PF hace 40 años
Cómo se gestó el golpe de estado

Dictadura popular o derrota

“El que dispone de mayores reservas, de más fuerzas humanas, el que está más sólidamente arraigado entre las masas, ése ganará la guerra”.
LENIN (citado por Giap en “Guerra de Liberación”).

El texto que se publica en estas páginas corresponde al Nº 185 de “Punto Final” (5 de junio de 1973). La edición completa se puede consultar en www.pf-memoriahistorica.org

El cuadro político al término de la semana pasada señalaba con claridad para los revolucionarios la necesidad deprepararse para decisivas coyunturas. En realidad nada de lo que está sucediendo puede causar sorpresa. La táctica de la burguesía y del imperialismo para ahogar el proceso iniciado en 1970, ha sido afinada en documentos públicos de organizaciones empresariales como la Sociedad de Fomento Fabril, de partidos políticos como el Demócrata Cristiano y el Nacional o de monopolios extranjeros como la ITT y la Kennecott.
PF y otras publicaciones de Izquierda han analizado en suoportunidad -desde sus propias perspectivas- esos documentos, declaraciones y discursos que trazan las líneas esenciales que siguen los enemigos del pueblo. Si bien no hay sorpresa en constatar el camino que siguen las fuerzas reaccionarias, lo sobresaliente de la situación es un retraso objetivo en las medidas para montar una contraofensiva que pueda romper el cerco de aniquilamiento que va montando la derecha.
Esto quizás se debe a un hecho ya varias veces registrado en estaspáginas: a la ausencia de una dirección revolucionaria y proletaria que oriente el conjunto de las luchas del pueblo y que supere definitivamente las concepciones democrático burguesas que predominan en sectores del gobierno.

UN PODER REVOLUCIONARIO
La tardanza en crear un verdadero poder revolucionario, o sea de métodos de manejo estatal alternativos al encuadramiento del Estado burgués, se está pagando en la forma de un desgaste visible y crónico del gobierno. Pero lo más peligroso es que -corregidos los errores y deficiencias del paro de octubre de 1972-, la burguesía se ha volcado a la diabólica tarea de romper la unidad del movimiento obrero.
Se apoya en sectores de trabajadores que sufren enorme retraso ideológico, producto de la erosión de más de medio siglo de luchas puramente economicistas. Se trata de una herencia entre cuyos legatarios figura la propia Izquierda que no ha sido capaz de revertir esa realidad en los últimos tres años. ¿Por qué importantes sectores de trabajadores pueden ser hoy, eventualmente, usados como carne de cañón por la burguesía? Una razón es que esos sectores -y el conjunto del pueblo explotado- no han sido conmocionados por la fuerza del sismo revolucionario. El excesivo cuidado en guardar las formas que distinguen la “vía chilena”, ha logrado ocultar incluso a los ojos de vastos sectores de la clase trabajadora el carácter revolucionario que obligadamente asume el propósito programático de “iniciar la construcción del socialismo”.
La burguesía y el imperialismo, que estaban destinados a permanecer adormecidos y en cierto modo engañados por la “vía chilena”, mientras se desbrozaba el camino de monopolios y terratenientes, abrieron los ojos aun antes que se instalara el gobierno del presidente Allende. Intentaron todo -incluso el golpe, el terrorismo y el asesinato político- para impedir en 1970 que asumiera el nuevo gobierno. Luego del transitorio fracaso, reordenaron sus filas, lucharon internamente por la hegemonía del movimiento opositor, se concertaron con el imperialismo y afinaron una táctica que bien podría llamarse “vía chilena hacia la restauración capitalista”.

