Aniversario del golpe del 11 de abril
Este año que vivimos en Venezuela
En el último año que nos tocó vivir en Venezuela,
ocurrió de todo: manifestaciones, participación,
asesinatos, un efímero monarca, cuatro canales de televisión
en cadena, día y noche durante meses, contra un gobierno
que carece de política comunicacional.
Pero también se dio la maduración de una clase popular
que comprendió, a los golpes, que sus únicas esperanzas
de salir de la exclusión están en este gobierno
de la “revolución bolivariana” de Hugo Chávez,
y que hoy, le exige medidas certeras, además del combate
a la corrupción y a la burocracia.
El enfrentamiento en dos bandos dejó, al final del último
año, un caos y un costo que requerirá años
para recuperarse: a causa del golpe de estado de abril de 2002,
del paro empresarial y petrolero y, sobre todo, del sabotaje a
la principal industria del país que costó nada menos
que 7.300 millones de dólares (7,3% del PIB).
Por un lado, hay que contabilizar una dirigencia de oposición
arrogante, incompetente, terrorista, corrupta, que guiaba a una
masa hipnotizada por los medios de comunicación. Ellos
vieron que las reformas estructurales prometidas en la Constitución
de 1999 no eran letra muerta y amenazaban con plasmarse en realidad:
Ley de Tierras, Ley de Hidrocarburos, Ley de Pesca, política
de autoabastecimiento alimentario, en un país enorme que
importa hasta la lechuga y el tomate.
Quizá no sea ético generalizar: no toda la oposición
es así. Pero el problema es que sólo por excepción
no es así, apunta el escritor Roberto Hernández
Montoya, uno de los intelectuales más lúcidos del
país. “Ahí está la derrota de la oposición,
inocultable, porque no sólo no lograron derrocar a Hugo
Chávez, sino que arruinaron su base social”.
Por el otro lado, sobrevive un gobierno incoherente, cuyos actores
no obedecen disciplina alguna, donde la corrupción amenaza
con minar las estructuras, en un país donde ésta
es un problema cultural. Chávez sigue siendo un presidente
entusiasta a quien pocos obedecen o, mejor dicho, a quien muchos
obedecen a medias, porque pocos siguen las políticas o
los señalamientos del mandatario.
Hay algo que a veces es difícil asumir y es que, tras cuarenta
años de democracia formal y clientelista, el país
quedó sin cuadros políticos, gerenciales ni técnicos.
Todo está por construirse. En un país petrolero
donde el 80% de la población vive en la pobreza, un influyente
sector empresarial y de clase media sigue molesto, porque esa
masa de excluidos fue puesta en la agenda política como
sujeto y no como mero objeto.
“Este es un gobierno patológicamente incapaz de comprender
que si hubiera tenido una política de comunicaciones siquiera
deficiente, las cosas no hubieran llegado donde llegaron. Lo ha
salvado el pueblo, pues no tenía plan de contingencia para
el golpe de abril ni para el sabotaje petrolero de diciembre.
El presidente fue preso en abril de 2002, improvisando su resistencia
con brillantez, pero en la impotencia del prisionero”.
EL ARTE DE LA IMPROVISACION
Para Hernández Montoya nunca, como en 2002, Venezuela
hizo de la improvisación una de las bellas artes. Fue el
pueblo chavista el que, con sabiduría histórica,
rodeó cuarteles, el palacio presidencial y la televisora
del Estado, pacíficamente, pero dispuesto a morir.
Ese 12 de abril, rodeado de almirantes y generales, se autoproclamó
un dictadorzuelo de guiñol, Pedro Carmona, que controlaba
todos los poderes, legislaba con facultades supraconstitucionales,
pero que, según las crónicas de esas horas, obedecía
más que mandaba, pues aceptaba todo lo que le ordenaban
sus promotores, el verdadero poder: los grandes consorcios de
explotación petrolera y comunicacional o las embajadas
imperiales y subimperiales, que soñaban con apropiarse
de la industria petrolera venezolana para entregarla a sus empresas
trasnacionales.
Pero si el gobierno chavista es incoherente, no menos lo fue la
dictadura de abril. Lo comentó el economista Francisco
Faraco: la oposición se propuso una operación de
acoso y derrocamiento de un gobierno y cuando lo logró,
en abril, no supo qué hacer. Todo terminó en la
más cómica estampida, cuando el palacio de Miraflores
fue sitiado por el pueblo chavista, mientras la nación
antichavista contemplaba aterrada y paralizada el derrumbe de
su sueño.
