Cartas
HUELGA EN MINERA CANDELARIA
Señor director:
Al cumplirse el 11º día de huelga legal del Sindicato
de Trabajadores de la Minera Candelaria queremos informar a usted
lo siguiente:
1. Esta huelga se ajusta a la normativa legal, al no encontrar
eco nuestras demandas laborales y después de haber sido
rechazada la última oferta de la empresa por el 100% de
nuestros asociados.
2. Previo a la votación y en el marco de negociaciones
establecido por la ley, nuestro sindicato buscó afanosamente
acercar posiciones de manera de evitar la huelga que estamos viviendo.
Ello no fue posible, debido a la intransigencia de la comisión
negociadora de la empresa y a la política antisindical
que tienen la mayoría de las empresas transnacionales,
no siendo esta empresa la excepción.
También, en una actitud abiertamente confrontacional, la
empresa dispuso de un plan de contingencia que obligaba a los
trabajadores sindicalizados a instruir en la operación
y manejo de equipos de mina y planta concentradora, a supervisores
y trabajadores no sindicalizados de áreas distintas a las
de operaciones.
Por estas y otras acciones, interpusimos ante la Corte de Apelaciones
de Copiapó una denuncia por prácticas antisindicales,
la que sigue su curso normal.
3. Iniciada la huelga legal, la empresa ha seguido con su intransigencia
en la mesa negociadora y con sus prácticas ilegales.
En las prácticas ilegales, la empresa desde el mismo día
de inicio de la huelga legal, empezó a contratar a personas
en áreas como instrumentación, eléctricos,
operadores de equipos pesados y otros. Estas ilegalidades fueron
comprobadas por una fiscalización realizada por la Inspección
del Trabajo, a solicitud de nuestra organización.
Además, desde el momento de inicio de la huelga, Protección
Industrial triplicó su dotación con vigilantes armados
con lumas, lo que viene a recordar tiempos de la dictadura, más
aún cuando sabemos que el jefe de Protección Industrial
es un ex capitán de la Fach y directivo de la Fundación
Pinochet regional.
4. Como se habrá dado cuenta, la cobertura de los medios
nacionales ha sido nula, a pesar de la alta convocatorio de nuestras
manifestaciones y por las medidas extremas que se han tomado.
Consultadas personas que trabajan en la Red Atacama de TVN, nos
indicaron que la poca cobertura se debía a órdenes
emanadas desde Santiago.
La campaña comunicacional, los lineamientos dados a la
Red Atacama, el silencio o en otros casos, el apoyo dado por autoridades
regionales de segundo nivel, nos hace suponer que todo responde
a órdenes dadas por el gobierno, a fin de no empeorar las
relaciones con Estados Unidos ya que éste es un conflicto
entre trabajadores chilenos y una empresa transnacional, cuyos
capitales mayoritarios son norteamericanos.
NELSON ARAYA M., tesorero
Sindicato de Trabajadores
de Compañía Minera Candelaria
Copiapó
ABUSOS CON TRABAJADORES
Señor director:
La opinión pública ha perdido la capacidad de asombro.
Se ha hecho común dejar pasar situaciones en las que se
pasan a llevar los más mínimos derechos de las personas.
Dos hechos nos obligan a expresar nuestra opinión y exigir
sanción para los agresores y apego a la verdad, como cuestión
básica.
El primer caso afecta a Hernán Rivas Sandoval, secretario
del sindicato de la empresa Leonel Huerta Corrales (Cohache),
quien se encontraba en su puesto de trabajo silbando, como lo
hacen habitualmente quienes están produciendo, cuando fue
increpado por el jefe de producción, Enrique Espinoza,
con la frase “aunque tengas fuero de todas maneras te voy
a pegar, porque no tienes derecho a estar silbando en la producción”.
Pese a que el trabajador exigió que el caso se viera ante
otra jefatura, no fue escuchado y un golpe de puño en el
pómulo izquierdo zanjó la discusión. Mientras
el hecho era planteado ante el dueño, “Tyson”
Espinoza siguió amenazando al sindicalista con volver a
golpearlo.
