A 32 años de la nacionalización del cobre
El legado de Allende
LA “CHILENIZACION”:
UN TIMIDO PASO
 |
La explotación imperialista
ha tenido raíces profundas en la historia de Chile,
especialmente en el siglo XX. Eduardo Novoa sostiene que
alcanza niveles increíbles la carencia de información
pública respecto del verdadero significado económico-social
de la explotación de nuestras riquezas básicas
por las empresas extranjeras. En el mensaje del presidente
Salvador Allende sobre el proyecto de reforma constitucional
que modificó el artículo 10 Nº 10 de
la Constitución, se indica: |
“La inversión norteamericana en el cobre significó
en su origen un aporte de capital foráneo de sólo
3,5 millones de dólares. Todo el resto ha salido de la
misma operación. Idéntica situación se produjo
en el hierro y en el salitre. Las cuatro grandes empresas que
han explotado en Chile esas riquezas han obtenido de ellas, en
los últimos sesenta años, ingresos por la suma de
10.800 millones de dólares. Si consideramos que el patrimonio
nacional logrado durante 400 años de esfuerzos asciende
a 10.500 millones de dólares, podemos concluir que en poco
más de medio siglo, estos monopolios norteamericanos sacaron
de Chile el valor equivalente a todo lo creado por sus ciudadanos
en industrias, caminos, puertos, viviendas, escuelas, hospitales,
comercios, etc., a lo largo de toda su historia. Aquí está
la raíz de nuestro subdesarrollo”.(1)
El gobierno de Eduardo Frei Montalva dio un tímido paso
en la recuperación de las riquezas básicas de Chile.
En efecto, de acuerdo a una delegación de facultades del
Congreso Nacional, puso en marcha su política de “chilenización
del cobre”, que denominó la “viga maestra”
de su programa. Consistió en la creación de sociedades
mixtas entre el Estado chileno y las compañías norteamericanas.
Para eso, compró el 51% de las acciones de las empresas
subsidiarias existentes en el país, pagándoles precios
cuantiosos. Las cifras fueron concluyentes en esta materia. Por
el 51% de las acciones de las sociedades mixtas formadas con sus
subsidiarias Chile Exploration Co. y Andes Mining Copper Co.,
la transnacional Anaconda recibió pagarés del gobierno
chileno por 197 millones de dólares, en circunstancias
que el valor libro de esas empresas era sólo de 181 millones
de dólares, es decir, por el 51% de las acciones se les
pagó más que el valor total de las inversiones.
A la Kennecott Copper Co. se le pagó por el 51% de las
acciones de su subsidiaria Braden Copper Co. un total de 180 millones
de dólares, aunque el valor libro de toda la empresa era
inferior a esa cifra. En este caso, el gobierno avaló,
además, un crédito de 125 millones de dólares
y le entregó a la subsidiaria la administración
de la nueva empresa mixta, a pesar de ser la socia minoritaria.
El gobierno de Frei Montalva convino asimismo con la Anaconda
una opción para adquirir el otro 49% de las acciones, cuyo
precio se determinaría en relación a las utilidades
que obtuviera la compañía en los dos años
anteriores a la compra, lo que significaría el pago de
una suma muy elevada por ese saldo. En cuanto a la Braden no se
celebró convenio de opción, que le habría
permitido después de los planes de expansión exigir
por el 49% de las acciones un valor considerable, en caso de compra
por el gobierno chileno. Los convenios comprendían, además,
los denominados “planes de inversión”, dirigidos
a incrementar la producción, cuyo financiamiento significó
compromisos de deuda para las empresas mixtas con instituciones
internacionales por 704 millones de dólares, garantizados
con aval del Estado.
La política del gobierno de Frei para la gran minería
del cobre consistió, en suma, en la compra de una parte
del “negocio” a las compañías norteamericanas
mediante un precio excesivo, ya que el lapso de recuperación
de las inversiones era, según estudios efectuados por la
Universidad de Chile, de ocho años. Ello significa que
el capital de la Braden Copper Co., cuya mina El Teniente empezó
a operar en 1902, se había recuperado ocho veces al momento
de la “chilenización”. Por otra parte, el Estado
se obligó, a través de los convenios de expansión
de la producción, a financiar mediante crédito externo
y con su aval las nuevas inversiones de las empresas mixtas.
