Las organizaciones sociales tienen la palabra
Una alternativa ¿para qué?
La necesidad de levantar una alternativa de gobernabilidad desde
las organizaciones sociales, que represente las aspiraciones postergadas
de la mayoría de los chilenos, es indiscutible. También
lo es el hecho que se presenta, ahora, la oportunidad de intentarlo
y que sería muy irresponsable dejar escapar la coyuntura.
Así lo demuestran el agotamiento del proyecto político
de la Concertación y el desmoronamiento ideológico
y orgánico que sufren sus partidos. La coalición
de gobierno está pegoteada sólo por el binominalismo,
que obliga a conformar bloques electorales. Pero carece de alma
y coherencia política. La traición a su programa
y a sus compromisos democratizadores le ha quitado toda credibilidad.
Sus actos de corrupción y la responsabilidad que en ellos
cabe a autoridades del más alto nivel -por conocimiento,
autorización o participación-, han minado la moral
de lo que fue un poderoso conglomerado que prometía cruzar
el Rubicón de la transición.
Este es el último gobierno de la Concertación y
lo que resta del actual período presidencial se gastará
en sellar el pacto de alternancia con la derecha, blindando al
presidente de la amenaza de una acusación constitucional.
Ha comenzado a vivirse una transición al revés,
de regreso a las fuerzas financieras y políticas que instalaron
y sostuvieron el terrorismo de Estado. El pueblo, en su mayoría
víctima del sistema, no tiene alternativa. Aquella que
balbucean algunos sectores de Izquierda, carece de viabilidad
y se ha jibarizado por su propio dogmatismo. Se requiere una propuesta
amplia y fuerte. Menos “partidizada” pero mucho más
“politizada”. La alternativa democrática y
popular debe nacer de las organizaciones sociales -de los trabajadores,
profesionales, pobladores, estudiantes, pequeños y medianos
empresarios, indígenas, artistas e intelectuales, jubilados,
etc.-, convocando también a los militantes y simpatizantes
de partidos, movimientos y grupos opositores al sistema.
No obstante, al poner manos a la obra es necesario responder a
la pregunta que muchos se hacen: ¿alternativa de qué
y para qué?
Se trata de una alternativa para desatar los nudos que dejó
bien atados la dictadura. Son nudos de todo tipo: institucionales
y jurídicos, desde luego, pero también económicos,
sociales y culturales. Están contenidos principalmente
en la Constitución de 1980, que se debe cambiar en forma
democrática y -por primera vez en nuestra historia- mediante
una Asamblea Constituyente, elegida por el pueblo, y un plebiscito
que ratifique la propuesta de los constituyentes.
La soberanía popular tiene que ser restablecida plenamente,
con todas sus prerrogativas, para que podamos sostener -con orgullo
y seriedad- que vivimos en democracia.
Pero también hay que desatar aquel nudo, fuente de insoportable
injusticia social, que es la economía de mercado. La Constitución
y el modelo económico se acoplan el uno con el otro. Son
monstruosidades que tienen la misma paternidad. El modelo económico
neoliberal impide construir una democracia verdadera que garantice
el derecho igualitario a salud, educación, vivienda, trabajo
estable y salario digno. Una alternativa real debe plantear, necesariamente,
la sustitución de un modelo que persigue el “crecimiento”
sin importar que el esfuerzo de muchos vaya a los bolsillos de
unos pocos. Hay que terminar con el espejismo de prosperidad creado
por el capital especulativo. Un país diferente, en cambio,
debe alentar al capital productivo generador de empleos. Chile
en democracia necesitará impulsar políticas orientadas
al desarrollo integral de la economía, cuidando las riquezas
naturales y el medioambiente, estableciendo el reparto equitativo
de la riqueza, impulsando la integración regional y fortaleciendo
nuestra independencia, amenazada por el TLC con EE.UU. y la anexión
a la economía norteamericana en el Area de Libre Comercio
de las Américas (Alca).
La brutal agresión norteamericana a Iraq, que ha impuesto
la “guerra preventiva” y con ello la crisis total
de las Naciones Unidas, es una notificación de los extremos
a que quiere llegar EE.UU. para consolidar su dominio universal.
