Punto Final, Nº 743 – Desde el 30 de septiembre al 3 de octubre de 2011.
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Labbé, educación
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Juan Jorge Faundes

“Los guerreros victoriosos vencen primero,
y después van a la guerra”.
(Sun Tzu, “El arte de la guerra”)

 

El problema no es que Cristián Labbé, alcalde de Providencia, sea un ex militar; nada tengo contra los militares en abstracto. Al contrario. Sin ir más lejos pensemos en el Ejército Libertador de San Martín y O’Higgins. O recordemos el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos, ejército de los bolcheviques y de la URSS tras la Revolución de Octubre. León Trotsky fue el fundador de ese ejército que estuvo formado por voluntarios obreros y campesinos, y por oficiales y suboficiales del antiguo ejército imperial.
Son militares Mao Tse-Tung, Fidel, el Che, el general Giap… ¡El propio Chávez! Y los chilenos que se hicieron militares en el exilio, oficiales en la URSS o en Cuba, que combatieron en Nicaragua y luego regresaron a la resistencia contra la dictadura. Y los generales René Schneider Chereau y Carlos Prats González, militares de pura cepa y mártires de la democracia. No mencionaré a mi tatarabuelo, el coronel Manuel Jesús Jarpa, jefe de las fuerzas de Balmaceda acantonadas en Santiago, prisionero tras la revolución de 1891. Yo mismo hice el servicio militar en 1967.
Entonces, el problema no es que Labbé sea militar. El problema es con los militares del pinochetismo, que hicieron parte no sólo de las fuerzas armadas de la dictadura sino, además, de sus servicios de inteligencia, en particular de la Dina y la CNI, y que torturaron, desaparecieron y asesinaron. Y Labbé, ex oficial de la Dina, en el programa Tolerancia Cero de Chilevisión, cuando el periodista Fernando Paulsen lo encaró y le enrostró su condición de ex Dina, rió con cinismo y respondió que no se arrepentía.
En agosto del año pasado el coronel (r) Labbé fue interrogado en calidad de inculpado por la jueza Raquel Lermanda que investiga los crímenes cometidos durante la denominada Operación Colombo, donde 119 militantes de Izquierda, la mayoría miristas, fueron detenidos y desaparecidos entre el 27 de mayo de 1974 y el 20 de febrero de 1975. Sus nombres aparecieron en el primer y único número de dos “periódicos” -LEA de Argentina y Novo O’Día de Brasil- creados por la Dina con el propósito de desinformar. La falsa noticia sostenía que los 119 murieron en Argentina “ejecutados por sus propios camaradas” o “al confrontarse con fuerzas de la contrainsurgencia”. El diario La Segunda tituló el 24 de julio de 1975 la falsa noticia de Novo O’Día: “Exterminados como ratas”. El Mercurio editorializó al día siguiente: “Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar”.
Lo único que admite Labbé es que su misión en la Dina fue hacer clases de educación física a futuros agentes y haber formado parte de la seguridad personal del dictador Augusto Pinochet.
Dicho esto, resulta paradójico que en el citado programa Tolerancia Cero, un golpista se haya alzado como defensor del Estado de derecho, supuestamente violado por los estudiantes, lo que habría motivado su decisión de cerrar el año escolar y de discriminar a los estudiantes que no sean de su comuna. En todo caso, respecto de su cierre del año escolar, comenzó a echar pie atrás al precisar que “yo dije que se cierran los colegios, no el año escolar. Sólo le pusimos el candado por fuera, porque esos colegios están usurpados”. También dijo que había informado al ministro de Educación, Felipe Bulnes, lo que Bulnes negó de manera rotunda.
La medida de cerrar los colegios e impedir el acceso a jóvenes de otras comunas es abiertamente contraria a la Constitución, que establece el derecho a la educación “progresivamente gratuita” consagrado en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, promulgado ¡por Pinochet! el 28 de abril de 1989 (Diario Oficial, 27-V-1989). Que los alcaldes administren en su comuna la protección y garantía de este derecho, no los faculta para derogarlo ni violarlo. Hay una voluntad de Estado por sobre la del municipio, y su titular es el ministro de Educación.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 743, 30 de septiembre, 2011
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