LA COARTADA
POLITICA
DEL GOLPISMO

La “historia oficial” de los voceros de la oligarquía dominante insiste en la monserga de que el gobierno popular de Salvador Allende fue derrocado por el “caos” económico y político en que se habría encontrado el país. Además, se dice que los altos mandos de las Fuerzas Armadas dieron el golpe de Estado a pedido de los órganos de la institucionalidad. Conviene establecer que esta demanda de intervención militar fue sólo de los sectores de centro derecha que, según ha señalado el general Juan Emilio Cheyre, “instigaron” el golpe militar y después “avalaron” los crímenes contra la humanidad.

EN la elección parlamentaria de marzo de 1973 la Unidad Popular obtuvo el 43,9%. La mayoría opositora (DC-derecha) aprobó el 22 de agosto un acuerdo que sirvió de coartada política al golpe de Estado. En la foto: los diputados socialistas Laura Allende Gossens, Eduardo Osorio, Mario Palestro, Héctor Olivares, entre otros.

El llamado “caos” del que tanto se habla, fue impulsado por los clanes económicos, que produjeron la crisis con escasez y mercado negro, por los grupos políticos conspirativos, que ejecutaron toda clase de atentados contra la economía y el Estado de derecho y por la centro-derecha, constituida por el Partido Nacional, el Partido Demócrata Cristiano y otros sectores.
Hay que agregar que una operación combinada del gobierno norteamericano, a través de la CIA, y de la derecha política y militar trató de impedir la confirmación de Allende en el Congreso Pleno, mediante el secuestro del comandante en jefe del ejército general René Schneider, para promover el golpe de Estado. Antes del “caos”, Nixon ofreció un financiamiento de siete cifras en dólares para comprar a los partidos y parlamentarios de centro derecha, a fin de designar a Jorge Alessandri presidente de la República. Este “prócer” de los negocios aceptó, a pesar de haber sostenido en la campaña electoral que quien obtuviera un voto más, es decir, la mayoría relativa, debía ser proclamado, creyendo que él estaría en esa situación.
La maniobra de Nixon no se cumplió, porque la Democracia Cristiana optó por someterse a la tradición consagrada en las elecciones de González Videla, Ibáñez y del propio Alessandri, que triunfaron con mayoría relativa. En este último caso se impuso con apenas 31% no obstante lo cual, gobernó con entera libertad aplicando un programa de extrema derecha. No tuvo las limitaciones que se quiso imponer a Allende, que obtuvo 37% de la votación nacional.

