SE ESFUMA
Michelle Bachelet

EL penúltimo Mensaje: mucho ruido y pocas nueces.

El mensaje anual del 21 de mayo, el tercero y penúltimo de la presidenta Michelle Bachelet, descubre el actual espíritu de su gobierno, de su entorno político, de la Concertación. Revela la inquietud, el apuro por falta de tiempo y la inminencia electoral y revela, también, el agotamiento de ideas y programas. El mensaje ha sido la reiteración de lo sabido, la consolidación y cristalización de viejos anuncios. Dos horas y catorce minutos para relatar detalles y testimonios de las actividades gubernamentales, para reiterar propuestas, pero ningún minuto para analizar el rumbo y el sentido, si es que los hubiere, del gobierno. Una larga enumeración de cifras, lugares, áreas. Una política de parches y remiendos, que sirve para generar un efecto: que parezca que el gobierno tiene rumbo, tiene un programa, que se ocupa de los problemas ciudadanos. Pero se trata de una política de las apariencias.
En un eje conceptual Michelle Bachelet ha ordenado su último año y proyecta el venidero: ha sido en la protección social y la repetición -que en los hechos ha sido invocación-, de la política de los acuerdos de la década pasada. Con esta idea inició su discurso. Aun así, en ninguno de los dos casos se trata de ideas de fondo que puedan alterar el estancamiento y aletargamiento político, social y económico. La alusión a la política de los acuerdos ha sido un llamado, una súplica, a la derecha a apoyar ciertos proyectos del Ejecutivo. En tanto con la mención a la construcción de la red de protección social, hace directa referencia a la larga enumeración de pequeños subsidios, apoyos, bonos y regalos, como los ha llamado la oposición, que han llenado su discurso. Una red de protección social discontinua, temporal, llena de agujeros y parches, incluso discriminadora, como el anuncio de 30 mil computadores a preadolescentes pobres con buenas calificaciones, o el bono de 20 mil pesos para que los jubilados enfrenten las alzas de tarifas de los servicios públicos y alimentos. Regalos perecederos, sesgados, insuficientes.
La oposición de derecha mide al gobierno en porcentajes y números. Saca cuentas, suma las ofertas y las promesas. Tras el curso de un año, estima cuántas se han cumplido. El año pasado, dijo Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, el gobierno cumplió un 30 por ciento de sus promesas, y tal vez en un año más diga otra vez lo mismo. Pero no es ésta la única medida que se puede tener de un gobierno. Aceptar cuantificar es legitimar su patrón métrico, el que es, en líneas generales y estructurales, el mismo en la Concertación que en la derecha. Por eso la lista de ofertas, las sumas, los millones. La apariencia de seguridad social que es mero asistencialismo bajo la imagen de un abrazo maternal.
El asistencialismo -que es la red de protección social de Bachelet o las políticas del gobierno anterior resumidas en el concepto de la mejoría de la calidad de vida de la “señora Juanita”-, siempre será insuficiente. Bajo un modelo de mercado desregulado, que otorga poderes omnímodos a las empresas, es imposible equiparar, redistribuir, resolver las enormes carencias. El ejemplo de mayo es palmario. Bachelet y su gobierno se esforzaron en proteger, a la luz de las cámaras, a los damnificados del volcán Chaitén, con un supuesto éxito. Tras la catástrofe, que pese a su intensidad fue limitada a una localidad, vino el temporal del centro-sur con varios miles de damnificados pobres. La ayuda, esta vez, no apareció o fue insuficiente. Y así será siempre. Porque el asistencialismo será siempre limitado, porque la protección social bajo este modelo, no está entre las prioridades, las que sí están en el crecimiento económico que favorece a las empresas, en su rentabilidad o en la austeridad fiscal, que también beneficia al sector privado. La protección social es, en realidad, el rebalse, las sobras de la riqueza privada que le caen al Estado.
Bachelet no le habló al país, ya no lo hace. Le habla a sus pares, a la clase política al interior del Congreso, a la oposición -al invocar y rogar por la política de los consensos-. Fue un acto de la elite, transmitido por televisión pero aislado de los ciudadanos por tres anillos de seguridad y más de mil quinientos carabineros. Tras el acto, la habitual represión. Pese a la lluvia, más de cien manifestantes detenidos y un corresponsal gráfico herido por un policía.

