Explotación sexual de menores
Mercancía
a bajo precio
La red del millonario empresario Claudio Spiniak llevaba al menos
diez años funcionando. En febrero del año pasado,
un niño lo denunció a Carabineros por violación.
No pasó nada. En diciembre del mismo año le encontraron
una cantidad considerable de drogas, armas con silenciador -que
no son precisamente defensivas- y videos pornográficos,
donde aparecían escabrosas escenas con menores. Se inició
entonces un proceso en su contra por narcotráfico y porte
ilegal de armas. No hubo cargo por delitos sexuales. Y Spiniak
quedó en libertad. La investigación a cargo de la
jueza Eleanora Domínguez fue inoperante, pero ordenó
nuevamente detener al empresario el 30 de septiembre, el mismo
día -curiosamente- en que el caso sería abordado
en el programa Contacto, de Canal 13.
En esta oportunidad, se sumó al proceso los delitos de
estupro, facilitación de la prostitución y producción
de material pornográfico con menores. Hasta ahí,
el caso pudo pasar como uno más de los hechos “policiales”
que causan revuelo momentáneo para luego quedar en el olvido.
Como ocurrió con el pedófilo Paul Schäffer,
nunca encontrado por las policías, y Colonia Dignidad,
que sigue existiendo pese a todas las pruebas de horrorosas violaciones
contra los derechos humanos cometidas en su interior.
Sin embargo, bastó que se sembrara la duda sobre la participación
de políticos -“dos de la Alianza por Chile y uno
de la DC”, según la diputada RN Pía Guzmán-
en las depravadas y morbosas fiestas con menores organizadas por
Spiniak, para que se desatara un torrente de reacciones virulentas,
querellas y anuncios de más querellas, que van y vienen.
Lo positivo ha sido la designación de un ministro en visita,
Daniel Calvo, y que -ahora sí- todo el mundo se declare
escandalizado, aunque eso no garantice necesariamente que se llegue
a develar toda la verdad. En la oscura telaraña que rodea
a Spiniak se ha aludido a empresarios, políticos y carabineros.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), al hacerse parte en la
causa que investiga el ministro Calvo, dejó en claro que
esta maquinaria de explotación sexual cae en la categoría
de “crimen organizado”, lo que implica la existencia
de una red de protección.
Entrevistada en radio Cooperativa, Clara Szczaranzski, presidenta
del CDE, afirmó que en una organización de este
tipo, suelen estar involucrados funcionarios de grado menor y
autoridades administrativas tanto públicas como privadas.
“Estamos frente a una empresa criminal que recluta, recoge,
obliga, paga -según los casos- niños, para ponerlos
al servicio de diversiones sexuales de otras personas”,
señaló.
Osvaldo Torres, director de la Asociación Chilena Pro Naciones
Unidas (Achnu), entidad que ha efectuado investigaciones y denuncias
sobre pornografía en internet con uso de niños,
sostiene que Chile no es ajeno al comercio sexual infantil, cuyas
redes criminales a nivel mundial mueven miles de millones de dólares.
“Hay gente que está ganando mucho dinero con esto,
que sirve potencialmente para corromper a agentes policiales e
investigadores del poder judicial. Cuánto poder tienen
estas redes y cuánta corrupción hay, es lo que esperamos
se aclare en este proceso llevado por un ministro en visita que
está demostrando eficiencia”. Hasta el cierre de
esta edición, había seis procesados, entre ellos
Felipe Silva Navarrete, mozo de la 37ª Comisaría de
Carabineros de Vitacura, quien se desempeñaba como proxeneta.
Aparte de Spiniak, sólo uno de los procesados era de relativa
connotación: el empresario Winston Michelson, ya comprometido
en otro proceso por la muerte de un travesti el año pasado,
a causa de ingestión excesiva de drogas.
