EJERCITO MACABRO

“VUESTROS NOMBRES, VALIENTES SOLDADOS...”

“Empezó la máquina de a poquito, y apareció una primera persona, como a las once y media o doce del día. Ya el resto se hizo todo a mano, con palas. Los cuerpos estaban prácticamente completos, totalmente enteros. La tierra de allá se apretó de tal forma que no entró oxígeno y eso los mantuvo ahí”.

“A medida que los cuerpos iban saliendo se iban descomponiendo muy rápido y para soportar ese olor -y está escrito en el expediente- se le llevó al personal de allá una cantidad de alcohol. Tuvieron que trabajar en estado de intemperancia para poder hacer las cosas”.

DETENIDOS en La Moneda el 11 de septiembre de 1973. Se rindieron confiando en el honor militar que dispone respetar a los prisioneros y auxiliar a los heridos del otro bando.

(Del testimonio del suboficial de ejército Eliseo Cornejo Escobedo. “El Mercurio”, 29 de junio).

Cinco militares en retiro del regimiento Tacna comenzaron a ser procesados como autores, en 1978, del delito de exhumación ilegal de cadáveres en el Fuerte Arteaga (Peldehue) del ejército. Con la resolución del juez especial Juan Carlos Urrutia, se abre una etapa inesperada en los procesos sobre detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura.
En 1978, esos uniformados servían en el regimiento Tacna: el coronel Hernán Canales Varas era comandante de la unidad y el mayor Luis Fuenzalida, jefe de Inteligencia; también eran de Inteligencia los tres suboficiales procesados: José Canarios Santibáñez, Darío Gutiérrez de la Torre y Eliseo Cornejo Escobedo. Este último fue testigo, en 1973, del fusilamiento en el Fuerte Arteaga de los prisioneros de La Moneda que estuvieron el 11 de septiembre junto al presidente Salvador Allende. Cinco años después, Cornejo recibió instrucciones del general Enrique Morel, que había sido edecán de Pinochet, para que indicara el sitio de sepultación de los fusilados para proceder a su desentierro. Según lo acreditó la ministra Amanda Valdovinos, que tuvo a su cargo la primera parte de la investigación, la exhumación del 23 de diciembre de 1978 fue una operación institucional: los desenterradores dispusieron de protección, todos eran militares, los trabajos fueron controlados por oficiales, se usaron vehículos y maquinaria pesada del ejército y se dispuso de un helicóptero Puma para retirar los sacos con los restos humanos que se extrajeron de la fosa. Las declaraciones del suboficial Cornejo fueron claves para aclarar los hechos.
Con las revelaciones de lo ocurrido en el Fuerte Arteaga comienza a descorrerse un velo que parecía impenetrable. Se confirma que se trató de una decisión institucional, adoptada por la cúpula del ejército, que se materializó en una instrucción secreta enviada a todo el país y coordinada en forma centralizada. Era un secreto a voces que después del descubrimiento de cuerpos de campesinos asesinados y ocultos en un horno de Lonquén, en 1978, Pinochet ordenó que se borraran la huellas de sus crímenes. Así se hizo en diversas localidades: como en Calama y en otras ciudades que recorrió la Caravana de la Muerte, en Chihuío, en Cuesta Barriga y otros lugares. Esto ocurrió no sólo en 1978, sino también en los años finales de la dictadura e incluso, a comienzos del gobierno de Patricio Aylwin, cuando Pinochet seguía siendo comandante en jefe. Muchos cuerpos fueron destrozados con granadas y otros explosivos por lo cual sólo se han encontrado fragmentos de huesos que dificultan la identificación de las víctimas.
Relevantes son las consecuencias políticas y jurídicas de las exhumaciones ilegales. Evidencian de manera irrefutable el carácter institucional y sistemático de la represión que se extendió durante toda la dictadura. Pueden originar procesos por obstrucción a la justicia que comprometan a decenas de militares, incluyendo a muchos en actividad, si se trata de hechos más o menos recientes. Los desentierros -asimismo- reafirman la criminalidad de Pinochet y manchan a otros militares que aparentan inocencia y se pavonean con el honor militar.
Las declaraciones a “El Mercurio” del ex suboficial Eliseo Cornejo confirman que los prisioneros en el regimiento Tacna fueron trasladados a Peldehue para ser fusilados por orden del comandante de esa unidad, el general (r) Joaquín Ramírez Pineda. Este militar se encuentra desde hace meses detenido en Buenos Aires debido a una orden internacional de captura emitida por tribunales franceses. En París se tramitan procesos iniciados por familiares de los detenidos en La Moneda y en la Intendencia de Santiago que fueron ajusticiados. La justicia francesa ha solicitado la extradición del general (r) Ramírez Pineda y de otros ex altos oficiales que no pueden hoy salir del país sin caer en manos de la Interpol.
El juez Juan Carlos Urrutia también lo procesa en Chile, junto a otros responsables de los fusilamientos de prisioneros de La Moneda: el brigadier (r) Pedro Espinoza -que haría siniestra carrera como subdirector de la Dina- y los suboficiales Teobaldo Mendoza, Servando Maureira, Jorge Herrera López, Juan de la Cruz Riquelme, Fernando Soto y Jorge Ismael Gamboa.
El accionar del ejército -y de las demás ramas de las FF.AA. y Carabineros- al aplicar con inusitado odio y ferocidad contra su pueblo el terrorismo de estado, hace imposible no evocar las atrocidades del ejército nazi, de las fuerzas de ocupación francesas en Argelia o norteamericanas en Vietnam, Afganistán o Iraq. El caso chileno reúne todas las condiciones para sumarse a esos crímenes contra la humanidad, que dejaron huellas indelebles en la historia.
El país espera -con razón- que al cumplirse 30 años del golpe militar los actuales mandos de las FF.AA. demuestren, con hechos, que son confiables para construir una democracia de verdad. El único modo creíble es rompiendo con un pasado que estigmatiza a sus instituciones. Mientras no lo condenen, seguirá siendo un obstáculo insalvable para la unidad que Chile necesita para encarar los desafíos de esta época. Las naciones pequeñas requieren defender su soberanía de las amenazas de la globalización imperial construyendo sistemas políticos y sociales que excluyan la injusticia, el temor y la arbitrariedad