EL PAPEL DE LA DC
En todas esas etapas que incluyen el paro empresarial de octubre del año pasado, es necesario admitir que ha sido la Democracia Cristiana (por sus mejores vínculos con el imperialismo, su realidad de partida de masas y su mayor poder específico en todos los planos), el partido que ha impuesto su estrategia.
Desde el “estatuto de garantías constitucionales” con que condicionó su reconocimiento al presidente electo en 1970, hasta hoy, en que modifica la Constitución a su amaño o destituye ministros a su antojo, ha sido el PDC el guaripola político de la burguesía, imponiéndose a los corcoveos del Partido Nacional o de Patria y Libertad. La DC -para decirlo de otro modo- ha impuesto al conjunto opositor la madurez estratégica que le aporta el imperialismo, habituado a manejar a control remoto situaciones en extremo complejas.
En efecto, ha sido la DC la que impuso al PN y otros partidos burgueses menores la táctica de enfrentar una “vía chilena al socialismo”, basada en el apego y respeto real a las normas legales, con una “vía chilena a la restauración capitalista” que, sin desdeñar las formas ilegales y armadas de lucha, las somete a la utilización intensiva y extensiva de los recursos legales.
La Constitución en manos de la burguesía es un calcetín viejo que se da vuelta al revés y al derecho sin que nadie pueda objetar el procedimiento. Las leyes, decretos, reglamentos y resoluciones, que forman una montaña en un aparato estatal hipertrofiado como el nuestro, son de fácil manejo para los tribunales, la Contraloría y el verdadero ejército de burócratas controlados ideológicamente por la burguesía.
Al gobierno no le quedó más remedio que buscar los “resquicios” legales para tratar de avanzar hacia los objetivos señalados en su programa. Ha sido tarea relativamente sencilla para la burguesía ir taponando uno tras otro esos “resquicios” hasta convertir la legalidad en una pared lisa en que empiezan a resbalar todas las iniciativas del gobierno.