PRECIPITACION
DE LA CRISIS
La crisis del gobierno popular comenzó a precipitarse a partir del paro declarado por los comerciantes minoristas, con el pretexto del alza de los precios y el desabastecimiento de algunos artículos de primera necesidad. Se inició el 21 de agosto de 1972 y comprometió a más de 125 mil establecimientos en el país, con graves incidentes provocados por la oposición. En este proceso de lucha entre gobierno y oposición, se generaron dos tendencias en las Fuerzas Armadas: la profesionalista que, conforme a la doctrina Schneider, respetaba y obedecía al gobierno democrático, y la conspirativa que participaba en el complot. El general Carlos Prats, comandante en jefe, respondía a la primera corriente.
El 11 de octubre de 1972, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones promovió una huelga indefinida, con el pretexto de que el gobierno se proponía estatizar los transportes. El paro pretendía bloquear Santiago y cortar el territorio nacional en ocho o diez tramos. Este movimiento subversivo fue impulsado por el llamado “poder gremial”, creado por la oposición y que incluía a la Sociedad Nacional de Agricultura, Sociedad de Fomento Fabril, Cámara Chilena de la Construcción, Confederación de Transportistas, Confederación de Comercio y colegios profesionales. Esta paralización determinó graves dificultades en el abastecimiento y locomoción, toda vez que adhirió a dicho movimiento la mayor parte del comercio. La huelga fue financiada por la CIA, que pagó a los camioneros y, en general, a los agitadores profesionales.
El gobierno estableció el estado de emergencia en Santiago y doce provincias. La CUT y demás organizaciones obreras y campesinas llamaron a enfrentar la ofensiva patronal y de los partidos de centro-derecha, estableciendo equipos de emergencia para asegurar las comunicaciones y el transporte, hacer funcionar la economía y el consumo popular, reforzar la vigilancia y protección de las empresas, manteniendo turnos permanentes en ellas. Los trabajadores, organizados en comandos comunales y cordones industriales, tomaron posesión de las fábricas y sostuvieron la producción. Esta resistencia del “poder popular” permitió al gobierno poner término al paro insurreccional de la burguesía después de 27 días, con una pérdida estimada en 200 millones de dólares.
Esta lucha fortaleció los cordones industriales que se venían organizando desde antes del paro y dio origen a nuevos organismos de poder popular, como los comités coordinadores de cordones industriales, integrados por las representaciones sindicales de las empresas de un mismo sector geográfico. Este poder popular comprendía también a los comités de protección y defensa de los sitios de trabajo del ataque de los aparatos paramilitares reaccionarios, a los comandos comunales formados por representaciones de sindicatos, cordones industriales, consejos campesinos, juntas de abastecimiento y precios, juntas de vecinos y otras orientadas a atender los problemas sociales y de movilización. Es conveniente destacar la importancia de los cordones industria-les, creados por la clase obrera para enfrentar a la burguesía como organismos independientes del gobierno, que tomaban sus propias decisiones para impulsar el proceso revolucionario. Los cordones industriales respetaban el papel de la CUT que sólo daba dirección a los sindicatos, en tanto que los cordones pretendían movilizar a sectores ajenos a ella, incorporándolos a la lucha de clases. De un contingente de tres millones y medio de trabajadores, la CUT tenía sólo 650 mil afiliados.
El Partido Socialista apoyó la generación del poder popular. El comité central de ese partido, declaró sobre los hechos de octubre de 1972: “El pueblo aprendió en días lo que años de acción no pudieron enseñarle. La clase obrera ganó en conciencia de clase, ganó en capacidad revolucionaria, ganó en decisión de victoria y dio un salto hacia el futuro socialista de Chile”. El secretario general del partido, Carlos Altamirano, se refirió a “las exigencias de poder que las masas organizadas ejercieron de hecho a través de múltiples formas, entre ellas los cordones industriales, los comandos comunales, los frentes patrióticos, surgidos durante la crisis de octubre.(1)
Las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 constituyeron un factor decisivo para precipitar el golpe. La Izquierda las consideraba como fundamento de la defensa del gobierno y la condición para avanzar. La derecha buscaba los dos tercios para destituir al presidente de la República. Patria y Libertad, la fuerza de choque de la oposición, declaró: “Si en marzo la Unidad Popular obtiene alrededor de 40% de los votos, no queda sino el derrocamiento armado”. Así de claro. Las elecciones se realizaron en las condiciones más desfavorables para la Unidad Popular. Neutralidad del gobierno, garantizada por el ministro del Interior general Carlos Prats; financiamiento millonario de la CIA y las empresas imperialistas a la oposición; dominio de ésta de la mayoría de los medios de comunicación. Inflación, desabastecimiento, mercado negro, campañas de desprestigio contra el gobierno. La consigna de la oposición era obtener los dos tercios del parlamento para acusar “constitucionalmente” al presidente de la República. La Unidad Popular sólo contaba con el apoyo de los trabajadores. El resultado dio a la UP un 43,9 % de la votación, más de 7% sobre el resultado de 1970, superando todas las predicciones.

