La Armada
en un mar de sangre

AUTOR: MAURICIO BUENDIA
En Valparaíso

EL vicealmirante (r) Juan Mackay Barriga es conducido por detectives a su lugar de reclusión.

La peor tormenta de que se tenga memoria en Valparaíso se formó un martes de tardío invierno en las profundidades del mar. Ni siquiera la estupefacta luna alcanzó a derramar una lágrima de plata por el temporal de terror que se avecinaba. Tal vez porque nunca imaginó la ferocidad de los que salieron a matar en una guerra inventada. Cuando se sacudió su asombro y quiso gritar para que la gente del puerto escapara por los cerros hacia el cielo, le perforaron el pecho, le destrozaron la mirada y le enturbiaron para siempre su luz de faro eterno. Y en medio del miedo cayó Miguel, irremediablemente y para siempre: la Armada lo hizo desaparecer, como a muchos. Porque los ricos no perdonan, simplemente matan cuando tienen que matar, y los marinos torturan cuando tienen que torturar para luego ocultarse en las sombras del olvido.
A Miguel Woodward, sacerdote del pueblo, lo torturaron en la Academia de Guerra Naval, lo asesinaron en la Esmeralda y lo hicieron desaparecer en la bruma porteña, hasta que su hermana, Patricia Woodward, y el esposo de ésta, Fred Bennetts, comenzaron el sinuoso periplo para desentrañar la verdad y hacer justicia en un país sin justicia. La resultante de sus esfuerzos -34 años después del golpe y 6 años después de haber presentado una querella ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso- ha sido la resolución de la ministra Eliana Quezada, quien declaró reos a los vicealmirantes (r) Adolfo Walbaum Wieber; Guillermo Aldoney Hansen y Juan Mackay Barriga; a los capitanes de navío (r) Sergio Barra Von Kretschmann y Ricardo Riesco Cornejo, así como al médico Carlos Costa Canessa.
Walbaum era jefe de la I Zona Naval y, además, intendente designado de la dictadura; por su parte, Aldoney era jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval. El vicealmirante Juan Mackay es vicepresidente del Consejo de Almirantes y Generales en Retiro de Valparaíso, el capitán Barra era jefe de Inteligencia Naval en 1973 y el doctor Costa firmó el certificado de defunción de Woodward sin jamás haber examinado o visto el cadáver del sacerdote. Lo hizo en el antiguo Hospital Naval de Playa Ancha, donde se habilitó una sala, en el último piso del recinto, para albergar a los prisioneros políticos torturados en la Academia de Guerra Naval que requerían atención médica para, posteriormente, continuar siendo interrogados y torturados por el Servicio de Inteligencia de la Armada. Médicos, enfermeras, sacerdotes y marinos colaboraban con los servicios de seguridad intentando obtener información de los detenidos.
La utilización de diversos recintos navales, la participación del alto mando en la planificación e implementación de la represión implican responsabilidad institucional en la represión. Para Patricia Woodward, “la Armada debería hacerse responsable, como institución, de todas las violaciones de derechos humanos infligidas bajo su mando en todas sus dependencias en Chile”. Más aún, señala categóricamente Bennetts, la Armada “debe reconocer que no tiene sentido alguno -y nunca lo tuvo- insistir en la tesis articulada por el actual comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, sobre que las responsabilidades podrían llegar hasta el nivel de ‘mandos operacionales’, pero nunca hasta los altos mandos”.
La resolución de la jueza Quezada “ya ha llegado a este último nivel y los altos mandos, por definición, sí tienen autoridad, y por lo tanto responsabilidad institucional en el sentido político y moral, y en todos los demás sentidos, salvo, evidentemente, en lo puramente judicial, puesto que la ley penal sólo es aplicable a personas”. Además, sostiene Fred Bennetts, “el almirante Codina ha dicho que él es el único alto mando de la Armada que estaba en servicio en septiembre de 1973. No es así. Y puesto que la Armada tiene plenos poderes para investigar a sus funcionarios en servicio activo para garantizar que ninguno de los oficiales del actual alto mando participaron en las acciones represivas después del 11 de septiembre de 1973”, debería investigar “a nivel del Consejo de Almirantes a los vicealmirantes Mariano Sarratea Saint-Lawrence, director general de Finanzas; Cristián Gantes Young, director general de los Servicios y, Sergio Robinson Prieto, jefe del Estado Mayor General de la Armada”. Quizás se desentrañaría el misterio y el secreto que circunda a la acción represiva de la Armada, y se ensancharía el horizonte de justicia.

