La “solución final” de la UDI

El tema de los detenidos desaparecidos y asesinados durante la dictadura reapareció con fuerza en el debate público.

Cientos de procesos en marcha a cargo de jueces especiales se acercan a su fallo, lo que permite anticipar que habrá condenas para decenas de ex uniformados y para unos pocos oficiales que siguen en actividad. Este escenario complica mucho a los altos mandos de las FF.AA. y Carabineros. En ese contexto, la UDI -el partido heredero de la dictadura militar-, decidió pasar a la ofensiva con una operación planeada meticulosamente.

Pablo Longueira, presidente de la colectividad, propuso cambiar dinero por impunidad. Aunque los detalles de su propuesta no se conocen, se sabe que los familiares podrían optar por una compensación especial siempre que acepten una declaración de muerte presunta -o una fórmula jurídica equivalente- que permitiría aplicar a los autores de secuestros y crímenes el decreto ley de amnistía, de 1978, asegurando la impunidad de los violadores de los derechos humanos.
Confiando en la mala memoria nacional, la UDI decidió convertirse en “paladín de los derechos humanos”, a pesar de haber sido -en cuanto movimiento gremialista- elemento clave en el golpe de 1973, en la represión y en el apoyo irrestricto a la dictadura.
Aprovechó una situación favorable. Desánimo y desencanto imperaban en sectores de los familiares de las víctimas, derivados de la lenidad del gobierno para atender a sus demandas; de la actitud de la Corte Suprema que rechaza las acciones civiles indemnizatorias alegando que se encuentran prescritas; de la actuación del Consejo de Defensa del Estado convertido en obstáculo casi infranqueable para las demandas de indemnización, dilatando los juicios y cuestionando incluso el carácter probatorio del Informe Rettig y, también, del creciente deterioro de la situación económica y condiciones de salud de muchos de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado.
El Consejo de Defensa del Estado ha llegado a sostener que el Infome Rettig es un instrumento privado y que, por lo tanto, no produce plena prueba. Este criterio provocó la molestia del ex presidente Patricio Aylwin que replicó que el Informe Rettig tiene pleno valor probatorio porque emanó de un organismo de carácter público, creado por decreto supremo, que cumplió a cabalidad las misiones que le fueron encomendadas y que llegó a conclusiones ratificadas por la ley que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.
La desesperanza de los familiares se acentuó por los resultados de la mesa de diálogo, que culminó en la entrega de información falsa sobre el “destino final” de más de un centenar de víctimas.
Conocedores de esa situación, los dirigentes de la UDI lanzaron su propuesta, que a pesar de todo, provocó el rechazo abrumador de la mayoría de los familiares de las víctimas, templados por años de silencio, persecuciones y abandono y dotados de fuerte conciencia moral y política. Ellos no están dispuestos a aceptar soluciones que provengan de los cómplices de los asesinos de sus parientes. Con todo, algunos grupos más débiles se alinearon junto a la UDI.
Es un hecho que la derecha respaldó el terrorismo de Estado. Jaime Guzmán y el “gremialismo”, antecedente inmediato de la UDI, apoyaron la persecución y exterminio. Incluso Guzmán recomendó a la Junta Militar que no se convirtiera en “dictablanda” y aplicara mano de hierro contra los marxistas. Esos gremialistas que se declaraban pública y explícitamente pinochetistas, calificaron a Naciones Unidas como “símbolo de un mundo decadente” por condenar los crímenes de la dictadura chilena. Jaime Guzmán estuvo detrás del decreto ley de amnistía de 1978, autoperdón que dejó sin castigo a asesinos, torturadores y autores de secuestros y que se constituyó en barrera insalvable para la Concertación, que había prometido derogarlo.
El antimarxismo patológico de Guzmán hizo escuela. El actual senador Carlos Bombal ha sido acusado de cómplice en la detención, desaparición y asesinato de Alejandro Avalos, profesor de la Universidad Católica cuyo cadáver apareció en Peldehue en 1990. El senador Hernán Larraín colaboró en la represión dentro de la Universidad Católica y tuvo vínculos privilegiados con la Colonia Dignidad, reconocido centro de detención y tortura. Jaime Guzmán guardó silencio ante la Operación Colombo, el caso de los 119 y otros asesinatos terribles. Larraín dijo, hace cinco años, que “los detenidos desaparecidos fueron asesinados”, sin entregar información que ayudara a esclarecer los crímenes. El senador Jovino Novoa fue subsecretario general de Gobierno, en 1982, cuanto fue asesinado Tucapel Jiménez por elementos del Dine, ligados al Departamento de Organizaciones Civiles que estaba bajo su dependencia. El actual senador Sergio Fernández sostenía, en 1978 cuando era ministro del Interior, que el gobierno no tenía “antecedente alguno” que mostrara la detención de los que entonces llamaban “presuntos” detenidos desaparecidos y que, por lo tanto, eso no era cierto. Un planteamiento similar sostuvo Sergio Diez como embajador ante Naciones Unidas. En 1987, como subsecretario del Interior, Alberto Cardemil, actual diputado RN, sostenía que cinco jóvenes, vinculados al FPMR y secuestrados por agentes de seguridad, estaban “ocultos” en la clandestinidad. Hoy, se sabe que fueron asesinados.
En este momento, el tema de los detenidos desaparecidos se encuentra en el área del gobierno. Los partidos de la Concertación deberán buscar soluciones ahora, no mañana. Y deberán abocarse también a la situación de torturados, ex prisioneros, exiliados, exonerados y otras víctimas de la dictadura ignorados por el Informe Rettig. El rechazo a la impunidad y la exigencia de verdad y justicia a través de los tribunales, deben seguir siendo los elementos rectores de la verdadera solución. Los tribunales deben continuar su tarea con mayores recursos y plazos más amplios.
Deben crearse mecanismos legales como la figura de la “desaparición forzada”, para facilitar las demandas de indemnización; garantizar por ley las prestaciones de salud a los familiares de las víctimas, así como el reajuste de las pensiones reparatorias.
En ese plano, las agrupaciones de familiares deben jugar un papel primordial como parte de la solución. El presidente de la República puede y debe actuar con mayor diligencia y energía en estas materias. El Instituto Médico Legal, por ejemplo, debe terminar cuanto antes la identificación de restos que se dilata por años y el Consejo de Defensa del Estado, debería recibir instrucciones claras -como la “razón de Estado” que se invocó a propósito de los “pinocheques”- para que se reconozca el valor probatorio del Informe Rettig y se busque solución a las reclamaciones de las víctimas.
A treinta años del golpe militar y a trece del inicio de los gobiernos de la Concertación, el tema de las violaciones a los derechos humanos sigue en gran medida pendiente. Los avances logrados no han bastado para cicatrizar una herida que sigue sangrando