DECISION GOLPISTA
DE LA CENTRO-DERECHA
La derecha y la Democracia Cristiana decidieron derrocar al gobierno por la fuerza ante el fracaso del camino electoral y parlamentario. Sustituido Renán Fuentealba en la presidencia de la DC por Patricio Aylwin, hombre de confianza del presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, comenzó la promoción abierta del golpe. Mientras, el gobierno de Estados Unidos había roto sus conversaciones respecto a la deuda externa e intensificaba el bloqueo económico. Se reanudaron los paros de profesionales y otros gremios, así como los actos de terrorismo. La prensa de derecha arreciaba en sus apelaciones a las Fuerzas Armadas. Por fin, explotó un alzamiento militar el 29 de junio de 1973, a cargo de los tanques del Blindados Nº 2, que se dirigió hacia el palacio presidencial bajo las órdenes del teniente coronel Roberto Souper. Fue el “tancazo”. Hubo movilización popular en defensa del gobierno, pero el fracaso del intento de golpe se debió fundamentalmente a la resistencia militar dirigida por el general Carlos Prats. Sólo el grupo fascista Patria y Libertad dio la cara y asumió su responsabilidad, denunciando la traición de otros sectores comprometidos. No obstante la gravedad de la situación, la mayoría del Congreso no aprobó el estado de sitio que solicitó el gobierno.
El presidente del Senado, Eduardo Frei, habló por televisión sosteniendo la inconstitucionalidad del gobierno de Allende y haciendo un tácito llamado a las Fuerzas Armadas a “restituir” la legalidad. El presidente de la DC, Patricio Aylwin, entretanto, respondiendo a una invitación al diálogo del presidente Allende, establecía tres condiciones:
1) inmediato desarme de los grupos armados mediante la aplicación por las Fuerzas Armadas de la ley sobre control de armas;
2) devolución de las industrias y demás establecimientos ocupados en los últimos días; y
3) promulgación de la reforma constitucional Hamilton-Fuentealba, aprobada recientemente, para liquidar el área de propiedad social.
Estas exigencias impedían el diálogo: quienes estaban armados no eran los partidarios de la Unidad Popular sino los de la derecha; las industrias y predios tomados por los trabajadores eran resultado del reciente golpe intentado por la derecha; y la “reforma constitucional” se había aprobado al margen de la Carta fundamental. Por eso, el diálogo ni siquiera se intentó.
Poco después, el 17 de julio de 1973, el cardenal Raúl Silva Henríquez formuló un llamado al diálogo para evitar la guerra civil. El presidente Allende acogió de inmediato ese llamado. El día 30 se iniciaron las conversaciones con la DC sobre la base de un plan de ocho puntos:
1) afianzamiento de la autoridad del gobierno;
2) rechazo de las fuerzas armadas paralelas y marginación de las Fuerzas Armadas de la pugna política;
3) desarrollo de las instituciones del poder popular, vinculado al gobierno y no antagónico del régimen constitucional;
4) rechazo del camino antiinstitucional;
5) definición y articulación de las competencias de los poderes del Estado;
6) plena vigencia del Estado de derecho, fin del bloqueo legislativo y desarrollo del régimen legal;
7) definición del régimen de propiedad de las empresas del área social, mixta y privada, participación de los trabajadores en la dirección de las empresas; y
8) medidas eficaces contra las causas de la inflación.
El 7 de agosto de 1973, después de dos entrevistas de cinco horas, la dirección de la Democracia Cristiana, por intermedio de Patricio Aylwin, anunció que las conversaciones habían terminado, porque Allende “no aceptó las condiciones mínimas para iniciar los puntos de convergencia”.
Ante el nuevo fracaso del diálogo, se precipitaron las huelgas de camioneros (pagadas por la CIA) y otros gremios empresariales, acompañadas de una ola de atentados terroristas que sumaron 253, con muertos y heridos, agudización del desabastecimiento y amenazas de golpe de Estado. El presidente Allende formó un nuevo gabinete, que denominó de seguridad nacional, en el que participaron los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros. Pero el plan conspirativo continuó. El 14 de agosto fue volado el puente entre Pucón y Villarrica, así como la torre de alta tensión que conectaba la planta hidroeléctrica Rapel con la Central Cerro, de Santiago, dejando sin energía eléctrica a la capital y a las provincias de O’Higgins, Aconcagua y Coquimbo. La Democracia Cristiana reafirmó sus acusaciones de ilegalidad al gobierno y dio su apoyo al paro de los camioneros.
La centro derecha intensificó la campaña del terror para generar miedo tanto en la población civil como en las Fuerzas Armadas, sosteniendo sin fundamento que el movimiento popular organizaba un ejército paralelo y que se armaba. El 1º de julio de 1973, Eduardo Frei Montalva denunció que los cordones industriales se estaban armando y exigía que se aplastara ese “ejército paralelo” antes que fuera tarde. El Mercurio presentaba al “poder popular” como el principal enemigo. Se llegó al extremo de decir que la Unidad Popular tenía un “ejército paralelo” de once mil extranjeros armados.
Todo era mentira para asustar a los incautos. Joan A. Garcés, asesor del presidente Allende, ha escrito: “No era posible concebir una acción insurreccional armada de los trabajadores. El movimiento obrero, por el camino que había llegado al gobierno, no podía materialmente poner en práctica una línea operativa que le llevara a enfrentar al conjunto de las Fuerzas Armadas... Algunos pensarán ahora, como pensaron en el país unos pocos, que la Unidad Popular tuvo tiempo más que suficiente para distribuir armas entre los trabajadores y organizarlos en forma que el gobierno contara con su propio ejército de clase. Profundo error y craso desconocimiento de la realidad militar concreta de Chile bajo el gobierno de la UP. Una acción de esta naturaleza era imposible de iniciar, sin que de inmediato fuera conocida por las Fuerzas Armadas. Y ante ello, no había división interna posible. Como un todo, oficiales leales y oficiales sediciosos hubieran reaccionado en contra. El movimiento obrero se hubiera encontrado aislado frente al conjunto de las Fuerzas Armadas dispuestas a defender su único poder: el monopolio de las armas”.(2)