Estas empresas imperialistas, que ya habían expropiado
a Chile esas inmensas riquezas, recibieron jugosas indemnizaciones
en el gobierno de Frei Montalva. Fueron tan desmedidas las utilidades
que percibieron las compañías extranjeras en los
años siguientes a esta llamada “chilenización”,
que el profesor de la Universidad de Harvard, T.H. Moral, aludió
a ellas diciendo que habían sido “tan estupendas
que eran prácticamente una vergüenza”. Las cifras
oficiales indican que entre 1965 y 1970 las compañías
norteamericanas obtuvieron utilidades líquidas por 605
millones de dólares, esto es, por más del valor
total de sus capitales en Chile. Pero eso no es todo lo que puede
decirse de la chilenización. Según el Hanson’s
American Letter, “ningún gobierno de extrema derecha
había tratado a las empresas norteamericanas con la generosidad
con que lo hizo el señor Frei… Su tratamiento excesivamente
favorable fue tan falto de equilibro y de juicio, y tan perjudicial
para los intereses de Chile, que casi provocó hilaridad
en Washington”.(2) Esto explica también la “ayuda”
norteamericana a la campaña presidencial de Frei Montalva.
LA LUCHA POR LA NACIONALIZACION
La nacionalización del cobre y demás riquezas básicas
-hierro y salitre- constituyó la principal bandera de la
Unidad Popular, porque hería profundamente al imperialismo
y a la vez recuperaba para Chile su más importante patrimonio
minero. La minería del cobre generaba más del 80%
de los ingresos de divisas del país con una productividad
enorme. Aproximadamente 18 mil trabajadores producían más
de mil millones de dólares. La expropiación, sin
indemnización, de este mineral constituía una medida
revolucionaria que castigaba a quienes habían obtenido
utilidades abusivas, explotando la elevada productividad de dicho
sector de la economía y aprovechando las alternativas naturales
o manipuladas del precio internacional del cobre.
Esta demanda nacional estaba vinculada al movimiento obrero chileno,
que precisamente tuvo su origen principal en las zonas mineras
del norte del país. Los partidos populares, de orientación
marxista, plantearon tempranamente la nacionalización de
estas riquezas naturales. Así lo recordó el presidente
Allende en el discurso pronunciado en Rancagua el 11 de julio
de 1971 para informar sobre la nacionalización. Entonces
expresó que “la batalla del cobre dada por los partidos
populares ha sido muy larga y permanente”, recordando que
los primeros proyectos de nacionalización del cobre fueron
presentados por los socialistas y comunistas. Afirmó entonces
Allende: “Esta batalla ha sido larga, pero hay que destacar
que la conciencia del pueblo ha permitido que hoy día...
la inmensa mayoría de los chilenos esté junto a
Chile y su futuro... al aprobar la idea modificatoria de la Constitución
para que nosotros podamos nacionalizar el cobre, (el país)
ha escuchado el clamor, la potencia y la fuerza con que el pueblo
ha luchado y luchará por recuperar la riqueza de Chile,
en manos del capital foráneo”. Allende se convirtió
así en ejecutor de esta voluntad nacional.
La campaña de Allende para convencer al país de
la necesidad de la nacionalización completa del cobre fue
larga y convincente. Las cifras en que se evidenciaba la explotación
imperialista de esta riqueza básica eran abrumadoras. Con
inversiones iniciales de 50 a 80 millones de dólares, entre
1930 y 1970, las empresas obtuvieron utilidades de 1.566 millones
de dólares, y los valores no retornados alcanzaron a 2.663
millones de dólares. En el mismo período, las inversiones
netas ascendieron a 647 millones de dólares pero en el
momento de la nacionalización, debían una suma superior
al gobierno de Chile, sin contar otros compromisos con el comercio
nacional e internacional.
REFORMA
CONSTITUCIONAL
Para esta nacionalización, el gobierno de Allende eligió
el mecanismo de la reforma constitucional, por ser el único
procedimiento que permitía deshacer la maraña jurídico-económica
derivada de la teoría colonialista de los contratos-leyes,
que obligaban al Estado chileno respecto a las compañías
norteamericanas. Así se liquidaba también la llamada
“chilenización” o nacionalización pactada,
aprobada en el gobierno anterior. Esta reforma constitucional
también permitía fijar el valor libro como precio
de las inversiones de las empresas, establecer plazos para pagar
las eventuales indemnizaciones y deducir de éstas las utilidades
excesivas.
