Campaña publicitaria del Consejo Minero
Cuando los números no hablan
El
Consejo Minero -que tiene motivos de sobra para denominarse The
Mining Council- despliega en estos días una campaña
publicitaria multimediática, extensa, ambigua y, por cierto,
millonaria. A página completa en los medios escritos y
en horario estelar en la televisión, la estrategia está
empeñada en glorificar la actividad minera y estimular
las dormidas conciencias ciudadanas, las que habían olvidado
al cobre desde los años de su nacionalización. Se
nos ha vuelto a inculcar los valores patrios en su versión
más cruda, sólo suavizados por un jingle que no
escatima en repetir un centenar de veces la relación entre
minería y chilenidad.
¿Qué es el Consejo Minero? No es una institución
de gobierno, tampoco una ONG para el rescate del patrimonio nacional,
ni una organización de caridad. Es una institución
privada sin fines de lucro, un gremio empresarial formado por
los principales productores de cobre del mundo, Codelco incluida.
Pero es más internacional que nacional. El Consejo Minero
está formado por las grandes trasnacionales mineras, y
son ellas, en una paradoja única e increíble, las
que hoy nos fomentan el patriotismo y la identificación
con nuestros recursos naturales. Un conglomerado internacional,
que reúne consorcios como BHP-Billiton (Australia), Phelps
Dodge, Cyprus, Minessota Mining (Estados Unidos), Boliden (Suecia),
Placer Dome, Teck, Barrick, Falconbridge, Noranda, PCS (Canadá),
Sumitomo (Japón), Anglo American, Río Tinto (Reino
Unido), Norsk Hydro (Noruega) y varios otros. Una muestra que
pese a incluir a Codelco entre sus socios, es tan chilena como
sus accionistas. De hecho, el presidente de la canadiense Placer
Dome, William Hayes, es también el presidente del Consejo.
Es fácil intuir el objetivo de tan magna campaña.
Las presiones parlamentarias por imponer un royalty a las explotaciones
mineras, que tiene adeptos también al interior del gobierno,
son el blanco estratégico. Es una campaña que intenta
cambiar la idea del escaso o nulo aporte de estas transnacionales
a la economía nacional. Por ello, la idea de chilenidad,
de compromiso con la patria y otras son material de las campañas
publicitarias.
El convencimiento no pasa por la simple argumentación patriótica
mediatizada. Está también el lobbying hacia el gobierno.
Hacia comienzos de julio, La Moneda estableció una mesa
de diálogo con este empresariado minero y los conminó
a defenderse, con su propia batería argumental, de los
ataques por supuestos beneficios que este sector tendría
en el resto de la economía nacional. Es la tesis del encadenamiento
productivo. Y para ello está la campaña.
La fuerza del Consejo, que podría ser la simple racionalidad
argumental, es también la persuasión (o coacción)
económica: si se cambian las reglas de juego y baja la
rentabilidad, la industria minera buscaría otras plazas.
Y en tiempos de escasez en el flujo de inversiones, la advertencia
atemoriza.
La campaña busca alterar, en realidad invertir, la idea
del royalty, en estos momentos una propuesta que ha encontrado
adeptos entre líderes de opinión, políticos
de todas las bancadas y aun entre economistas de alto standing,
como Andrés Velasco y Eduardo Engels. Aun cuando en el
Consejo no consideran que su imagen sea negativa ante la opinión
pública, sí aceptan que ésta varía
según las regiones del país. Si no fuese así,
para qué la tremenda operación.
La campaña, la ofensiva minera y la ambigüedad gubernamental
sobre la materia, ha amortiguado la discusión, la que estuvo
en el centro de la agenda mediática durante los primeros
meses del invierno. La decisión del gobierno de crear una
mesa de diálogo y abrir la agenda a las argumentaciones
de la industria minera, sin duda que ha servido para suavizar
la discusión. Hoy, parlamentarios antes firmes amigos del
royalty, se han abierto hacia otras formas de compensación.
Una figura clave en el Consejo Minero ha sido su gerente general,
el abogado laboralista Eduardo Loyola, un caso más de los
sorprendentes giros que nos muestra nuestra historia reciente.
Loyola fue un defensor de los derechos laborales durante la dictadura;
en el gobierno de Patricio Aylwin pasó a desempeñarse
como subsecretario del Trabajo y representante del gobierno chileno
ante la OIT. En 1994 asumió la vicepresidencia de Recursos
Humanos de Codelco. Desde el 2000 pasó a la ofensiva en
la defensa de los intereses del gran capital minero desde la gerencia
del Consejo.