Hubo vergüenza y hubo gloria. Pero la gloria estuvo más
en el soberano, sea chavista o antichavista, que en las dirigencias
respectivas. El pueblo antichavista se unió al chavista
en la participación (algo impensable hace apenas cuatro
años en un país totalmente apático), en el
himno nacional, la bandera, la Constitución, que compartían
oficialistas y opositores. “Si algo debemos aprender de
este annus terribilis es que sólo el respeto a los medios
democráticos es la luz al final del túnel”,
concluye Hernández Montoya.
Recién a fines de febrero pasado la oposición logró
asumir que fue derrotada. En un año, dejó en manos
del gobierno de Chávez la depuración de las Fuerzas
Armadas (después del golpe de abril de 2002) y la de la
estatal Petróleos de Venezuela S.A., tras el paro y sabotaje
alentado por la llamada “alta gerencia” de la empresa
nacional.
Hoy, los militares aparecen sólidamente detrás -y
en apoyo- de las instituciones y de los planes socioeconómicos
impulsados por el gobierno y, pese a todo, la industria petrolera
está a punto de normalizarse en menos tiempo de lo previsto
originalmente.
La Coordinadora Democrática, un gran rompecabezas de golpistas
y opositores de toda clase, está sumida en el caos. Dividida
por problemas de estrategia y de táctica, por apetencias
personales (hay más caciques que indios) y dudas sobre
las posibilidades electorales. Un año después y
tras una serie de derrotas, todavía hay quienes esperan
que un golpe derribe a este gobierno y vuelva el calendario atrás,
como si nada hubiera sucedido en los últimos cuatro años.
La prisión del presidente de la central empresarial, Carlos
Fernández, y la huida (precipitado asilo concedido por
Costa Rica) del secretario general de la cúpula sindical,
Carlos Ortega, acusados de diversos delitos por la justicia ordinaria,
no lograron movilizar a una oposición que, hoy, hasta teme
enfrentarse con Chávez en un referendum revocatorio de
su mandato (previsto en la Constitución al cumplirse la
mitad del período).
Mientras la oposición trata de rearmarse, Chávez
se ha lanzado a hacer “campaña”, repartiendo
títulos de propiedad de tierra urbana y rural (piensa conceder
títulos de más un millón de hectáreas
a cooperativas de agricultores y campesinos en lo que resta del
año), impulsando formas alternativas de producción
y distribución de alimentos, ocupándose de que siga
disminuyendo la deserción escolar y aumentado la atención
sanitaria de la población.
Con control de cambios después del paro-sabotaje, la prioridad
es producir en el país lo que antes se importaba, tremendo
desafío que enfrenta, además, al empresariado importador,
traficante de divisas.
Mientras algunos empresarios y banqueros sueñan con un
golpe que los restituya en el poder real (al igual que lo soñaran
durante más de cuarenta años los anticastristas
en sus tertulias de la Little Havana), otros dirigentes piensan
en el auto-exilio en San José de Costa Rica, adonde se
han trasladado con sus capitales. Si Cuba tiene su Little Havana
en Miami, los venezolanos están formando su Escualilandia,
en San José.
REFORMA DE LA TIERRA
Venezuela se ha embarcado en un ambicioso experimento, relacionado
con la reforma en la tenencia de la tierra urbana y rural como
medio para reducir la pobreza que, en este país petrolero,
alcanza al 80 por ciento de la población.
La reforma en la tenencia de la tierra urbana constituye una razón
importante por la cual los pobres de Venezuela han puesto las
esperanzas en Chávez; su gobierno ha prometido que el trabajo
de los pobres será reconocido y recompensado mediante un
gran plan para otorgarles los títulos de propiedad de la
tierra que han trabajado y transformado.
En este aspecto, tiene trascendencia el programa de reforma en
la tenencia de la tierra urbana. El 93% de los venezolanos habita
en zonas urbanas y un 60% de ellos, habita en los llamados “barrios”
populares.
La exigencia de otorgar títulos legales de propiedad a
los habitantes de los barrios -movilizados a través de
organizaciones populares como la Asamblea de Barrios- se hizo
viable al estimarse que un tercio de estos terrenos pertenece
al Estado, otro tercio no tiene propiedad bien determinada y sólo
el resto es propiedad privada.