Presencia inquietante

La presentación del libro Los hechos de violencia en Chile, del discurso a la acción constituyó un hecho político. Destinado a justificar el golpe militar y la dictadura, la obra hace un recuento de acciones de violencia a partir de los años 60, responsabilizando de ellas a la Izquierda. En el lanzamiento se dieron cita connotados personeros de derecha vinculados a conspiraciones antidemocráticas y a la dictadura, como el ex senador Sergio Onofre Jarpa y el historiador Gonzalo Vial.
Llamó la atención la asistencia del general Roberto Arancibia Clavel, segunda antigüedad del Ejército, dado el carácter político del acto.
Interpretada por algunos como expresión de un cambio en la opinión del comandante en jefe, general Juan Emilio Cheyre, en orden a establecer absoluta prescindencia política de los militares y a no vincularse a la historia reciente cuyo juicio corresponde a otras instancias, la presencia del general Arancibia Clavel pudo corresponder a razones familiares. Su hermana Patricia colaboró en la preparación del libro. Uno de sus hermanos participó en acciones terroristas después del 4 de septiembre de 1970, para impedir que Salvador Allende asumiera la presidencia de la República y después, realizó actividades criminales en Argentina, siendo condenado como responsable del asesinato del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires, en el atentado de septiembre de 1974. También el padre del general Arancibia, un oficial de Marina en retiro, apareció ligado a actividades terroristas entre septiembre y noviembre de 1970

ARCHIVERO

Murió presidente de la Felap

En Ciudad de México, a los 85 años de edad falleció el presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), Luis Suárez López.
Nacido en Sevilla, Luis Suárez fue combatiente republicano en la guerra civil española. En 1939 llegó a México, donde trabajó en numerosos medios de prensa. Desde 1982, hasta el 2002, fue editorialista del más importante diario mexicano, Excélsior, y luego de El Sol de México, desempeñándose también en TV. Activo reportero, cubrió numerosos acontecimientos de América Latina y otras regiones del mundo para la revista Siempre, en la que fue jefe de información durante 23 años.
Visitó Chile en diversas oportunidades y fue amigo del presidente Salvador Allende, así como lo era del presidente cubano, Fidel Castro, y del ex presidente de México, Luis Echeverría. Autor de numerosos libros, recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1979 así como numerosas condecoraciones y reconocimientos en Cuba, Venezuela, Vietnam, México, España y República Dominicana.
Luis Suárez destacó, asimismo, en la lucha gremial de los periodistas. Fue dirigente de la Organización Internacional de Periodistas (OIP) y durante diez años ocupó la secretaría general de la Felap. En octubre de 1995 se le eligió presidente -reelegido en 1999- de dicha organización, cargo que desempeñó hasta su muerte, víctima de un cáncer. El Colegio de Periodistas de Chile, afiliado a la Felap, hizo llegar sus condolencias a la organización y a los familiares de Luis Suárez, que en nuestro país deja a muchos amigos que apreciaron sus valores y convicciones periodísticas y políticas.
Punto Final se une a las expresiones de duelo por su muerte

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