Colombia se hunde en la violencia
Según los analistas, la escalada terrorista en Colombia,
durante febrero, no fue más que la respuesta de las organizaciones
insurgentes a la estrategia guerrerista del presidente Alvaro
Uribe Vélez, eufemísticamente denominada de "seguridad
democrática".
Uribe Vélez llegó a la presidencia gracias a su
promesa de devolver al país la seguridad ciudadana, mediante
un plan de guerra consistente en someter por la fuerza a los grupos
insurgentes, luego del fracaso del proceso de paz al que apostó
su antecesor, Andrés Pastrana Arango.
Sin embargo, en los seis meses y medio que lleva Uribe Vélez,
se observa una completa improvisación en la estrategia
militar del gobierno y un robustecimiento de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejército de Liberación
Nacional (ELN), que han propinado duros golpes al régimen
y a la oligarquía colombiana.
La destrucción, mediante un carro bomba, el pasado 7 de
febrero del exclusivo club El Nogal, de Bogotá, considerado
el corazón del empresariado y de la dirigencia política
de Colombia, dejó más de treinta muertos y cerca
de un centenar de heridos. La explosión de una carga de
dinamita en un barrio de la ciudad de Neiva, capital del departamento
del Huila, al sur oriente del país, produjo el 14 de febrero
grandes pérdidas humanas y desoló cuatro manzanas
de esa localidad, así como otra serie de atentados ocurridos
en los dos últimos meses entre los que se cuentan la destrucción
de las instalaciones de la fiscalía regional de la ciudad
de Medellín, el ataque a un batallón en el departamento
de Arauca, en la frontera con Venezuela, la activación
de un maletín-bomba en el edificio Residencias Tequendama,
en pleno centro bogotano y sitio de alojamiento de congresistas
y empresarios, que dejó 23 heridos, y el atentado de que
fue objeto el principal escudero de Uribe en el Congreso, el senador
de derecha Germán Vargas Lleras, dan cuenta de la respuesta
que las Farc y el ELN vienen dando a la política de tierra
arrasada y de aplicación de mayores tributos para financiar
la guerra del gobierno de Uribe Vélez.
MEDIDAS DRACONIANAS
Pese a su ofrecimiento de pacificar al país, al presidente
Uribe las cosas no le han salido como esperaba. El conflicto,
en vez de disminuir, se ha exacerbado hasta tal punto, que Colombia
vive en un permanente estado de zozobra. Simultáneamente,
se encuentra en una economía de guerra, con índices
de pobreza y desempleo que bordean la línea de desesperación
de sus habitantes.
En ese panorama, Uribe Vélez, desde que inició su
mandato el 7 de agosto de 2002, no ha dejado de ser consecuente
con su política guerrerista. Ha aplicado medidas tanto
en el campo económico como político y en menor proporción
en el ámbito militar, porque en materia castrense Colombia
está supeditada a Washington.
En el campo económico, Uribe Vélez logró
hacer aprobar en el Congreso unas leoninas reformas laboral y
tributaria que contemplan duras cargas impositivas para financiar
la guerra, el aumento del impuesto a las ventas y del impuesto
al patrimonio, el incremento a los precios de los combustibles,
la precarización del trabajo mediante el aumento de la
jornada laboral, disminución de las prestaciones sociales
y recorte del pago de dominicales y festivos.
En el área política el órgano legislativo
aprobó la convocatoria a un referéndum que, muy
probablemente, se llevará a cabo en el segundo semestre
de este año. A través de la consulta popular, el
gobierno busca reformar la Constitución con miras a congelar
por dos años la inversión social, los salarios y
pensiones y reducir el número de congresistas.
Una reforma que, al decir de analistas políticos, no es
más que "el parto de los montes", por cuanto
no se está utilizando el mecanismo del referéndum
para estructurar una profunda enmienda constitucional que permita
mejorar la organización del Estado.
ENTENDIMIENTO CON PARAMILITARES
La estrategia de "seguridad democrática" consiste
en aplicar mano dura mediante la declaratoria del "estado
de conmoción interior" (régimen marcial), militarizando
aún más las regiones del país y contratando
una red de informantes para que espíen a los ciudadanos.
Estas medidas han terminado por incrementar y degradar el conflicto.
Sin embargo, le está permitiendo al gobierno iniciar "negociaciones"
con los grupos paramilitares organizados en las llamadas Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), que se han caracterizado por ejercer
la guerra sucia bajo patrocinio de algunos sectores tanto militares
como empresariales.
