Lo que hay detrás de la Fundación de Agustín
Edwards
La peligrosa
Paz Ciudadana
Una amenazante “agenda corta” de seguridad ciudadana
acrecentará el control represivo. Negociada con la derecha,
fueron clave en su definición los ministros del Interior,
José Miguel Insulza, y de Justicia, Luis Bates, y el subsecretario
del Interior, Jorge Correa Sutil.
El gobierno se ve obligado a tomar medidas. Sabe que el modelo
necesita una tranquilidad que asegure su funcionamiento, y debe
enfrentar la creciente inquietud de la población ante el
aumento de la delincuencia. Se trata de un hecho real, aprovechado
y manipulado por la derecha y los sectores conservadores que controlan
los medios de comunicación. Hay también intereses
políticos directos, como la necesidad de aparecer a la
ofensiva en un tema hasta ahora patrimonio de la derecha.
De acuerdo al último sondeo realizado por Barómetro
Latinoamericano (agosto) el 57,5% de los chilenos considera que
la seguridad es uno de los tres problemas más graves que
los afectan. La colocan inmediatamente después de la corrupción
y antes que los problemas de salud y desempleo que aparecen prácticamente
con las mismas cifras. Desde comienzo de los 90, la inseguridad
se mantiene entre los tres problemas que más inquietan
a los chilenos, aunque, comparativamente, las tasas de los principales
delitos son considerablemente más bajas que en Estados
Unidos y otros países de América Latina y Europa.
En la “agenda corta”, que deberá discutirse
pronto en el Congreso, se incluyen iniciativas como el proyecto
que amplía y modifica la responsabilidad penal de los jóvenes,
modificaciones a la ley de drogas para hacerla más drástica,
el proyecto de ley para mejorar el control de identidad, dando
más plazo para los chequeos policiales y estableciendo
sanciones para los que no puedan acreditar la identidad y, modificaciones
a la ley de control de armas, aumentando las penas por posesión
ilegal de armas de fuego.
Mayor severidad, más cárcel y más penas son
elementos comunes a las iniciativas que integran la “agenda
corta”. “Se anuncian leyes duras”, tituló
La Nación el 3 de octubre. Siguen pendientes la creación
de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el Ministerio de
Seguridad Pública, que concentraría en una sola
mano todos los organismos que tienen que ver con el tema como
Carabineros, Investigaciones y Gendarmería.
Aunque por motivos distintos, gobierno y derecha coinciden en
las formulaciones concretas. Para ambos el tema de la seguridad
es crucial. Muchos estiman que será el centro de las próximas
elecciones municipales, presidenciales y parlamentarias. La derecha
lleva la delantera y su control sobre los medios de comunicación
le permite mantener viva la tensión sobre la supuesta falta
de seguridad en las grandes ciudades, ante la cual las medidas
se quedan siempre atrás. Consciente de esta situación,
el gobierno busca consensos para comprometer a la derecha ante
un posible fracaso de las medidas. Ambos coinciden en que la mayor
coerción social preserva el funcionamiento del modelo,
da tranquilidad a los inversionistas y permite conjurar posibles
focos o movimientos masivos de descontento y rebeldía.
¿CUAL “PAZ CIUDADANA”?
Papel
importante en el debate sobre el aumento de la delincuencia y
la inseguridad le corresponde a la Fundación Paz Ciudadana
que dirige el empresario Agustín Edwards Eastman, dueño
de El Mercurio y connotado conspirador en los años 70.
Creada en 1992, la Fundación se convirtió, desde
su inicio, en actor significativo. Contó con el respaldo
de los poderes formales (ejecutivo, legislativo y judicial) y
también de los “poderes fácticos”. Dispuso
-según declara- de la “colaboración técnica
de los más altos niveles del país y de algunas embajadas
y fundaciones de países amigos”.
Sin realizar investigaciones propias ya que no cuenta con especialistas
calificados, Paz Ciudadana se ha convertido en centro de opinión.
Difusora y comentarista de los datos sobre criminalidad que elaboran
Carabineros, Investigaciones y el Instituto Nacional de Estadísticas,
genera además estudios que contrata especialmente.
Su influencia política es enorme. Cuando era candidato,
el actual presidente de la República, Ricardo Lagos, declaró:
“Yo firmo todo lo que dice Paz Ciudadana”. Las principales
figuras del actual gobierno compiten en halagar al dueño
de la cadena de diarios de la empresa El Mercurio.
Paz Ciudadana se propone “crear opinión”, influyendo
tanto en la opinión pública como en las autoridades.
Políticas conservadoras de mano dura, tolerancia cero,
penalidad a los adolescentes y alta rigidez son el leit motiv
de sus mensajes, similares a los de la derecha norteamericana.