Asimismo, en las últimas semanas, el gobierno puso en marcha
en la capital el proyecto “Vuelta al campo” con la
entrega de títulos de propiedad de tierras urbanas y de
créditos para mejora de viviendas, en las parroquias (comunas)
caraqueñas de La Pastora, Altagracia, 23 de Enero y San
Pedro.
El proyecto busca disminuir los desequilibrios territoriales existentes
en Venezuela, al modificar el patrón de poblamiento y articular
un modelo de desarrollo sustentable que permita a una parte de
las poblaciones de los grandes centros urbanos alcanzar un adecuado
nivel de vida, al dedicarse a la producción en las tierras
que ocuparán en el sector rural. En el acto de entrega
de los títulos, el presidente Hugo Chávez insistió,
nuevamente, en su teoría de dar poder a los pobres como
vía para solucionar la crisis nacional, y bajo esta premisa
prometió que para el año 2021 “no debe haber
pobreza en Venezuela”.
Para cumplirlo, anunció que dará continuidad al
proyecto de repartición de tierras en todo el país,
porque “el gobierno no tiene un plan para quitar propiedades
sino que, por el contrario, la revolución está haciendo
propietarios. Esa es la única manera de acabar con la pobreza,
dándole poder a los pobres para que se conviertan en maquinarias
para derrotar la miseria, en instrumentos de batalla”, dijo.
PLAN ALIMENTARIO
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) defendió, enfáticamente,
el plan de cultivos organopónicos e hidropónicos
implementado por el gobierno venezolano y señaló
que las críticas que ha generado en el país se deben
al desconocimiento de los beneficios de estas técnicas.
Elisa Panades, representante de la FAO en Venezuela, explicó
que se debe trabajar en la cultura de los huertos en la ciudad,
que forma parte del primer programa para la seguridad alimentaria
que implementa la organización junto al gobierno venezolano.
Amplios sectores baldíos de Caracas, algunos de ellos céntricos,
están siendo utilizados para estos cultivos, lo que ha
despertado críticas.
“El método hidropónico sirve para el autoabastecimiento
familiar y para la mejora de la calidad alimentaria. En muchos
países es normal que en las casas cultiven frutas y hortalizas,
incluso lo prefieren así, porque es mucho más sano.
Por otro lado, la organopónica crea empleos y abarata los
costos”, insistió la funcionaria.
La representante de la FAO aseguró que con el programa
se puede garantizar la alimentación de muchas familias,
porque Venezuela está pasando por una fuerte crisis económica
que afecta directamente la calidad de vida de las personas. “Si
se crea la cultura de estas siembras, podemos resolver parcialmente
la situación y asegurar parte de los productos alimenticios”.
Pese a la campaña en contra de los cultivos organopónicos
e hidropónicos realizada por los medios comerciales de
comunicación, Panades asegura que 87% de la población
venezolana vive en zonas urbanas y que esto justifica los cultivos
en la ciudad. “Hay muchas personas que viven en las zonas
populares de Caracas que vivían en el campo; por lo tanto,
la técnica hidropónica se les hace mucho más
fácil y es aceptada con facilidad”.
Actualmente se instruye a las comunidades capitalinas de Petare,
Catia, Caricuao, 23 de Enero y El Valle, pues el proyecto se ejecutará
en Caracas y el año próximo en otras ciudades. “Los
dos centros piloto para los cultivos organopónicos son
Fuerte Tiuna y el Parque Vargas; allí también se
sembrarán frutas, plantas medicinales y ornamentales”,
dijo la representante de la FAO.
En las comunidades rurales se aplicará otro programa, y
la meta para este año es atender a veinte agrupaciones
campesinas y diez indígenas, a diferencia del plan de siembras
urbanas que, en menos de un mes de convenio amplió la meta
de 300 hectáreas a 1.000, y de 25.000 sembrados con la
técnica hidropónica a cien mil, concluyó
la experta internacional
ARAM AHARONIAN
En Caracas
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Tramoya golpista en Bolivia
David Greenlee, embajador de Estados Unidos en La Paz entró
de lleno en la guerra sucia. Con una nota sin firma ni sello,
entregada al vicepresidente de Bolivia Carlos Mesa, promovió
un escándalo de aprestos golpistas y asesinato, que
los medios saborearon con deleite y el gobierno se apresuró
a recoger, necesitado de credibilidad después de
los graves sucesos del 12 y 13 de febrero pasados.
