Universidades hacen agua

Crisis en la
EDUCACION

La crisis de la educación de mercado está pasando la cuenta. Liceos y universidades se movilizan. Según los estudiantes, el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, formado tras el “pingüinazo” de 2006, no recogió propuestas claves como el fin del lucro y de la municipalización. Sólo sirvió para desarticular las movilizaciones. Un acuerdo suscrito entre el gobierno y la derecha que dio paso al proyecto de Ley General de Educación (LGE), en sustitución de la cuestionada LOCE, no cambia nada y profundiza la destrucción de la educación pública. Los estudiantes siguen demandando cambios estructurales.
Tras el informe del Consejo Asesor, el Ejecutivo envió al Congreso dos proyectos: la LGE (en abril de 2007) y la ley que crea la Superintendencia de Educación (en junio de 2007). Allí se recogían algunas reivindicaciones, como el fin de la LOCE y del lucro y avanzar en temas como la igualdad y menor segmentación. Pero no hubo mayoría y, en noviembre, se reformuló un proyecto en conjunto con la Alianza por Chile, dando paso a una ley que derogará la LOCE pero mantendrá el lucro.
En los últimos meses, las movilizaciones estudiantiles han denunciado que la LGE continuará garantizando el lucro y se mantendrán las inequidades sin que la calidad mejore. La PSU 2007 reveló que el 92,6 por ciento de los alumnos de colegios privados superó los 450 puntos, mientras, en los públicos, sólo el 55,7 por ciento alcanzaba ese puntaje. La diferencia aumentó en más de un punto respecto de las cifras de 2006. Lo mismo ocurre con el Simce. A eso se agrega que el Estado renuncia a su rol en la educación superior, empujando a las universidades públicas a una privatización encubierta: el autofinanciamiento.
Ursula Schüler, vicepresidenta de la Fech, dice: “Las movilizaciones son en rechazo a la LOCE, a la LGE y a una posible ley de educación superior. Se demanda mayor aporte fiscal, terminar con el alza de aranceles, poner fin al sistema de subvenciones y sostenedores en la educación escolar, etc.”.
Por otra parte, crecen como callampas las universidades, institutos y centros de formación -algunos de dudoso origen y calidad-, que con tal de generar ganancias dictan carreras que saturan el mercado, lanzando a miles de jóvenes a un futuro sin campo laboral. Eso cuando logran terminar sus estudios, porque así como surgen, esos centros de estudios cierran sus puertas de la noche a la mañana.
Por otra parte, el crédito con aval del Estado es un negocio para los bancos. Mientras las autoridades se felicitan por una cantidad inédita de matrículas en la educación superior, estos “nuevos clientes” bancarios se endeudan por décadas con intereses usurarios y bajo la espada de Dicom.
El Estado sigue disminuyendo los recursos a las universidades estatales, en una privatización encubierta, lo que ha provocado la búsqueda de financiamiento privado para muchas de sus actividades. Al rector de la Usach, Juan Zolezzi, -que además es presidente del Consorcio de Universidades Estatales-, sólo pareciera preocuparle reubicar a los alumnos cuando las universidades cierran: “La situación que hoy viven la Universidad La República y la Utem se arrastran por bastante tiempo. Se debe pensar en darle soluciones a los estudiantes, buscando su inserción en otras instituciones. En el caso de la Universidad La República, tratándose de una institución privada, el Estado debe exigirle por lo menos una respuesta definitiva y responsable, lo que significa reubicarlos”.
Para el diputado Carlos Olivares uno de los problemas es que no existe una entidad fiscalizadora: “Hoy es más fácil instalar una universidad que una botillería. Los requisitos son mínimos. Lo que pasa en la Utem -que es una entidad pública- es una falta de regulación tremenda por parte del Estado, que debiera cautelar los intereses de los 600 mil estudiantes de educación superior en nuestro país. Urge una Superintendencia de Educación. El problema de fondo no se solucionará con la renuncia de algunos directivos. La Utem es sólo la punta del iceberg”, dice.

¿Dónde está la plata
de la Utem?