EL PLAN DE LOS ALTOS MANDOS
DE LAS FF.AA.
Como parte de la conspiración, los altos mandos de las Fuerzas Armadas pusieron en ejecución un plan de allanamientos, de acuerdo a la Ley de Control de Armas.
Comandos de las Fuerzas Armadas allanaron numerosas industrias de Santiago, Concepción, Valparaíso, Osorno, Punta Arenas y otras ciudades, locales sindicales, centrales hidroeléctricas, sedes de partidos de Izquierda, escuelas, hospitales, el canal 9 de Televisión de la Universidad de Chile. Nunca encontraron armas, a pesar de la violencia empleada, siendo el más cobarde y sangriento el allanamiento de la empresa Lanera Austral, de Punta Arenas, operación dirigida por el general Manuel Torres de la Cruz.
La situación se había agravado desde la renuncia del general Prats quien, no teniendo apoyo de la mayoría de los generales, renunció el 23 de agosto de 1973. Diversos colegios profesionales, como los de ingenieros y médicos, la Confederación de Colegios Universitarios y la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica exigían la renuncia del presidente. Por su parte, Patricio Aylwin, presidente de la DC, demandaba un gobierno de militares, ocupando no sólo los cargos de ministros, sino los de subsecretarios, intendentes, gobernadores y los mandos medios. La Armada reprimía entretanto a los marineros antigolpistas. El paro de los camioneros, que ya cumplía cuarenta días, continuaba, sin inmutarse por la presencia de militares en el gobierno. El 28 de agosto, el presidente Allende reestructuró su gabinete con cuatro militares (ya no los comandantes en jefe), Carlos Briones en el Ministerio del Interior y representantes de los partidos de la Unidad Popular.
El 4 de septiembre de 1973 se conmemoró el tercer aniversario de la victoria popular que eligió a Salvador Allende como presidente de la República. La concurrencia de una inmensa multitud de más de 700 mil personas era la expresión colectiva de un recuerdo nostálgico, que no se acompañó de ninguna decisión de resistir el próximo golpe militar. “Un multitudinario desfile pasó frente a la tribuna, donde los dirigentes no pronunciaron ningún discurso, porque ya nada tenían que decir a las masas. Algunas obreras y obreros lloraban, otros marchaban cabizbajos, había pocos gritos y consignas. La clase obrera se sentía derrotada siete días antes del golpe”(3). Ante estas multitudes inermes y expectantes seguían las paralizaciones patronales y de los sectores medios, los allanamientos a las industrias, poblaciones y locales obreros, los atentados terroristas de la derecha, afectando a vías férreas, líneas eléctricas de alta tensión, dejando fuera de servicio al Canal 7 de la televisión estatal y a la estación repetidora de la red de microondas de Entel, y sin comunicación a todo el sur. El sábado 8 de septiembre, Carabineros, en cumplimiento de una orden judicial, desalojó el Canal 9, ocupado por sus trabajadores. La Democracia Cristiana no aceptaba diálogo alguno. Exigía la renuncia del presidente y la de todos los parlamentarios.

