Aborto terapéutico

Demanda de las mujeres

Anita Pérez tenía 25 años cuando llegó al Hospital San José. Se encontraba en pésimas condiciones, descompensada hemodinámicamente por una diabetes. “Flaquita, de aspecto muy desnutrido, su estado me impactó”, recuerda la matrona Elizabeth Chaparro. “Estaba en su cama cuando llegué a la sala y me la presentaron como una mujer embarazada”. Apenas cinco semanas tenía el embarazo de Anita. El problema es que ella, desde los cinco años, padecía diabetes: es insulinodependiente.

FANNY Berlagosky arenga a las mujeres el 8 de marzo, en las afueras de La Moneda.

El embarazo la había descompensado a tal extremo que Anita vomitaba todo lo que ingería, incluso el agua. Estaba al borde de la muerte. Requirió máquinas de apoyo -llegó a tener cuatro bombas de infusión de suero- que la monitoreaban día y noche. “Recuerdo haber permanecido noches y noches a su lado. Ya no tenía venas dónde puncionarla. Las venas de los pies, de los dedos, venas que uno no se imagina, en ella las ocupábamos”, relata la matrona.
Todo ese sufrimiento pudo haberse evitado con el aborto terapéutico. También se pudo evitar el riesgo de muerte, porque además, Anita tenía un hijo de un año que permaneció siete meses separado de su madre. El pequeño caminó sin estar al lado de su mamá, empezó a hablar y a comer solo lejos de ella. Sólo lo veía cuando algún familiar podía llevarlo al hospital.
Casos dramáticos como éste se repiten a diario en las maternidades del país. Sin embargo, han transcurrido más de trece años desde que la dictadura le puso la lápida al aborto terapéutico y el gobierno y los legisladores, que tienen el poder para reponerlo, permanecen indiferentes, insensibles ante el sufrimiento.
Las escasas veces que se ha presentado un proyecto de reposición, la perorata se enreda en los intereses políticos y el temor al inevitable veto del clero siempre alerta, y el proyecto queda nuevamente atascado en los vericuetos de las comisiones parlamentarias.
Por su parte, el clero, inmerso en su doble estándar, habla teóricamente de valores morales y conductas éticas que el mismo no respeta. Prescinde de la misericordia y la caridad, ejerciendo un poder omnímodo e inflexible sobre los creyentes, mientras en los hospitales las mujeres pobres, creyentes y no creyentes, fallecen, dejando abandonados a su suerte a hijos que pasan a engrosar el círculo de la miseria o, en el mejor de los casos, sufren la condena de criar a hijos débiles que no son capaces de mantener con una mínima seguridad.
El debate resurge cada vez que se presentan casos como el de la joven Grissele Rojas que pedía, a comienzos de año, un aborto terapéutico debido a que su vida corría peligro, y su hijo en gestación presentaba graves malformaciones que lo hacían inviable.
Solucionada la situación, pronto la polémica se acalla. En este país de frágil memoria, la opinión pública y los actores sociales responsables del bienestar de la población rápidamente olvidan.
Mientras, el gobierno, incoherente, se ufana de su modernidad, de sus éxitos comerciales. Simultáneamente, Chile ostenta la triste y vergonzosa condición de ser el único país del mundo que derogó una ley de aborto terapéutico. Además, integra la lista de los 17 países más retrógrados y fundamentalistas, donde no es legal interrumpir el embarazo ni siquiera para salvar la vida de la madre; sólo en nuestro continente comparte con Haití y República Dominicana esta inicua realidad. En todos los demás países, incluidos aquellos que se distinguen por un marcado catolicismo, como España, Italia y Portugal, el aborto terapéutico es legal y regulado.