Ruegos por los consensos

En las más de dos horas de discurso, la presidenta Bachelet resumió el año y recordó. Recordó las pensiones para las personas que, sin discriminar su actividad laboral ni condición de género, y sólo por no haber logrado reunir los fondos suficientes para una jubilación, podrán contar con recursos -mínimos tal vez, pero necesarios- para los duros años de la vejez. Un programa de profundo significado ético, pero también social y político, que el gobierno logró sacar adelante en el Congreso con los votos de la derecha, actitud y voluntad que no se ha extendido hacia otros proyectos. Por ello el ruego de Bachelet de regreso a los consensos.
Recordó también el aumento de la cobertura de educación preescolar, en especial para los hijos de las familias más pobres y la ampliación de las becas para programas de postgrado en el extranjero. También anunció, prometió, muchos más: el bono a los jubilados para amortiguar la inflación, la entrega de computadores a preadolescentes pobres y estudiosos, el recorte de impuestos a las pymes para la adquisición de maquinaria. En lo propiamente político, aludió a la insistencia para conseguir que el Congreso apruebe el derecho a voto de los chilenos que residen en el exterior. Ovación sacó cuando también persistió en otro ámbito: la entrega gratuita de la píldora del día después, obstaculizada por el Tribunal Constitucional y grupos ultraconservadores. Se podrá realizar a través de los municipios. Probablemente, en un año de elecciones municipales, ni los más conservadores se atreverán a impedir la ejecución de esta política sanitaria masivamente apoyada por la población.

Una política inofensiva
y efectista

Es en este ámbito en el que hoy el gobierno de Bachelet ha encontrado el sentido y su razón de ser política. La estrechez del espectro parlamentario, que va desde la extrema derecha a la renovación socialista, pasando por algunos “díscolos” de la Democracia Cristiana, ha generado de manera natural los grandes consensos. Sin grandes diferencias y ya consensuado lo fundamental respecto a la dureza o lenidad de las penas que recibieron los que asesinaron y secuestraron durante la dictadura, y ya también acordada a hurtadillas de la sociedad -desde los primeros años 90- la consolidación del modelo neoliberal instaurado a sangre y fuego a partir del golpe de Estado, son pocas las áreas que pueden suscitar altos grados de discusión política entre las fuerzas parlamentarias.
Una de ellas es lo que aparece en el ámbito de los denominados “valores”, que en su expresión más mundana es la política relativa a la sexualidad. Se trata de una necesidad, como lo es la urgencia de políticas de anticoncepción entre los jóvenes, en especial de los de menores recursos intelectuales, culturales, sociales y económicos. Sin embargo, dejar el debate político circunscrito a este ámbito resulta, si no intrascendente, incompleto. El problema de la concepción y anticoncepción no radica sólo en los métodos que las jóvenes tienen disponibles; es un problema que involucra las condiciones de vida de mujeres y hombres, el acceso al trabajo, a la educación, a la salud, las proyecciones de vida, las esperanzas que no ha otorgado un sistema económico ni un modelo político. Por tanto, todos los esfuerzos que haga el gobierno por amplificar los debates sanitarios, sexuales o “valóricos”, como les llama la derecha en su traducción anglosajona directa, es distorsionar y descontextualizar el problema. Llevar la discusión a un contraste apriorístico entre conservadores y progresistas, entre liberales y “cartuchos”, es reducirla y degradarla. La hinchazón de este debate artificial es sin duda simplificar y también delimitar la política.