Los técnicos de la Concertación son hoy figuras
codiciadas por las transnacionales, quienes son útiles
no sólo, entendemos, por sus conocimientos especializados,
sino por sus contactos y sabiduría política. Loyola
no es la excepción de una larga lista que no hace falta,
por lo bien sabida, mencionar. Sólo recordemos a Oscar
Guillermo Garretón, en la hoy ibérica Iansa, al
mando de una campaña similar orientada a estimular los
valores del campo chileno.
Junto a los valores patrios, lo que hoy tenemos es una guerra
de números. Las estadísticas, tal como lo advirtió
Benjamín Disraeli hacia finales del siglo XVIII, pueden
ser tan falaces como la más retorcida retórica.
Tal como ocurrió hace unas semanas con el spot eclesiástico
en contra del divorcio, las cifras de la minería pueden
invertirse, maquillarse, amplificarse. Lo que se ha dicho, resulta
que se ha dicho mal o, simplemente, no se ha dicho.
Las estadísticas del Servicio de Impuestos Internos (SII),
entregadas a la comisión especial del Senado que estudia
la tributación minera, habrían desarmado, a comien–zos
de octubre, los argumentos tributarios del Consejo. Pese a la
refutación de las cifras por el Consejo, el senador Jorge
Lavandero reveló que el informe del SII señalaba
que sólo dos de las diez mayores compañías
mineras privadas que operan en el país -La Escondida y
Pelambres- han pagado impuestos. El resto nunca ha entregado un
aporte por concepto de tributo al Fisco. A modo de comparación,
Codelco, que produce un tercio del cobre, ha pagado en diez años
US$ 1.600 millones, en tanto todas las privadas han aportado durante
el mismo tiempo US$ 1.100 millones. Durante este período,
según afirma el senador Lavandero, las empresas han obtenido
ganancias por US$ 38 mil millones. Para el Consejo, y a modo de
aclaración, estos números atribuidos al SII fueron
una versión libre del senador Lavandero. El informe confidencial
del SII, dijeron los empresarios, habría dicho otra cosa.
¿Qué cosa?
Juan Toro, director del SII, dicen no habría entregado
tales datos a Lavandero, por lo cual las cifras serían
otras. ¿Cuáles? Las que hoy todo el país
conoce por la publicidad: entre 1990 y 2002 la minería
ha pagado al Estado más de US$ 11.000 millones en impuestos,
tanto por sus empresas privadas (U$ 2.577 millones), como por
Codelco. Y, además, se ha dicho que no es Chile el país
con la carga tributaria más baja del mundo. El impuesto
que paga un inversionista al retirar sus dividendos alcanza a
35% (régimen ordinario) ó 42% (DL600), cifra similar
o superior a países como Argentina, Australia, Bolivia,
Canadá, China, Estados Unidos, Perú o Sudáfrica,
por mencionar algunos.
En esta batalla, la Fundación Terram, que dirige el economista
Rodrigo Pizarro, publicó un breve informe, que busca responder
a la campaña del Consejo. Nuevamente, las cifras sufren
otro vuelco: “Durante los años 90 sólo las
mineras La Escondida y Pelambres han pagado impuestos a la renta.
La primera aportó al Fisco más del 94% del total
pagado por el sector (…) Mientras las ventas de cobre llegaron
a los US$ 7.500 millones, durante el año 2002, los impuestos
a la renta no superaron los US$ 40 millones, es decir, no representaron
ni siquiera el 0,5% del total de las ventas”.
Además, señala el informe, “en comparación
con otros sectores, la minería durante 1997 -año
en que se registró un alto precio del cobre- sólo
tributó el 2,5% del total del impuesto a la renta recaudado
por el Fisco. La minería fue el segundo sector con menor
pago de impuestos a la renta”.
Las cifras pueden dar para todo. Finalmente, si es que llegara
a zanjarse la polémica, se hará con un criterio
político. Y si se observa la postura del gobierno, queda
en evidencia su ambigüedad. No se cierra a la idea del royalty,
tal vez porque ha impregnado a la opinión pública,
sin embargo está abierto a todo tipo de propuestas provenientes
del empresariado.
La discusión, como en la mayoría de las materias
económicas, tiene finalmente una inspiración política.
Y de ello el Consejo tiene plena conciencia, lo que pareciera
no querer reconocer el gobierno, que aún espera la magia
de las manoseadas cifras. Como han dicho en el mismo Consejo Minero,
“si un país democrático se siente incómodo
con sus normas, que las cambie. Pero que no diga que las empresas
evaden el pago de impuestos”.
Se ha dicho que hay trucos y otros mecanismos para no pagar los
impuestos. Sería tal vez más serio reconocer que
la normativa chilena ampara e, incluso, fomenta tales situaciones.
Es más, sería parte de su institucionalidad económica.
La estéril discusión de cifras, ya totalmente agotada,
debiera dar paso a una decisión política
PAUL WALDER