La nota, nada diplomática, acusa a Evo Morales y
Antonio Peredo, diputados del Movimiento al Socialismo (MAS)
-principal fuerza de oposición-, de estar conspirando
con militares para un golpe cuya fecha estaría en
discusión. Pero, además, sostiene que hay
un grupo dentro de ese partido, que prepara la eliminación
de Evo Morales y de Filemón Escobar -este último
senador de ese partido, viejo dirigente minero que, hace
más de una década, trabaja junto a Morales
en la organización de los cultivadores de coca en
la zona de Chapare-, para sacar al MAS de la influencia
de los cocaleros. El revuelo de la noticia ha permitido,
entre otras cosas, desviar la atención pública
del tratamiento del presupuesto nacional que, en febrero,
fue el detonante de los sucesos que provocaron 33 muertos
y más de 200 heridos. Evo Morales, jefe del MAS,
reconocido líder de los cocaleros y figura principal
de la oposición, denunció el hecho públicamente
y acusó a la embajada de Estados Unidos de montar
una tramoya para ocultar el verdadero carácter de
un golpe de Estado, si éste se produjera. Además,
el anuncio de un atentado criminal, sólo podía
verse como evidencia de que grupos derechistas propiciados
o al menos aceptados por aquella embajada, preparaban su
eliminación y la de otros dirigentes de su partido.
El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, cuyo gobierno
quedó debilitado después de las jornadas trágicas
de febrero, aprovechó el regalo que le hizo el embajador
Greenlee para retomar su acusación de que, en aquellas
fechas, se había intentado un golpe de Estado. De
su cosecha, incluyó a Manfred Reyes Villa (jefe de
la NFR, también de oposición) en los supuestos
aprestos golpistas, como ya lo había hecho semanas
atrás. Greenlee, que es el nuevo embajador norteamericano,
continuó así una línea de intromisión
en la política boliviana, que los últimos
gobiernos han aceptado sumisamente. Su antecesor, Manuel
Rocha, intervino repetidamente propiciando la expulsión
del Parlamento de Evo Morales (enero de 2002), que los diputados
cumplieron dócilmente y, luego, amenazando con la
supresión de la ayuda de su país si Morales
ganaba las elecciones (junio de 2002), lo que provocó
una reacción contraria en el electorado. Sánchez
de Lozada, que en siete meses ha perdido toda credibilidad
política y enfrenta serios problemas en su coalición
de gobierno, recurre a cualquier treta para afirmarse y
no ha tenido reparos en ampliar la tramoya montada por la
embajada de Estados Unidos.
Han bastado dos días, sin embargo, para que se frustre
este propósito. Los medios, que el primer día
especularon sobre el tema, han comenzado a publicar análisis
y comentarios que le quitan sustento a la suposición
de que el MAS estuviese implicado en intentos de golpe.
Los dirigentes de este partido han rechazado cualquier vinculación
con aprestos de ese tipo. Pero, además, han mostrado
su decisión de lograr un pacto social, para defender
la democracia. Una semana antes de que se conociese el documento
informal de la embajada, el Estado Mayor del Pueblo (que
reúne a varias organizaciones sindicales alrededor
de Evo Morales), propuso ese pacto social. La sugestión
ha sido asumida por la Iglesia Católica, la Asamblea
de Derechos Humanos y otras instituciones, altamente preocupadas
por la volatilidad de la situación en el país.Cada
una de estas instancias aparece como propiciadora de un
acuerdo nacional, con sus propios objetivos y aún
sin coincidir con el Estado Mayor del Pueblo. Proponen diversos
mecanismos de encuentro de la sociedad civil, pero están
contestes en que deben lograrse compromisos para que las
conclusiones de ese encuentro tengan carácter obligatorio
para el gobierno. Pero, a mediano plazo, la tramoya puede
ser útil. La debilidad del gobierno puede tornarse
en inestabilidad, si no logra superar la crisis económica
que vive el país. Entonces, podrían darse
las condiciones para un golpe de estado que Washington podría
propiciar.
El MAS, reconociendo esta situación, considera que
un golpe sería un serio revés al surgimiento
del movimiento popular que se inició el año
2000. Apuesta a un proceso de fortalecimiento en los próximos
años, para acabar con el modelo neoliberal y convocar
a una Asamblea Popular Constituyente que reforme la institucionalidad
y promueva la construcción de un país productivo
PEDRO FERNANDEZ
En La Paz
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