ATADAS DE MANOS

Con desesperanza, la matrona Elizabeth Chaparro dice que en su entorno laboral sienten que esta situación no cambiará. Sin embargo, se hace cada día más necesaria una regulación. “Nosotros lo estamos palpando día a día en la población, no hablamos de la población acomodada, hablamos de la población popular”.
Ella se desempeña en la Unidad de Medicina Materno Perinatal, unidad de alto riesgo obstétrico. Todas las pacientes hospitalizadas están embarazadas y tienen una patología grave, que compromete tanto su vida como la del hijo en gestación. “Hay muchos casos donde una patología materna pone en peligro la salud de la madre, independientemente de lo que pase con la vida del niño y nunca he visto tomar la decisión de hacer un aborto terapéutico”, dice.
En un centro de salud donde se atienden más de diez mil partos al año -la maternidad del Hospital San José, la más grande del país-, los funcionarios están en condiciones de contar cuál es la realidad que se vive. Son incontables las ocasiones en que sería necesario interrumpir un embarazo, porque las pacientes están arriesgando su vida.
“Lo vivimos a diario, pero nos vemos atados de manos. Nos vemos en la impotencia. A mí me han tocado casos dramáticos de mujeres jóvenes, con cuadros gravísimos, que han estado al borde de la muerte”, relata la matrona.
Pese al permanente riesgo de morir que enfrentan las mujeres con embarazos patológicos, hay juristas, médicos, políticos, sacerdotes, que consideran que anteponer la salud de la madre es discriminatorio. Para la matrona no es sorprendente: cada uno piensa de acuerdo a sus principios y realidades y es incapaz de ponerse en el lugar de una paciente con un embarazo patológico.
“Yo opino de acuerdo a un criterio personal, como matrona con años de experiencia y que observa otras situaciones”, explica Elizabeth Chaparro. Añade que para opinar hay que tener en cuenta los apoyos sociales que se ofrecen a la mujer que está viviendo un embarazo con riesgo para su vida. Que además, tiene cuatro o cinco hijos en la casa, encargados a vecinas, con maridos que se ganan la vida en trabajos precarios y mal remunerados o sin pareja, simplemente.
Aunque el tema del aborto terapéutico representa una realidad reducida en el conjunto de los grandes problemas de salud que tienen las mujeres, dice que es prioritario tenerlo en cuenta y hacerlo público, para que se logre un cambio de actitud y llegue a legislarse en este aspecto. Cuando se hace necesario, se transforma en una tremenda realidad: está en juego la vida de una madre, se sabe objetivamente que esa mujer arriesga su vida y si muere, su grupo familiar se desmorona. Estas situaciones de vida y muerte son ciertamente complejas. Por eso, para la matrona Chaparro tampoco hay que aceptar las estadísticas sin análisis. No es lo importante la cifra, sino la situación humana que implica cada caso.

PODER, MACHISMO Y NEGOCIO

El hecho concreto es que el aborto sigue siendo considerado un crimen, porque los poderes fácticos han decidido que así debe continuar. Hay que recordar que durante su campaña presidencial el candidato Eduardo Frei Ruiz-Tagle aseguró que el tema del aborto no se iba a tocar “porque no es una prioridad para la mujer chilena”.
Desde el punto de vista político, en realidad el aborto no ha sido prioridad para ninguno de los tres gobiernos de la Concertación, en cambio sí lo es para el 66% de las mujeres chilenas que por diversas razones no desean el embarazo.
Para Gloria Salazar, sicóloga de la Unidad Multidisciplinaria de Investigación, Docencia y Extensión del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, “lo significativo es el tira y afloja político de quienes toman las decisiones. La actitud humanitaria ha quedado a un lado, ya que son mujeres pobres las afectadas, penalizadas, condenadas”. Las mujeres de sectores socio-económicos medio y alto, en cambio, tienen acceso a clínicas caras o, simplemente, viajan a Miami o a países vecinos.
Por otra parte, la sicóloga destaca que en el diseño de las políticas de salud habría que tomar en cuenta, de una vez por todas el aspecto de la salud mental de las mujeres enfrentadas a la necesidad del aborto terapéutico. “En el concepto de salud de la OMS (Organización Mundial de la Salud), no sólo se considera la salud física, también se habla de un estado de bienestar general que tiene que ver con el entorno. En Chile ese concepto nunca se ha aplicado en el caso del aborto terapéutico. Tampoco se ha tocado la salud mental, o sea, en situaciones de aborto, la salud sicológica importa un bledo cuando se trata de las mujeres”. Afirma que la salud mental importa solamente cuando incide en las estadísticas de depresión, ya que éste es uno de los países con más alta tasas de consultas por depresión.
Para la sicóloga, la incapacidad de abordar el problema del aborto en general y del terapéutico en particular, tiene como base una ideología patriarcal que muestra una profunda discriminación hacia las mujeres y un doble discurso respecto de la maternidad y sexualidad.
Otro enfoque del tema plantea Fanny Berlagosky, coordinadora del Foro-Red Salud de Derechos Sexuales y Reproductivos: “uno ve dos paradigmas en discusión; de un lado, lo que es la salud social y del otro, la salud hipermedicalizada”. Sugiere que también hay que tener en cuenta el atractivo negocio involucrado tras la tecnología de punta, en pleno desarrollo en la medicina de hoy.
Relata que una pensadora española que vino invitada por la Organización Panamericana de la Salud, apuntaba que si observamos los ámbitos en que ha crecido la salud, encontramos que lo ha hecho hacia dos sectores: extender la vida y acogerla en sus estados iniciales ha sido uno; la estética del cuerpo, la nueva representación social del cuerpo es el otro. En ambas se abren posibilidades inimaginables. “Es el hiper-poder de la medicina tecnologizada, que se contrapone a la visión social de la salud, donde los seres humanos también tienen derecho a definir si quieren o no tener hijos. Si quieren o no tener hijos conectados a máquinas o malformados”. En este ámbito, según la coordinadora del Foro-Red, hay una cantidad de preguntas éticosociales que no está permitido hacerse.