Su instrumento principal, el imperio periodístico de Edwards.
La Fundación brotó de la imaginación de Edwards
en 1991, cuando aún estaba conmocionado por el secuestro
que afectó a su hijo Cristián. Es posible que la
idea inicial haya sido colaborar a una convivencia más
civilizada, pero, al poco tiempo, Paz Ciudadana descubrió
y asumió la importancia política de la seguridad
y su abordaje, de acuerdo a pautas conservadoras que aprovecharan
el autoritarismo latente en la sociedad chilena.
SERGIO Bitar, ministro de Educación y vicepresidente
de Paz Ciudadana.
Si El Mercurio y su cadena mediática, en competencia permanente
con La Tercera, se juega por el predominio de las ideas de derecha,
Paz Ciudadana hace lo mismo con mayor eficacia y menor costo.
Recibe ayuda económica de círculos empresariales
y fundaciones norteamericanas, y tiene espacios gratuitos en los
medios escritos, radios y TV. Según sus críticos,
Paz Ciudadana es el mejor negocio que ha emprendido Agustín
Edwards en términos de ganancias con baja inversión.
Uno de los secretos de este éxito es la transversalidad.
Desde el primer momento, Paz Ciudadana se esmeró por no
aparecer vinculada exclusivamente a la derecha y al pinochetismo.
Siete personalidades conformaron su primer rostro visible: Agustín
Edwards, su creador; Bernardo Matte Larraín, del grupo
económico que controla su familia; Carlos Cáceres,
ex ministro de Pinochet; Mónica Jiménez, figura
relevante de la DC y muy cercana a la Iglesia; Edmundo Pérez
Yoma, empresario DC; Sergio Bitar, entonces senador PPD y empresario,
y el pintor Nemesio Antúnez. Fue un diseño que facilitaba
extensiones y contactos empresariales, políticos e ideológicos.
La característica extensiva se ha mantenido y ampliado.
En la actualidad, Paz Ciudadana está dirigida por un presidente
-obviamente, Agustín Edwards- y dos vicepresidentes, Sergio
Bitar (ahora ministro de Educación) y Matte, quien además
es tesorero. Junto a ellos funciona un directorio de seis miembros
compuesto por tres fundadores -Jiménez, Pérez Yoma
y Cáceres- y el senador UDI Carlos Bombal, José
Joaquín Brunner, ex ministro de Frei Ruiz-Tagle, y Guillermo
Luksic, controlador de uno de los tres grupos económicos
más importantes del país. Un consejo consultivo
de cuarenta integrantes reúne a elementos representativos
de los principales centros de poder: grupos económicos,
universidades, Congreso y empresarios.
Como asesores del directorio actúan ex miembros de la Fundación,
como la diputada María Pía Guzmán y expertos
ligados al mundo de las comunicaciones y los estudios de opinión,
como Roberto Méndez, Eugenio Tironi, Pablo Piñera,
René Cortázar, Ernesto Corona y otros. También
hay empresarios, como Carlos Alberto Délano, del grupo
Penta, y Alvaro Saieh, que controla Copesa, cadena periodística
competidora de El Mercurio. Un general en retiro de la Fach, que
fue subsecretario del Interior en la dictadura, Enrique Montero
Marx, es el asesor jurídico de la Fundación, avalado
por su calidad de empleado de El Mercurio. (Ver recuadro).
Paz Ciudadana ha construido un corpus de ideas que se suma a la
vertiente represiva del pensamiento conservador y le ha dado un
nuevo aire, basado en la instalación de un sentimiento
de miedo permanente y en acoger la experiencia de Estados Unidos
y el pensamiento de Gary Becker y otros expertos. Todo ello sostenido
por una impresionante cobertura mediática que también
explica la sintonía entre Joaquín Lavín y
los planteamientos de la Fundación.
En 1993 inició la publicación del Indice de Paz
Ciudadana -que se convirtió en barómetro de la inseguridad
que agobia a la población-. Basado en encuestas en que
se pregunta si las personas tienen o no temor de ser víctimas
de un delito, ha llegado a cifras escalofriantes. En 1998, el
83% de los encuestados contestó que sentía “temor”
o “mucho temor” de ser víctima de un delito.
Curiosamente, en ese tiempo otra encuesta permitió comparar
esa sensación de temor con la vivencia real de la población.
Se constató que se producía un sesgo o diferencia
enorme entre miedo y realidad. En el caso del robo con violencia,
por ejemplo, solamente el 6% de las personas había sido
víctima de ese delito.
Movida por la necesidad de una justicia penal expedita, Paz Ciudadana
se transformó en promotora de la reforma procesal penal,
puesta en práctica en diversas regiones. Las dudas comenzaron
a invadir a los iniciales partidarios de derecha: la reforma establece,
según ellos, demasiadas garantías a los imputados.