¿FUERA DE LA LEY?
Los desplazamientos opositores, conducidos por la DC, han apuntado a un objetivo central, poner al gobierno fuera de la ley. O sea, construir el supremo argumento que permita utilizar una última ratio: la intervención de las fuerzas armadas. La clase obrera y el campesinado, sometidos a grados importantes de confusión por la carencia de una dirección revolucionaria y proletaria coherente, capaz de infundir una verdadera conciencia acerca de la oportunidad de la hazaña histórica a que tienen derecho hoy en Chile, han hecho, sin embargo, lo imposible por desbaratar la estrategia enemiga. En marzo de este año, por ejemplo, deshicieron como pompa de jabón el sueño reaccionario de obtener los dos tercios del Parlamento, con lo cual le habría resultado fácil y limpio destituir constitucionalmente al presidente de la República.
El camino del revanchismo burgués tuvo que volver a su cauce principal: estrechar el cerco en torno al gobierno usando otras instituciones del Estado. El Congreso, los tribunales y la Contraloría son utilizados como poleas de transmisión con la “oposición desde la base”. Un caso típico es el conflicto en el mineral de cobre El Teniente, que en la superestructura institucional manejada por la derecha repercute en la próxima destitución de los ministros del Trabajo (comunista) y de Minería (Izquierda Cristiana).
La DC hace sentir el peso de su mano al resto de la oposición, por ejemplo, cuando se niega a votar la acusación presentada por el PN contra el ministro de Economía porque, en cierta forma, afectaba a las fuerzas armadas, ya que implicaba al secretario nacional de Distribución, general Alberto Bachelet. Pero al mismo tiempo, al terminar la pasada semana, anunciaba que destituiría al mismo ministro (y a cualquiera que lo reemplace) por mantener la vigencia de las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), que es una de las formas de organización ideadas por el pueblo para luchar por una justa distribución de alimentos.
La Corte Suprema -por su parte- enviaba un oficio representándole “por enésima vez” al presidente de la República la “ilícita intromisión en asuntos judiciales” de autoridades administrativas. Se trata de intendentes y gobernadores que han ordenado a Carabineros no cumplir órdenes de desalojo de industrias o fundos dictadas por tribunales. Poniendo su granito de arena a la táctica de “defensa del régimen legal” que hipócritamente propugna la DC, la Corte Suprema asevera que estos hechos significan “no ya una crisis del Estado de derecho, como se le representó a S.E. en el oficio anterior, sino una perentoria o inminente quiebra de la juridicidad del país”. Impotente en su propia frustración, la Corte Suprema advierte que “ha requerido a la Justicia Militar para que instruya el proceso correspondiente”. Ella también, como es lógico, trata de implicar a las fuerzas armadas en el plan maestro de la oposición.
Mientras las presidencias del Senado y la Cámara de Diputados pasaban a manos del jefe tácito de la oposición, Eduardo Frei, y de un audaz parlamentario ligado a los sectores fascistas, Luis Pareto, la Contraloría General de la República, a su vez, redoblaba sus dictámenes ordenando devolver industrias requisadas o intervenidas, tratando por todos los medios de probar que el gobierno se desplaza en la más absoluta ilegalidad. El Tribunal Constitucional, por su lado, luego de ser sometido a intenso “ablandamiento” publicitario, terminaba dando la razón a la mayoría del Parlamento en la discrepancia surgida entre el gobierno y el Congreso a raíz de la reforma que somete la formación del área social de propiedad a la voluntad de la mayoría burguesa parlamentaria. El Senado y la Cámara de Diputados, previamente, habían proclamado que desconocerían el fallo si les era desfavorable.
El PDC, formalmente, ha proclamado que “repudia toda solución que implique la búsqueda de salidas políticas al margen de la Constitución y de la ley” (voto político de la junta nacional, La Prensa, 15 de mayo). Pero su accionar concreto revela que esta afirmación debe interpretarse en el mismo sentido del gesto de Poncio Pilatos. Tal como en la conspiración de 1970, el PDC se lava las manos por si las cosas salen mal. Y si salen bien se prepara a cosechar en el plano de un partido cuya imagen “democrática” se mantenga relativamente limpia. Su sentido de orientación política se revela en el esfuerzo principal volcado a movilizar a sectores de trabajadores engañados o ideológicamente retrasados contra el gobierno. Es la criminal “oposición por la base”, que de tener éxito podría enfrentar a explotados contra explotados en la arena del Nerón burgués. Para ello la DC necesita disfrazar sus intenciones y someter al PN a una táctica política que se basa en el levantamiento de una alternativa de “centro izquierda”.
El PDC mantiene una federación con grupos como el PIR y el Padena, a la cual “pueden sumarse en el futuro otras fuerzas políticas y sociales que, estando por la creación de una nueva sociedad, sean a la vez verdaderos pilares de sustentación de las bases esenciales de una verdadera y auténtica democracia”. Bajo el toldo de un “socialismo comunitario”, versión corregida y aumentada de la “revolución en libertad” de 1964, la DC busca agrupar a sectores socialdemócratas que incluso están todavía en la Unidad Popular. El PN y otros grupos de extrema derecha estarían obligados, como hace nueve años, a prestar su apoyo a esa combinación que bajo la mentira de luchar por “la sustitución total y definitiva del régimen capitalista”, devolviera a éste y al imperialismo todo el vigor que alcanzó en el sexenio freísta. En esta línea la “oposición desde la base” resulta fundamental para enervar el apoyo que sectores populares, aún no penetrados por la conciencia de clase, deberían entregar a la Izquierda.