LA LEY DE MERINO

A mediados de enero, diputados de la Concertación y de la oposición presentaron, nuevamente, un proyecto para reponer el artículo 119 del Código Sanitario. El proyecto que será visto en los próximos meses en la Cámara de Diputados, señala:
“Artículo único. Agrégase al artículo 119 del actual Código Sanitario, el siguiente inciso segundo: Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos”.
El proyecto va respaldado por trece considerandos, que argumentan en favor de ese inciso. Se puntualiza, por ejemplo:
• Las diversas consecuencias psicosociales que, para los hijos y la familia en general, produce la pérdida de la vida o de la salud de la madre, en el sentido que no sólo se destruye un matrimonio sino que significa una experiencia traumática para los hijos, ya sea porque éstos deben sufrir la carencia afectiva, ya porque desaparece una persona fundamental en su proceso formativo, entendido éste como transmisión de valores, conocimientos, etc.
• La gravedad de la situación de los hijos pequeños por la ausencia de la madre -pobre y/o soltera- fallecida, significa muy probablemente, su internación en hogares de menores en situación irregular, la vagancia o, en el mejor de los casos, su allegamiento en hogares ajenos.
• La existencia de patologías que, en opinión de especialistas prestigiados en la comunidad médica, efectivamente ameritan la interrupción del embarazo. A saber, rotura de bolsa amniótica, infección del huevo o la sepsis materna, embarazo ectópico u ovárico, enfermedades trofoblásticas como la mola, síndrome trombocitopénico trombótico, embolía amniótica pulmonar, hipertensión portal, etc.”
Una infinidad de dramáticos casos, la mayoría sólo conocidos entre las cuatro paredes de las maternidades de los hospitales públicos, son el resultado de la puesta en vigencia por determinación del miembro de la Junta de Gobierno, almirante José Toribio Merino, de la ley 18.826 del 15 de septiembre de 1989.
Esta normativa produjo un cambio trascendental en la regulación del aborto terapéutico: de ser legal desde 1931, pasó a transformarse en ilícito de la noche a la mañana. La ley estableció de manera taxativa: “No podrá efectuarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”.
Durante prácticamente sesenta años el aborto terapéutico fue una conducta legal, por lo tanto, los juristas se han preguntado ¿qué justificó que una conducta lícita durante tantos años pasase a ser ilícita repentinamente?
La respuesta más aproximada parece ser que la ley fue dictada durante la dictadura sin ninguna discusión, sin que existieran razones para hacerlo y, obviamente, sin considerar los puntos de vista de la sociedad. Tampoco hay constancia de que se haya consultado o tomado en cuenta corrientes de opinión de especialistas. En suma, fue la dictadura y los sectores reaccionarios quienes aplicaron un escarmiento más al pueblo, dominando y humillando, en este caso, a las mujeres pobres.
Sólo se pidió la opinión de siete “expertos” de clara tendencia conservadora, cuatro médicos, dos filósofos y un miembro de la Escuela de Negocios de Valparaíso.
Los especialistas consultados fueron los doctores Alejandro Serani Merlo, profesor de ética médica y Alfredo Pérez Sánchez, profesor de obstetricia y ginecología ambos de la Universidad Católica; el Dr. Ernesto Medina Lois, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y el Dr. Ramiro Molina, profesor de la Facultad de Medicina de la misma universidad. Los sacerdotes Bruno Rychlowski, decano de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y José Ibáñez Langlois de la Pontificia Comisión Teológica Internacional y, Juan Widow, miembro de la Escuela de Negocios de Valparaíso, de la Fundación Adolfo Ibáñez. El legislador de aquella época manifestó que la derogación obedecía a que “hoy el avance de la medicina ha demostrado que el aborto terapéutico no se justifica en ningún caso”.