Aunque las AUC están fraccionadas y debilitadas, lo que
busca el gobierno, según analistas como la senadora Piedad
Córdoba, es legalizarlas para que sus efectivos -alrededor
de ocho mil hombres- engrosen las filas del ejército o
de los organismos de seguridad.
Lo grave es que, en forma discreta, Uribe logró en el Congreso
prorrogar una ley que le permite negociar con grupos insurgentes
al margen de la ley, quitando la traba de concederles status político.
Ahora el gobierno puede iniciar conversaciones con cualquier banda
de delincuentes, porque no se requiere estar involucrado en delitos
políticos, que es lo que caracteriza a la subversión
armada. Es lo que va a ocurrir, precisamente, con los grupos paramilitares
que no se han sublevado contra el Estado colombiano, a diferencia
de las Farc o el ELN, sino que dicen respetar las leyes colombianas
y practican en su nombre métodos de guerra sucia y exterminio
atroz.
El politólogo Hernando Gómez Buendía sostiene
que si bien el gobierno puede lograr en el corto plazo recuperar
zonas cocaleras, que son de dominio de los paramilitares, y aunar
esfuerzos con éstos en el combate contra los guerrilleros,
"el asunto tiene riesgos y acideces. La acidez ante todo,
de que queden impunes los horrores morales".
NEGOCIACIÓN POLITICA, UNICA SALIDA
Frente al escalamiento del conflicto colombiano, los sectores
políticos más progresistas y la jerarquía
de la iglesia católica vienen apostando a que se encuentren
caminos que posibiliten la reiniciación de la mesa de negociaciones,
por cuanto ella es la única alternativa que existe para
parar el desangre de una nación que se consume en su propia
hecatombe.
Empero, para dialogar no hay suficiente voluntad política
de los dos sectores en conflicto. Ni siquiera han logrado ponerse
de acuerdo para un pacto humanitario que permita el intercambio
de prisioneros, pese a la presión de las familias afectadas
por el secuestro de sus seres queridos.
El ex presidente liberal Alfonso López Michelsen ha venido
insistiendo en la necesidad de llegar a un acuerdo humanitario
que "se reduzca simplemente al intercambio de prisioneros,
sin comprometerse en otros aspectos". De lo contrario, sostiene
el ex mandatario, se expone al país "a que las ofensivas
de los contendientes se agudicen, llegando a extremos como no
hemos conocido hasta ahora".
Si bien no están dadas las condiciones siquiera para un
acuerdo de intercambio de prisioneros, el ex candidato presidencial
y líder del Polo Democrático, que representa el
sector de la Izquierda democrática colombiana, Luis Eduardo
Garzón, considera que es imperativo seguir insistiendo
en la vía negociada, de lo contrario, afirma, Colombia
en poco tiempo terminará desintegrándose como nación.
LAS INTENCIONES DEL PLAN COLOMBIA
En los foros internacionales sobre las repercusiones del controvertido
Plan Colombia, analistas latinoamericanos no descartan una intervención
directa de la administración Bush en territorio colombiano.
Se tiene en cuenta que la militarización a lo largo y ancho
del continente es un hecho. A esta realidad se suma que gobiernos
como los de Brasil, Ecuador, Panamá y Perú, afrontan
presiones de Washington para que se involucren militarmente en
el conflicto colombiano.
El coronel (r) y estratega del ejército ecuatoriano Jorge
Brito Albuja, quien está dedicado a desarrollar una labor
académica sobre la realidad geopolítica de América
Latina y las incidencias del Plan Colombia en la región
andina, explica que "la preocupación de Estados Unidos
para el año 2030 ó 2040 radica en que se está
diseñando un escenario de una posible confrontación
entre esa potencia y China. La lucha por los mercados, el control
del petróleo y de las áreas estratégicas
mundiales, hará que los conflictos vayan agudizándose
en diferentes regiones del planeta".
"La intencionalidad del Plan Colombia es económica:
acelerar la apertura de los mercados, para poner en marcha el
Área de Libre Comercio de las Américas (Alca), que
significa romper fronteras y abrir un mercado pauperizado pero
que integra 700 millones de potenciales consumidores. El beneficiado
con esta estrategia es Estados Unidos que, a través del
Plan Colombia y del monitoreo que efectúa en la región,
consolida el control de recursos naturales desde la cuenca del
Orinoco a la cuenca del Guayas, y desde la cuenca del Amazonas
al Río de la Plata. Esto es lo que se encuentra detrás
del llamado Plan Colombia y de la Iniciativa Regional Andina.
