MUJERES AL ROJO VIVO
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Múltiples y variadas fueron las celebraciones
del Día Internacional de la Mujer, entre el 7 y el
10 de marzo en el centro de Santiago y en diversas comunas
y regiones del país. Si bien el llamado a defender
la vida y la paz estuvo en primer plano, otras reivindicaciones
propias de las mujeres -compartidas por los hombres de mentalidad
avanzada- también ocuparon un lugar destacado, al examinar
tanto los avances como el estancamiento |
(o retroceso) en las luchas por mayor libertad, dignidad y autonomía.
Precisamente, en una acción simbólica por la autonomía
y por los derechos humanos de las mujeres, un grupo de feministas
vestidas de rojo se tendieron en el suelo frente a La Moneda,
simulando un gran charco de sangre. "No queremos más
muertes por causa de las guerras que asuelan la humanidad, por
causa de la violencia de género que nos afecta escandalosamente
en tiempos de guerra y en tiempos de paz, ni por causa de abortos
clandestinos y leyes que niegan nuestro derecho a decidir",
decía parte de la declaración que Fanny Berlagoscky,
dirigenta de la Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos
difundió a través de un megáfono. Las mujeres
hablaron claro. Dijeron que en Chile se siguen violando sus derechos
humanos, que cada año se realizan entre 160 mil y 200 mil
abortos clandestinos. Es decir, uno de cada tres embarazos termina
en aborto inducido, lo cual constituye una de las cifras más
altas de América Latina.
"Es inaceptable que el aborto sea la primera causa de muerte
materna en el país. La magnitud del aborto clandestino,
los daños a la salud de las mujeres y los costos que la
atención de sus complicaciones demandan al sistema de salud,
hacen del aborto un grave problema de salud pública -como
lo estableció en 1994 la convención internacional
de El Cairo, suscrita por Chile-. Las dificultades que enfrentan
las mujeres jóvenes y aquellas con menos recursos para
acceder a un aborto seguro constituyen una grave inequidad, máxime
cuando arriesgan ser denunciadas a la policía por el personal
de salud cuando piden atención por complicaciones graves.
Esto transforma al aborto en un problema de justicia social y
de derechos humanos", señala la declaración.
Las mujeres de rojo decidieron romper el silencio para exigir
que se respete su derecho a decidir lo más conveniente
para sus vidas y sus cuerpos, incluyendo el derecho a optar libre
y autónomamente por la maternidad sin ser objeto de violencia,
castigo o discriminación. Eso pasa, desde luego, por evitar
embarazos no deseados mediante educación sexual y amplio
acceso a métodos anticonceptivos, inclusive los de emergencia.
Y también, por la legalización del aborto, poniendo
esta opción al alcance de las mujeres que decidan recurrir
a él y asegurando su realización en condiciones
sanitarias adecuadas, independientemente de su costo.
Las feministas recordaron que en 1995, en Beijing, Chile se comprometió
a revisar las leyes que castigan a las mujeres que abortan. Además,
en 1999, el Comité de Derechos Humanos y el Comité
contra la Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas
señalaron al gobierno de nuestro país la necesidad
de revisar las leyes chilenas sobre el aborto, para evitar el
agravamiento de este drama. Y recomendaron reponer, al menos,
el aborto terapéutico. "Este año, el gobierno
debe dar cuenta de los avances en la materia y exigimos una respuesta
que promueva nuestros derechos", dijeron las mujeres. La
demanda es "aborto legal, seguro y gratuito".
HERENCIA DE LA DICTADURA
Como señala la propuesta de ley marco de derechos sexuales
y reproductivos -que duerme en el Congreso-, Chile es uno de los
pocos países del mundo donde existe prohibición
absoluta del aborto, ya que esta alternativa ni siquiera está
contemplada para los casos en que la vida de la mujer corre peligro.
No fue siempre así. Durante 50 años existió
en nuestro país la posibilidad de practicar el aborto terapéutico
en determinadas circunstancias. Chile fue pionero en esta materia
en el contexto latinoamericano.