El efecto numeral

Evidentemente la política está delimitada, está subordinada a un modelo económico y a un consenso político entre la derecha, la Concertación y los poderes fácticos, innombrables pero bien identificables. Es lo que lleva al gobierno de Bachelet a crear un tablón de ofertas, ayudas y asistencias, una larga lista que suma 220 millones de dólares, monto por todos lados escasos para el universo de precariedades y necesidades.
La discusión política posterior al 21 de mayo, que reclamó por la ausencia de la eliminación del siete por ciento que los adultos mayores cotizan en salud -una omisión, según se ha dicho, que expresó una vez más la voluntad (en este caso mala voluntad) de Hacienda- es también un debate artificial, que exhibe los grandes consensos en torno al actual modelo de mercado y los anuncios de la aparente red de protección social. Nada cambiará con unos miles de pesos más para los jubilados o para los niños. La clase política debate, incluso se acalora, y hasta se despeina. Pero siempre bajo la delimitación que suponen los acuerdos: económicos (neoliberalismo), políticos (Constitución de Pinochet consolidada por Lagos, binominal incluido) y también sociales (aceptación, como un efecto natural, de las escandalosas desigualdades).
Los grandes y posibles debates no están ni en el Congreso ni en La Moneda. No están ni en la Concertación. No hay un debate tributario serio, que permita una verdadera nivelación de las desigualdades, y tampoco hay un debate sobre un profundo cambio político. Estudios serios realizados por el sociólogo Felipe Portales muestran cómo la Concertación ha dejado pasar durante la última década al menos dos oportunidades para alterar esta espuria Constitución. Y lo ha hecho muy concientemente. Tampoco ha habido -tal vez ahora de manera más efectista que práctica- una política que busque el empoderamiento de los trabajadores. El vergonzoso episodio de Codelco, al negarse a acatar una decisión del gobierno para inscribir en su plantilla a los trabajadores subcontratados, exhibe una vez más la ambigüedad de los rostros de la Concertación.
La historia política chilena inscribe durante la segunda parte del siglo XX algunos episodios vergonzosos, como el de gobernantes que llegaron a La Moneda apoyados por un electorado y militantes a quienes, más tarde, ignoraron. Y está también el registro de otros gobernantes, que una vez en el poder simplemente pusieron bajo rejas a sus antiguos compañeros. Estos registros están en la memoria de muchos chilenos, lo que aún permite rememorar esos episodios al observar el presente: numerosos antiguos compañeros que lucharon por la democracia están marginados, excluidos, o están, como es el caso de activistas mapuches, tras las rejas. La Concertación, para prácticamente todas las fuerzas de la Izquierda, ha revivido las prácticas de ese pasado. La política de los consensos, que busca seducir a la derecha, como lo hemos oído en el discurso del 21 de mayo, ha resultado ser proporcionalmente inversa: es la derecha económica la que ha seducido -o comprado, con mayor precisión- a la Concertación.

Políticas del absurdo:
neoliberalismo
con protección social

El economista estadounidense Paul Krugman, en un libro de muy reciente publicación, The Conscience of a Liberal, estudia los años de mayor crecimiento económico en Estados Unidos, los que también coinciden con una menor desigualdad. ¿Cómo se consiguió aquello? La respuesta, que también está en la historia económica del siglo XX, es muy simple: la política del New Deal, inspirada en Keynes y posterior al crack de 1929, tuvo dos claras expresiones. Por arriba, altos impuestos a las empresas; por abajo, poder a los sindicatos, a los trabajadores. Bajo ese modelo pudo iniciarse un proceso de redistribución de la riqueza desde los más ricos hacia las clases trabajadoras. Pero no sólo eso. El período, que llegó hasta mediados de los años 70 y se esfumó posteriormente con la llegada al poder de Ronald Reagan, generó riqueza. Se trata de la mayor expansión económica de la historia contemporánea.
El modelo económico chileno nace desde la derecha, desde Milton Friedman y los Chicago boys, desde aquella matriz que se vino a llamar posteriormente neoliberalismo. Es ese el modelo que ha prevalecido durante los últimos treinta años, y es el que administra la Concertación. Pese a todos los matices discursivos que intentan disfrazar al neoliberalismo de socialismo, acaso de socialdemocracia. El asistencialismo practicado por los gobiernos de la Concertación no ha logrado frenar el proceso de acumulación de la riqueza en unas pocas familias y corporaciones. Es conocido, pese a las redes de protección social de Bachelet y otros eslóganes -como el crecimiento con equidad del gobierno de Ricardo Lagos-, que la estructura social y económica chilena exhibe niveles de desigualdad mundiales e históricos, fenómeno que no hace otra cosa que acentuarse. Cuando Bachelet deje el gobierno, las condiciones de vida en Chile serán mucho peores y las diferencias se habrán ampliado.
El mensaje del 21 de mayo no tuvo en consideración el fenómeno de la inflación mundial y su expresión en una evidente pérdida de los niveles de vida de los chilenos, partiendo desde los más pobres. Con fuertes alzas en los alimentos -durante el año han aumentado en un promedio de casi 20 por ciento-, en los combustibles y la energía, en las tarifas de numerosos servicios, partiendo por la salud y la educación, las condiciones de vida de la ciudadanía, regidas otra vez por el libre mercado, se verán sensiblemente deterioradas. Los trabajadores y trabajadoras chilenas, sin la posibilidad de presionar por sus demandas salariales, verán perder día a día sus condiciones de vida. La gran mayoría será más pobre en 2010 que en 2006.
Y ante este proceso de degradación, no oímos nada el pasado 21 de mayo.

PAUL WALDER
(Publicado en “Punto Final” Nº 663, 30 de mayo, 2008)