Ley del gasto electoral

El matrimonio del dinero y la política

Amenos que el Tribunal Constitucional diga otra cosa, pronto habrá ley sobre límites, transparencia y control de los gastos electorales. Fue aprobada, por amplia mayoría, dentro de la llamada “agenda corta” de modernización del Estado, luego de haber sido negociada entre el gobierno y la derecha. Ministros y parlamentarios rivalizaron por destacar su importancia. Sin embargo, quedó por debajo de las expectativas y no califica para ser considerada un hito democrático.

JORGE Navarrete, presidente de la Corporación Tiempo 2000, y ex director ejecutivo de TVN.

Con todo, tiene importancia. Permitirá transparentar, aunque sea parcialmente, el gasto electoral. Sobre todo quebrará la hipocresía imperante en torno al dinero y su relación con la política, que alcanzó su culminación con la escandalera levantada por el ministro Carlos Aránguiz en contra del diputado socialista Juan Pablo Letelier. Este recibió de empresarios amigos un aporte de menos de veinte millones de pesos y se encuentra desaforado, preso y encargado reo. Diputados y senadores de derecha, en cambio, recibieron y gastaron miles de millones de pesos en sus campañas -a razón de varias decenas y hasta cientos de millones per cápita- sin que hayan sido enjuiciados y ni siquiera denunciados por sus actuaciones, en que mezclan sin tapujos política y negocios.
El ministro del Interior, José Miguel Insulza, destacó la “austeridad” y transparencia que, según él, se impondrá a las campañas electorales. Fueron exageraciones ministeriales. De común acuerdo, el gobierno y la derecha buscaron como referencia el año 2000, en que se produjo un altísimo gasto electoral. Se llegó, por lo tanto, a cifras muy elevadas que beneficiarán en especial a la derecha. Más que reducir el gasto, se legitimará lo que ha sido una práctica aberrante.
En cuanto a la transparencia, la cosa no anduvo mejor. Se acogieron planteamientos de la derecha para compatibilizar la transparencia con el derecho a la “intimidad de las personas”, como dijo el senador UDI Juan Antonio Coloma, lo que permitirá mantener amplias áreas de secreto sobre aportes, donaciones o contribuciones, según el nombre que se les quiera dar.
De acuerdo a estimaciones de Flacso-Chile, el gasto máximo por campaña electoral irá desde unos 90 millones de pesos -en el caso de los diputados con distritos con menos de 200 mil habitantes- a más de 1.350 millones de pesos -o sea unos dos millones de dólares- para una campaña a la presidencia de la República.
En el caso de diputados y senadores, el máximo se estableció en una cifra fija: 1.500 UF en el caso de diputados y 3.000 UF para los senadores, incrementada según el número de electores inscritos en el distrito o región correspondiente. En los diputados ese incremento corresponde a 0,03 UF por ciudadano inscrito. En el caso de los senadores, las 3.000 UF de base se incrementarán en una escala descendente: 0,04 UF por cada inscrito dentro de los primeros 200 mil electores; 0,03 UF por los siguientes 200 mil y 0,02 UF por los restantes inscritos. En el caso de la elección presidencial el límite será de 0,01 UF por el total de inscritos en los registros electorales, cifra que bordea los ocho millones de ciudadanos.

UN DC CON LARGA VISTA

Para examinar la ley sobre gasto electoral y otras materias, PF conversó con Jorge Navarrete Martínez, presidente la Corporación Tiempo 2000 que se dedica al estudio de temas político-sociales. De orientación concertacionista pero no partidista, Tiempo 2000 promueve el debate al interior de la Concertación con propuestas progresistas.
El ingeniero comercial democratacristiano Jorge Navarrete, fue director ejecutivo de Televisión Nacional entre 1990 y 1994 y presidente del directorio de Televisión Nacional entre 1998 y 2002. En la actualidad es director de Codelco.
La ley sobre gasto electoral ha sido presentada por algunos como un “hito” en el desarrollo democrático de Chile. ¿Cuál es su opinión?
“Sin duda, constituye un avance, limitado, pero un avance. Sobre todo hace visible un tema que era tabú. Pero no representa -todavía- un paso significativo hacia una democratización plena, que sigue pendiente y tiene obstáculos formidables, entre otros el sistema binominal. La Corporación Tiempo 2000 hizo un estudio sobre gasto electoral partiendo de las últimas elecciones. No intentamos hacer algo para todo el país, elegimos ocho distritos de Santiago: recorrimos todas las calles, viendo las gigantografías, letreros, afiches, lienzos, fotografiando todo para meterlo después en un mapa digital, valorizando cada pieza de propaganda a precio de mercado. Llegamos a tres conclusiones:
- que el gasto era excesivo, uno de los más altos del mundo, proporcionalmente. Si el gasto electoral en Chile lo cotejamos con el ingreso per cápita, es uno de los países en que se gasta más en el mundo.
- la segunda conclusión es que este gasto excesivo es excepcionalmente disparejo. Concluimos que dos tercios, al menos, del gasto era de la Alianza por Chile. Dentro de esos dos tercios, más del 40% del gasto correspondía a la UDI.
- el tercer elemento es el más importante: una absoluta opacidad -por no decir completa falta de transparencia- respecto del origen del gasto. No hablo en términos generales, ya que todos sabemos de dónde proviene la plata, hablo de origen y destino específico: quién, cuánto, a quién, para qué”.
¿Para usted lo fundamental es la transparencia?
“La transparencia en el gasto electoral vale por sí misma, en cuanto afecta a otros aspectos. En la medida en que exista absoluta transparencia -teóricamente- en cuanto a las fuentes y a los montos, se pueden medir los efectos antidemocráticos de la distribución. El efecto se produce por el simple hecho de que se sepa. Es muy distinto saber que un candidato gasta X y otro gasta un cuarto de X, y que se está financiando de tal o cual manera, a no saber nada. Eso tiene influencia política no sólo en el resultado de la elección sino en la vigilancia ciudadana de la conducta parlamentaria. Obviamente, el Congreso discute con frecuencia leyes cuyos efectos sobre la gente que aporta a las campañas son enormes. La gente -aún la mejor pensada- tiene derecho a preguntarse en qué medida influye el financiamiento en el comportamiento de los parlamentarios. Sobre todo, porque hemos llegado a niveles de costos tales que quedan muchas cosas en el misterio. Un periodista me decía: si sacamos la cuenta de lo que ganan los parlamentarios durante su mandato, resulta que ganan más de lo que gastan para ser elegidos, en muchos casos. Claro, le dije, porque usted piensa que se trata de un negocio privado. Pero ningún candidato paga sus campañas, aunque pudiera hacerlo. Ni siquiera los que tienen mucho dinero dejan de pedir plata. Además, no sólo es importante saber con qué plata se ha sido elegido sino también con qué plata te reelegirán. Por lo mismo pienso que la transparencia es tan importante”.