Al respecto, en otro acto de conmemoración del 8 de marzo
organizado por la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi,
Katia Araujo, de la Fundación Instituto de la Mujer, recordó
que la prohibición total del aborto y su penalización
data de 1989. O sea, fue una de las leyes de última hora
de la dictadura militar. "Es la herencia de una idea autoritaria,
fundamentalista y policial de la sociedad", dijo. Y agregó:
"La prohibición y penalización del aborto desconoce
la realidad social, una realidad que es precisamente promovida
por quienes se rasgan las vestiduras por mantener esta situación".
Es otras palabras, por los mismos representantes de los poderes
fácticos que se niegan a informar adecuadamente sobre métodos
anticonceptivos -incluido el de emergencia o "píldora
del día después"-, que se oponen a una real
educación sexual en los colegios y al uso del condón.
Los mismos "que luego denuncian indignados la debacle moral
de los embarazos adolescentes y del sida, debacle que perdonarán
al fin, confortando con medidas asistenciales su generoso corazón.
Lo que está en juego para ellos es impedir una vida sexual
libre, basada en la información y la responsabilidad de
decisión".
DERECHOS CIUDADANOS EN SALUD
Por su parte, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas
y del Caribe (RSMLC), cuyas integrantes participaron activamente
en actos y marchas, se refirió a las inequidades en los
sistemas de salud de los modelos neoliberales, que afectan principalmente
a las mujeres y a los sectores más pobres de la sociedad.
Esta situación, en su esencia está siendo mantenida
por la reforma de la salud que se intenta llevar a cabo en Chile.
"El derecho a la salud implica gozar del más óptimo
estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente
se expresa en la ausencia de enfermedad o malestar. ¿Cómo
podemos ser titulares de este derecho y llegar a ser ciudadanas
en salud si aún enfrentamos discriminaciones y subordinación,
violencias simbólicas y directas, y el control más
despiadado y persistente sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas?",
se preguntan las mujeres de la RSMLC. Dejan claro que "ser
ciudadanas con goce de derechos implica adoptar y ejercer -en
igualdad de condiciones y desde nuestra libertad, dignidad y autonomía-
aquellas decisiones que estimamos adecuadas para nuestro proyecto
de vida, sin sufrir ningún tipo de discriminación,
coerción o violencia. Por ejemplo, optar por un aborto
seguro, legal y sin riesgos; elegir una maternidad voluntaria
y gozosa; asumir una sexualidad que se aleja del modelo heterosexual;
rechazar cualquier papel asignado culturalmente si no nos parece
grato. Las mujeres, en particular, enfrentamos hoy grandes dificultades
para ejercer nuestro derecho ciudadano a la salud y para que se
escuchen nuestras demandas. Pues aun cuando estamos insertas en
el mundo público en mayor medida que hace décadas,
la toma de decisiones y el ejercicio del poder sigue teniendo
un rostro masculino".
En definitiva, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se
inserta en la lucha por los derechos ciudadanos a la salud, especialmente
en el ámbito de la sexualidad y la reproducción.
Las demandas de las mujeres apuntan al acceso universal a la información,
a servicios de atención de salud gratuitos o de bajo costo
y de buena calidad, en todo el ciclo vital; al derecho a una salud
sexual y reproductiva sana y protegida; al libre ejercicio de
una sexualidad sin riesgos con quien se desee -o a no ejercerla-;
el derecho a una maternidad voluntaria y a decidir el número
de hijos e hijas, cuándo tenerlos o no tenerlos. La plataforma
incorpora, desde luego, el derecho a recibir atención de
salud de calidad en el embarazo, parto y puerperio, lo cual es
indispensable para tener una maternidad segura; el derecho a compartir
responsabilidades relativas a la sexualidad y reproducción
con la pareja; a estar protegidos de infecciones de transmisión
sexual, incluido el VIH/sida; a una participación igualitaria
de las mujeres en las instancias de decisión en salud,
y a vivir libres de violencias.
Así se manifestaron las mujeres el 8 de marzo. Al rojo
vivo
PATRICIA BRAVO B.
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