LECCIONES POLITICAS
Sin duda ha llegado la hora de sacar una enseñanza de los últimos tres años, y de ella deducir una línea revolucionaria correcta. Desde luego, han fracasado todos los intentos patrocinados por algunos sectores en el seno de la Unidad Popular para llegar a un entendimiento con grupos de la burguesía, como la DC. Leyes inexorables de un proceso revolucionario siguen imponiéndose en el cuadro político. Las negociaciones celebradas con la DC en 1972 y la política económica conciliadora con la burguesía aprobada en la reunión de la UP en Lo Curro, llevaron directamente al paro patronal de octubre. La política del ministro de Economía, Orlando Millas, que ofrecía “nuevas garantías a la burguesía y a los partidos que la representan” (carta del PS al PC, 13 de febrero de 1973), tuvo como respuesta una reactivación generalizada de la burguesía y abiertos llamados al golpe de parte de los organismos patronales. Está demostrado, pues, que la lucha de clases ha tocado a zafarrancho en nuestro país. Se trata de un combate donde los protagonistas no buscan sino la victoria; particularmente esa disposición se avizora con toda claridad en los representantes políticos de la burguesía. Sin “perjuicio de postergar un enfrentamiento que asuma características de una guerra civil, al menos mientras la correlación de fuerzas no sea claramente favorable al proletariado, resulta una ingenuidad costosa llevar a los trabajadores al convencimiento que ese peligro puede ser conjurado mediante la desactivación de sus propias luchas. El secretario general del PC, Luis Corvalán, ha dicho correctamente que “la lucha contra la guerra civil no debe conducir en modo alguno a la ‘paz social’ ni nada que se le parezca. La ‘paz social’ es una ilusión en una sociedad dividida en clases antagónicas…”.
La campaña contra la guerra civil, obviamente, persigue disuadir al enemigo de apelar a ese recurso. Pero si no se maneja con exactitud y clara orientación revolucionaria, también puede desarmar a la clase obrera y a los sectores aliados del pueblo, que a pretexto de no desatar el enfrentamiento podrían quedar amarrados de pies y manos ante el constante avance reaccionario. La clase trabajadora no puede olvidar que la guerra civil es la culminación de la lucha de clases, que sólo se puede evitar si previamente la burguesía ha sido debilitada, aislada y reducida a simples manotazos defensivos. Por eso la campaña publicitaria contra la guerra civil no puede asumir un tono pacifista porque sólo conseguiría desarmar al proletariado que, por el contrario, necesita cobrar conciencia de que la única manera de impedir un enfrentamiento generalizado es golpeando los reductos económicos y políticos de los que la burguesía extrae su fuerza. La clase obrera debe estar preparada -si el enemigo desata la guerra civil- a ganar también en ese terreno.

UNA DICTADURA POPULAR
A pesar de todas las dificultades y de las cortapisas que han opuesto los propios sectores conciliadores de la UP, la clase obrera chilena está haciendo los “prodigios de organización proletaria” de que hablaba Lenin en 1914. Creaciones populares como los Comandos Comunales, los Consejos Campesinos, los Cordones Industriales, etc., muestran que en forma casi intuitiva, guiada por aún débiles vanguardias políticas, la clase obrera chilena ha intentado estructurar un poder revolucionario. En el último Mensaje del presidente Allende al Congreso Nacional (21 de mayo de 1973), se reconocen estas creaciones del genio de nuestro proletariado y se les estimula a diseminarse por todo el país. Ese reconocimiento es bueno, como buena ha sido la decisión del PC de incorporarse ahora a esos organismos.
Pero no basta. El poder revolucionario dirigido por el proletariado y con la participación de todos los sectores explotados y pobres, debe organizarse para tomar “directamente en sus manos los órganos del poder del Estado”, como señalaba Lenin. Es necesario -más aún, es imprescindible- que los obreros controlen todo el aparato del Estado. Si bien ese es un objetivo revolucionario, en esta etapa de transición es preciso crear condiciones mediante el traspaso de poderes a manos proletarias, a manos del poder popular y de sus expresiones: Comandos Comunales, Cordones Industriales, JAP, etc. Esto conlleva, sin duda, un riesgo calculado que es salirse de la máscara de hierro de las formas democrático burguesas. Supone, ciertamente, un grado de dictadura popular ejercido a través de organizaciones que dirija el proletariado con apoyo -o al menos simpatía- de las fuerzas armadas. Pero esa dictadura popular, que traslade el epicentro de la contienda desde las instituciones dominadas por la burguesía al terreno que controla el proletariado, parece ser el único modo de desarmar ahora la máquina infernal que han montado la burguesía y el imperialismo.

MANUEL CABIESES DONOSO

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 782, 31 de mayo, 2013)

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