FARANDULA POLITICA
La
UDI, herida en el alma por los rumores con nombre y apellido que
afectan la honra de los senadores Jovino Novoa y Carlos Bombal
-también se rumoreaba que Spiniak sería uno de los
financistas del partido de Joaquín Lavín-, denunció
un supuesto complot y lanzó dardos en distintas direcciones,
que comenzaron a desintegrarse con tanta facilidad como las “fuentes”
de la diputada Guzmán. La UDI se lanzó principalmente
contra los periodistas Mario Aguilera, de TVN, y Víctor
Gutiérrez, de Chilevisión, como también contra
José Valdivia, director del programa adolescente de la
Fundación Margen, que acoge a la mayoría de los
menores que denunciaron a Spiniak. Pero no sólo el directorio
de TVN respaldó al director ejecutivo, a la directora de
prensa y al departamento de prensa del canal, sino que el Colegio
de Periodistas, los sindicatos de periodistas de El Mercurio,
Copesa y radio Cooperativa, El Siglo y radio Nuevo Mundo rechazaron
las acusaciones del presidente de la UDI, Pablo Longueira. Es
más, el Colegio de Periodistas resaltó “la
valiosa labor de los profesionales de los medios de comunicación
que han contribuido, veraz y éticamente, para abordar las
denuncias en contra de grupos de poder que se esconden en redes
fácticas para cometer gravísimos delitos en contra
de niñas, niños y adolescentes, principales víctimas
de hechos tan condenables y que requieren la enérgica acción
de la justicia”.
Ni a José Valdivia, a quien le sacaron a relucir un pasado
vinculado al FPMR, ni a la Fundación Margen les preocupa
una querella, venga de donde venga. “La derecha actúa
en forma desesperada, cree que todavía está en dictadura
y que puede hacer lo que quiere -dice Valdivia-. Es cierto que
tiene gran poder, dinero e influencia, pero ha sido muy irresponsable,
porque si tuviera la intención de ‘resolver los problemas
de la gente’, que en este caso son los niños y niñas
en condición de explotación sexual, no deberían
eludir el problema tratando de buscar culpables donde no los hay”.
A la Fundación Margen sí le inquieta la falta de
presupuesto para seguir cumpliendo una labor que muy pocos asumen:
hacerse cargo del drama de los niños que crecen en absoluto
desamparo, expuestos a las drogas y a la explotación sexual
de mafias que negocian con sus cuerpos, para satisfacer los deseos
cada vez más depravados de quienes gozan de dinero y de
poder. Son niños pobres, anónimos, que pueden desaparecer
sin que nadie los reclame. De hecho, en el entorno de Spiniak
hay dos menores que parece habérselos tragado la tierra.
LA PEOR FORMA
DE MALTRATO
Un primer estudio realizado este año por el Servicio Nacional
de Menores (Sename), en convenio con la OIT y ejecutado por la
Universidad Arcis, reveló que en el país hay alrededor
de 3.700 niños de 12 a 15 años explotados sexualmente.
El 80% son niñas y 20% varones. Se considera que esta cifra
es una estimación, porque la encuesta se efectuó
sólo en las regiones Metropolitana, de Tarapacá,
Valparaíso y Biobío, a partir de lo cual se hizo
una proyección nacional. Además, se realizó
en seis meses, tiempo que los especialistas en el tema consideran
breve como para penetrar una realidad que se quiere mantener oculta.
Según el “servicio” -y la voluntad del cliente-
los menores reciben un pago de quinientos o mil pesos, o algún
objeto de poco valor. En la red de Spiniak se ha hablado de treinta
a cien mil pesos por participar en las orgías en que los
niños eran objeto de las peores aberraciones.
En la búsqueda de instituciones que trabajen directamente
con estos menores, PF sólo encontró programas especializados
en las fundaciones Margen y Arasi, y en las corporaciones Raíces
(ONG) y Opción. En todas ellas se trabaja con mínimos
recursos y, por lo mismo, el alcance y efecto es limitado frente
a la dimensión y complejidad del problema.