LA COARTADA HISTORICA
DEL GOLPISMO
En tales circunstancias, la contrarrevolución aceleró una definición del enfrentamiento latente.
El papel de la derecha quedaba circunscrito a preparar el clima social y político que ofreciera una coartada histórica al golpe militar. La burguesía desencadenó el nuevo paro de los dueños de camiones y otros gremios empresariales y profesionales y una escalada terrorista, que provocó la muerte a varios defensores del gobierno. Superados los últimos escrúpulos, la Democracia Cristiana cerró todas las puertas para una “salida política”, como la que buscaba Salvador Allende apoyado por el cardenal Silva Henríquez. Entonces se hizo funcionar maquiavélicamente a los órganos de la institucionalidad, dominados por la derecha, para provocar la ruptura definitiva del Estado de derecho.
La institucionalidad precipitó, en efecto, el golpe militar. Entre el 4 de marzo de 1973, fecha de las elecciones parlamentarias, y el 11 de septiembre, fecha del golpe militar, se desarrolló la más grosera farsa en torno a la defensa del Estado de derecho, protagonizada por los mismos que ejercieron la más cruenta dictadura durante 17 años. Pasos de esta farsa fueron los siguientes:
1. La Universidad Católica denuncia un supuesto fraude electoral. Para esta mascarada se utilizó a la Facultad de Derecho a cargo de Jaime del Valle, que después sería ministro de la dictadura. Los “investigadores” llegaron a la conclusión de que había existido una alteración del veredicto popular. Para esta afirmación no aportaron ningún antecedente serio.
Es claro que no hubo fraude alguno, ni siquiera una remota posibilidad de realizarlo, por la sencilla razón de que la Dirección del Registro Electoral, como asimismo el Tribunal Calificador de Elecciones, integrado por tres miembros del poder judicial y dos ex presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, elegidos por sorteo, estaban dominados por la oposición. Tan ridículo fue este informe que el propio director del Registro Electoral, Andrés Rillón, demócrata cristiano, desechó la denuncia por carecer de todo fundamento.
2. La Corte Suprema denunció el “perentorio e inminente quiebre de la juridicidad del país”, con ocasión de un suceso baladí, consistente en la demora del intendente de O’Higgins en autorizar la fuerza pública para el desalojo de un predio ocupado por campesinos, ordenado por el 2º juzgado del crimen de Rancagua. La misma conducta habían observado gobiernos anteriores, como el de Frei Montalva.
3. La Contraloría General de la República, por su parte, rechazó la promulgación parcial de la reforma constitucional sobre las áreas de la economía, adhiriendo por oficio Nº 20.782 de 2 de julio de 1973 a la tesis de la oposición, en el sentido de que el Congreso no requería el quórum de dos tercios para insistir en el texto de la reforma constitucional aprobada, al considerar las observaciones o veto del presidente de la República. De acuerdo a este predicamento, sostenía que la promulgación parcial del proyecto de reforma por decreto del poder ejecutivo, no concuerda con las normas de la Carta Fundamental, acusando de “ilegitimidad” el decreto promulgatorio.
El mismo contralor general, Héctor Humeres, demócrata cristiano, que había tomado razón de decretos de promulgación parcial de proyectos de reforma constitucional durante el gobierno de Frei Montalva, rechazaba éste del presidente Allende, agregando un elemento más a la cadena de supuesta ilegitimidad jurídica con que se pretendía presentar al gobierno popular. El “respetable” jurista Humeres continuó prestando solícitos servicios como contralor general después del golpe de Estado, aceptando la promulgación del fárrago de decretos-leyes de la junta militar, al margen de todo fundamento constitucional y legal.
4. Los presidentes DC del Senado y la Cámara de Diputados, Eduardo Frei Montalva y Luis Pareto, “denunciaron” la crisis que afectaba al país. Este fue el llamado más hipócrita y sibilino a la intervención de las FF.AA. En su texto están las huellas digitales de Frei. Esta declaración se formuló después del fracaso del intento de golpe del 29 de junio.
5. El Colegio de Abogados declaró también el “quebrantamiento del Estado de derecho y del ordenamiento institucional que ha sido orgullo de los chilenos”, en un comunicado del 8 de agosto de 1973. Siguiendo la línea de conformación de un clima de justificación jurídica para el golpe, reitera acusaciones falsas en contra del gobierno sobre conflictos de éste con otros poderes y magistraturas del Estado.
Con una incalificable falsedad y cinismo, el Colegio de Abogados, manipulado por demócratas cristianos y derechistas, reclamó el “restablecimiento de la vigencia de los derechos que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República”, entre los cuales señaló el despojo ilegítimo de bienes; las restricciones a la facultad de trasladarse de un punto a otro de la República y de salir de su territorio; las amenazas y persecuciones administrativas de que son objeto los funcionarios del sector público o controlado por el Estado; la persecución a los comerciantes establecidos, los transportistas, los mineros, profesionales, agricultores y otros grupos ciudadanos. Exige asimismo el reconocimiento del derecho de huelga, de asociación, la libertad de expresión y sanciones -no podía faltar- del “fraude electoral”. Todas estas acusaciones eran falsas, pero después del golpe de Estado pasaron a ser reales, sin que el Colegio de Abogados intentara denunciarlas.
6. La Cámara de Diputados, con mayoría opositora, adoptó, como culminación de la campaña conspirativa, la decisión de destruir las últimas resistencias al golpe de Estado en sectores de la oposición y de las FF.AA. y Carabineros, así como ofrecer a los altos mandos y oficiales golpistas una coartada histórica mediante un acuerdo incitando al pronunciamiento militar, el 22 de agosto de 1973. En ese acuerdo se resumen todas la acusaciones falsas formuladas contra el gobierno popular.
Allende respondió a la amenaza facciosa de inmediato: “En el día de anteayer, los diputados de la oposición han exhortado formalmente a las FF.AA. y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al poder ejecutivo, a quebrantar su deber de obediencia al supremo gobierno, a que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a la que están subordinados por mandato de la Carta Fundamental... la derecha sabe que pedir a las FF.AA. y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del presidente de la República, es promover el golpe de Estado. Con ello, la oposición que dirige la Cámara de Diputados asume la responsabilidad histórica de incitar a la destrucción de las instituciones democráticas y respalda de hecho a quienes conscientemente vienen buscando la guerra civil”.
La burguesía llevó así a su culminación la gigantesca campaña sicológica y política orientada a destruir la doctrina constitucionalista del general René Scheneider, reafirmada por su sucesor el general Carlos Prats. Ambos generales fueron asesinados por los golpistas civiles y militares entre 1970 y 1974.
Aprovechando la absoluta impunidad que le aseguraba el débil gobierno popular, la conspiración puso en tensión su poderoso aparato de comunicaciones, encabezado por El Mercurio y La Segunda, de propiedad de Agustín Edwards y financiados por la CIA, para demoler las frágiles defensas constitucionalistas en las Fuerzas Armadas.
A la acción conspirativa se agregó una campaña pública avalada por profesores de derecho, incluido Patricio Aylwin, dirigida a demostrar la legitimidad de la intervención militar. Esta campaña culminó con el acuerdo de la Cámara de Diputados y encontró un terreno fértil en las Fuerzas Armadas porque la formación ideológica de sus oficiales era, en general, adversa a la Izquierda. En los inicios del gobierno de Allende era notoria la desconfianza de la mayoría del cuerpo de oficiales hacia el programa de transición al socialismo, tanto por temor de ver afectado su status social, como por la formación con clara influencia imperialista recibida en academias de Estados Unidos.