En el mensaje del Poder Ejecutivo de diciembre de 1970, por el
cual se presentó el proyecto de reforma constitucional
que modificaba el artículo 10 Nº 10 de la carta fundamental,
se explica con precisión la elección de este procedimiento,
al afirmar que “...la importancia que para la existencia
libre, independiente y soberana del país tiene esta nacionalización,
exige que ella sea solemnizada con la adopción de una decisión
al más alto nivel jurídico concebible, aquel nivel
en que es el propio soberano, el pueblo, actuando como Poder Constituyente,
quien expresa su voluntad”.
La nacionalización de las empresas de la gran minería
del cobre y de la Compañía Minera Andina fue aprobada
por la ley Nº 17.450 del 16 de julio de 1971.
Esta ley, basándose en la disposición décimo
séptima transitoria, letra b, de la Constitución,
sancionó la facultad privativa del presidente de la República
para ordenar que el contralor general de la República,
al calcular la indemnización que debería pagarse
a las empresas nacionalizadas “deduzca el todo o parte de
las rentabilidades excesivas que las empresas nacionalizadas o
sus antecesoras hubieren devengado anualmente a partir de la vigencia
de la ley Nº 11.828, o sea, a partir del 5 de mayo de 1955”.
De acuerdo con esta facultad constitucional, el presidente Allende
dictó el decreto supremo Nº 92, de 28 de julio de
1971, por el cual se estableció el procedimiento para determinar
las indemnizaciones en favor de las mencionadas empresas, “previa
deducción de lo que corresponda, por concepto de rentabilidades
excesivas”, las que a su vez se desprenderían de
los resultados económicos de las empresas, reflejados en
sus balances.
LA TEORIA ALLENDE SOBRE RENTABILIDADES EXCESIVAS
Las empresas Anaconda y Kennecott operaron en Chile hasta 1971
y constituían sociedades que habían actuado transnacionalmente,
con inversiones en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
Si se comparan las rentabilidades de las empresas que operaron
en nuestro país -calculadas como la relación entre
las utilidades netas anuales y el valor de libro de ellas- con
la rentabilidad de la matriz en el conjunto de sus operaciones
internacionales, las obtenidas en Chile son mucho mayores. Este
fenómeno se produce incluso cuando la comparación
se hace con los resultados alcanzados por la respectiva sociedad
en el conjunto de sus operaciones incluidas sus filiales chilenas.
En la decisión del gobierno popular se consideran, en definitiva,
las rentabilidades obtenidas por Anaconda y Kennecott respecto
de sus valores de libro en el conjunto de sus operaciones internacionales,
la rentabilidad de otras empresas norteamericanas en Estados Unidos
y Canadá, los casos límite de rentabilidad de libre
disposición que el Estado chileno ha fijado para inversionistas
extranjeros y otros casos de rentabilidad de inversiones en los
países desarrollados y subdesarrollados.
De acuerdo a los antecedentes anteriores, el presidente Allende
determinó que la rentabilidad anual para las empresas nacionalizadas
y sus antecesoras debía fijarse en el 10% de los respectivos
valores de libro. Dispuso, por consiguiente, que el contralor
general, al calcular la indemnización que correspondería
pagar a las empresas de la gran minería del cobre por la
nacionalización, debía deducir las siguientes cantidades
por concepto de rentabilidades excesivas devengadas a partir del
5 de mayo de 1955 y hasta el 31 de diciembre de 1970:
1. Para la compañía de cobre Chuquicamata S.A.,
la cantidad de 300 millones de dólares.
2. Para la compañía de cobre Salvador S.A., la cantidad
de 64 millones de dólares.
3. Para la Sociedad Minera El Teniente S.A., la cantidad de 410
millones de dólares.
Este proceso de nacionalización culminó con la resolución
Nº 529 de 11 de octubre de 1971 de la Contraloría
General de la República, que fijó los montos de
la indemnización que debía pagarse a las compañías
mineras. El resultado fue altamente satisfactorio para Chile.