Estados Unidos ve preocupado que se configura una situación
regional que abre la posibilidad de un alineamiento entre Cuba,
Venezuela, Ecuador y Brasil. Entonces, Estados Unidos debe crear
condiciones de conflictividad para impedir por varias décadas
el nacimiento de un proyecto regional que enfrente sus intereses
hegemónicos", señala el coronel (r) Brito Albuja.
Esto coincide con la preocupación expresada a PF por Adolfo
Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, en el sentido de
que se viene presentando un alto crecimiento del armamentismo
y el militarismo en la región. "Dentro de este panorama
-observó- la Doctrina de Seguridad Nacional no murió,
está vigente sobre otros ejes, muestra de ello son las
maniobras realizadas en Argentina con los ejércitos de
Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos,
que se denominaron ejercicio Cabañas 2001. Las hipótesis
de conflicto que se presentaron son preocupantes para América
Latina y tienen que ver con el Alca, la exclusión, la pobreza,
la deuda externa".
BASES DE ALCANTARA Y MANTA
En su estrategia por militarizar el continente, Estados Unidos
viene incrementando sus bases de monitoreo y vigilancia. Ultimamente
está utilizando el puerto ecuatoriano de Manta. Allí
se montó una base aérea que sirve como plataforma
de inteligencia militar para el Plan Colombia. Pero, adicionalmente,
Washington presiona al gobierno del Brasil para que ceda la base
de Alcántara, en la región amazónica.
María Luisa Mendonça, de la red social Justicia
y Derechos Humanos de Brasil señala que "Alcántara
es parte de una estrategia continental que tiene como foco el
Plan Colombia. Estados Unidos ya está cerrando su estrategia
en el continente con bases militares empezando por Puerto Rico,
pasando por el Caribe, Cuba, Ecuador, Colombia y, en esta perspectiva,
Alcántara es muy importante. Ahora, con los entrenamientos
militares en Argentina, lo que se busca por parte de Washington
es enviar un mensaje en el sentido de que los países latinoamericanos
deberían involucrarse militarmente para ayudar a Colombia.
Los militares en Brasil han resistido las presiones norteamericanas,
en contraste con Argentina, cuyo gobierno ha impulsado maniobras
militares de los ejércitos latinoamericanos en el ejercicio
Cabañas 2001".
En Alcántara existe una base que el gobierno brasileño
instaló hace más de veinte años "pero
-dijo Mendonça- no tiene casi uso porque nuestro país
no cuenta con recursos suficientes para la investigación
aeroespacial. Entonces la idea es hacer un acuerdo con Estados
Unidos y alquilar esa base por treinta millones de dólares
anuales. Pero el problema es que el acuerdo que firmó el
gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en abril de 2000, se hizo
sin autorización del Congreso, por lo que ahora está
siendo impugnado y evaluado por diferentes fuerzas políticas".
Entre tanto, Brito Albuja, respecto de la base ecuatoriana de
Manta, sostuvo que su posición geográfica le permite
tener condiciones óptimas, desde el punto de vista geoestratégico,
para materializar el Plan Colombia. "Si la base de Manta,
como mencionan las autoridades, simplemente sirve para proveer
inteligencia electrónica contra los traficantes de droga,
¿por qué se gastan 80 millones de dólares,
y por qué se refuerza con concreto la pista de la base?
Porque en el acuerdo operativo se habla de que podrán aterrizar
y decolar aviones Galaxy, C-130 y C-140, que son utilizados para
el despliegue rápido de tropas".
Para estos analistas la estrategia de militarización de
América Latina esconde un factor económico y es
ahí donde reside el interés de Washington, pues
la posibilidad de que en el 2005 entre en vigencia el Alca va
paralela a una estrategia de seguridad nacional.
NARCOTRAFICO Y BIODIVERSIDAD
El ex comandante del ejército ecuatoriano, general (r)
René Vargas Pazzos, cree que "el verdadero objetivo
de Estados Unidos en esta región es la biodiversidad, el
agua, el oxígeno, eso es lo que está en juego. El
agua va a ser un elemento crítico en las próximas
décadas y en Latinoamérica existe más del
40 por ciento del agua pura, agua no contaminada; lo mismo la
biodiversidad y el oxígeno que produce la Amazonía.