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Bienvenida a nuestros muertos

El economista Jaime Barrios Meza, uno de los fundadores de “Punto Final”, está entre los 21 prisioneros en La Moneda que fueron fusilados en Peldehue el 13 de septiembre de 1973. Sus restos en sacos -según el testimonio del suboficial Eliseo Cornejo- habrían sido lanzados al mar desde un helicóptero Puma. También estaban entre ellos el sociólogo Claudio Jimeno Grendi, el médico Georges Klein Pipper, el intendente de palacio Enrique Huerta Corvalán, el abogado Arsenio Poupin Gissel, el funcionario Daniel Escobar Cruz y los combatientes Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras, que eran miembros del GAP. Son los restos de estos doce compañeros -en su mayoría socialistas- los que no han aparecido.

Otros nueve capturados en La Moneda fueron identificados entre las osamentas que se encontraron, en 1991, en el Patio 29 del Cementerio General. Esto contradice en parte el testimonio del suboficial Cornejo, en cuanto a que todos los fusilados en Peldehue fueron sepultados en un “hoyo inmenso”, del que fueron exhumados en diciembre de 1978.

JAIME Barrios Meza, uno de los fundadores de “Punto Final”. Era gerente general del Banco Central, fue apresado en La Moneda, torturado en el regimiento Tacna y fusilado en Peldehue.

Jaime Barrios tenía 47 años y era gerente general del Banco Central. El 11 de septiembre fue a La Moneda con su esposa cubana Nancy Jullien. Ella permaneció en el palacio en llamas hasta que el presidente Allende ordenó evacuar a las valientes mujeres que estaban en La Moneda, entre ellas su propia hija Beatriz. Jaime Barrios -consecuente con los principios de toda su vida- permaneció hasta el final, cuando la tragedia se consumó con el sacrificio de Allende.
Barrios fue uno de los economistas chilenos que, en la primera hora de la Revolución Cubana, partió a la isla a poner sus conocimientos al servicio de ese proceso que remecía las conciencias de América Latina. Trabajó con el presidente Osvaldo Dorticós, con Fidel Castro y sobre todo, con el Comandante Ernesto Guevara. Su cercanía con el Che se evidencia por el hecho de que, en los años 60 cuando el Comandante Guevara preparaba la guerrilla en Bolivia, Jaime Barrios vino a Chile a buscar apoyos para esa lucha revolucionaria. Más tarde, volvió al país y participó en la fundación de “Punto Final”. Desde La Habana, donde siguió viviendo, colaboraba con artículos sobre temas de la historia nacional que conocía en profundidad. Más adelante se unió al grupo de asesores de Salvador Allende.
Para Jaime Barrios y sus compañeros apresados en La Moneda no rigieron las leyes de la guerra y del honor militar, que dispone respetar a los prisioneros. Como sucedería con miles de chilenos a partir del 11 de septiembre, Jaime Barrios fue torturado, fusilado y sepultado en una fosa clandestina al interior de un recinto militar. Para mayor salvajismo, sus restos fueron exhumados cinco años después y arrojados al mar en un saco.
Desde luego, esto enaltece la memoria de nuestros mártires. La deshonra de los militares, enaltece el honor de sus víctimas

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