La compañía Chuquicamata S.A. tenía un capital,
según valor de libro al 31 de diciembre de 1970, de 241
millones de dólares. Se le dedujeron los 300 millones por
rentabilidades excesivas quedando con un saldo negativo de -76.5
millones de dólares. La compañía El Salvador
S.A. tenía un capital según valor de libro a la
fecha indicada de 68.3 millones de dólares. Se le descontaron
69.9 millones por el concepto ya señalado arrojando también
un saldo negativo de -1.6 millones. La compañía
El Teniente S.A. tenía un capital según valor de
libro a la fecha mencionada de 318.8 millones de dólares,
al que se le restaron 410 millones, quedando con un saldo negativo
de -91.2 millones.
EXPROPIACION
SIN INDEMNIZACION
De acuerdo con lo anterior, las grandes empresas norteamericanas
explotadoras del cobre chileno fueron expropiadas sin indemnización
por el gobierno popular, toda vez que las deducciones por concepto
de rentabilidad excesiva sobrepasaron los límites de las
indemnizaciones correspondientes, según los criterios fijados
por la reforma constitucional. En esta forma, se puso término
en Chile a tres decenios de explotación imperialista. Era
tan grande la fuerza moral de este acto de reparación nacional
que, anonadada por ella, la institucionalidad burguesa, que más
tarde derrocaría al gobierno de Allende, guardó
silencio. Sólo recibieron indemnización la compañía
Exótica S.A., que tenía un capital, según
valor de libro de 14.8 millones de dólares y se le descontaron
4.8 millones, correspondiéndole una indemnización
de 10 millones, y la compañía Andina S.A., a la
cual se pagaron 18.2 millones por igual concepto.
El gobierno popular debió enfrentar una campaña
internacional emprendida por las empresas imperialistas que denunciaban
haber sido objeto de despojo. Para eso, señalaron que el
presidente de la República calculó los montos de
rentabilidad excesiva sobre la base aproximada del 12% anual,
en vez del 10% mencionado en el decreto supremo Nº 92, porcentaje
que era superior a la rentabilidad obtenida por ambas grandes
compañías (Anaconda y Kennecott) en el conjunto
de sus operaciones internacionales entre los años 1955
y 1970, así como era superior también a las tasas
de rentabilidad obtenidas por inversiones norteamericanas en el
sector minero en países avanzados del mundo, tales como
Canadá o los de Europa occidental. También sostuvieron
que las deducciones dispuestas por el presidente de la República
correspondían a utilidades obtenidas por las empresas mixtas,
en las que el Estado chileno tenía más del 50%,
por lo que aquellas afectaban también al socio chileno,
la Corporación del Cobre: se aludía a las empresas
“chilenizadas” por el gobierno del presidente Frei
Montalva.
La decisión soberana de Chile se basó en las disposiciones
jurídicas internas como también en la resolución
Nº 1803 (XVII) de Naciones Unidas, que reconoce el derecho
de los pueblos a disponer de sus riquezas básicas. El derecho
de Chile era indiscutible a tal punto que el propio Kissinger
lo reafirmó en sus Memorias: “Nuestra preocupación
por Allende estaba basada en la seguridad nacional. No en la economía”.
Para agregar en seguida: “La nacionalización de las
propiedades de los norteamericanos no fue el problema. Nunca objetamos
el principio de la ley internacional que permite la nacionalización
por razones de interés público”.(3)
En verdad, la causa por la cual el gobierno de Estados Unidos
desestabilizó e intervino en el derrocamiento del presidente
Allende no fue sólo la expropiación de las empresas
de la gran minería del cobre, sino que se fundó
en la convicción de que la “vía chilena al
socialismo” constituía un peligro político
para esa gran potencia.
Conjuntamente con la expropiación de las empresas de la
gran minería del cobre el gobierno traspasó a la
propiedad estatal el salitre y el hierro, hasta entonces en manos
de empresas norteamericanas. Este proceso se llevó a cabo
mediante negociación directa. Se agregó el carbón,
que estaba en poder de capitalistas chilenos, con lo que se completó
el proceso de nacionalización de las riquezas naturales,
objetivo principal del programa básico de gobierno de la
Unidad Popular. Con el proceso de integración de estos
recursos naturales a la economía social, se daba término
a una estrategia sostenida durante mucho tiempo, en el siglo XX,
por el movimiento popular. Las más grandes y poderosas
organizaciones obreras surgieron y se desarrollaron en la pampa
minera del norte, primero en el salitre, y después, en
el cobre, así como en la cuenca carbonífera del
sur, en las provincias de Concepción y Arauco. Salvador
Allende ofrecía así una profunda satisfacción
a las demandas de los trabajadores, que también eran las
aspiraciones sentidas por el conjunto de la nación, que
siempre habían estado presentes en los programas del movimiento
popular.
