Mapuches como en dictadura

Allanamiento a la comunidad Temucuicui, Ercilla

Reestructuración de equipos policiales para que apliquen tácticas “antiguerrilleros”, reforzamiento del contingente apostado en la zona con personal de regiones vecinas, fortalecimiento del trabajo de inteligencia contra los focos de movilizaciones, aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y disposición de recursos financieros ilimitados para el Ministerio Público. Tales fueron las medidas de contingencia coordinadas por el Ministerio del Interior y los altos mandos de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), tras el atentado incendiario que el 17 de agosto afectó al fundo Santa Rosa, de Eduardo Luch-singer, en Vilcún, y que ha desatado una feroz cacería contra el pueblo mapuche.
Las acciones fueron analizadas en La Moneda el 25 de agosto. El ministro de Interior, Edmundo Pérez Yoma, citó al jefe de la PDI, Arturo Herrera, al general director de Carabineros, Eduardo Gordon, y al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, a una denominada “Cumbre de Seguridad” por la situación en el sur del país. La estrategia represiva, señaló a Punto Final una fuente de gobierno, implica para las policías estrenar tácticas “antiguerrilla”, como el copamiento de zonas de conflicto que irán ligadas a “misiones de acoso” a los grupos catalogados como más radicales, “de manera de limitar al máximo sus movimientos, capacidad de acción e influencia”. Además, se buscarían nuevos canales de recolección de información de inteligencia, como el pago de informantes y la infiltración, con el objetivo de anticipar escenarios de conflicto y posibles atentados. En esta línea, adelantó la fuente, también se acentuarán la vigilancia nocturna con sorpresivos controles camineros e incluso “allanamientos preventivos”.
La implementación de estas medidas, propias de un estado policial, fue supervisada en terreno por el ministro Pérez Yoma el 26 de agosto. El secretario de Estado llegó al aeródromo Maquehue en un avión de la Fuerza Aérea y sin que ninguna autoridad advirtiera de su presencia a los medios de comunicación. A su arribo, Pérez Yoma se dirigió al Centro de Formación de Carabineros Las Quilas, en Temuco, donde sostuvo una reunión con autoridades y el general de la Novena Zona Policial, Mario Bocchi y luego se dirigió, bajo absoluto hermetismo y con fuertes medidas de seguridad, hasta el fundo Santa Rosa. Su visita a la zona estuvo marcada por las presiones de agricultores y parlamentarios de derecha.
No viajó solo Pérez Yoma. Durante su visita “privada” a Temuco estuvo acompañado por el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Villalobos. Ambos tuvieron reuniones de coordinación con la intendenta, Nora Barrientos; los gobernadores de Cautín, Andrés Jouannet, y de Malleco, Rubén Quilapi. También con Héctor Puga, prefecto inspector, jefe nacional de Inteligencia Policial; y el general jefe de Inteligencia de Carabineros, Bruno Villalobos, a quienes impartieron instrucciones. A su regreso a Santiago, Pérez Yoma afirmó que en la zona mapuche operan “integrantes de grupos extremistas”. Especialmente duro fue con la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), organización que reivindicó el sabotaje a instalaciones del fundo de Luchsinger a través de un correo electrónico. Afirmó el ministro que “elementos subversivos”, ex miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y del Mapu Lautaro, se están agrupando en torno a esa organización mapuche surgida en la provincia de Arauco a fines de 1998 y liderada actualmente por Héctor Llaitul Carillanca. “A esta gente hay que perseguirla. Son delincuentes a quienes vamos a perseguir donde se encuentren y que vamos encarcelar”, sentenció el ministro. Dicho y hecho. Transcurridas menos de 24 horas, los operativos policiales lograban la captura de los comuneros Daniel Alveal Levicura (29) y José Queipul Quidel (25), ambos con órdenes de detención pendientes desde el año 2006 y 2007, respectivamente, por su participación en reivindicaciones territoriales en Malleco. Daniel Alveal fue detenido por la PDI, durante un allanamiento en el fundo Santa Filomena. José Queipul fue detenido por Carabineros de Ercilla que allanaron la comunidad Ancapi Ñancucheo. Ambos fueron presentados como trofeos a los medios de prensa: “Una muestra de efectividad para los que dicen que Investigaciones y Carabineros no hacen su pega”, señaló el vocero de gobierno, Francisco Vidal.