“El niño no se prostituye, es prostituido por un
adulto -afirma Denis Araya, directora de la Corporación
Raíces-. Hay diferencia; el niño no opta, no decide
‘voy a prostituirme para ganar dinero’, que por lo
demás no es dinero fácil, hay que ver lo que ha
vivido para darse cuenta que de fácil no tiene nada. Esta
es la peor forma de maltrato de la infancia. El niño pasa
a ser una mercancía, un objeto desechable, que se usa y
se bota”. Explica que la explotación sexual comercial
es multicausal. Intervienen la pobreza, la disfuncionalidad, el
abandono, el maltrato, el abuso sexual temprano. “Son niños
altamente vulnerados y solos como un dedo”, dice. Y agrega
que se trata de una patología social que desde hace muy
pocos años se está considerando como tal en Chile.
Raíces hizo un estudio en 1997 con 43 niñas de un
promedio de 13 años, víctimas de explotación
sexual en la comuna de Huechuraba. Luego, el Sename les encargó
un plan piloto de reparación del daño con niños
que se encontraban en centros de esa institución. Y han
seguido adelante, ahora con 50 menores, la mayoría niñas.
“A los chicos de la calle les cuesta mucho conectarse con
la realidad de lo que han vivido, porque es muy doloroso. Por
eso, separan la emoción del pensamiento, y sólo
cuando se conectan con el dolor y expresan su rabia se dan cuenta
que ellos no son culpables de lo que viven, que ha habido aprovechamiento
de parte de esos desgraciados que profitan de ellos”, dice
indignada la directora. El proceso de reparación es muy
lento, con avances y retrocesos. Consiste en restablecer la confianza
y autoestima en el niño, y algún lazo familiar,
aunque sea remoto.
En esta corporación se la jugaron por la aprobación
de la ley de pornografía, elaborada por el abogado Hernán
Fernández y Fundación Arasi, que surgió a
raíz del impacto periodístico provocado por el programa
Contacto al denunciar la red de pedofilia Paidós, el año
pasado. Como no había figura legal para condenar a los
implicados en pedofilia, éstos quedaron libres. A este
proyecto de ley, patrocinado por los diputados Pía Guzmán
y Patricio Walker, se le incorporaron disposiciones contenidas
en otra iniciativa legal sobre explotación sexual infantil
que había presentado María Antonieta Saa, hace más
de dos años. El proyecto estaba durmiendo en el Senado
hasta que cayó Spiniak en septiembre. Sólo entonces,
el Ejecutivo le dio prioridad. Y se aprobó, reincorporando
medidas que habían sido rechazadas anteriormente, como
la sanción penal al “cliente” y considerar
a la introducción de objetos en la vagina y el ano como
violación. “La ley es un avance importante, aunque
hay cosas que se deben mejorar. Por ejemplo, la pena máxima
al explotador sexual, que es apenas de tres años y un día
-señala Denis Araya-. Lo que nos angustia es la farándula
que se armó a nivel político, en la cual se pierde
lo fundamental, que es la protección de los niños
y sus derechos. Nos indigna que la UDI acuse a una institución
como Margen de inducir a los niños a decir no sé
qué cosa, ¡hay que tener hartos cojones para apoyar
y acompañar a los chicos en estas circunstancias, prácticamente
sin recursos! Todo esto asusta a los niños, porque se están
enfrentando a gente poderosa, que tiene mucha plata. Hay que pensar
en lo que ocurre con los traficantes de cocaína, donde
siempre el culpable termina siendo un portero u otro personaje
insignificante”.
LEVANTAR LA VOZ
La Fundación Margen, creada en 1993, cuenta en su directorio
con el vicario Alfonso Baeza Donoso y la diputada María
Antonieta Saa. La preside Herminda González y es dirigida
por la socióloga Teresa Lastra, ambas con una rica experiencia
en la organización y protección de derechos de las
trabajadoras sexuales. Hace seis años se creó el
área adolescente y desde entonces funcionó como
un lugar diurno donde los chicos pasaban el día. En la
noche pernoctaban en una casa de acogida del Hogar de Cristo.
