ECUADOR

Gutierrez en la
cuerda floja

El 21 de enero del año 2000 el coronel Lucio Gutiérrez encabezó la revuelta de indígenas y militares que derrocó al presidente Jamil Mahuad. Los indígenas convirtieron a Gutiérrez en una especie de héroe nacional.
Y ahora, el 21 de enero del 2004 ha sido escogido por los mismos indígenas para sacarlo a la fuerza del poder, a través de una protesta masiva. (Desde 1996 al 2000, diez presidentes han pasado por el gobierno de Ecuador, incluyendo un triunvirato que apenas duró tres horas).
El distanciamiento entre el presidente Lucio Gutiérrez y sus aliados del poderoso movimiento indígena surgió apenas el coronel en retiro asumiera el mando, el 15 de enero del 2003 -hace poco más de un año- tras ganar sorpresivamente las elecciones presidenciales imponiéndose a fogueados “patriarcas” de la política ecuatoriana.
En una segunda ronda, venció al multimillonario empresario Alvaro Noboa, luego de haber convencido al electorado, principalmente a los campesinos pobres, con su simplista mensaje de ser un “cruzado contra la corrupción” y contra los políticos tradicionales.
Además, se declaró de “centro izquierda”, lo que le atrajo la simpatía y el apoyo de las agrupaciones izquierdistas, incluso del ideologizado y muy bien organizado Movimiento Democrático Popular, MDP, un partido marxista que controla al combativo sector de los profesores de la Unión Nacional de Educadores, UNE.
Con estos antecedentes, muchos ecuatorianos pusieron sus esperanzas en las manos de este nuevo líder de 46 años y sin pasado político.
Pero a los pocos días de estar en el poder, comenzaron a surgir críticas y objeciones al manejo del gobierno del “coronel Gutiérrez”, principalmente por la designación desmedida de parientes suyos en puestos del gobierno, lo que causó el rechazo generalizado. El mandatario hizo caso omiso de las acusaciones y mantuvo a como diera lugar a sus parientes y amigos en los puestos claves.
Los dirigentes indígenas comenzaron a manifestar su descontento por el nepotismo y por acciones paternalistas de Gutiérrez, que se dedicó a recorrer las comunidades campesinas regalando palas y picos con un amplio despliegue informativo.
A menos de siete meses de gestión, el partido Pachakutik, de los indígenas, rompió con el gobierno, retirándose del gabinete y abandonando los puestos ocupados por los militantes de esa organización partidista, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
La Conaie agrupa a la mayoría de los cuatro millones de indígenas de Ecuador, que tiene doce millones de habitantes. La entidad es temida por ser organizadora de los llamados “levantamientos indígenas”, que hacen tambalear gobiernos y que fueron decisivos para sacar del poder a Jamil Mahuad el 21 de enero, una fecha que fue tomada para dar el nombre del partido de Gutiérrez: Sociedad Patriótica 21 de Enero, fundado por el ex militar y que se constituyó finalmente en su único soporte de gobierno, tras el retiro de Pachakutik. El marxista MDP se había desembarcado antes, acusando al presidente de haberse “derechizado” al criticar su acercamiento con el ex presidente León Febres Cordero (1984-88), un viejo caudillo derechista, recalcitrante enemigo de la Izquierda.
Los indígenas se lanzaron con todo contra Gutiérrez, pidiendo su salida del poder por considerar que había traicionado al pueblo indígena. Hasta la esposa del gobernante, la primera dama y diputada Ximena Bohórquez, se unió a los opositores demandando rectificaciones en la política económica y en la conducción del zarandeado estado ecuatoriano.
Uno de los dirigentes indígenas más radicales, Gilberto Talahua, dejó claramente establecido que este sector del país, el más empobrecido, estaba pensando en la pronta salida de Gutiérrez. “El movimiento indígena no apuesta a la caída de Gutiérrez, porque el propio Gutiérrez y su gobierno se están cayendo. Si en las marchas (de protesta) cae Gutiérrez, es problema del propio Gutiérrez”, declaró Talahua.
A mediados de diciembre, fue detenido Humberto Cholango, el presidente de la organización Ecuarunari, que agrupa a numerosas comunidades indígenas e integrante de la Conaie. Su delito: haber calificado a Gutiérrez de “mentiroso, incapaz e incompetente”. Su arresto duró 24 horas. Para no alterar el ya caldeado ambiente social el ministro de Gobierno, Felipe Mantilla, ordenó su libertad.
Y al parecer por el mismo motivo, para eludir otra confrontación, el gobierno se hizo el sordo ante una dura frase de la dirigenta indígena Lourdes Tibán en contra del ex coronel. “Los ecuatorianos nos equivocamos al elegir a este animal”, dijo.
