Un juez ejemplar

CARLOS Cerda: se atrevió con la familia militar

El procesamiento a Augusto Pinochet y otros, derivado del descubrimiento de las cuentas secretas en el Banco Riggs, se reactivó drásticamente cuando regresó a la instrucción de la investigación Carlos Cerda, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, apartado de ella durante un año y cinco meses debido a maniobras de la defensa del ex dictador.
La muerte de Pinochet, en diciembre pasado, no significó el cierre del proceso por dos razones: los delitos fueron realizados en coautoría con otras personas y, sobre todo, porque significaron un incremento del patrimonio familiar. Poco después de haber retomado el proceso, el ministro Cerda dispuso la detención de la familia directa de Pinochet -Lucía Hiriart y sus cinco hijos-, y de 17 altos oficiales del ejército -dos de ellos en servicio activo- y varios civiles. Fueron imputados como coautores del delito de malversación de caudales públicos.
En una investigación que se ha prolongado por años, el magistrado Carlos Cerda logró desentrañar la madeja de las ciento veinte cuentas secretas manejadas con nombres falsos y “palos blancos” en el Riggs y otros bancos extranjeros. Sus depósitos y movimientos representan a lo menos 27 millones de dólares sin justificación legal, y corresponderían a fondos reservados del ejército apropiados para su bolsillo por el ex dictador. Es una parte de su enriquecimiento ilícito, porque las investigaciones prosiguen: ya se han detectado 4 millones de dólares pagados a Pinochet por una firma británica de armamentos y por una empresa holandesa que vendió tanques al ejército.
La resolución del ministro Cerda fue cumplida por agentes de Investigaciones. Por deferencia, se informó al ejército. Lucía Hiriart fue internada en el Hospital Militar porque alegó una descompensación cardíaca. Los oficiales fueron llevados a la cárcel militar de Peñalolén, incluida la secretaria privada de Pinochet que ostenta un grado castrense. Los hijos fueron llevados a una dependencia especial de la Penitenciaría y las hijas al Centro de Orientación Femenina. Fichados y notificados de la resolución del ministro Cerda, éste decretó, pocas horas después, la libertad bajo fianza de todos los imputados con consulta a la Corte de Apelaciones, que la ratificó. Es indiscutible que se actuó conforme a la ley y garantizando los derechos de los detenidos.
La  detención de la familia Pinochet y de sus allegados provocó revuelo internacional. En Chile hubo apoyo mayoritario de la opinión pública que vio en esto la voluntad de investigar y hacer justicia, algo poco frecuente en el país. Sin embargo, casi de inmediato la derecha y sus instrumentos mediáticos desencadenaron una campaña destinada a victimizar a los imputados y a defender su impunidad.
Se descalificó la resolución judicial olvidando que se persigue un delito de gravedad que, de acuerdo a la doctrina, también puede ser cometido por quienes no son empleados públicos.
Se criticó la detención de los imputados, a pesar de los precedentes establecidos por no pocos autores de delitos cometidos durante la dictadura que han tratado de eludir a la justicia, como lo demuestra el caso del ex general Raúl Iturriaga Neumann, condenado por asesinato y el más reciente del coronel de Carabineros Iván Quiroz, condenado como autor en la Operación Albania.
Se oculta también el hecho de que al menos uno de los hijos de Pinochet ha tenido tropiezos con los tribunales y que Lucía Pinochet Hiriart intentó pedir asilo en Estados Unidos para no ser detenida. Lo más notable es que se omitió lo esencial: que el proceso marcha, que se ha aclarado el manejo ilícito de una enorme suma de dinero por el ex dictador y su círculo íntimo y que se ha configurado un delito de corrupción con caudales públicos.
Incluso se criticó al ministro de Cerda por haber aceptado el Premio Gruber en reconocimiento a su trabajo en materia de derechos humanos. Otorgado en la Universidad de Georgetown, en Washington, es considerado por el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, como una distinción a la judicatura chilena.
Se llegó al extremo, finalmente, de reprochar a Carlos Cerda haber dictado la resolución a los pocos días de haber retomado la instrucción del proceso. La verdad es que la implicancia por supuesta falta de imparcialidad la interpuso la defensa de Pinochet cuando era inminente -hace un año y cinco meses- que Cerda dictara la resolución que ahora se critica. Y se olvida que durante un año y cinco meses el proceso estuvo virtualmente paralizado por argucias legales basadas en una acusación falsa que debió haberse rechazado en pocas semanas.
Nuevamente la derecha -de la que es elemento sustantivo el pinochetismo-, deja en claro que la impunidad es de la esencia de su proyecto político. Impunidad tanto para los asesinatos y aberraciones contra los derechos humanos como también para los robos y latrocinios que asolaron el país durante diecisiete años. En contraste, la conducta del ministro Carlos Cerda merece ser destacada como ejemplar. Puede exhibir en su respaldo una trayectoria profesional y ética que lo llevó a arriesgar su carrera durante la dictadura y que en democracia le costó no haber sido designado ministro de la Corte Suprema, debido a la oposición de la derecha. Su actitud merece respeto y apoyo de todos los que aspiran a vivir en un país en que impera la democracia, la justicia y la equidad.
PF
(Publicado en “Punto Final” Nº 649, 12 de octubre, 2007)

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