La crisis de la Utem detonó tras las protestas de los alumnos de criminalística y las denuncias de mala gestión administrativa ante la Contraloría General de la República, que se agravaron tras el quinto rechazo a la acreditación. Se acusa al rector Miguel Avendaño de malversación de fondos públicos. La Agrupación de Estudiantes y Egresados de Criminalística presentó querellas por publicidad engañosa y demandó por estafa a Avendaño, Miroslav Mimica y Alex Zuanic, propietarios de Celta S.A. Por su parte, el ex decano de economía, Carlos Silva, denunció irregularidades en el funcionamiento de la Utem y en la carrera de criminalística ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados (ver PF 653). “En diciembre pasado, la ex ministra Yasna Provoste se comprometió a establecer una mesa de trabajo entre los estudiantes de criminalística y la Utem, a través de la cual se buscaría lograr una solución en el menor plazo posible. Sólo se efectuó una sesión. Luego jamás volvimos a saber del ministerio. Emplazamos a las autoridades a responder por sus promesas y a entregar solución a todos los que confiaron en esta universidad, que pertenece al Estado”, dice Juan Pablo Rojas, de la Agrupación de Estudiantes y Egresados de Criminalística.
“La solución no es sólo la renuncia del rector, porque la plana administrativa fue cómplice de los problemas financieros y administrativos. Hay que cambiar los estatutos y democratizar la Utem, partiendo por la triestamentalidad en la toma de decisiones. Esta es la universidad de los dos últimos quintiles, pero desde la época de la dictadura ha sido un ‘instituto grande’. Acá han lucrado con recursos públicos, venta de servicios, levantando empresas: Celta S.A., Edutem, Utemsa, Aula, etc., que responden a componendas y a un negocio paralelo de funcionarios del Estado”, dice Eduardo Purán, ex dirigente y representante de Estudiantes Rebeldes.
En la Utem hay unos 14 mil estudiantes; el 80 por ciento de escasos recursos. No pueden acceder a crédito debido a la no acreditación del plantel. El inicio de clases se retrasó, se decía que el rector se encontraba abocado al proceso de reapelación ante la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, pero la Utem fue nuevamente rechazada. Marchas, tomas y paros se sucedieron hasta que la Federación de Estudiantes fue deslegitimada por los estudiantes, quienes respaldaron al Consejo de Presidentes de Carreras.
“He presentado la renuncia al cargo de rector a S.E. la presidenta de la República, lo que será puesto en conocimiento del consejo superior. Lo anterior como producto de una serena reflexión acerca del futuro inmediato de la Utem y de la incidencia que en el mismo podría tener mi continuidad en el cargo”, señaló Avendaño después de meses de protestas. Pero dejará su cargo 45 días después de renunciar, lo que causó molestia en el gobierno y la comunidad universitaria.

Negocio en la Universidad
La República

La Universidad La República (Ulare) vive una crisis que se evidenció en septiembre de 2007. Anunciaron que el Instituto Los Leones sería socio inversor; se habló de los empresarios Miguel Nasur y Víctor Aguilera, este último presidente de la Fundación Creando Futuro y accionista de 14 colegios, el Instituto Carlos Casanueva y la Universidad Miguel de Cervantes, pero nada prosperó. En abril, más del 20 por ciento de los académicos había renunciado, incluso desistiendo de sus sueldos. Les rebajaron en un 50 por ciento sus honorarios. El déficit ascendía a más de 7 mil millones de pesos. El rector, Juan Carvajal, terminó expulsado por la Masonería por utilizar una carta de resguardo del Club de la República para solventar una de las deudas que mantenía la Ulare con el Banco de Chile. Carvajal fue Gran Maestro de la Masonería.
Hoy, la casa central de la Ulare está tomada por los estudiantes que exigen que la junta directiva les dé una explicación y soluciones. Se rumorea que la Ulare cerrará definitivamente, tras las declaraciones del Gran Maestro Juan José Oyarzún, que señaló:   “No tenemos participación en el patrimonio ni en la administración (…)

(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 663 de “Punto Final”, 30 de mayo, 2008)