“Por la traición que ha hecho al pueblo ecuatoriano, nosotros insistimos que debe renunciar”, sentenció Leonidas Iza, presidente de la Conaie.
“Con el presidente pasamos meses discutiendo y no se pudo hacer nada. Cómo vamos a poder entablar una conversación con los que mienten, con los que no cumplen con su palabra”, afirmó Iza.
La palabra “renuncia” resonó una y otra vez pronunciada por dirigentes indígenas desilusionados y por líderes de los partidos tradicionales y los diputados de las distintas tiendas políticas, desde la derecha a una Izquierda desencantada.
Estas demandas adquirieron una fuerza impresionante a partir de noviembre, cuando en la prensa se difundió que la campaña electoral de Gutiérrez había recibido financiamiento de un presunto narcotraficante ecuatoriano, César Fernández, investigado por una supuesta donación de treinta mil dólares a la postulación del ex militar. Fernández fue detenido cuando se aprestaba a enviar 428 kilos de cocaína hacia Estados Unidos, siendo vinculado por la policía a los carteles de Cali, en Colombia y de Sinaloa, en México. Se dijo que mantenía excelentes contactos en altas esferas del gobierno, incluso con el vicepresidente Alfredo Palacio, quien, al igual que Gutiérrez al principio, dijo desconocer al sujeto, un empresario que fue gobernador de Manabí, la tercera provincia del país. Después admitieron que lo habían conocido como a tantas otras personas, en reuniones oficiales o sociales.
Ante el escándalo de los narco-dólares, los diputados opositores exigieron la renuncia del gobernante y amenazaron con enjuiciarlo en el Congreso para destituirlo, aunque hubo tibias defensas desde la derecha. Pascual del Cioppo, presidente del derechista Partido Social Cristiano, del ex presidente León Febres Cordero, afirmó que era necesaria la defensa “del orden constituido. Pero haremos respetar la voluntad popular porque, equivocada o no, eligió a un presidente”, declaró Del Cioppo para descartar la posibilidad de un enjuiciamiento al mandatario en el Congreso.
En cambio el diputado Carlos González, del opositor Partido Izquierda Democrática, del ex presidente socialdemócrata Rodrigo Borja, consideró que el coronel Gutiérrez debe ser sacado del cargo. “Estamos asistiendo al epílogo, a los últimos días de Gutiérrez”, vaticinó.
Los líderes indígenas, en tanto, fueron radicalizando sus ya intransigentes posiciones, exigiendo la renuncia del presidente de la República, del Congreso Nacional y de la Corte Suprema. “Nosotros creemos que las tres funciones del Estado han perdido legitimidad ante el pueblo ecuatoriano, por lo tanto ya no tienen credibilidad ni la función ejecutiva, ni la función legislativa, ni la función judicial”. Fueron expresiones de Pedro de la Cruz, presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras del Ecuador (Fenocin), que dijo que debía llamarse a elecciones inmediatas para nuevas autoridades.
A mediados de diciembre, Gutiérrez designó ministro de Gobierno (Interior), a Raúl Baca, un veterano y prestigioso político socialdemócrata, ex candidato presidencial y con vasta experiencia como ministro y legislador. Baca anunció su disposición a hablar con los indígenas para asegurarles que habría un cambio en la mentalidad del gobierno. “Hay que reconocer que el gobierno está debilitado, pero tenemos la posibilidad de retomar la confianza del pueblo”, dijo el nuevo ministro.
Pero los indígenas hicieron caso omiso a estos propósitos y anunciaron “un plan alternativo” de gobierno. “Tenemos una propuesta política alternativa para gobernar al país”, señaló Humberto Cholango, afirmando que si Gutiérrez no tenía capacidad para administrar el país, tenía que renunciar.
Este plan alternativo, sin conocerse sus detalles, es coherente con declaraciones que viene formulando la Conaie desde hace dos años: los indígenas se encuentran en condiciones de asumir el gobierno del país. Lo dijeron en medio de la euforia que siguió al triunfo de Gutiérrez en las urnas, cuando pasaron a ocupar cargos en el nuevo gobierno. “Nosotros no estamos en el gobierno: somos el gobierno”, afirmó enfáticamente el dirigente Miguel Lluco, en una frase que hicieron suya otros líderes indígenas, pero que pasó al olvido con el deterioro de la alianza con el ex coronel.
Frente a la encendida postura indígena, surgieron voces conciliadoras de políticos tradicionales. “La incapacidad de un gobernante, demostrada hasta la saciedad, no se supera con una nueva aventura”, escribió el 8 de enero en el diario El Comercio, de Quito, el ex diputado Antonio Rodríguez

EMILIO GUERRA
En Quito

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