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En Venezuela se juega el futuro de América Latina
Chávez, duro de tumbar
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PARTIDARIOS del presidente Hugo Chávez
a las puertas del Palacio de Miraflores, sede del gobierno. |
El año 2002 no ha sido bueno para los venezolanos. El
gobierno de la “revolución en democracia y libertad”
del presidente Hugo Chávez ha logrado sobrevivir, pero
su capacidad de gobernar ha sido mínima. Y no parece aventurado
afirmar que, en estos momentos, en Venezuela se juega el futuro
de América Latina. Aquellos que usufructuaron más
de 40 años de la democracia formal a la venezolana, y sus
apoyos externos cercanos al poder estadounidense, el neofranquismo
español y la godorria colombiana, han lanzado su ataque
a fondo para demostrar al resto de los latinoamericanos que no
se debe tolerar un gobierno democráticamente elegido que
optó por las mayorías, que aliente experiencias
similares en otras regiones.
Ocho meses después del golpe de Estado de abril, una serie
de repeticiones dejaron en claro que no una mera casualidad sino
un plan para crear el caos, aniquilar la industria petrolera en
manos del Estado, promover la renuncia del presidente Hugo Chávez,
la convocatoria a elecciones inmediatas o, inclusive, la intervención
de Venezuela por un país extranjero: una ex guerrillera
y ahora feroz antichavista pidió la intervención
de tropas estadounidenses, mientras un ex dirigente sindical convocó,
a su vez, a los cascos azules. Todo muy patriótico.
Sin dudas se vive una situación alarmante, que se promueve
internacionalmente como “de pronóstico reservado
y que se encamina hacia un desenlace de violencia”. Los
gerentes de las trasnacionales han enviado a sus familias de regreso,
las agencias noticiosas norteamericanas duplican su personal,
la oposición hace su marcha por un lado de la ciudad, el
oficialismo por el otro.
Lo que quizá pueda sorprender es el apresuramiento, la
urgencia por salir de Chávez y su gobierno, máxime
cuando la nueva Constitución prevé referéndums
revocatorios para los funcionarios públicos -hasta para
el presidente- una vez cumplida la mitad de su mandato. El mandato
de Chávez puede ser revocado en agosto próximo.
Pero a muchos grupos opositores se les termina el financiamiento
externo el 31 de diciembre y -por otro lado- dudan realmente que
puedan batir al actual mandatario en unas elecciones.
Para algunos analistas no se puede descartar la necesidad de Estados
Unidos de ajustar el control de las reservas petroleras en la
región ante la emergencia de la guerra contra Iraq. De
todas formas, Venezuela reiteró que cumplirá con
sus obligaciones, pese a la grotesca intervención estadounidense
en el golpe del 11 de abril que, en definitiva, derrocó
al subsecretario de Estado, Otto Reich. Venezuela vende un millón
de barriles de petróleo diarios a Estados Unidos y tiene
inversiones multimillonarias en ese país en estaciones
de servicio y refinerías, a través de su filial
Citgo. Para recordar, en enero entra en vigencia la Ley de Hidrocarburos,
que puede permitir al gobierno actuar sobre las nómimas
gerenciales atrincheradas en PDVSA.
Mientras empresarios de la Cámara Venezolano-Norteamericana
de Comercio hablan de un go ahead dado por Washington y muestran
fotos de supuestos comandos venezolanos adiestrándose en
los pantanos de Miami, un presidente atado a su “revolución
democrática y en libertad” se niega a declarar medidas
de excepción o cualquier tipo de represión...
La crisis ha transitado sin que las gestiones del secretario general
de la OEA, César Gaviria (“una piedra permanente
en el zapato de Chávez”, según un negociador
de la oposición), cristalicen alguna negociación
y la participación del sector militar, previamente calculada
en abril, no tuvo la misma beligerancia en esta ocasión:
Chávez -o la institucionalidad- mantiene las lealtades,
pese a todas las presiones y sobornos de quienes dicen defender
la democracia “del castrocomunismo que se nos viene”.
“La mesa de negociación es una pérdida de
tiempo, si en ella no está quien financia y manda en la
oposición, Gustavo Cisneros”, señalaba un
diputado opositor. Cisneros, dueño del canal Venevisión,
la cadena DirectTV e importante accionista de innumerables otras
empresas trasnacionales (entre ellas la Coca Cola), es sindicado
como el Silvio Berlusconi venezolano, al que muchos han calentado
la cabeza para que se corone como ¿presidente?
Como en abril, la industria petrolera ha sido considerada el foco
más importante para poder precipitar una crisis que también
implique a la comunidad internacional. Como ocho meses antes,
el botín mayor del golpe sigue siendo la privatización
de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), detrás
de la cual siguen estando los amigos petroleros de George Bush,
la Repsol española y el Grupo Cisneros. Los otros premios
son la privatización de los fondos de pensiones, en el
cual están sumamente interesados los bancos españoles
y algunos grupos representados por el Citicorp, y las riquezas
auríferas y de otros minerales de la región de Guayana.
