BOLIVIA DESPUES
DE LA METRALLA
Lunes 20 de octubre. Debió ser un día de celebraciones
en La Paz: se cumplían 455 años de la fundación
de esta ciudad. Algunos actos recordatorios se realizaron durante
el día, pero la preocupación principal fue retirar
escombros, restablecer servicios y reordenar la vida cotidiana.
Un mes de movilizaciones con bloqueos en los caminos y paro total
en las principales ciudades, dejaron un saldo de destrozos materiales.
Durante ese mes, la represión fue sangrienta y sumó
más de 70 muertos y dos centenas de heridos.
Las demandas por la recuperación del gas entregado a las
transnacionales y la convocatoria a una asamblea constituyente,
además de muchas reclamaciones sectoriales y regionales,
tuvieron como respuesta la metralla. Entonces, la protesta se
convirtió en un grito: “¡Fuera Goni!”
Gonzalo Sánchez de Lozada, por segunda vez presidente de
la República desde el pasado 6 de agosto de 2002, con su
más directo colaborador, Carlos Sánchez Berzaín,
y su ministro represor, Yerko Kukoc, eligieron el camino de la
violencia y de la sangre para contrarrestar la creciente ola de
indignación provocada por su incapacidad de responder a
las necesidades populares. Con una soberbia enceguecida, un día
antes de su huida, Sánchez Berzaín declaró
que las manifestaciones podían seguir por dos meses, pues
el gobierno no iba a atender tales demandas.
El viernes 17 de octubre, después que sus socios políticos
le quitaron respaldo y cuando los mandos militares comenzaron
a replegar sus fuerzas, Goni se dio por vencido. Más de
ocho horas tardó en redactar su renuncia, en realidad una
carta que ponía su investidura a disposición del
Congreso Nacional, esperando que sus socios defendieran las prebendas
que tenían como integrantes del poder. Tonta esperanza:
apenas 30 de los 47 parlamentarios de su partido (MNR) votaron
porque continuara en el mando; 90 voces dijeron ¡Sí!
para que se fuera.
La renuncia fue enviada por fax desde Santa Cruz, adonde se trasladó
subrepticiamente con su familia y sus colaboradores (los directamente
involucrados en las matanzas); de allí partió hacia
Estados Unidos que, según el decir de la gente, es su verdadera
patria. Huyeron, como delincuentes.
LA INCAPACIDAD ACUMULADA
El modelo neoliberal, implantado en Bolivia hace 18 años,
llevó al país a una situación explosiva que,
tal como se vio, sólo podía resolverse en un enfrentamiento.
El reducido aparato productivo y de servicios que casi en su totalidad
pertenecía al Estado boliviano, fue transferido a consorcios
transnacionales en un engañoso proceso que se llamó
“capitalización”.
El timo consistió en mostrar que ninguna empresa se vendía,
sólo se buscaría capitales para robustecerlas a
cambio de lo cual se cedía el 50% de las acciones, quedando
la otra mitad en manos de los bolivianos. Más engaño:
el valor de las empresas se redujo, dizque para atraer capitales.
Siguió la mentira: las “inversiones” se hicieron
en el papel, sin que el dinero llegase al país -se depositó
en Bahamas para obtener intereses porque, según el ministro
de Capitalización, Bolivia no tenía capacidad de
inversión-.
GAS: UN CASO ESPECIAL
La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) fue creada cuando, en 1935, se nacionalizaron los pozos
entregados a la Standard Oil. En su primer gobierno Víctor
Paz Estenssoro (1952-56) entregó gran parte de la explotación
a la Gulf Oil que, a su turno, debió nacionalizarse en
1969.
Con el proceso de “capitalización”, YPFB fue
dividida y subdividida para entregarla por partes a diversas empresas.
