¿Las instituciones funcionan?

Las presiones
de Cheyre

Sería un error considerar que al general Juan Emilio Cheyre lo aqueja una irresistible garrulería, que le impide guardar silencio cuando debería callarse. El comandante en jefe del ejército calcula cuidadosamente sus palabras así cómo, dónde y cuándo las pronuncia. Ahora habló después de una entrevista con el magistrado Marcos Libedinsky, presidente de la Corte Suprema. Se refirió a la tramitación de los proyectos sobre derechos humanos y criticó a diestra y siniestra: al Congreso por su lentitud, al ejecutivo por no imponer su autoridad y a ciertos “grupos de presión”, que no definió explícitamente. Cheyre desoyó la advertencia que hizo el presidente de la República hace unos meses a los comandantes en jefe, para que no hicieran declaraciones que los convirtieran en actores políticos. Y lo hizo por motivaciones muy concretas. Se acercan tiempos de definiciones en los procesos por delitos contra la humanidad en que están involucrados decenas de militares, incluyendo a algunos en actividad.
Cheyre eligió bien el momento y la oportunidad. Con la visita al nuevo presidente de la Corte Suprema mostró acatamiento al derecho y respeto por los tribunales. Aprovechó la visita protocolar para entregar respaldo a Libedinsky, el cual pocos días antes declaró que no le parecía razonable perseverar en la concepción técnica del secuestro como “delito permanente”, cuando han transcurrido muchos años desde su ocurrencia: con ello esbozó una posible salida hacia la impunidad que beneficiaría ampliamente a los militares. Lo hizo también cuando dentro de poco, la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre un fallo de la Corte de Apelaciones que declaró, por primera vez, que no es aplicable el decreto ley de amnistía a los crímenes contra la humanidad.
Cheyre criticó con habilidad. Introdujo un elemento emocional cuando habló de su “desesperanza” por la prolongación de una situación que -según él- afecta por igual a víctimas y victimarios, diciendo que estos últimos sufren la incertidumbre de los procesos. Ignoró el terrible sufrimiento de los familiares de las víctimas, que a las consecuencias del crimen agregan el dolor y la impotencia ante la impunidad de que disfrutan los criminales.
El general Cheyre ha presionado a los poderes del Estado, incluyendo a los tribunales, y se ha puesto por encima de la norma constitucional que impone a los militares acatamiento a la autoridad soberana y silencio público en materias de política contingente. Sin embargo, el gobierno prefirió guardar silencio. La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, no dijo nada, convencida, al parecer, que su popularidad descansa en el hecho de no destacar como personaje polémico, aunque ello signifique no ejercer la autoridad de su cargo. La Moneda, en cambio, acusó discretamente recibo del mensaje del comandante en jefe del ejército. Trascendió que el ejecutivo insistirá en la “inmunidad”, que es la forma acordada para otorgar impunidad judicial a los violadores de derechos humanos que entreguen información sobre los detenidos desaparecidos. Algo que se parece mucho a un cambalache

PF

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