PDVSA es una de las mayores del mundo; tiene 45.000 empleados,
exporta unos 2.300.000 barriles diarios de crudo, y es uno de
los principales abastecedores de Estados Unidos. De ahí
que la variable internacional está presente junto a personajes
de la vieja política tales como el ex mandatario Carlos
Andrés Pérez y el ex presidente de la petrolera,
Luis Guisti (dueño de algunos buques en paro, asesor de
Bush), sorprendidos girando instrucciones y haciendo recomendaciones
a líderes opositores locales. La estrategia se basa en
una alianza de los opositores con la alta gerencia -simpatizantes
con procesos de privatización de la industria- que se han
rebelado contra la junta directiva de PDVSA, y desarrollan una
militancia gremial y política. Esta vez se comenzó
por el personal de la Marina mercante de la petrolera, luego los
centros de abastecimiento y distribución de gasolina, y
se ha intentado la paralización parcial de las refinerías
para restringir las exportaciones e incidir en el mercado internacional.
LA HORA ¿DECISIVA?
Esta pareciera una encrucijada decisiva. La oposición
ha decidido radicalizar sus acciones y objetivos en una estrategia
que parece decirle al gobierno que es todo o nada, y ha exigido
la renuncia del presidente para ir a unas elecciones inmediatas.
Pero los partidos de oposición no se presentaron a la Asamblea
Nacional para discutir una enmienda constitucional con los partidos
oficialistas, que pudiera abrir el camino hacia una salida electoral
negociada.
Los medios de comunicación privados, quizás en este
momento las organizaciones políticas más poderosas,
no conocen la racionalidad política ni tienen cultura de
negociación y tolerancia. La gerencia mayor de la estatal
Petróleos de Venezuela, la llamada “tecnocracia petrolera”,
que ha decidido paralizar la industria, es otro actor político
carente de conciencia, formación y responsabilidad política.
Al igual que los dueños de medios, anteponen sus intereses
corporativos a los intereses nacionales. La reforma petrolera
que adelantó el gobierno es motivo de muchos disgustos
de estos tecnócratas, que en los dos gobiernos anteriores
se había convertido en un Estado dentro del Estado, respaldando
las políticas de aumento de volumen de producción
de petróleo reclamada por los países industrializados.
Este gobierno dejó en claro que las políticas las
formulaba el Ministerio de Energía y no los gerentes de
la empresa operadora estatal y se puso al frente de la política
de defensa de precios para salvaguardar el ingreso fiscal petrolero,
en consonancia con sus socios de la Opep.
Otros actores principales son los presidentes de la central laboral
CTV y de la empresarial Fedecámaras, que pertenecen a las
élites que sienten sus posiciones debilitadas por la victoria
electoral Chávez y la alianza de fuerzas políticas
que lo respaldan. Como caso inédito, la CTV pone la carne
de cañón que Fedecámaras financia.
Finalmente, la mayoría de los partidos y organizaciones
sociales de la Coordinadora Democrática, que son más
mixtas en sus estrategias políticas, hasta la fecha no
han jugado papel central en esta confrontación de fuerzas.
Suelen ser utilizados para darle una imagen de tolerancia y de
no-violencia a la oposición cuando ésta lo considera
políticamente oportuno. Esta vez, la estrategia de la oposición
comenzó con un paro convocado por esa rara junta de sindicalistas
sin sindicatos y dirigencia empresarial con mucho dinero, que
financiaron la paralización, como ya lo habían hecho
en varias oportunidades, instando nuevamente -esta vez sin mayor
éxito- a los militares a deponer al gobierno constitucional.
El paro se inició el lunes 2 de diciembre, con un soporte
mediático impresionante -los gobiernos democráticos
de América debieran ir poniendo sus barbas en remojo-,
donde las emisoras de televisión privadas transmiten, cartelizadamente,
durante 18 horas al día exclusivamente las acciones opositoras
a nivel nacional. Al asumir que iba a ser muy difícil paralizar
las industrias básicas, a los empleados públicos,
al transporte, los opositores planificaron la paralización
de la neurálgica industria petrolera, especialmente el
suministro de gasolina y las exportaciones petroleras mediante
el fondeo de buques tanqueros en las aguas del Lago de Maracaibo.
Y a través de la dirigencia opositora y vía televisión
y radio, llegó nuevamente, la descalificación permanente
a quien estuviera con el gobierno, tratándolos de hordas,
salvajes, negros, resentidos, tierrúos, lumpen, ignorantes,
fanáticos, desdentados.