Actualmente, la principal beneficiaria de la explotación
de hidrocarburos es la brasileña Petrobras. Conforme a
los contratos, el Estado boliviano percibe, como regalías,
el 18% del precio en boca de pozo. Esto supone aproximadamente
24 centavos de dólar por millar de pies cúbicos
(el equivalente energético de 27 kilos de GLP). Algo más:
el contrato establece una cláusula de confidencialidad
que le permite, a la empresa, mantener en reserva sus cuentas.
Por si fuese poco, YPFB tenía concluidos los estudios geológicos
que establecían la enorme potencialidad gasífera
del país. Tales trabajos, técnicamente costosos
y estratégicamente reservados, fueron otorgados de modo
gratuito a las empresas, que sólo debieron perforar allí
donde era necesario y proclamar, como anunciadores de circo, que
se había quintuplicado esa riqueza.
Un decreto firmado por Goni dos días antes de concluir
su primer mandato, “reconocía” la propiedad
del gas a las transnacionales desde el momento en que salía
del pozo, violando la propia Constitución Política
del Estado.
En tales condiciones, llevar adelante la negociación para
vender gas supuestamente a Estados Unidos era un negocio para
las transnacionales, que sólo dejarían una miseria
por concepto de regalías.
POR CHILE O POR PERU
Durante más de tres años los sucesivos gobiernos
de Hugo Bánzer, Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez
de Lozada pretendieron poner al país en la disyuntiva de
elegir un puerto de salida. Tal jugada oculta la aviesa intención
de provocar enfrentamientos entre bolivianos por la definición
del puerto de salida, mientras se dejan sentados, sin discusión
alguna, los términos desventajosos de la negociación.
En esos términos, se adelantaron cálculos de un
precio en boca de pozo de apenas 70 centavos de dólar por
millar de pies cúbicos. Actualmente, las ventas a Brasil
establecen ese precio en 1.30 dólares, por lo que el comprador
ya está reclamando una disminución.
Pero además, si se instalaran en Chile las plantas de purificación
y de compresión, los requerimientos del norte chileno serían
cubiertos a tan desventajoso precio, pues la empresa exportadora
no haría distinción alguna por la diferencia de
destino. Perú también tiene obvios intereses en
la pugna por ser el puerto de salida.
De cualquier modo, en tanto el gobierno de Bolivia trate el tema
en términos mercantiles, en el mejor de los casos las soluciones
serán de corto plazo. Es urgente una política energética
consistente, para sentar las bases de la reconstrucción
económica del país.
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Otro gran tema que reclamaron las movilizaciones de septiembre/octubre,
fue la convocatoria a una asamblea constituyente. En los términos
planteados por los sectores demandantes, debe ser una asamblea
popular y de los pueblos originarios.
Durante los gobiernos neoliberales se “perfeccionó”
una institucionalidad estatal orientada a la satisfacción
de los intereses transnacionales. Con tal estructura, sería
imposible planificar una transformación de Bolivia en un
país productivo. Para ese propósito, hay que sustituir
totalmente el diseño del Estado.
La demanda exige que los constituyentes representen a las organizaciones
sociales, pues los partidos políticos que gobernaron desde
1985 representaron intereses ajenos al país. Se requerirá
consensos para establecer las condiciones, los tiempos y los ritmos
de esta convocatoria.
LA TOZUDEZ DEL INEPTO
Si bien aquellas no eran las únicas demandas, una simple
señal que hubiese mostrado Sánchez de Lozada hubiese
iniciado una mejor relación entre su gobierno y el pueblo.
Su terquedad y la de su más cercano colaborador, Sánchez
Berzaín, iniciaron el círculo perverso de la muerte:
represión con armas de fuego, ampliación de las
movilizaciones, hasta culminar con la vergonzosa huida del ex
presidente y sus hombres.
Quienes quedan con restos del poder que ostentaron son los presidentes
del Senado, Hormando Vaca Díez (MIR) y de la Cámara
de Diputados, Oscar Arrien Sandoval (MNR). Su posición
es muy precaria, no porque vayan a ser cambiados, sino porque
ya no tendrán la vinculación con el poder ejecutivo
que los hacía poderosos.