La militarización ha llegado también a la región,
ya es un hecho en Colombia. Estamos ante un desafío a la
soberanía e integridad de los estados. Sólo podemos
enfrentar esos peligros con unidad nacional y una sólida
vinculación latinoamericana. Nuestras Fuerzas Armadas deben
ser invitadas a un diálogo abierto sobre el destino de
la soberanía y seguridad nacional, en un continente convertido
en colonia norteamericana con gobernantes y ejércitos títeres.
Por otra parte, la alternativa democrática y popular de
las organizaciones sociales no puede ser un simple documento,
otro más de esos programas que cada tanto produce la rutina
política.
Las propuestas deben surgir del pueblo, interpretar su diversidad
y sintetizar sus anhelos. Las decisiones sobre el camino a recorrer
deben ser también producto de la consulta y participación
de diversos sectores sociales. La alternativa es un proceso en
sí misma. Acumulará fuerza y generará liderazgos
como resultado de la reflexión de millones de conciencias
bien informadas. De ese proceso de participación surgirán,
también, los instrumentos políticos. Se trata de
un ejercicio concientizador y a la vez organizador. Discutir ahora
si el instrumento más adecuado es un partido y enzarzarse
en ese debate, es invertir las prioridades. El propio movimiento
político-social, construyendo la alternativa en sus luchas
cotidianas, decidirá, en el momento adecuado, cómo
convertirá sus demandas y propuestas en una alternativa
de gobernabilidad. Lo que se pretende, en definitiva, es politizar
a un pueblo que está profundamente dañado en su
conciencia y en la capacidad para defender sus derechos. Querer
“partidizar” al movimiento, imponiéndole la
hegemonía de un partido o creando otro ad hoc, mataría
este proyecto en su cuna. Los partidos y grupos políticos
con presencia en las organizaciones sociales, deben participar
a través de los dirigentes, militantes y activistas naturales
en el movimiento social. Esta es la concepción que plantea
la Fuerza Social y Democrática, por ejemplo, que ha causado
la irritación de algunos sectores quisquillosos que no
perciben que en este proceso los núcleos políticos
más coherentes y activos capitalizarán adhesión
y respeto popular.
Construir la alternativa requiere una conducción pluralista
que admita la participación, en igualdad de derechos, de
todas las vertientes que confluyan en el mismo propósito
democratizador. Destazar el movimiento en partidos y grupos le
quitaría la fuerza que requiere la magnitud del objetivo.
No basta con que el fracaso de la Concertación esté
abriendo nuevos espacios políticos. Tampoco es suficiente
que la alternativa popular se oriente en el mismo sentido de las
aspiraciones que expresan las encuestas de opinión más
serias. Cerca del 80% de los chilenos, según la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), quiere un plebiscito
para reformar la Constitución. El mismo porcentaje aprueba
el divorcio. Casi el 60% pide legalizar el aborto. El 76% prefiere
que los servicios de agua potable, luz y teléfonos vuelvan
a manos del Estado. Porcentajes superiores al 60% se pronuncian
por terminar con la inamovilidad de los comandantes en jefe, la
autonomía de las FF.AA., los senadores designados y el
sistema binominal. Casi el 70% estima que el gobierno adopta sus
decisiones influido por el empresariado. Esto corrobora la necesidad
de una alternativa que represente las aspiraciones que no fue
capaz de atender la Concertación, y que mucho menos resolverá
un eventual gobierno de la UDI.
La corriente subterránea de la opinión popular debe
encontrar un cauce de expresión y transformarse en voluntad
organizada.
La mayoría ciudadana quiere desatar los nudos de la dictadura.
Pero estamos aún distantes de la alternativa que nos permitirá
zafarnos de la Concertación sin caer en la parrilla de
la derecha.
A un elevado porcentaje de chilenos (40% según Flacso,
52% según Latinobarómetro) les daría lo mismo
un gobierno no democrático. Más de un millón
y medio de ciudadanos no quiere participar en las elecciones.
Esto es un enorme lastre de despolitización que demuestra,
asimismo, el débil trabajo desarrollado por los partidos
democráticos. Modificar una conciencia y un estado de ánimo
que han hibernado durante años, necesita un deshielo que
sólo pueden producir las organizaciones sociales y sus
luchas
MANUEL CABIESES DONOSO
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