena Fuentes
Sargento Segundo, Juan Ramírez Saavedra
Cabo Primero, Manuel Moya San Martín
Cabo Primero, Enrique Ibáñez Recabal
Cabo Primero, Ramón Pérez Escobedo
Cabo Segundo, Osvaldo Cortez Pardo
Cabo Segundo, Eduardo González
Cabo Segundo, José Ayala Alarcón
Cabo Segundo, Mario Arenas Fernández

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