El viernes 6, al final de la tarde, se produce la balacera de
la Plaza Francia en el burgués barrio de Altamira y de
inmediato la televisión incrimina al presidente Chávez,
pese a que el que actuó fue un sicario (al mejor estilo
colombiano). La estrategia era levantar de nuevo la presión
en el seno de un colectivo que, pese la manipulación mediática,
estaba dando señales de hastío, dar oportunidad
a los “factores ocultos” a emprender acciones mucho
más radicales. Es a partir del sábado 7 que la gente
de la oposición en el sector petrolero, hasta entonces
de bajo perfil, puso en marcha un plan para paralizar a Petróleos
de Venezuela, con el aplauso de los canales privados. Por ello
no extraña que sus reporteros aborden un tanquero cuyo
capitán ha fondeado en el canal de navegación del
Lago de Maracaibo, convirtiendo en héroe a una persona
que en cualquier otro país sería enjuiciada por
actos de piratería marítima y terrorismo.
Se trataba de generar el caos, y así, sin escrúpulos
(y mucho menos ética) anuncian con cierto regocijo la -falsa-
paralización de una refinería, la paralización
del suministro de gasolina, y el suministro de gas a las empresas
básicas, procederes tipificados en cualquier legislación
penal como agavillamiento, conspiración, delitos de lesa
patria, instigación a delinquir, complicidad.
No cabe duda que los venezolanos, afectos masivamente al medio
televisivo, viven desde hace más de un año, en condiciones
de extrema tensión debido a la permanente confrontación
que reflejan los medios de información hasta el punto que
especialistas han denunciado la amenaza seria en la normalidad
de las vidas, trabajos y salud mental de la población.
Los medios se hacen parte de la confrontación, incluyendo
a la TV oficial que debe luchar contra cinco televisoras privadas,
donde presuntos periodistas asumen posiciones de intolerancia
fuera de todo control.
El Observatorio Global de Medios alertaba que “sobre todo
las televisoras en Caracas, están difundiendo permanentemente
mensajes de abierta incitación a la intolerancia y a la
violencia, buscando crear, mantener o profundizar en los ciudadanos,
la predisposición de aceptar y participar activamente en
una confrontación de consecuencias impredecibles”.
La repetición frecuente de las imágenes sobre los
trágicos hechos ocurridos en la Plaza Altamira, donde un
ataque terrorista causó tres muertos y numerosos heridos,
las declaraciones de algunos dirigentes de la oposición
y las opiniones de ciertos periodistas, incitan al odio entre
los venezolanos y propician la intolerancia, señalaba el
Observatorio, que denunciaba que “también se utiliza
la imagen de niños para convocar a las acciones de violencia
y se vincula esa imagen con la promoción de la disociación
social” .
No cabe duda que la gran mayoría de los venezolanos, aún
aquellos que asumen determinada posición política,
no quiere guerra. Pero esta mayoría no tiene acceso a los
medios masivos, donde sólo se da cabida a los dirigentes
y a los activistas cuya opinión concuerda con la posición
asumida por los directivos de esos medios y por algunos periodistas
que están a su servicio.
EL PARO
“Los trabajadores ponen la carne de cañón,
los empresarios los billetes”, señalaba frente a
las puertas del Seniat, la dirección impositiva, un dirigente
gremial, recordando este sui generis contrato social. Esta fue
la cuarta iniciativa de paralización en lo que va de año,
y como las demás ha sido parcialmente exitosa en un país
donde el 52% de la masa laboral trabaja en la economía
informal y más del 20% son empleados del sector público.
El transporte no paró, las industrias básicas de
la electricidad, el aluminio, el hierro, tampoco; la banca hizo
un amago pero se conformó con horarios más cortos,
y los supermercados cerraron en los barrios burgueses, donde fueron
“democráticamente” amenazados al igual que
los dueños de tiendas y restaurantes.
Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que “se
registran situaciones de intolerancia social contra empresas o
comercios que han decidido no sumarse al paro. Estos hechos, en
los que se ha hecho uso de la violencia, deben ser investigados
y sancionados”.
Dirigencia sindical y empresarial conforman con los viejos y nuevos
partidos políticos y un grupo de organizaciones no gubernamentales
la Coordinadora Democrática, que ha elaborado una especie
de matriz ideológica que proyecta hacia las masas y la
opinión pública nacional e internacional que se
está luchando contra un gobierno dictatorial, cuestionando
una institucionalidad que ayudaron a construir con la aprobación
por referéndum popular en 1999 de la nueva Constitución.