En todo caso, la coalición gobernante quedó triturada.
Sánchez de Lozada fue elegido con los votos parlamentarios
del MNR (47), del MIR (31), de UCS (5) y ADN (5), muy poco más
de los 80 que requería. ADN, partido del dictador Bánzer,
no participó de la alianza que, por tanto, estaba reducida
a una exigua mayoría parlamentaria que aumentó con
apenas 3 votos de un grupo salido de la opositora NFR. Los conflictos
entre los dos partidos mayoritarios eran permanentes. Sánchez
de Lozada creyó conjurarlos incorporando a NFR (22), pero
lo único que obtuvo fue un nuevo comensal hambriento de
la torta estatal.
La estrepitosa caída arrastró a todos ellos, aunque
los aliados buscaron guardar distancias; algunos de ellos lo hicieron
apenas horas antes.
LA MOVILIZACION DESORDENADA
Muchos analistas apuntan a la falta de una dirección única
en la movilización que se mantuvo desde mediados de septiembre.
Hay otros elementos que señalan en segundo lugar. La unidad
de las demandas se dio en el planteamiento de los temas estructurales,
junto a las reivindicaciones propias de cada sector.
Hubo un momento inicial de gran importancia: el 19 de septiembre.
En las principales ciudades del país se realizaron masivas
concentraciones exigiendo soluciones al tema del gas, de la asamblea
constituyente, a la revisión de los contratos de capitalización,
de la coca, del Código Tributario y la ley de seguridad
ciudadana. Se calculó que más de medio millón
de personas se concentraron en esos actos. No se produjo ni un
solo incidente de violencia.
Al día siguiente, en un operativo diseñado por el
ministro Sánchez Berzaín, cayeron las primeras víctimas
de la represión. A partir de entonces, la dinámica
del conflicto estuvo marcada por la obsecación de los gobernantes,
hasta contabilizar más de 70 muertes. Manteniendo las mismas
demandas, se agregó una más, en primerísimo
lugar: ¡Fuera Goni! No era posible ni siquiera pensar en
el diálogo con un gobierno que sólo respondía
con la muerte.
El 17 de octubre terminó la tragedia. Sánchez de
Lozada y sus ministros huyeron. El Congreso Nacional aceptó
la renuncia y proclamó presidente a Carlos D. Mesa Gisbert
que, el domingo 19 dio posesión a su gabinete, conformado
por personas independientes.
LOS DESAFIOS ACTUALES
El nuevo gobierno tiene ante sí graves y complejos desafíos
que, en términos globales, suponen una transformación
del país. Cierto que deberá atender, en lo inmediato,
la superación de una profunda crisis económica,
una generalizada crisis social y una hiriente crisis política.
Las primeras respuestas, en las pocas horas transcurridas, han
sido recibidas con satisfacción, aunque los diversos sectores
sociales mantienen la susceptibilidad que se asentó a lo
largo de estos años.
Los desafíos son, en primer lugar, internos: sentar las
bases para el mejoramiento de las condiciones de vida, impulsar
la atención a los problemas sociales -incluyendo la centenaria
exclusión de los pueblos originarios-, reordenar el aparato
estatal y cortar la trama de la corrupción. Son también
de suma importancia los desafíos externos: hacer que el
país sea creíble económica y políticamente.
Lograr la comprensión de los pasos que se den, ubicará
a Bolivia en el concierto internacional con una personalidad soberana,
con una política de entendimiento, respeto mutuo y perspectivas
de integración.
Bolivia, en el punto de inflexión más importante
de sus últimos 50 años de historia, tiene la gran
posibilidad de ser un país que tiene perspectiva, y merece
ser apoyada en este esfuerzo
ANTONIO PEREDO LEIGUE (*)
Especial para “Punto Final”
(*) Diputado del Movimiento al Socialismo (MAS)
de Bolivia.