COMO SE FINANCIAN
LAS CAMPAÑAS

Con todo, para mucha gente no queda claro cómo se opera -concretamente- en el financiamiento de las campañas...
“Cuando digo que no hay transparencia -y con la nueva ley quedan todavía muchas zonas oscuras- no es que ignoremos cómo se financian las campañas. Cualquiera sabe que lo menos importante son los aportes individuales. Teóricamente, las campañas se financian con los recursos de personas, instituciones, empresas y desde el extranjero. Esto último -que alguna vez tuvo bastante importancia- ahora prácticamente no existe. Los aportes de las personas disminuyen verticalmente, mientras suben, también verticalmente, los aportes de las empresas. Por instituciones entendemos sindicatos, asociaciones gremiales, iglesias, etc., que también tienen poca significación. Lo concreto, es que son las empresas las que hacen los aportes significativos, pero no son sus dueños o controladores los que se meten la mano al bolsillo. Lo que hacen, casi invariablemente, es pasar la contribución electoral como gasto de la empresa.
Esto tiene dos efectos. Si el propietario o controlador no es dueño del ciento por ciento de la empresa, al hacer un aporte electoral está actuando sin consultar la opinión de los otros accionistas, que terminan contribuyendo a algo que ni siquiera saben. Por otro lado, al convertir la contribución en gasto, los costos son mayores y las utilidades disminuyen y con ello, disminuye el impuesto a la renta. De manera que indirectamente también el Fisco contribuye a las candidaturas.
El ciento por ciento del beneficio posterior es del que hace el aporte. ‘Yo fui el que te dio la plata’, es lo que se dice habitualmente. En la práctica, lo que se hace es pedir facturas: en vez de facturar los gastos en imprenta a nombre del candidato, se hace a nombre de la empresa zeta, por ejemplo. También se desvían platas mediante contratos fuleros de asesorías. Con estos recursos, el donante puede decir que nunca ha dado dinero para una campaña. Todo lo que ha gastado es deducible como ‘gasto para producir la renta’, que son los términos que usa la ley. Puede descubrirse, claro, pero habría que hacer investigaciones que pueden enredarse mucho si se usan intermediarios”.

MOTIVOS DEL
APOYO DERECHISTA

Se ha criticado que se establezcan exenciones tributarias para los que hagan donaciones electorales. El senador Nelson Avila lo calificó como una “impudicia”.
“Hay algo inquietante a ese respecto, como política democrática. Es la forma en que públicamente se plantea o resuelve el problema. A mí me parece raro que todos -hasta los que somos más partidarios de la transparencia- hablemos de una ley de financiamiento a las elecciones o de financiamiento de la actividad política electoral, en circunstancias que en derecho, y desde el punto de vista de la verdad, es una ley para regularizar aportes ilegales que realizan las empresas a la política. Esta ley puede ser presentada como que se está financiando la política de manera irregular. Pero al no pagar impuesto por los aportes, se oficializa lo que hacen ahora. No más. Aunque sin duda es mejor que las cosas se sepan, aunque sea en parte”.
¿Qué razones tuvo la derecha para apoyar la ley, en circunstancias que es a ella a la que más favorece el silencio y la oscuridad?
“Hay diversas razones. Es una necesidad que más temprano que tarde iba a surgir. Si la derecha quiere partidos de cuadros, que se ajusten a la idea de partidos modernos con bases, activistas, dirigentes de base, intermedios y superiores, debe buscar formas de financiamiento más moderno que la simple entrega de plata por grandes potentados que terminan teniendo influencia desmedida en el partido. La propia UDI sabe esto, porque el dinero ha sido determinante para que pueda imponer su voluntad a RN. Pero también se da cuenta que los ‘poderes fácticos’ pueden ser peligrosos, y los ‘dadores de sangre’ pueden adquirir indeseada importancia. Los dirigentes de los partidos sienten que no son ellos los que tienen el poder sino que está en manos de quienes están detrás de ellos.
Además, se está produciendo otra situación, alimentada por la atmósfera de escándalos imperante. En cualquier momento alguien, hasta por venganza, puede informar desde dentro de las empresas sobre la forma y montos en que se han hecho aportes electorales.
Creo que algunos sectores de derecha empezaron a asustarse. Es verdad que la derecha es ahora la más beneficiada, pero es algo relativo; es más beneficiada que la Concertación, que a su vez es mucho más beneficiada, digamos, que el PC.
Finalmente, la derecha sabe bien que con esta ley no se termina con la influencia del dinero en las elecciones, ni tampoco se sanea el sistema electoral que la favorece, el binominalismo sigue vivo y coleando”

HERNAN SOTO

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