Lo más grave, es que su aplicación no produce una
disminución de los delitos que más inquietan.
TEORIAS A LA ORDEN
Para criminólogos y penalistas de derecha, Estados Unidos
representa el modelo de seguridad deseable, basada en la represión
masiva de autores de delitos y también de los que potencialmente
pudieran cometerlos, mediante la estigmatización de las
capas desfavorecidas de la sociedad. La paradoja es que Estados
Unidos objetivamente es una sociedad muy insegura: gasta miles
de millones de dólares para combatir el delito sin conseguir
erradicar ni disminuir significativamente la criminalidad. Además,
mantiene en las cárceles a cerca de dos millones de personas.
Amplia acogida encuentran en la derecha experiencias como la llamada
“tolerancia cero” que aplicó en Nueva York
el alcalde Rudy Giuliani, al precio de llenar las calles de polícías
y sancionar toda clase de delitos, incluyendo las infracciones
y delitos leves para no dar señales de permisividad, de
acuerdo a la teoría conocida como “ventanas rotas”,
según la cual cuando no se sancionan las infracciones leves
se estimula la comisión de delitos cada vez más
graves.
También tiene resonancia la “teoría económica
del comportamiento criminal”, elaborada por el economista
Gary Becker. Plantea que la decisión de una persona de
participar en una actividad ilegal debe analizarse igual que cualquier
otra y, por lo tanto, se verá afectada por los costos y
beneficios derivados de ponerla en práctica, puesto que
las personas se comportan siempre de manera racional. También
se basan en este supuesto comportamiento humano las “teorías
de oportunidad”, que asumen que el delincuente se hace cuando
decide aprovechar la ocasión propicia.
De acuerdo a la teoría de Becker habría dos formas
de controlar la delincuencia: una, elevando los costos mediante
mayor control policial, procesos más rápidos y penas
más severas. La otra es actuar por el lado de los beneficios:
interviniendo, por ejemplo, sobre el desempleo, asegurando mayor
educación y cultura, combatiendo la pobreza, promoviendo
la socialización amigable, etc. Obviamente, los sectores
de derecha prefieren la primera: actúan a través
del Estado, que les evita desembolsos mayores y una disminución
de sus ganancias.
La mayoría de los especialistas rechaza el fundamentalismo
represivo. Un sociólogo experto en temas de criminalidad,
Luis Barros Lezaeta, del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana
del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de
Chile, sostiene que lo recomendable “sería avanzar
en la definición de un cierto equilibrio entre las medidas
de control y medidas de prevención social, definiendo claramente
que estas últimas significan actuar sobre las circunstancias
sociales que originan la delincuencia y, especialmente, actuar
sobre el abandono y la desprotección que aquejan a ciertos
niños y adolescentes del medio popular”.
RAICES DEL DELITO
Paz Ciudadana sustenta su prestigio en un doble equívoco.
A diferencia de lo que se cree, no es un ente técnico que
domina las complejidades de la realidad delictiva y sus raíces
sociales. Tampoco actúa por razones abstractas de bien
público. Cumple un papel político y se esfuerza
por lograr que se definan políticas acordes con ese objetivo.
Tras las cifras no hay análisis ni estudios explicativos,
sólo números y las conclusiones que interesa posicionar:
hay más delitos y, por lo tanto, debe haber más
castigos. Y éstos deben ser rápidos, masivos y ejemplarizadores.
Por desgracia, los planteamientos de Paz Ciudadana encuentran
amplia acogida. Impera la visión simplista del premio y
castigo sin prestar atención a las verdaderas causas del
incremento delictual.
Los creadores y defensores de la sociedad neoliberal se alarman
ante la inseguridad y el delito. Olvidan que sin quererlo, esa
misma sociedad provoca más delitos y más inseguridad
e incertidumbre. Y que se obtiene muy poco solamente con más
cárceles, más policías y más represión.
Poco a poco las sociedades tradicionales represivas van siendo
sustituidas por sociedades de control. Ya no se castiga y controla
solamente lo que es, los hechos o actuaciones, se controla y penaliza
socialmente lo que puede ser, lo que es considerado potencialmente
peligroso. Los más afectados son los pobres, que son también
potencialmente más peligrosos desde un punto de vista político.
PELIGRO DE LOS JOVENES
El tratamiento intimidatorio y penal que se reserva a los jóvenes
de los sectores populares ejemplifica las políticas de
seguridad que impone la derecha.
Existe una “inflación” publicitaria acerca
de su potencial peligrosidad, que es desmentida por las cifras.
Según ellas, cada año son detenidos alrededor de
50 mil jóvenes de menos de 18 años. Se trata de
una cifra relativamente estable, que prácticamente ha variado
en un par de décimas en veinte años (1,1% en 1980,
1,3% en 2001). Representa en promedio 7,3% del total de detenciones
anuales en el país.