Pero estos grupos, al igual que las organizaciones cercanas al
gobierno, padecen de la debilidad del tejido social y organizativo,
y sus dirigentes no pueden controlar masas o grupos que se desbordan
o no reconocen liderazgos. Eso se hace más evidente en
el archipiélago de la oposición, donde la falta
de liderazgo deja la manija en manos de quien grita más
contra el único líder reconocido unánimente
-el presidente Chávez- y no de quien sepa manejarse políticamente
o tenga una organización de masas detrás. Nuevamente
la poblada -al igual que en abril- comenzó a pesar en la
resolución del conflicto: primero, rodeando la sede principal
de PDVSA y las refinerías para garantizar el orden, luego
tomando las calles y plazas en la ciudad. Junto a ellos, institucionalmente,
unas Fuerzas Armadas que parecen decididas a cumplir sólo
con su cometido constitucional. Poco a poco, la soberbia opositora
se va replegando ante la humilde realidad. ¿Qué
es lo que les queda? Un exilio dorado, una escalada terrorista...
o entrar, definitivamente, en el juego democrático, para
lo cual no tienen vocación ni están preparados
ARAM AHARONIAN
En Caracas
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La gobernabilidad en Venezuela
Es innegable que la situación venezolana afecta y
es también determinada por fuerzas e intereses internacionales.
De hecho hasta ahora la crisis no ha podido ser abordada
utilizando referentes anteriores. A pesar de los continuos
llamados de la oposición a activar la Carta Democrática
de la OEA, no se trata de la misma situación de Perú,
por la plena vigencia de las instituciones democráticas.
Ahora es el gobierno que se lanza a pedir la aplicación
de la Carta Democrática en aplicación de su
capítulo IV, sobre el fortalecimiento y preservación
de la institucionalidad democrática, en el que se
señala la posibilidad de asistencia “cuando
el gobierno de un Estado miembro considere que está
en riesgo su proceso político institucional democrático
o su legítimo ejercicio del poder”.
Hoy, la salida a través de un acuerdo político,
aunque luce improbable, sería sin duda la más
inteligente, pese a la falta de éxito de un Gaviria
atrapado, quizá, por su propia historia y un nuevo
cuadro de la realidad latinoamericana y hemisférica
que todavía no domina.
Un documento de las organizaciones de derechos humanos señala
que “hay que tener en cuenta que los principales problemas
del país son la exclusión social, la debilidad
institucional, la desvinculación entre ética
y política y la intolerancia. Se trata de problemas
estructurales y, por tanto, de vieja data. El país
está, sin embargo, polarizado en un debate que parece
ocultarlos. La continuidad o no de Hugo Chávez en
la presidencia, tiene vínculos con esos problemas.
Pero la solución de problemas estructurales requiere
mucho más que la salida o permanencia de un presidente.
Si esos problemas no se incluyen en la agenda pública,
el país corre el riesgo de fomentar su propia frustración
y aumentar el nivel de deterioro de la situación
política, económica y social”.
Estas añadieron que, más allá de esa
reflexión preliminar, es evidente que el nivel de
polarización existente en el país, y particularmente
en Caracas, generó una crisis de gobernabilidad en
todos sus niveles y un aumento de la violencia política
que es necesario reducir de inmediato. El único modo
de hacerlo, en una democracia, es consultando a la población
sobre hacia dónde quiere que se oriente su futuro,
para lo cual se hace necesario a) llegar rápidamente
a un acuerdo sobre las características de esa consulta,
b) un Consejo Nacional Electoral y un Registro Electoral
confiables para todas las partes, c) que las partes se reconozcan
como representantes válidos de diversas y legítimas
visiones de país y, d) que cedan en sus intereses
sectoriales a favor de los intereses colectivos.
Señalaron asimismo que “si los distintos sectores
que intervienen en la vida nacional no son capaces de llegar
a acuerdos mínimos de coexistencia, más allá
de la consulta y sus resultados, la violencia no desaparecerá,
porque tampoco lo harán la exclusión social,
la debilidad institucional y la intolerancia”
A.A.
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Periodistas denuncian a empresarios
“Nosotros, los trabajadores del diario “El Nacional”
de Caracas manifestamos nuestra profunda preocupación
por la decisión tomada el lunes 16 de diciembre del
2002 por el Bloque de Prensa Venezolano, de suspender la
circulación de sus diarios afiliados. Tomando en
consideración que la información es un derecho
inalienable de todo ciudadano, consagrado en los tratados
internacionales, la Constitución Nacional y las leyes
de la República, el personal de redacción
de este diario manifiesta su rechazo a esta decisión,
que lejos de contribuir a la solución de los graves
problemas del país, los profundiza.
Como trabajadores de la empresa periodística, asistimos
a nuestros sitios de trabajo porque estamos conscientes
de nuestra responsabilidad profesional y ética con
nuestros lectores. Por lo tanto, exhortamos a los dueños
de medios de comunicación social de todo el país
a mantener sus salas de redacción abiertas para así
darle continuidad a la irrenunciable labor social de informar
y formar a ciudadanos para la sana convivencia democrática”
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