El pasado nuestro
de cada día
La mayoría de los chilenos prefieren soñar con
un futuro bien distinto a su realidad actual. Quieren olvidar
el pasado y la terrible sombra de la dictadura. Sin embargo, el
pasado es una odiosa y humillante realidad instalada en nuestras
vidas. No se trata sólo de la impunidad de asesinos y torturadores
que se pasean libres y desafiantes. Ni siquiera del bucólico
retiro de Pinochet que se ha incorporado en vida al mausoleo de
los Trujillo, los Somoza y los Duvalier, los abominables engendros
de la historia latinoamericana. Gordinflón y rozagante,
burlón y cazurro aunque formalmente declarado demente para
evitarle cualquier molestia judicial, Pinochet disfruta sus riquezas
mal habidas bajo protección del ejército y con jubilación
de ex presidente de la República. El pasado, sin embargo,
es mucho más que Pinochet y su pandilla de cuatreros del
presupuesto nacional y de asesinos de prisioneros indefensos.
El pasado está presente en la Constitución -y por
tanto en la institucionalidad y en las leyes del país-.
Está vivo en el modelo económico y en sus consecuencias
que producen enorme injusticia social y la exclusión de
millones de chilenos, condenados a ser los parias del sistema,
los desempleados permanentes de una brillante macroeconomía.
La Constitución de 1980 y el modelo económico fueron
implantados mediante el terrorismo de Estado. El pueblo nunca
fue consultado, ni entonces ni después. Ambos instrumentos
de coerción política, social y cultural carecen
de toda legitimidad. Son una imposición que viola los derechos
y garantías de todos los ciudadanos. No obstante, han pasado
catorce años de “democracia” y esas normas
continúan rigiendo nuestras vidas y asfixiando la soberanía
popular. Así el pasado se proyecta sobre lo cotidiano y
sigue regulando el presente. Se ha hecho carne de nuestro comportamiento
social, se ha apoderado de nuestra forma de pensar y actuar, transmutando
nuestros valores y herencia cultural. La vigencia del autoritarismo,
la impunidad del poder militar y económico, y la destrucción
de la solidaridad social, nos han despojado de mecanismos de defensa
que fueron muy valiosos para nuestro pueblo. Un enorme daño
ha sufrido por ejemplo la voluntad de constante perfeccionamiento
del sistema democrático que caracterizaba a Chile y que
alcanzó su cima más alta con el gobierno del presidente
Salvador Allende. Por eso en el Chile de hoy la adhesión
a la democracia se ha debilitado a un grado alarmante(*). Esto
explica que los dos partidos de derecha, que proporcionaron base
de apoyo político y social a la dictadura, se estén
preparando -con grandes posibilidades de conseguirlo- para apoderarse
del gobierno el 2005, esta vez con manto de legitimidad democrática.
Hace tres años ya estuvieron a punto de lograrlo. Ricardo
Lagos tuvo que sudar promesas y despilfarrar en propaganda para
aventajar por leve diferencia a Joaquín Lavín, el
candidato de la extrema derecha. Los votos de la apretada victoria
de Lagos los aportó una Izquierda que ya no está
dispuesta a repetir esa operación de salvataje, porque
la Concertación no se diferencia casi en nada de la derecha.
La coalición gobernante desde 1990 está muy debilitada
y continúa cediendo espacios. Por ahora los ocupa la decepción
pero mañana puede instalarse en ellos el populismo de derecha.
La Concertación está pagando el precio de su traición
a solemnes promesas de sus programas. Esos compromisos incluían
terminar con la impunidad de los crímenes de la dictadura,
derogar el decreto-ley de amnistía, cambiar la Constitución
de 1980 y modificar el modelo de economía de mercado que
había sido duramente criticado por la Concertación
cuando se preparaba para llegar al gobierno.
Una encuesta de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(mayo del 2002) deja en evidencia que las aspiraciones de la mayoría
de los chilenos siguen siendo las mismas que ya expresaban en
1990. La encuesta de la Flacso señala que el 79,4% quiere
un plebiscito para cambiar la Constitución. Casi el 60%
pide legislar sobre el aborto. El 80% se pronuncia a favor del
divorcio. El 76% opina que los servicios de energía eléctrica,
agua y teléfonos deben estar en manos del Estado. Casi
el 70% piensa que la influencia del empresariado determina las
decisiones del gobierno y porcentajes apreciables estiman que
la influencia de las fuerzas armadas y de la iglesia católica
es decisiva en el comportamiento conservador y vacilante del gobierno.
