Claves políticas de un fracaso

Destiñó la reforma
educacional

Autor: MANUEL SALAZAR SALVO

Un nuevo y más extenso movimiento de protesta estudiantil que el protagonizado por los “pingüinos”, amenaza transformarse en uno de los principales conflictos que deberá enfrentar la presidenta Michelle Bachelet al promediar su tercer año de gobierno. Esta vez, los estudiantes están construyendo un amplio frente común de secundarios y universitarios, al que podrían sumarse profesores y funcionarios así como padres y apoderados, contaminando, además, de un modo transversal e impredecible, las elecciones municipales programadas para octubre.
La mayoría de la población de los más diversos signos ha comprendido que la educación es la principal herramienta para mejorar su calidad de vida en el mediano plazo y que el actual sistema de enseñanza, en casi todos sus niveles, tiende a favorecer a los que tienen recursos económicos para acceder a servicios de mayor calidad.
Pese a que en casi todos los ámbitos existe coincidencia en que se deben realizar profundas modificaciones a la educación -desde la preparvularia hasta la superior-, persiste la resistencia de poderosos intereses económicos e ideológicos que quieren mantener las cosas como están o, a lo sumo, hacer algunas modificaciones cosméticas.
En el Mensaje ante el Congreso Pleno del 21 de mayo, la presidenta Bachelet definió a 2008 como “el año del acuerdo educacional”. Pero nadie entendió claramente a qué se refería. ¿Al acuerdo que celebró con las manos en alto junto a la derecha en La Moneda? ¿A las modificaciones a la Ley General de Educación que propuso un grupo de diputados de la Concertación unas horas antes del mensaje presidencial? ¿A las medidas que deberá anunciar la ministra Mónica Jiménez sobre la educación municipalizada? ¿A una mezcla de todo esto?
El supuesto “acuerdo”, festejado hace seis meses en palacio y profusamente difundido por los medios de prensa de derecha, es un texto de ideas-fuerza acordado por las directivas de los partidos políticos del oficialismo y de la oposición, sobre la base de conclusiones entregadas por una amplia comisión ad hoc, el Consejo Asesor para la Educación, creado tras la crisis de los “pingüinos”.
Ese acuerdo serviría de base para el proyecto de Ley General de Educación (LGE) que debería comenzar a examinarse a fines de mayo en la Cámara de Diputados y, además, sería anunciado como la “joyita” de este año en los planes de gobierno que la jefa de Estado explicaría al país ante el Congreso Pleno en su cuenta del día 21 de mayo.
No obstante, escasas horas antes del Mensaje, un grupo de diputados del PS, PPD y PRSD, encabezado por Carlos Montes y Marco Enríquez-Ominami, presentó al Ejecutivo más de un centenar de indicaciones para modificar el proyecto de Ley General de Educación, evitando que la iniciativa fuera aprobada por la Cámara Baja antes de la cuenta anual de la presidenta.
El documento de 46 páginas suscritas por 17 diputados, propone importantes modificaciones en materias tan relevantes como el papel del Estado en la educación y la vigencia que tendría el proyecto de ley acordado con la Alianza, así como un estricto marco regulatorio para la asignación de recursos públicos administrados por el sistema de subvenciones.
El texto de los diputados “díscolos” propone que el “Estado debe resguardar y favorecer el desarrollo y perfeccionamiento del conjunto del sistema” y que los establecimientos públicos -cuya administración estará centralizada en el Mineduc- tendrán “carácter democrático, laico, tendiente a la inclusión, la integración y la cohesión de la sociedad chilena”. En materia de fiscalización de las subvenciones, plantea que “los sostenedores deberán llevar contabilidad completa” y mantener un libro detallado de ingresos y gastos en cada establecimiento. En el apartado Evaluación obligatoria de la Ley General de Educación incluye un artículo que regula la duración de la ley, proponiendo que “la presente ley tendrá una vigencia de ocho años, contados desde su publicación en el Diario Oficial. A partir del séptimo año de su entrada en vigencia, deberá ser evaluada en todos los establecimientos educacionales y en las instancias públicas de administración territorial y nacional”.
La iniciativa no sólo sorprendió a La Moneda sino también al PDC, cuya directiva decidió marginarse de la propuesta y respaldar la gestión de la recién designada ministra de Educación, Mónica Jiménez. La senadora Soledad Alvear señaló, incluso, de modo tajante, que “la DC honra sus compromisos” y llamó a respetar el acuerdo suscrito en La Moneda en noviembre pasado.

Listas separadas
en las municipales

Casi en forma paralela a la iniciativa de los 17 diputados para modificar el proyecto de la LGE, las directivas del PPD y del PRSD decidieron levantar una lista propia de candidatos a concejales para los comicios municipales de octubre, argumentando que desean ampliar las bases de la Concertación en la administración de las comunas y “transparentar” la verdadera representación que tienen en ellas los partidos que forman la coalición oficialista.
Tras un pormenorizado estudio de ingeniería electoral, encabezado por el nuevo presidente del PPD, Pepe Auth, los dos partidos concluyeron que configurando una lista con militantes propios e independientes podrían restarle votos al PDC e impedir que Chile Primero, de Fernando Flores y Jorge Schaulsohn, y alguno de los nuevos conglomerados formados por “colorines” ex DC y regionalistas, les quiten sufragios desde la centroderecha.
En esta estrategia, el eje PPD-PRSD pretende levantar como una de sus banderas el reforzamiento de la educación pública y laica, en contraste con los postulados del PDC y la derecha que apuestan a la enseñanza privada y, en lo posible, católica.
La jugada de la nueva coalición busca, además, transformarse en un polo más progresista que el integrado por la DC y el PS. Aparentemente, intentarán captar el voto de los jóvenes a través de propuestas sobre medioambiente, salud, libertades públicas, progreso urbano y calidad de vida, entre otros temas “ciudadanos”, alejándose de las propuestas del gobierno y del resto de la Concertación.
En las últimas elecciones parlamentarias y municipales, el PPD ha mostrado capacidad para elegir candidatos independientes cercanos a la gente y ha sabido construir plataformas electorales con discursos más actuales que los de sus socios del oficialismo.
Desde La Moneda se observa con inquietud que el gobierno de Michelle Bachelet, así como las directivas de Soledad Alvear en la DC, y de Camilo Escalona en el PS, sean vistos por los electores como el sector anclado en el pasado, inmovilizado, incapaz de proyectarse hacia el futuro, apegado a prebendas y cargos, en contraste con un nuevo eje PPD-PRSD más moderno, progresista y preocupado de los problemas reales de los electores.
La iniciativa impulsada por Pepe Auth (PPD) y José Antonio Gómez (PRSD) podría adquirir caracteres de terremoto político si se extendiera a acuerdos o pactos locales con los candidatos de los partidos Comunista y Humanista y de grupos independientes, sobre todo cuando se aprecia una creciente atomización de la derecha y una progresiva desafectación de los ciudadanos con los partidos políticos.

Una mayor equidad

El ex presidente del Consejo Asesor para la Educación y decano de la Facultad (…)

(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 663 de “Punto Final”, 30 de mayo, 2008)