Temucuicui bajo asedio

Pero ni Alveal ni Queipul -que quedó en libertad al día siguiente por orden del juez de Collipulli- se encuentran vinculados a la CAM. Ambos son jóvenes miembros de la comunidad Temucuicui, una de las más emblemáticas del territorio mapuche y sobre la cual se han centrado las acciones represivas. Los comuneros de Temucuicui reivindican -desde antes de la dictadura militar- diversos predios forestales en la comuna de Ercilla. Liderados por el lonko Juan Catrillanca, tras largas jornadas de movilizaciones y tomas, el año 2000 lograron recuperar el fundo Alaska, de 1.927 hectáreas, en manos de Forestal Mininco. Si bien la compra realizada por la Conadi benefició a 153 familias de la comunidad, el fundo no alcanzó para todos. Para acceder a nuevas tierras, grupos de familias jóvenes crearon comunidades paralelas. Tal es el caso de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, liderada por los werkenes (voceros) Jorge Huenchullán, Víctor Queipul y Luis Tori, que reivindica el fundo Montenegro, propiedad del colono suizo René Urban, además de otros predios en manos de agricultores locales. Contra ellos se han centrado los operativos policiales en las últimas semanas.
El 26 de agosto 300 carabineros ingresaron de madrugada a la comunidad, “mientras los niños, ancianos y mujeres dormían en sus viviendas, dejando diez niños heridos, uno de ellos un lactante de sólo nueve días de vida, de nombre Mañil Wenu Huenchullán”, según denunciaron. El prefecto de Malleco, Mauricio Toro, sostuvo que la diligencia se realizó en cumplimiento de una orden emanada del Juzgado de Garantía de Collipulli para dar con el comunero Jaime Huenchullán, buscado por supuestos delitos de “daños, amenazas e incendio” en perjuicio de René Urban. Reconoció además que la policía buscaba en el sector al ex lautarista Carlos Gutiérrez Quiduleo, requerido por el crimen del carabinero Luis Moyano, ocu-rrido en el asalto al Banco Security, en Santiago y cuya presencia en Temucuicui ha sido negada por los comuneros.
El operativo siguió al pie de la letra las instrucciones de Pérez Yoma. “Carabineros -señalan voceros de Temucuicui a Punto Final- irrumpió sin exhibir ningún documento legal y menos explicar los motivos del operativo. Eran más de siete zorrillos lanzagases, cinco micros, una tanqueta, diez furgones policiales y aproximadamente 300 efectivos de Fuerzas Especiales, quienes armados irrumpieron violentamente en varias viviendas, quedando las puertas y ventanas destruidas”. Producto del descontrol y excesiva violencia policial -denunciaron-, hubo diez niños heridos, que presentaron mareos, vómitos y principios de asfixia por las bombas lacrimógenas lanzadas al interior de las viviendas. En una vivienda sacaron violentamente, descalza y semidesnuda, a la anciana Helena Marillán Huentén, de 94 años, quién además se encontraba con un pie fracturado, quedando en muy malas condiciones. “Para justificar los allanamientos, la policía dice que Gutiérrez Quiduleo está en la comunidad. El no está acá, nuestra lucha es por la tierra. Queremos que los latifundistas se vayan de este sector”, señaló el werkén Jorge Huenchullán a Punto Final. Respecto del comunero buscado por la policía, los dirigentes de Temucuicui respaldaron su decisión de no presentarse ante los tribunales, alertando falta de garantías para un debido proceso. “Nuestro hermano optó por no presentarse ante la justicia ya que no hay garantías para un juicio justo. Además ha estado varias veces en prisión política y siempre le han imputado cargos que lo mantienen por largo tiempo encerrado. Posteriormente, como no se comprueba su participación lo dejan siempre en libertad”, subrayaron.
Huenchullán además refutó las versiones de prensa que hablaban de dos carabineros heridos con perdigones por los mapuches: “Que aquí mapuches hayan agarrado a balazos a Carabineros, es mentira. Carabineros trata de justificar su violencia y su descontrol en los operativos”. Huenchullán recalcó que los mapuches eran los únicos que presentaban impactos de balas. Al respecto, instó al Ministerio Público a “investigar de manera transparente” lo sucedido e instó “a las distintas comunidades mapuches a repudiar estos graves hechos de violencia del Estado chileno y a estar atentos a otros allanamientos, aún más masivos, que estarían siendo coordinados en Temuco”. Y es que tras la fallida búsqueda de Jaime Huenchullán, el ministro vocero, Francisco Vidal, no dudó en hacer gala de su histrionismo ante las cámaras de televisión: “Volveremos a ir (a Temucuicui) y los vamos a pescar, si es necesario más carabineros, más carabineros se van a mandar a la zona”, amenazó.