¿Cuánto ha significado para el patrimonio de Chile
este legado del gobierno presidido por Allende? De 1971 a 2003,
el país ha recibido a través de Codelco más
de 10 mil millones de dólares y el valor estimado de esta
empresa pública es de 30 mil millones de dólares.
Este es el “sueldo de Chile”, del que habló
Allende, por el cual los traidores a la patria pagaron, después
del golpe de Estado, a las subsidiarias de la Anaconda y la Kennecott
supuestas indemnizaciones. La cifra exacta nunca se dio a conocer,
pero en su momento se habló de 1.300 millones de dólares
de 1988, pagados al conjunto de empresas norteamericanas expropiadas
incluyendo a la ITT, valor superior a lo que ellas habían
exigido al gobierno de Allende. En el caso de las compañías
de la gran minería del cobre no había razón
alguna para indemnizar, porque la nacionalización se había
hecho de acuerdo a una reforma constitucional tramitada legalmente
por la Contraloría General de la República. Lo que
se pagó no fue, pues, una indemnización, sino un
aporte por la colaboración en el golpe de Estado.
SITUACION ACTUAL
DEL COBRE
¿Qué ha pasado con el “sueldo de Chile”,
legado del gobierno popular presidido por Allende? Los 10 mil
millones de dólares aportados por Codelco al Estado se
han destinado a gastos generales, primero de la dictadura, y después
de los gobiernos de la Concertación. De este aporte, el
10% del valor de las exportaciones se ha invertido en la compra
de armas para el “partido” que el pueblo arma contra
sí mismo: durante todo el siglo XX, las armas se han usado
sólo en favor de las clases dominantes y en contra de los
trabajadores, sin ninguna guerra exterior.
Chile, por la nacionalización durante el gobierno popular
de Salvador Allende recuperó el 100% de la producción
de cobre, pero la dictadura de la derecha entregó gratuitamente
a las empresas extranjeras el 65% de la actual producción,
dejando en manos de Codelco sólo el 35%. En efecto, los
usurpadores del poder legítimo entregaron la propiedad
absoluta sobre nuestros recursos mineros por medio de la llamada
“concesión plena”, haciendo prácticamente
imposible una nueva nacionalización. Además, para
atraer la inversión extranjera se ofreció un conjunto
exagerado de regalías tributarias, hasta el punto de que
las nuevas empresas extranjeras no han pagado hasta ahora impuestos,
mediante el subterfugio de reflejar pérdidas en sus balances.
El ejemplo más escandaloso es el de Disputada, que se privatizó
en 1978 en 100 millones de dólares y 23 años después,
se vendió en 1.300 millones de la misma moneda, sin haber
pagado impuestos durante todos esos años. En este sentido
la Cepal ha señalado que Chile, en el mundo, es el país
que menos recibe por la explotación de sus yacimientos
mineros.
El gobierno de Lagos oculta esta realidad, no dando a los chilenos
la información precisa sobre la situación tributaria
de la gran minería privada del cobre y, además,
se resiste a considerar la aplicación de un royalty a la
explotación minera. La explicación del presidente
y de su ministro de Hacienda a esta oposición se basa en
que dicha política no está contemplada en el programa
de gobierno. No obstante, ellos saben que este tributo se aplica
en todos los países del mundo donde hay gobiernos responsables
y patrióticos, incluso en aquéllos de donde provienen
las empresas inversionistas. Sólo en Chile prima la mentalidad
colonial
BELARMINO ELGUETA B.
Notas:
1. Eduardo Novoa M., La batalla por el cobre, Ediciones Quimantú,
Santiago, 1972, págs, 403 y 405.
2. Diario La Opinión, Buenos Aires, enero 15 de 1972.
3. Henry Kissinger, Mis memorias, Atlántida, Buenos Aires,
1979, pág. 466.
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