Puesto el caso en conocimiento de la Inspección del Trabajo,
se ha obtenido como respuesta que nada se puede hacer porque debe
verlo un Juzgado del Crimen. ¿Debemos entender que los
empleadores tienen carta blanca para golpear a sus subalternos
sin que siquiera se les amoneste?
El segundo hecho es aún más grave. En efecto, el
presidente Lagos, sin considerar la cantidad de metidas de pata
que hasta ahora ha hecho su gobierno por no estar seguros antes
del hablar, ha formulado un afirmación que es errada.
No es cierto, Presidente, que en mayo de este año un millón
de trabajadores tendrá seguro de cesantía. Hacer
esa aventurada afirmación puede provocar desconcierto e
ilusiones en miles de trabajadores. Su ministro debe haberle informado
que la ley del Seguro de Cesantía recién comenzó
a regir en octubre del 2002, y que se necesitan doce cotizaciones
continuas o discontinuas para obtener derecho a retirar los ahorros
de la cuenta individual.
Según antecedentes entregados en febrero por el ministro
del Trabajo, en el seguro había poco más de 420.000
mil inscritos y de ellos, más del 70% eran contratos a
plazo fijo o de temporada. Por lo tanto, o los datos del ministro
Solari están equivocados o a usted lo mal asesoran.
Para que en mayo de este año un millón de trabajadores
pueda cobrar el seguro, debieran darse dos situaciones. La primera,
que se hubieran creado en octubre un millón de puestos
de trabajo y la segunda, que a ese millón se le hubiera
contratado por plazo fijo o de temporada, única forma para
retirar los fondos después de seis meses de cotizaciones.
MOSICAM
Sazie 2105, Santiago
FELAP CONTRA LA GUERRA
Frente al genocidio planificado por EE. UU. y el Reino Unido
contra Iraq, cuyos efectos devastadores adquieren ya carácter
de crimen de lesa humanidad, la Federación Latinoamericana
de Periodistas (Felap) reitera su llamamiento a la paz y a no
permanecer ajenos, neutrales ni callados.
Al mismo tiempo convoca a todos los periodistas de la región
a sumarse, desde la tarea profesional y las movilizaciones de
masas, a la lucha contra la mentira y la hipocresía informativa
que, en ciertos y determinados casos, pretende disimular detrás
de la matanza y las imágenes de “guerra”, los
verdaderos intereses económicos y financieros que promueve
la actual ofensiva militar sobre Oriente Medio y Asia Central.
Saludamos y reivindicamos la labor ética y esmerada de
colegas no amañados al dispositivo de las fuerzas de invasión,
a la vez que repudiamos las flagrantes mentiras de aquellos que,
desde la profesión, actúan como elementos de la
desinformación en el frente de batalla.
LUIS SUAREZ, presidente
JUAN CARLOS CAMAÑO, secretario general
TUBAL PAEZ , vicepresidente
NELSON DEL CASTILLO, tesorero
JOSE RAFAEL VARGAS, secretario general adjunto
Periodistas asesinados en Iraq
Sr. Presidente de la República:
Consternados ante los bombardeos perpetrados por tanques estadounidenses
el 8 de abril, en Bagdad, contra el hotel Palestina, hospedaje
de periodistas y corresponsales de todo el mundo, incluidos nuestros
colegas Santiago Pavlovic, Rafael Cavada y Alejandro Leal, y la
destrucción de las sedes de las estaciones de televisión
Al Jaezeera y Abu Dhabi, que significó la muerte de tres
profesionales de la prensa, no tenemos dudas de que estos ataques
fueron dirigidos contra los periodistas.
Compartimos plenamente que “el bombardeo de hoteles donde
se hospedan los periodistas y el ataque a los medios árabes
son eventos particularmente repugnantes en una guerra que se libra
en nombre de la democracia”, opinión expresada por
Aidan White, secretario general de la Federación Internacional
de Periodistas, importante organización de nuestra profesión
en el mundo occidental.
