Lagos bajo amenaza de
acusación constitucional

Próximo a cumplir, el 11 de marzo, la mitad de su período presidencial, Ricardo Lagos se encuentra cautivo de una derecha que está en condiciones de imponer todas sus exigencias porque “sabe demasiado”. Al interior de la Alianza por Chile hay sectores partidarios de dar otra vuelta al torniquete de las acusaciones de corrupción que asfixian al gobierno. El “pacto de caballeros” que Lagos -y su operador político, el ministro Insulza- consiguieron con la UDI y Renovación Nacional, y que firmaran con los partidos de la Concertación en La Moneda a fines de enero, sólo fue un armisticio de verano.

Permitió unas vacaciones tranquilas a la clase política, pero no disuadió a la extrema derecha que quiere garrote vil para la Concertación, para desplazarla definitivamente de la lucha por el poder. Los casos de corrupción que involucran a ex ministros, altos funcionarios y a parlamentarios de la Concertación, son los instrumentos que servirían para esa ejecución política, afectando, sobre todo, al sector “progresista” de la coalición. La muerte moral del conglomerado de gobierno es el paso necesario -estiman- para el definitivo lavado de imagen de una derecha que sigue cargando con el fardo de crímenes y latrocinios de la dictadura.
La tesis de esos sectores es que todos los caminos de la corrupción -fenómeno, por cierto, mucho más antiguo, profundo y extendido que los casos puntuales que hoy investigan los tribunales-, conducen a la responsabilidad política y administrativa del presidente de la República, en su condición de Jefe del Estado.
Esto queda en evidencia, señalan, en el destino de las “platas negras” que el Ministerio de Obras Públicas cobraba a empresas constructoras a través de Gate, firma ad hoc del Partido Socialista. Hasta ahora, el ex ministro Carlos Cruz carga con la mayor responsabilidad. Cruz, sin embargo, sólo era el coordinador de Concesiones del MOP, cuando el sistema para integrar a la empresa privada fue creado. El ministro de la cartera e impulsor de las concesiones fue el actual presidente de la República.
Hasta ahora la responsabilidad de Lagos sólo se desliza entre líneas en la caudalosa información de prensa sobre la corrupción. El Mercurio es el medio que ha ido más lejos en esta materia.
Lagos fue ministro de Educación en el gobierno de Patricio Aylwin, y se considera que allí cumplió una buena labor. En 1994 obtuvo la cartera de Obras Públicas como premio de consuelo después de competir con Eduardo Frei Ruiz-Tagle en las internas de la Concertación. Estuvo en ese cargo hasta 1998. Cuando se convirtió en presidente, después del estrecho triunfo sobre Lavín, designó a Carlos Cruz, su mano derecha, como ministro de OO.PP.
Como ministro, Lagos aplicó con energía el programa de concesiones viales. Consiguió atraer inversiones privadas por alrededor de dos mil millones de dólares. La historia oficial asegura que el promotor del sistema fue el ministro de Hacienda, Eduardo Aninat. El ahora funcionario del FMI habría dicho a Lagos que estaba “sentado en un saco de oro” -las concesiones de obras públicas-, y que sólo daría más recursos a su cartera si lograba abrir ese saco. Lagos cumplió mucho más allá de lo imaginado por Aninat. Las concesiones se convirtieron -hasta que explotó el caso Gate- en un símbolo del éxito de la gestión ministerial de Lagos.
De las empresas concesionarias provienen las “platas negras” que -vía Gate- sirvieron para “agilizar” el funcionamiento del MOP -según la versión del ex ministro Cruz-, o para alimentar la caja electoral de la Concertación y, en especial del Partido Socialista, según las sospechas.
La Cámara Chilena de la Construcción ha reconocido los pagos que algunas empresas -se dice que son más de veinte- hicieron a Gate. Muchos pagos fueron en dinero efectivo y en algunos casos, se utilizó como subterfugio encargar a Gate estudios que eran perfectamente inútiles.
La investigación de la ministra Gloria Ana Chevesich y de la Brigada de Delitos Económicos adelanta en un sentido peligroso para el gobierno. Los procesados por fraude al Fisco (Carlos Cruz y Sergio Cortés, ex director de Finanzas del MOP) y por estafa residual (Héctor Peña Véliz, ex miembro de la comisión política del PS y creador de Gate), así como los testimonios de las empresas que pagaron el “peaje” que cobraba el MOP, procuran reducir sus propias responsabilidades y guardan las espaldas a otros responsables de esas exacciones.
Al caso Gate, el más importante hasta ahora, hay que sumar la filtración de informaciones del Banco Central, que permitió hacer fabulosas ganancias a la empresa Inverlink, entre cuyos socios se encuentran el ex ministro Alvaro García (PPD) y el ex superintendente de AFP, Julio Bustamante (DC). El “caso coimas” que mantiene procesados por cohecho y soborno a los diputados Cristián Pareto y Jaime Jiménez (ex DC) y Víctor Manuel Rebolledo (PPD), al ex subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini (presidente del PRSD) y al operador político Alejandro Chaparro (PPD), está, por su cuantía, en el tercer lugar de los escándalos pero ha acentuado la imagen de corrupción generalizada que afecta a la Concertación y al gobierno. La filtración de información confidencial del Banco Central, que permite fabulosas especulaciones financieras como las que registra el mercado bursátil, amenaza poner en riesgo la credibilidad del sistema, evidenciando las fallas y peligros de la economía de mercado.
Los líderes de la derecha, Pablo Longueira (UDI) y Sebastián Piñera (RN), en enero impusieron la moderación en sus filas, firmando en La Moneda el “pacto de caballeros” con el gobierno y la Concertación, mediante el cual se comprometieron a impulsar alrededor de 50 proyectos sobre reforma del Estado, probidad y -sobre todo- la Agenda pro Crecimiento elaborada por la Sociedad de Fomento Fabril. Pero los peligros para Lagos no han cesado. Sectores recalcitrantes de derecha insisten en involucrar al presidente de la República, acusándolo de responsabilidad política y administrativa en la corrupción. Están haciendo su propia investigación y recogen antecedentes para filtrarlos a la prensa y a los tribunales a fin de ampliar las denuncias de tráfico de influencias y cohecho. El filón del MOP les permitiría llegar a los secretos financieros de las campañas electorales de la Concertación.
Aunque una acusación constitucional contra el presidente de la República requiere el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio y de dos tercios de los senadores también en ejercicio, lo que parece imposible -y hasta innecesario según los estrategas más moderados de la derecha-, el debate parlamentario y político que originaría una acusación constitucional al presidente, permitiría herir de muerte a la Concertación, calculan los “duros” que no sólo se encuentran en la UDI.
Esta alternativa extrema ha comenzado a ganar terreno. Según El Mercurio (24 de febrero) un informe de Larraín Vial, asesora de inversiones, advierte que las denuncias de corrupción podrían “derivar en una crisis institucional”, acarreando la renuncia “del presidente del Banco Central, Carlos Massad, e incluso del propio presidente Ricardo Lagos”.
Sectores de gobierno manifiestan no temer a estas amenazas. Consideran que dirigentes derechistas -mencionan a Longueira, Lavín y Piñera, entre otros-, no permitirán una crisis de gobernabilidad que podría afectar a toda la clase política y a la propia alternancia, tácitamente pactada con la Concertación

PF