En otros países la situación es muy distinta. En
Inglaterra, las detenciones de menores de 18 años representan
el 23% del total, en Francia, el 22,5% y en Estados Unidos, el
17%.
Todavía hay algo más interesante. En ese cuadro
de detenciones, que representa un universo de más o menos
cincuenta mil jóvenes, sólo diez mil infringen la
ley penal. Los otros cuarenta mil son aprehendidos por delitos
menores, faltas o causales que no constituyen ilícitos
penales (ebriedad y consumo de alcohol en la vía pública,
daños, desórdenes, consumo de drogas, etc.).
Con todo, es claro que existe una situación preocupante,
que, sin embargo, no justifica ni el temor desorbitado ni la penalización
draconiana que pretende la derecha al exigir la rebaja de la edad
penal.
En vez de establecer una justicia especial para adolescentes,
que tenga esencialmente objetivos rehabilitadores, se busca rebajar
la edad de imputabilidad criminal.
En declaraciones al Boletín Jurídico del Ministerio
de Justicia (septiembre de 2002) el académico y penalista
Juan Bustos, diputado socialista, critica las posiciones represivas
y también aquellas de extrema permisividad que significan
la irresponsabilidad de los menores frente al derecho penal. Bustos
argumenta sobre la necesidad de establecer un derecho penal para
adolescentes, partiendo del hecho de que “por sus características
y debido a su etapa de desarrollo, los delitos que los niños
(y adolescentes, PF) pueden cometer nunca tendrán la violencia,
agresividad y fuerza exhibidas en los hechos punibles cometidos
por los adultos”. Para Juan Bustos no se ha producido un
desborde de la delincuencia juvenil, pero debe existir un derecho
penal para adolescentes que se base en la responsabilidad y autonomía
de la persona, de manera condicionada y acotada a cierta gradualidad.
“El sujeto -sostiene Bustos- ejerce algún grado de
autonomía y tiene diversas opciones para responder. En
esa perspectiva, desde el punto de vista penal se puede postular
la posibilidad de exigir ciertas respuestas, aun tratándose
de personas menores de edad. Sería el caso de los adolescentes
entre 14 y 18 años, quienes ya completaron la educación
básica y normalmente cursan primero o segundo medio. Ellos
han adquirido ciertos conceptos valorativos del sistema social,
no sólo en función de la formación académica
recibida sino a través de la convivencia familiar y de
la exposición a los medios de comunicación por lo
cual, es razonable suponer que han absorbido ciertas valoraciones
y que, por lo mismo, es posible plantearles determinadas exigencias”
ROBERTO ORTIZ
Salpicón político-empresarial
La “patrulla” de Edwards
Directorio de la Fundación Paz Ciudadana: Presidente:
Agustín Edwards • Vicepresidente y Secretario: Sergio
Bitar • Vicepresidente y Tesorero: Bernardo Matte •
Directores: Carlos Bombal, José Joaquín Brunner,
Carlos Cáceres, Mónica Jiménez de la Jara,
Guillermo Luksic, Edmundo Pérez Yoma.
Asesores del directorio: José Gabriel Aldea, Jaime Bellolio,
Ernesto Corona, René Cortázar, Carlos Délano,
Roberto Edwards, Francisco José Folch, Gonzalo García,
María Pía Guzmán, Roberto Méndez,
Pablo Piñera, Alvaro Saieh, Martín Subercaseaux,
Eugenio Tironi.
Asesor jurídico: Enrique Montero.
Consejo consultivo: Ramón Aboitiz, Lily Ariztía,
Pilar Armanet, Julio Barriga, Enrique Barros, Juan Bilbao, Edgardo
Böeninger, Jorge Burgos, Gonzalo Cienfuegos, José
Claro, Enrique Correa, Juan Cuneo, José Miguel Gálmez,
Francisco Gana, José Antonio Garcés, Oscar Guillermo
Garretón, José Antonio Guzmán, Edmundo Hermosilla,
Juan Hurtado, Gonzalo Ibáñez, Nicolás Ibáñez,
Pedro Ibáñez, Rodrigo Jordán, Alberto Kassis,
Michael Kaufmann, Mauricio Larraín, Alan Mackenzie, Germán
Molina, Juan Pablo Morgan, Laura Novoa, Juan Obach, Máximo
Pacheco, Horst Paulmann, Bernardino Piñera, Jaime Santa
Cruz, Agustín Squella, Patricio Valdés, Gonzalo
Vial, Wolf von Appen, Luis Enrique Yarur.
Gerente de administración y finanzas: María Eugenia
de la Fuente.
Gerente general: Gonzalo Vargas Otte