Ponen en práctica esta política de militarización
para controlar los escenarios de conflicto, que pueden convertirse
en escenario de guerra y tienen capacidad de hacerlo. Es una potencia
tan desarrollada que ha implementado armas letales como la nuclear,
la bacteriológica, etc., para destruir el mundo en cuestión
de segundos. El problema es que ya estamos viviendo el inicio
de una nueva manera de confrontación, el terrorismo, que
nos disgusta a todos pero que es el arma única que tienen
los que no pueden luchar de igual a igual con una potencia formidable
como Estados Unidos. Entonces se van a presentar escenarios de
guerra localizados en ciudades. Esa es la única posibilidad
de luchar entre un débil y un gigante. La pregunta es ¿dónde
nos alineamos?".
Respecto al narcotráfico, el coronel Brito Albuja recordó
que "el organismo de los Estados Unidos responsable de la
lucha antidrogas, para toda la región, es el Comando Sur.
Pero la estrategia militar de lo que hoy se conoce como Plan Colombia
se viene implementando desde el 1º de enero de 1996, en que
el Comando Sur recibió la misión de iniciar la lucha
militar antidrogas. Ahora hay que preguntarse: ¿Estados
Unidos quiere acabar con las drogas? No lo quiere. ¿Por
qué? Porque en 1982 el director de la CIA dispuso que se
realizara una investigación en Estados Unidos sobre la
implicación del sistema financiero en el lavado de dinero,
proveniente del narcotráfico. En el informe elaborado se
mencionó que en el sistema financiero norteamericano se
lavaba, ya en esa época, unos 220 a 250 mil millones de
dólares. Entonces, el mayor beneficiario de este negocio
ilícito es Norteamérica".
INTERVENCION DIRECTA DE ESTADOS UNIDOS
Volviendo al plano militar del conflicto colombiano, varios analistas
no descartan a corto plazo que, frente al desbordamiento del accionar
terrorista y al fracaso de la estrategia de tierra arrasada del
gobierno de Uribe, Washington intervenga abiertamente.
A comienzos de febrero se especuló insistentemente que
dos batallones de fuerzas expedicionarias selváticas de
la Marina de Estados Unidos recibieron órdenes del Pentágono
para ingresar a Colombia, según lo informó un reporte
del web site de Narco News Bulletin, cuya traducción realizada
por Madeleine Pérusse, de la agencia Alterco, fue cedida
a PF.
Según esta fuente los batallones, que representarían
unos 1.100 hombres, se internarían en el sur de Colombia
para tratar de eliminar a los altos mandos de las Farc, dispersando
a aquellos que escapen hasta las áreas más remotas
de la Amazonía. Desde hace varios años, la jerarquía
de las Farc ha sido objeto de un escrutinio intensivo por parte
de la inteligencia estadounidense.
La ofensiva sería liderada por el ejército colombiano,
acorralarían a las Farc hacia el sur, donde las esperarían
los marines estadounidenses.
Como antecedente del ingreso de marines a territorio colombiano
se tiene que, en septiembre de 2002, se realizó el ejercicio
Unitas que involucró a las fuerzas expedicionarias selváticas
de la Marina de Estados Unidos y a las fuerzas armadas peruanas.
Por primera vez, 600 marines, a bordo del USS Portland, se adentraron
en aguas internacionales del Amazonas hasta el río Nanay,
en las afueras de Iquitos, en área peruana.
El presidente de ese país, Alejandro Toledo, negó
que la presencia norteamericana indicara una intervención
futura de tropas estadounidenses en suelo peruano. El mensaje
que se quiso dar a las Farc fue que Estados Unidos puede irrumpir
en cualquier momento y cortar sus rutas de escape fluvial a Brasil,
Perú y Ecuador.
Las tropas estadounidenses realizarán, probablemente, sus
operaciones tanto desde la base de Manta, en la costa de Ecuador,
como desde una base construida en 1999 en la selva profunda, cerca
de la frontera del río Putumayo, entre Perú y Colombia.
Esta base secreta estaba destinada a uso conjunto de Perú
y Estados Unidos, ante una eventual ofensiva militar de Colombia
que empujara a las Farc al sur del Putumayo, pero en el momento
en que se terminó, el entonces presidente Alberto Fujimori
ordenó a los asesores militares de Estados Unidos que salieran.
Una invasión de marines norteamericanos es auspiciada por
el propio presidente Uribe Vélez, quien no ha tenido recato
para solicitarla en Quito y en Davos, para derrotar a la guerrilla
colombiana, reconociendo tácitamente la incapacidad de
las fuerzas militares colombianas
FERNANDO ARELLANO ORTIZ
fsarellano@starmedia.com
En Bogotá
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