“Se procura habilitar a los adolescentes, vale decir, que
vuelvan a confiar en otros y en ellos mismos -dice Teresa Lastra.
Luego de un largo proceso se logró formar tres educadores
que han desarrollado un trabajo entre pares. Creemos que ha sido
ese proceso el que facilitó que los adolescentes denunciaran
la red Spiniak de explotación sexual. De no haber habido
esa confianza, difícilmente hubiesen hablado ya que eso
es parte de un secreto que no develan a cualquiera, porque se
sienten culpables”. Para la socióloga, por ahora,
“lo más importante es abrir espacios que les permitan
levantar la voz, en este país donde no todas las voces
se escuchan de la misma manera”.
José Valdivia enfatiza que trabajan con los criterios de
la Convención de los Derechos del Niño, “en
el sentido que ellos tienen que ser parte de su problemática,
con oportunidades y libertad para opinar. Nuestra metodología
se basa en la no violencia, lo que significa que no podemos obligarlos
a nada”. De los cinco adolescentes que se han hecho parte
del proceso, sólo tres siguen a cargo de la institución.
Dos de ellos fueron violados hace diez años por Spiniak.
“Incluso uno fue torturado, lo amarraron de pies y manos,
y lo violaron entre varios”, denuncia.
Valdivia señala que han continuado recibiendo nuevas denuncias
de otros menores sobre redes diferentes a la de Spiniak. Muestra
una carta escrita a mano que se apronta a entregar al ministro
en visita y lee una parte en voz alta: “Yo sé que
mi vida está en peligro, porque cuando yo fui víctima
de violación de un político cochino con otra persona
me amenazaron con pistola...”.
EL LADO FEO
Fermín Montes, trabajador social del Centro de Protección
Infanto Juvenil Lo Espejo, de la Corporación Opción,
recuerda que casos como el de Spiniak no son nuevos en Chile.
“Explotan cada cierto tiempo, y la clase política
y la gente de poder se activan. Pero Colonia Dignidad viene de
los años 60 y sigue ahí. Las instituciones del Estado
no hacen lo que debieran y las policías, que fueron capaces
de destruir organizaciones políticas y sociales durante
la dictadura, no actúan frente a la pedofilia y la droga.
Falta voluntad política, y todo se olvida. Pero los niños
que piden plata en las micros o en la calle es algo permanente
y cotidiano, la parte fea de la sociedad, lo que no se quiere
ver”.
Para Claudia Fischer, asistente social de la misma institución,
la experiencia de la dictadura demostró que pueden formarse
instituciones organizadas para tapar, con otros horrores, actividades
ilícitas que mueven mucho dinero. “La gente que actuó
en esa época todavía está entre nosotros
y puede repetir ese modelo para protegerse de sanciones sociales
y penales. A la vez, es un riesgo para las víctimas, para
quien los descubra o devele estas situaciones”, dice. Y
destaca que un método tradicional de tortura ha sido la
agresión y el abuso sexual.
El Estado y la sociedad chilena tampoco están preparados
para prevenir y enfrentar el problema. Más allá
de la reparación y de las leyes penales, Claudia echa de
menos “una ley de protección, una política
y una estructura mancomunada que permita abordar la familia y
las condiciones de desarrollo integral de los niños en
forma más coordinada, lo que debe incluir salud, educación
y recreación”. Sobre todo, agrega, porque la mayoría
de los menores en riesgo provienen de familias en condiciones
de pobreza y marginación escolar, social y cultural, que
se reproducen de generación en generación.
