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LAS CUENTAS DEL CAPITAN
GENERAL
El ex dictador Augusto Pinochet Ugarte está de nuevo en la picota
pública por justificados indicios de corrupción y enriquecimiento
ilícito. El informe del Comité de Investigaciones Permanentes
del Senado de Estado Unidos -sobre el Banco Riggs y eventuales maniobras
vinculadas al lavado de dinero y corrupción externa-, entrega elementos
importantes para configurar el verdadero carácter de la dictadura
y el papel que Pinochet jugó en ella.
La justicia chilena, gracias a una iniciativa de los abogados Carmen Hertz
y Alfonso Insunza, también tomará cartas en el asunto. El
magistrado Sergio Muñoz fue designado para conocer la denuncia
y el Consejo de Defensa del Estado también comenzó a accionar.
Hace unos días, la Corte de Apelaciones de Santiago estableció
que el ex dictador tuvo participación activa en la Operación
Cóndor, asociación terrorista de las dictaduras del Cono
Sur para exterminar opositores. Ahora, se agrega el informe norteamericano
que permite completar un cuadro en que la represión y la sangre
se mezclan con la corrupción y la droga.
Cuentas de Pinochet en el Banco Riggs, enmascaradas para no ser descubiertas
o instaladas en sociedades de papel en paraísos fiscales, movieron
fondos por 8 millones de dólares entre 1994 y 2002. Más
de cinco mil millones de pesos que Pinochet no pudo jamás reunir
con sueldos percibidos como líder del gobierno dictatorial y comandante
en jefe del ejército.
Las revelaciones del informe tienen un significado adicional. No son producto
de una investigación específica sobre la fortuna de Pinochet,
sino resultado de un examen general sobre el manejo efectuado por el banco
de fondos en depósito, que podrían tener un origen oscuro.
La sola existencia de cuentas por 8 millones de dólares es propia
de alguien que dispone de un patrimonio mucho mayor. El Banco Riggs en
el perfil como cliente de Pinochet le atribuye un patrimonio de 50 a 100
millones de dólares.
El manejo tortuoso de las cuentas detectadas hasta ahora en el Riggs,
es una verdadera presunción de culpabilidad. Sería inexplicable
tanto secreto si se hubiera tratado de dinero limpio. Tampoco es verosímil
que las cuentas del Riggs hayan sido las únicas de Pinochet en
el exterior. Debe haber otras, aún no descubiertas. Las sospechas
son múltiples. En 1999, la prensa británica calificaba a
la familia Pinochet como una de las diez más ricas de América
Latina. Hay pistas obvias que deberían rastrearse.
Las privatizaciones significaron el traspaso de activos por miles de millones
de dólares a multinacionales y empresarios chilenos. Un terreno
fértil para coimas, donaciones y simples apropiaciones. Así
ocurrió, por ejemplo, con Soquimich, empresa salitrera del Estado
que por arte de birlibirloque terminó en manos de Julio Ponce Lerou,
entonces yerno de Pinochet.
Las compras de armas durante los diecisiete años de dictadura -y
en los ocho siguientes en que Pinochet siguió como comandante en
jefe del ejército- deben haber dejado enormes comisiones, habituales
en estas transacciones, como lo ha demostrado el juicio que siguen tribunales
belgas por la venta de aviones Mirage a Chile, que significaron para sus
gestores alrededor de quince millones de dólares en ganancias.
Ya había indicios que fueron negados. En 1999 apareció un
giro por un millón de dólares en favor de Pinochet en el
Banco Riggs (ver PF Nº 442) que fue calificado de “invención”.
Pinochet participó en proyectos de construcción y adquisición
de armamentos, como el cañón de largo alcance desarrollado
por la industria armamentista sudafricana. El proyecto del cohete Rayo
-realizado en conjunto por Famae y Royal Ordnance, de Gran Bretaña-
fue uno de los favoritos de Pinochet. Lo ayudaron sus conexiones con la
industria militar británica y con los círculos castrenses
de ese país, que se robustecieron a raíz de la guerra de
las Malvinas. Royal Ordnance incluso invitó a Pinochet a Inglaterra
y le dio tratamiento de huésped distinguido. En definitiva, el
proyecto Rayo fue un fracaso que significó al ejército una
pérdida de 100 millones de dólares.
Cuando Pinochet fue detenido en Londres, se dijo que había viajado
a Gran Bretaña por negocios militares. El general Alan Sherman,
director de la Asociación de Industriales Británicos para
la Defensa, reconoció a un corresponsal del diario mexicano Excélsior
que el ex dictador había viajado al frente de una misión
militar, con conocimiento y apoyo del gobierno chileno. El periodista
argentino Rogelio García Lupo, en Barcelona en esa época,
informó que Pinochet tenía el encargo de negociar la compra
de barcos para la Armada por unos 440 millones de dólares, negocio
en el que él recibiría una comisión del uno por ciento.
Ni siquiera pueden descartarse fondos provenientes del lavado de dinero.
El narcotráfico encontró en Chile un paraíso durante
la dictadura. Por su parte, la Dina trabajó en drogas a través
del químico Eugenio Berríos, posteriormente asesinado en
Uruguay.
No debe olvidarse tampoco el episodio de exportación de armas de
Famae a Croacia, con participación de cercanos a Pinochet y a la
Dina, que representó varios millones de dólares. Un participante
clave en la operación, el coronel Gerardo Huber, fue asesinado
meses después.
La familia Pinochet Hiriart ha hecho ostentación de riqueza. No
sólo con la frenética adquisición y alhajamiento
de residencias e inmuebles, sino por su tendencia a disponer de bienes
y dineros públicos como propios. En la construcción de la
mansión de Lo Curro, que Pinochet y su esposa esperaban habitar,
invirtieron más de 20 millones de dólares. La adquisición
de los terrenos de El Melocotón provocó un escándalo
cuando se demostró que se habían comprado a través
de “palos blancos” y, también, con un préstamo
que Pinochet obtuvo en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.
El negocio de Augusto Pinochet Hiriart, obligando al ejército a
comprarle una fábrica de fusiles, significó al Fisco tres
millones de dólares. Pinochet movilizó tropas en dos oportunidades
para defender las operaciones comerciales de su hijo. Impuso, finalmente,
que el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle ordenara paralizar las acciones
legales aduciendo “razones de Estado”.
A primera hora del 11 de septiembre de 1973, el almirante José
Toribio Merino, posicionado en Valparaíso, lanzó una proclama
que decía: “Esto no es un golpe de Estado. Sólo persigue
el restablecimiento de un Estado de derecho. No tenemos compromisos, sólo
gobernarán los capaces y los honestos. Estamos formados en la escuela
del civismo, del respeto a la persona humana, de la convivencia, de la
justicia, del patriotismo”.
Todo aquello se demostró ser falaz y sólo palabras. Todavía
está pendiente el balance espectral de la dictadura como lo que
fue, un régimen criminal y corrupto. Pero el tiempo va poniendo
las cosas en su lugar. El informe del Senado norteamericano agrega un
elemento clave al prontuario de Augusto Pinochet Ugarte. La dictadura
no sólo fue una fiesta de crímenes y represión para
un puñado de altos oficiales y hombres de negocios. También
significó para ellos la rapiña y el enriquecimiento personal
PF
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