UN POCO DE JUSTICIA EN MEDIO DE LA IMPUNIDAD

De repente son sólo ramalazos de luz en la neblina porteña de esos días, minúsculos fragmentos de verdad, retazos de memoria y atisbos de justicia. Sin embargo, para Patricia Woodward, el fallo de la ministra Quezada constituye un paso adelante, un paso esperanzador, no sólo porque identifica y procesa a oficiales del alto mando, sino porque “es significativo que la base de los cargos sea secuestro, no asesinato”. Efectivamente, el fallo judicial somete a proceso y declara reos por secuestro calificado y torturas a varios prisioneros políticos lo cual, para Jaime Contreras, integrante del Grupo de Amigos de Miguel Woodward y amigo personal del sacerdote, significa “un paso de primera importancia hacia la verdad y la justicia, no sólo respecto al caso de Miguel, sino de todos los torturados y muertos por la Armada. Es claro que este paso debería seguir con declarar reos y procesar a los mandos medios, ejecutores y encubridores del ‘secuestro calificado’ -entiéndase asesinato- de Miguel y por resoluciones similares en otras querellas”.
No obstante este alentador paso, y el coraje de la ministra Eliana Quezada -subrayado por los querellantes toda vez que ha sido amenazada de muerte y además sometida a presiones por parte de la Armada-, todo puede quedar en nada debido al clima general de impunidad que se ha entronizado en el país y, en particular, por la conspiración de silencio en torno al caso de Woodward. Conspiración, según Patricia, “difícil aún ahora de descifrar, pero ciertamente la Armada no actuó sola. Yo diría que los vínculos entre distintos estamentos de la sociedad chilena todavía siguen vigentes”. Por lo demás, afirma Bennetts, esta “conspiración de silencio tiene muchas ramificaciones. Por ejemplo, el Ministerio del Interior es pieza clave en el supuesto apoyo del gobierno en al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos, pero el caso de Miguel ha dejado claro que este Ministerio ni siquiera está permitiendo que toda la información que custodia el Archivo de la Comisión Rettig sea facilitada a los tribunales cuando éstos la requieren”.
Asimismo se ha sabido que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) estaría por hacerse parte del proceso, lo cual es rechazado por los familiares del asesinado sacerdote toda vez que “el papel de este organismo ha sido muy cuestionable en materia de derechos humanos. Es motivo de escándalo entre la propia gente del CDE que su procurador fiscal en Valparaíso, Enrique Vicente, es imputado en el caso Miguel Woodward y ha hecho grandes esfuerzos para informarse sobre el contenido del expediente. El teniente (r) Vicente, ex-fiscal naval, se encuentra bien acompañado en el CDE por otro ex-fiscal naval, Luis Winter, nombrado por el actual gobierno como consejero abogado a pesar de las quejas de las organizaciones de derechos humanos. En años anteriores, entre los consejeros abogados nombrados por el gobierno de Lagos estaba Gonzalo Vial -falsificador del “Plan Z” y manipulador del Informe Rettig- tal como fue denunciado en Punto Final. Por si fuera poco, el CDE cuenta como gerente con un ex-oficial de la Armada, quien, hace pocos años cuando comandaba la Esmeralda, en un crucero a Halifax dijo de Patricia Woodward, por sus declaraciones a la prensa canadiense: ‘La dama miente’”.
El manto de silencio y encubrimiento de las atrocidades cometidas por la Armada no se circunscribe a la institución o a órganos del Estado, sino que se extiende también a la Iglesia a la cual pertenecía Miguel. En este contexto, Patricia asevera que “en 1986 intentamos conseguir información sobre Miguel en el Obispado de Valparaíso. No conseguimos nada. En una conversación con el ya entonces anciano y enfermo ex obispo Tagle, me dijo que no recordaba si lo habían muerto o fusilado. Y ahora, aunque pueda parecer que los tiempos cambian, la Conferencia Episcopal no ha emitido ninguna declaración para restituir la dignidad al trabajo entre los pobres de mi hermano. En este país muchos católicos todavía creen las historias que contaban de los curas ‘comunistas’, puras falsedades y mentiras”. Fred, por su parte, indica haberse “enterado recientemente que un sacerdote amigo de Miguel, preocupado por su detención, contactó al obispo Emilio Tagle y fue informado por éste que estaba bien. Por lo demás, el entonces vicario general de la diócesis, Jorge Bosagna -que tenía una oficina en el buque Lebu, centro de detención y tortura de la Armada, y que hoy es director del Hogar de Cristo- es imputado por encubrimiento en el sumario de Miguel”.
Pero, además, existe una especie de blanqueamiento sistemático de la imagen de la Armada y de su rol real en la represión post-golpe por parte del Estado y de sus principales autoridades políticas que se expresa, por ejemplo, en que la “presidenta Bachelet no contesta las cartas enviadas sobre el caso de Miguel Woodward. No sabemos qué relaciones puede tener el gobierno con el alto mando de la Armada, sólo los vemos a ambos en eventos públicos: en la llegada de nuevos barcos, en la despedida de la Esmeralda en cada crucero de instrucción, como si nada hubiera pasado en ese barco”. De hecho, parece haberse estructurado, desde el Estado, y particularmente desde el gobierno, un espeso manto de olvido sobre todo lo acaecido en Valparaíso, a pesar de las evidencias disponibles acerca de la violenta represión ejercida por la Marina.

LA ARMADA MIENTE Y SIGUE MINTIENDO

Por lo mismo, la resolución de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, constituye un importante paso para desarticular la operación de blanqueamiento de la Armada, sea por acción u omisión. La Armada siempre negó que (...)

(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 661 de PF, 2 de mayo, 2008. ¡!Suscríbase a Punto Final!!)