Mapuches buenos y mapuches malos

“No se debe culpar anticipadamente a nadie ni mucho menos al pueblo mapuche. No podemos estigmatizar a todos los mapuches”, señaló el ministro del Interior pocas horas después de acontecido el atentado al fundo de Eduardo Luchsinger. A la luz de lo acontecido en días posteriores, sus declaraciones no dejan de ser un mal chiste. “Detrás de las declaraciones de buena crianza de parte del Estado y sus instituciones se incuba una nueva cacería contra dirigentes mapuches”, señala a Punto Final Lautaro Loncón, del Consejo de Todas las Tierras: “La utilización de tácticas antiguerrilleras, de allanamiento o de aniquilamiento de ciertos grupos que anuncia Carabineros y el Ministerio Público, se está aplicando desde hace tiempo en contra del pueblo mapuche. Este discurso del Estado de ‘no estigmatizar a todos’ es parte de esta estrategia, al buscar separar entre mapuches buenos y mapuches malos. Expertos en aplastar movimientos de liberación nacional saben que más allá de la lucha frontal, debe darse una lucha en el plano de la legitimidad. La gran mayoría de las comunidades son pacíficas, han dicho los personeros del gobierno, les faltó agregar que además les gustaría verlas sumisas. Indican que la gran mayoría de las comunidades desean el diálogo, pero se olvidan que el único que no quiere el diálogo es el Estado, que prefiere imponer su institucionalidad por medio de la violencia”, subraya. “El gobierno persigue restarle legitimidad a las demandas de tierras y recuperación de derechos que vienen impulsando diversas organizaciones territoriales. Se trata de aislarlas de la opinión pública; especialmente que los propios mapuches seamos los que aislemos a ‘otros’ mapuches, para después hacerles caer todo el peso de la ley, juzgarlos como delincuentes o como terroristas, aislados y olvidados de su propio pueblo y comunidades”, agrega.
Por lo demás, agrega a Punto Final el abogado del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, una vez más ha quedado en evidencia el doble estándar de la administración Bachelet. “Desde el gobierno, con el apoyo de la oposición, se han interpuesto acciones legales y solicitado la aplicación de todo el rigor de la ley en contra de los responsables del atentado en Vilcún. Ello contrasta con la pasividad que éste ha tenido frente a otros hechos de violencia ocurridos en la Araucanía, como los allanamientos masivos, apremios ilegítimos, hechos constitutivos de tortura, e incluso frente a los casos de homicidio que han afectado a mapuches”, señala. “Tampoco han tomado iniciativas para reformar la legislación que permite que estos delitos -cometidos generalmente por agentes del Estado- sean investigados por la justicia militar y no por la justicia ordinaria, avalando con ello su impunidad”, agrega. Aylwin hace referencia al caso del estudiante Matías Catrileo, baleado por el cabo Walter Ramírez al interior del fundo Santa Margarita de la familia Luchsinger, en enero de este año. La investigación recayó en el fiscal militar José Pinto, quien rápidamente liberó de culpas al policía involucrado, hoy en servicio activo en Aysén.
En su breve visita a Temuco, Pérez Yoma se dio tiempo para viajar hasta Vilcún a solidarizar con el agricultor Eduardo Luchsinger. Sin embargo, fue incapaz de atender a los dirigentes de Temucuicui que, fuera de la Intendencia Regional, demandaban una audiencia con el ministro. Los dirigentes viajaron desde Ercilla para solicitar el cese de los allanamientos en su comunidad, el fin de la persecución contra los dirigentes y una instancia de diálogo donde canalizar sus demandas territoriales. Así lo manifestaron por medio de una carta firmada entre otros por los dirigentes Jorge Huenchullán y Victor Queipul, de Temucuicui, y el werkén Aucán Huilcamán, del Consejo de Todas las Tierras: “Con frecuencia todos los hechos que suceden en el sur del país con absoluta ligereza e irresponsabilidad se le atribuyen a los mapuches. Esta situación reiterada obedece, por un lado, al racismo histórico con los mapuches y por otro, responde a los intereses de los grupos económicos y particularmente de quienes han participado en actos de despojo territorial”. Blanco de las críticas mapuches fue el senador Alberto Espina (RN), a quien denuncian como un peligroso agitador en la zona, que actuaría junto a los empresarios agrícolas, “muchos de ellos actores de la usurpación de tierras mapuches”, y del gremio de los camioneros, “quienes han venido haciendo apología de la violencia y amenazas reiteradas de usar armas de fuego en contra de los comuneros mapuches”.
“Los únicos que han traído el terror, la violencia, el despojo de nuestras tierras y territorio han sido los grupos económicos”, subrayan en la misiva.

PEDRO CAYUQUEO
En Temuco

(Publicado en “Punto Final” Nº 670, 5 de septiembre, 2008)