DERROCAMIENTO
DEL GOBIERNO POPULAR
El gobierno de Salvador Allende fue abatido el 11 de septiembre de 1973 por las instituciones del Estado burgués-capitalista: Congreso Nacional, Poder Judicial, partidos de oposición y cuerpo de oficiales de las Fuerzas Armadas. No por la unanimidad de ellos, sino por los sectores golpistas de derecha que constituían mayoría. Allende respetó siempre la democracia, conforme a su propósito de ejecutar su programa dentro de la Constitución y la ley. Con razón, Gabriel García Márquez pudo expresar refiriéndose al derrocamiento y muerte de Salvador Allende: “Fue siempre consecuente consigo mismo y esa fue su virtud más grande. Pero el destino le reservó la infrecuente y trágica grandeza de morir defendiendo con el arma en la mano, los anacrónicos ornamentos del derecho burgués; defendiendo una Corte Suprema de Justicia que lo había repudiado pero que iba a legitimar a sus asesinos; defendiendo a un Congreso miserable que lo había declarado ilegítimo pero que luego debió inclinarse, demostrando alegría, ante la voluntad de los usurpadores; defendiendo la libertad de los partidos de oposición que habían vendido su alma al fascismo; defendiendo toda una herencia carcomida por los mitos de un sistema de mierda que él se había propuesto aniquilar sin disparar un solo tiro”.
Es cierto, pero la lucha grandiosa de Allende fue el primer intento de construir el socialismo por la vía constitucional y de integrar la democracia con el socialismo

BELARMINO ELGUETA B.

(1) Carlos Altamirano, entrevista en suplemento de Punto Final, Santiago, febrero 13 de 1973.
(2) Joan E. Garcés, El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende, Siglo XXI Argentina Editores, Buenos Aires, 1973, página 43.
(3) Helio Prieto, Los gorilas estaban entre nosotros, Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1973, página 42.

BELARMINO Elgueta Becker, autor de esta nota, fue dirigente nacional y diputado del Partido Socialista. Padre de Martín Elgueta Pinto (en el ángulo superior), estudiante de Economía de la Universidad de Chile y militante del MIR, detenido el 17 de julio de 1974 por agentes de la Dina, desaparecido hasta hoy.