Aunque las antiguas autoridades de Bagdad fueron culpables de
indiferencia y desprecio por la vida humana, también pensamos
que el ataque mencionado constituye una grave violación
de los pactos que debe respetar la comunidad mundial y del derecho
internacional humanitario, por lo que sus responsables deben ser
llevados a la justicia.
Respetuosamente le solicitamos que el embajador de Chile ante
Naciones Unidas, señor Gabriel Valdés Soublette,
reclame esa justicia ante el Consejo de Seguridad de la organización
mundial y que se formule un reclamo ante la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, a través
del representante chileno.
También solicitamos de nuestro gobierno un gesto de apoyo
a la completa investigación que se proponen el Instituto
Internacional de la Seguridad en la Noticia (INSI) y la Comisión
Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) que preside nuestro
colega Hernán Uribe Ortega, adscrita a la Federación
Latinoamericana de Periodistas (FELAP), organización a
la que el Colegio de Periodistas de Chile está afiliado.
Le saludan respetuosamente
GUILLERMO TORRES GAONA, presidente
FRANCISCO LARENAS BOUQUOT, secretario general
COLEGIO DE PERIODISTAS DE CHILE
DENUNCIA CONTRA EL BANCOESTADO
Me gustaría denunciar públicamente al BancoEstado
por, a mi entender, actuar al margen de la ley que prohíbe
utilizar información histórica de informes comerciales.
Durante febrero, la estudiante de la Universidad Arcis, Andrea
Bernal, ingresó una solicitud de crédito en la que
yo estaba propuesto para servir de aval. Esta solicitud fue rechazada,
informando que el aval no calificaba en el proceso de pre-aprobación
del crédito. Para esto, no se dio el motivo, aduciendo
que esa información sólo se daba a la persona rechazada.
El 1° de abril, fui al BancoEstado, oficina central, segundo
piso, para solicitar que me informaran el motivo del rechazo,
o por qué yo no calificaba como aval. Para lo cual, antes
de llegar al banco, pasé por la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras, y solicité un certificado
de deuda (N° 703528), en el cual se certifica que no tengo
deuda morosa, vencida ni castigada, ya sea directa o indirecta.
Al consultar en el banco, quien me atendió, la señorita
Lorena Massera, me informó que yo tenía una deuda
castigada por valor de $ 199.000 del año 1999. Le mostré
el certificado de la Superintendencia y le dije que no tengo deudas
impagas en el sector financiero, a lo que me respondió
que el banco tiene sus propios registros.
Hablé con la jefa del área, la señora María
Teresa de Nordenflycht, y con el agente de la oficina, señor
Julio Aravena, los que vieron mis datos en sus respectivos computadores,
y me dieron la misma respuesta.
A los tres les entregué mi punto de vista: que estaban
actuando al margen de la ley al trabajar con información
histórica, considerando que hay una ley (N° 19.628)
que dice que la información anterior al año 2002
y por un monto inferior a $ 2.000.000 debe ser borrada y no puede
ser utilizada, a lo que me respondieron que eran las normas internas
del banco. Esta situación es, en mi opinión, una
pésima señal que está dando el BancoEstado
al sector financiero, con el agravante de que una institución
del Estado está vulnerando las leyes que dicta el mismo
Estado, en perjuicio de los estudiantes universitarios que ya
tienen bastantes problemas para obtener financiamiento para sus
estudios.
Finalmente, considero que en esto, además, hay una enorme
falta de criterio, debido a que estos créditos serán
cancelados por los estudiantes después de haber egresado
y cuando estén trabajando, lo que por consecuencia, no
implica un compromiso de pago inmediato.
Sin otro particular y agradeciendo de antemano, les saluda
ANDRÉS MARTÍNEZ C., Rut.: 6.870.335-2
Fono: 6751109 celular 95378151
Santiago