Edición 685 - Desde el 15 al 28 de mayo de 2009
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Rafael Correa, reelegido como presidente del Ecuador.

No se puede explicar el actual proceso político ecuatoriano sin remontarnos a la última etapa democrática que se inició en 1979. Ecuador fue el primer país en regresar al régimen constitucional y democrático luego de la ola de dictaduras que gobernaron el continente en los años 70. Como en todos los países, el retorno democrático produjo una enorme carga de esperanzas en los pueblos que habían sido sometidos al terror en algunos casos, y al abuso y la arbitrariedad, en otros. La vuelta a la normalidad jurídica fue saludada con entusiasmo por el pueblo ecuatoriano que en 1979 eligió a Jaime Roldós como presidente. Desde entonces, hemos tenido siete procesos electorales adicionales y en cada uno de ellos ha ganado la Presidencia un partido distinto. Los gobernantes se desgastaron siempre muy rápidamente y la mayoría terminó sus mandatos con muy bajos índices de popularidad y aprobación a su gestión. Una y otra vez el pueblo decepcionado elegía como nuevo presidente al principal opositor del anterior. Se dio lo que se llamó “la ley del péndulo”. Las preferencias electorales de los ecuatorianos iban y venían desde lo que los electores consideraban los extremos. De la derecha a la Izquierda, de la Costa a la Sierra.
Ecuador ha vivido un largo período de inestabilidad en los últimos años. Desde 1996 hasta la fecha, hemos tenido siete presidentes. Los tres anteriores al actual mandatario, Rafael Correa, no terminaron el período constitucional para el que fueron elegidos. Gigantescas manifestaciones populares acabaron con ellos.
La inestabilidad política es un elemento nefasto para el progreso de los pueblos. Poco se puede construir en medio de la agitación, la confrontación beligerante y los gobiernos transitorios de pocos meses. El dispendio de recursos es enorme entre los gobiernos que se inauguran y quieren cambiarlo todo y los que vienen luego, que recomienzan el negativo círculo de reinventar las cosas. Ingentes cantidades de dinero quedan tiradas al tacho en proyectos a medio caminar, estudios amontonados en las oficinas públicas sin ninguna posibilidad de concretarse, en expertos contratados para iniciativas que nunca terminan de cuajar. Ese “borra y va de nuevo” permanente que vivió Ecuador desde 1996 hasta 2007 fue nefasto para el país.
A todo ello hay que añadir el desgaste de una política que en los últimos 25 años en general no cumplió con las expectativas del pueblo, razón por la cual se produjo el derrumbe de los partidos tradicionales y la irrupción de nuevos actores políticos. 25 años de democracia terminaron por aniquilar la credibilidad de la gente en sus gobernantes y en sus instituciones.
Por eso es tan importante el proceso que se vive hoy en Ecuador. Un proceso inédito en muchos ámbitos. Por primera vez desde que se instauró el mecanismo de la segunda vuelta para definir las elecciones presidenciales, un candidato es elegido en primera vuelta tras alcanzar más del 51% de los sufragios. Nunca antes candidato alguno alcanzó el 30% en primera vuelta. Y es aún más significativo este hecho por cuanto ese candidato era el presidente en ejercicio, tras dos años de mandato. Es decir que la adhesión popular ya no fue solamente a un discurso, a una personalidad arrolladora, a un liderazgo claro y fuerte, sino que fue el apoyo a una gestión cumplida y a un compromiso con los más pobres de la sociedad. Todo ello tras una Asamblea Constituyente que redactó una nueva carta política, refrendada luego por el pueblo a través de un referéndum. Es decir, un proceso legitimado por una amplia y permanente participación popular. Un proceso respaldado ampliamente por las mayorías en las urnas. Un proceso, por tanto, sólido, que está llamado a construir las bases de una nueva sociedad en donde los beneficios del progreso se distribuyan con mayor equidad entre los distintos estamentos de la sociedad.