En el plano cultural, “muchas veces me encuentro con gente
que duda si una lola de 13 ó 14 años, que es seducida,
tiene alguna responsabilidad. Comentan que ‘a ella le gustó’
o que ‘lo provocó’. Honestamente, por razones
biológicas, es probable que a muchos niños el contacto
sexual le pueda gustar, porque se trata de partes del cuerpo especialmente
sensibilizadas. Además, en un ambiente hostil, de maltrato,
que venga alguien a hacerle un poco de cariño a un niño
o niña -aunque sea este tipo de cariño- puede resultar
placentero. Pero el adulto es el responsable, es quien tiene las
herramientas para discriminar y poner límites. En ese sentido,
socialmente, aún no nos hacemos responsables de resguardar
y respetar a los niños”. En el centro de Lo Espejo
se han obtenido buenos resultados al trabajar con los niños
con equipos multidisciplinarios que aplican un enfoque sociohistórico
y sicológico. Sin embargo, la tendencia actual es enfatizar
más el área sicológica.
Por su parte, Denis Araya hace notar la necesidad de mayor integración
y participación de los ministerios de Salud y Educación
en el tratamiento del problema. “Hay ámbitos que
no están cubiertos, como la salud mental y física
de los niños -señala-. Y en la situación
escolar hay que buscar alternativas distintas, porque no se le
puede pedir a un niño de la calle que esté diez
horas al día encerrado en un colegio”.
Como en muchas cosas, la clave es la voluntad. Humana y política
PATRICIA BRAVO
Niños de la calle
Moisés Carrasco, de 21 años y monitor durante tres
años de la Fundación Margen, no tiene que pensarlo
mucho cuando se le pregunta por qué hay niños ejerciendo
el comercio sexual. “Por necesidad. Porque piensan que es
el único medio de solución o de salvación
para tener algo de dinero que los pueda hacer valer como personas
en algún momento”.
El mismo vivió una infancia en lo que se ha llamado “situación
de riesgo”. Las carencias económicas y la enfermedad
de la madre obligó a sus progenitores a internar a los
tres hijos menores -de un total de cinco- en la Fundación
Mi Casa. Moisés tenía 7 años cuando entró
en esa institución y egresó a los 12. “Llegué
sin saber lo que era la suma, la resta y la multiplicación,
no sabía nada y ahí aprendí a leer, a escribir.
Me desenvolví mejor como persona, me afirmé conductualmente”.
También aprendió de dolores ajenos.
“En la fundación conocí a una persona que
jamás ha recibido ayuda de nadie y que ha tenido subidas
y bajadas en su vida. Su familia le dio vuelta la espalda, ha
tenido muchos desgarros con sus padres. Su papá fue...
un criminal. No tengo palabras para decir lo que sentí
cuando supe que él había abusado a su mamá,
y ella nació por eso. Y más encima era esposo de
una tía y también se había metido con otra
persona más. Era terrible su historia, en un momento lloramos
juntos... Tenía 16 años. Ella se prostituyó
desde los 7 años más o menos y fue muchas veces
violada. Le pasaron demasiadas cosas”.
Una vez fuera de la institución, Moisés fue apoyado
por un trabajador social y distintas instituciones -Génesis,
Opción- que trabajaban con niños en la calle, “pero
que no ejercían el comercio sexual ni habían desertado
de sus casas, sino que habían abandonado la escolaridad
y pasaban la mayor parte del tiempo en la calle... Porque hay
que distinguir entre niños ‘de’ la calle y
niños ‘en’ la calle. Fui creciendo, fui monitor,
hacía talleres en conjunto con personas de Opción
que me ayudaban con materiales sobre las drogas. Yo había
aprendido muchas cosas y quería ayudar a otros niños.
Quise seguir estudiando, principalmente sobre explotación
sexual, porque yo tuve un amigo en la Fundación Mi Casa
al que su mismo padre lo abusó. Y después conocí
demasiadas cosas en Margen. Me dio lata ver que había menores
abusados sexualmente. Ahora se dan cuenta que hay personas que
utilizan a un menor, a un ser viviente, como si fuera un objeto,
sin vida. En todos los países se aprobó la liga
de los derechos del niño, donde se dice ‘yo necesito
tener protección’. ¿Pero qué pasa cuando
el menor sale a la calle? Las caletas son espacios donde se puede
desenvolver la pedofilia y la prostitución de menores”