La abogada Maricruz Gómez de la Torre, del Programa de la Mujer, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en un simposio organizado por el Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos, efectuado en 1993, manifestaba: “...puede afirmarse que un cambio tan drástico de criterio en una materia literalmente vital, se ha producido en virtud de la fuerza para imponerse, y no asentado en una convicción con bases sociales, éticas y jurídicas claramente determinables”. Subrayó que la sociedad chilena ni siquiera tuvo la posibilidad de verse representada ni informada en un tema que le concierne más allá de las ideologías y “tuvo que aceptar una razón impuesta y fundada -además- en una vaguedad impresionante”.
Está claro que actualmente hay solución para diversas enfermedades que ponían en peligro la salud de la mujer embarazada hace una o dos décadas. Sin embargo, han surgido nuevas enfermedades como el sida o las gravísimas consecuencias de la exposición a pesticidas.
Según la abogada, si la ley se aplica sin contemplaciones, “pueden provocarse situaciones límite. Un ejemplo, es el caso de una mujer embarazada, con cáncer, que requiere de un tratamiento de quimioterapia o radioterapia. ¿Qué puede hacer el médico, en tal caso? ¿Aplicar el tratamiento, provocando un daño irreversible en el feto? ¿Hacer un aborto antes de aplicar la quimio o radioterapia? ¿O dejar a la mujer sin tratamiento para que quizás muera antes del parto?”
En 1991, por iniciativa parlamentaria, se presentó un proyecto de reposición del aborto terapéutico, que junto con cientos de otras iniciativas permaneció en larga espera. La oposición de los parlamentarios de derecha fue tajante, denunciaron que mediante la iniciativa “se pretendía liberalizar y socavar las bases de nuestra sociedad”. Reiteraron, además, en forma majadera el mismo argumento utilizado por Merino y sus asesores: “hoy no existen causales médicas que justifiquen el aborto terapéutico”. Si hubiera recibido patrocinio del Ejecutivo, el proyecto pudo haberse aprobado, sin embargo, no hubo voluntad política ni sensibilidad para ello.
Nadie ha llevado una estadística de la cantidad de mujeres fallecidas a causa de la ley del almirante Merino. Tampoco hay una estadística de la cantidad de niños huérfanos, deformes o VIH positivos. Menos, de hijos no deseados de mujeres violadas. No son significativas ni necesarias de investigar esas situaciones, en este país donde más que nada interesan los negocios y la imagen hacia el exterior.
El elevado costo en sufrimientos, riesgos y alteraciones de la vida y el entorno familiar que puede evitar un aborto terapéutico debería ser el principal argumento a considerar por el gobierno, los médicos y legisladores. Desde que en 1989 la arbitraria decisión de José Toribio Merino acabó de una plumada con el artículo 119 del Código Sanitario, la vida y el futuro de las mujeres que requieren un aborto terapéutico han quedado enredados en una discusión ideológica, conceptual y seudo moral entre quienes jamás van a correr el riesgo de necesitarlo. La resolución de este controvertido tema requiere sacarlo de las alhajadas salas del Congreso y La Moneda, para situarlo en la realidad cotidiana de las maternidades: es un problema de salud pública y ése es su entorno

SONIA CANO

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