La nueva Constitución ecuatoriana plantea varios retos importantes, algunos inéditos en textos similares. Reconoce al Estado como plurinacional, lo cual implica reconocer la existencia de varias nacionalidades que conviven dentro del territorio patrio. Y es que una de las grandes riquezas del Ecuador es su variedad étnica y cultural.
Las fechas importantes en este proceso son las siguientes:
-Abril de 2007: consulta popular. Al-rededor del 80% vota a favor de que se convoque a una Asamblea Constituyente.
-Noviembre de 2007: se instala la Constituyente con cien asambleístas provinciales, 24 nacionales y 6 en representación de los emigrantes residentes en el exterior (dos por América Latina, dos por Estados Unidos y dos por Europa).
-Diciembre 2007: se dicta el regla-mento para el funcionamiento de la Asamblea.
-Julio de 2008: culmina el proceso de redacción de la nueva Constitución.
-Septiembre de 2008: el pueblo aprueba en referéndum la nueva Carta Magna.
La Asamblea funcionó con diez mesas temáticas: derechos fundamentales y garantías constitucionales; organización, participación social y ciudadanía, sistemas de representación; estructura e instituciones del Estado; ordenamiento territorial y asignación de competencias; recursos naturales y biodiversidad; trabajo, producción e inclusión social; régimen de desarrollo; justicia y lucha contra la corrupción; sobe-ranía, relaciones internacionales e integración latinoamericana; y legislación y fiscalización.
Antes de empezar la redacción de la nueva Constitución, la Asamblea dictó diez mandatos, entre los más importantes: el minero (que declaró caducadas el 80% de las concesiones mineras), el de “tercerización” (que termina con esta práctica); el que regula y limita las indemnizaciones en el sector público (no más de 300 salarios básicos unificados); y el que fijó las remuneraciones máximas en el sector público en 25 salarios básicos unificados.
Entre los temas más importantes que recoge la nueva Constitución están el reconocimiento de Ecuador como Estado intercultural y plurinacional. La declaratoria de los recursos naturales no renovables como patrimonio inalienable, irrevocable e imprescriptible del Estado. Declarar al kichwa y el shuar como idiomas oficiales de relación intercultural. Las demás lenguas aborígenes son idiomas ancestrales. Promueve las autonomías pero dentro de un Estado unitario. Prohibe la instalación de bases militares extranjeras. Se prohibe toda forma de discriminación (ni siquiera por el pasado judicial). Se declara al agua como patrimonio social estratégico de uso público. La educación como tema de interés público. Se consagra el derecho a emigrar. No se considera ilegal a persona alguna. Y en general, se establecen garantías para los grupos más vulnerables: niños, viejos, mujeres, emigrantes, desplazados, discapacitados, presos.
Adicionalmente, se preservan tierras comunitarias, y se promueve la participación de las etnias en los recursos naturales. Al igual que la participación ciudadana a través de una serie de mecanismos, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con muy importantes funciones, entre otras, fiscalizar a los poderes del Estado y designar altas autoridades de control, como fiscal, procurador, contralor, defensor del pueblo, entre otros.
Ecuador está viviendo un proceso revo-lucionario democrático y pacífico, con profundos cambios en las relaciones internas de poder, con aplicación irrestricta del principio de soberanía en las decisiones, apego y apoyo a todos los tratados y tesis internacionales históricas, entre ellas la integración latinoamericana.
La reelección del presidente Correa por un período de cuatro años más, garantiza la continuidad del proceso, la institucionalización del país en el marco de la nueva Constitución, una nueva etapa de estabilidad política, y un cambio de rumbo respecto de las tradicionales prácticas neoliberales aplicadas por la mayoría de los gobiernos en los últimos 25 años.

Francisco Borja Cevallos (*)
 (*) Embajador de la República del Ecuador en Chile.

 

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 685, 15 de mayo, 2009 . Suscríbase a PF)