La reciente propuesta del presidente Lagos sobre derechos humanos,
rechazada en forma unánime por los familiares de las víctimas
del terrorismo de Estado, deja en evidencia que se sigue gobernando
con la mirada puesta en los intereses de las FF.AA., del gran
empresariado y de la poderosa iglesia católica. Es su tranquilidad
la que cuenta, no la voluntad de la mayoría del pueblo.
La traición a sus promesas ha minado el apoyo social de
la Concertación, cuyos partidos comienzan a desmoronarse.
A esto se ha sumado una cascada de denuncias de corrupción.
Varios procesos judiciales afectan a ex ministros, altos funcionarios
y parlamentarios. Se ha cuestionado la credibilidad del Banco
Central que filtraba información privilegiada a una mafia
de especuladores entre cuyos socios habían ex ministros
y funcionarios. Las concesiones de obras públicas generaban
comisiones para las campañas electorales. Parlamentarios
gestionaban autorizaciones de servicios públicos para negocios
ilícitos. Títulos financieros de la Corfo fueron
robados y transados en la Bolsa, afectando fondos previsionales
de trabajadores y ahorros de miles de modestas personas. También
se han revelado actos de corrupción en el ejército,
de pedofilia en la iglesia católica, etc. Es el corrupto
pasado de 17 años de dictadura el que sigue degradando
la actividad política y el servicio público. Este
fenómeno prolonga un pasado que pesa en forma insoportable
en el presente. No se ha logrado todavía iniciar la etapa
de pleno desarrollo de las fuerzas democráticas que debía
seguir a la dictadura. La transición a la democracia se
atascó y hoy tenemos un régimen híbrido en
que partidos democráticos defienden a brazo partido los
factores políticos y económicos que caracterizaban
a la dictadura militar-empresarial, salvo el terrorismo de Estado.
En los hechos esta conducta viene haciendo retroceder a Chile
que a paso de cangrejo va a entrar en la trampa de la derecha.
Sin embargo, hay signos de malestar e inquietud social que pueden
convertirse en elementos positivos y modificar el curso de los
acontecimientos. Algunos estudios como el Informe de Desarrollo
Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
demuestran que casi el 60% de los chilenos se sienten insatisfechos
con un modelo de economía de mercado que sólo favorece
a una minoría. El paro-protesta social del 13 de agosto
es una señal muy clara del descontento que busca cauce
y orientación. El reciente Congreso de la CUT ha declarado
-¡por fin!- su rechazo al TLC con Estados Unidos.
No está escrito que Chile tenga que seguir viviendo en
el pasado. Comienzan a emerger fuerzas que intentan levantar una
alternativa para retomar el camino de la democratización
y justicia social abandonado por la Concertación. Es una
tarea difícil porque las capacidades del pueblo están
muy fragmentadas y aún no surge una alternativa que sirva
de horizonte. Existen más de 82 mil organizaciones sociales
y aunque buena parte tiene una postura anti neoliberal y rechaza
la Constitución del 80, hacen su trabajo sin coordinación
en la base social y carecen de un mínimo programa común.
Marchan en una misma dirección pero en forma dispersa e
incoherente. De esa realidad surgió hace dos años
una instancia de coordinación -la Fuerza Social y Democrática-
que encabezan dirigentes de importantes gremios como profesores,
obreros metalúrgicos, empleados bancarios, trabajadores
de la salud, empleados fiscales, pescadores artesanales, estudiantes
universitarios, pobladores, ecologistas, grupos de derechos humanos,
etc. En forma silenciosa, la Fuerza Social y Democrática
ha ido reagrupando sectores y echando las bases de un movimiento
de activistas de variado origen ideológico y político.
La FSD quiere levantar una alternativa de gobernabilidad para
romper el falso dilema entre Concertación y derecha y rescatar
el imperio de la soberanía popular. En el curso del año
se propone convocar a un Congreso de la Alternativa Social con
amplia participación de organizaciones sociales, culturales
y políticas. Se trata sólo de una esperanza. Pero
quizás es la esperanza que estamos necesitando para entrar
en el futuro
MANUEL CABIESES DONOSO
(*) La encuesta de la Corporación Latinobarómetro
demostró que en Chile el apoyo a la democracia disminuyó
del 54% en 1995 al 50% el 2002. El 52% manifestó que no
le importaría que un gobierno no democrático llegara
al poder. Chile está muy lejos de la alta adhesión
a la democracia que se manifiesta en países como Costa
Rica, Uruguay, Venezuela, Argentina, México, etc.
