La derecha saqueó el patrimonio de Chile al amparo
de las FF.AA.
EL GRAN ROBO DE LA HERENCIA NACIONAL
 |
PINOCHET, el mayor ladrón
de la historia de Chile. Bajo su protección, la derecha
saqueó el patrimonio nacional y se enriquecieron civiles
y militares, que hoy están detrás de la UDI
y de Renovación Nacional. |
MARCO EXPLICATIVO
DE ESTA OPERACION
Marx, como recuerda el profesor Joseph A. Schumpeter en su obra
Diez grandes economistas: de Marx a Keynes, “rechaza desdeñosamente
la fábula infantil (Kinderfibel) de origen burgués
que ve en la superior inteligencia, en el espíritu de trabajo
y en el ahorro la causa de que algunos individuos, tanto en el
pasado como en el presente, se hayan destacado de los demás
llegando a convertirse en capitalistas”. Agrega el gran
economista Schumpeter: “La actitud burlona cumplió,
sin embargo, su función y contribuyó a abrir el
camino a la teoría alternativa de Marx sobre la acumulación
primitiva… La fuerza, el robo, la subyugación de
las masas que posibilita su expoliación y los resultados
del pillaje que, a su vez, facilitan la subyugación: todo
esto es, por supuesto, cierto y se acomoda además admirablemente
a las ideas habituales entre los intelectuales de todo tipo, más
aún en nuestro tiempo que en el del propio Marx”.(1)
Actualmente, yo diría que esta concepción la acoge
sólo parte de los intelectuales en Chile, porque los llamados
socialistas (del Partido Socialista) han renunciado al marxismo.
Pero Recabarren, el gran líder obrero, sostuvo en El Socialismo,
un trabajo de difusión teórica de comienzos del
siglo XX, la tesis marxista. En efecto, para explicar históricamente
la transformación social, recurrió como ejemplo
a los cambios sucedidos en el mundo moderno, a partir de la Revolución
Francesa, a través de la cual la burguesía abolió
el derecho “divino” de los reyes y expropió
la propiedad feudal para imponer la propiedad individual. Confirma
este fundamento de las revoluciones, señalando que en América
la propiedad burguesa se constituyó por medio de la violencia
y el despojo, por la conquista de los pueblos aborígenes.
La Colonia se formó por los “repartimientos y encomiendas”
tanto de las tierras como de los pobladores originarios y, después
de la independencia de España, los criollos expropiaron
a los peninsulares o realistas.
Este preámbulo es el marco explicativo del robo de la más
grande herencia nacional realizado durante la dictadura de la
derecha, encabezada por Pinochet y los altos mandos de las Fuerzas
Armadas.
LA CAPITALIZACION PUBLICA
El Estado empresario asumió en Chile, en una primera etapa
a partir del Frente Popular, funciones en la gestión directa
de la economía y en la redistribución del ingreso,
a fin de suplir y estabilizar la situación del empleo y
del crecimiento económico en general, sin olvidar por cierto
que él favorecía también a las empresas privadas.
Antes de 1970, esta dinámica se insertaba en el marco de
modelos de desarrollo en que se cuestionaba o el comportamiento
estancado de las inversiones o la penetración de capitales
extranjeros. Bajo el gobierno de Allende se desarrolló
una segunda etapa, donde la implantación de programas de
socialización de la economía determinó una
extensión cuantitativa y cualitativa de esta participación
del Estado, conformando un área de propiedad social con
empresas de todos los sectores (primario, secundario y terciario).
Esta era la herencia nacional, conformada por la capitalización
pública, producto de la acción política de
la Izquierda y el sacrificio de los trabajadores.
La dictadura formuló a su vez un modelo de desarrollo orientado,
entre otros objetivos, a privatizar dichas empresas y desmantelar
el Estado empresario. Este proceso se realizó bajo la exclusiva
decisión de los grupos financieros más poderosos,
que controlaban la gestión del gobierno, sin plantearse
una consulta popular para resolver un problema de tanta importancia
social como es la transferencia de la capitalización pública
de más de medio siglo, a manos privadas. Sin fijar tampoco
un marco regulatorio adecuado, ni menos un valor justo y real,
lo que dio lugar después a negocios escandalosos. Este
despojo nacional se decidió y ejecutó en la cúspide
de la dictadura. La mención de este proceso no significa
desconocer el papel del Estado en la reproducción del conjunto
de la burguesía, sino que se propone destacar cómo
la utilización de este instrumento alienta la concentración
y centralización capitalistas, fracturando su unidad política
e imprimiendo un nuevo carácter al papel del Estado en
la organización capitalista de la producción.
EL BOTIN DE GUERRA
La privatización de la economía constituyó
uno de los procesos más oscuros de la dictadura, sin Congreso
Nacional ni fiscalización alguna, con falta de independencia
de la Contraloría General de la República y de los
tribunales de justicia. En su desarrollo, según el economista
Gustavo Marín, se distinguen cuatro etapas:
La primera (1973-75) comenzó con la devolución de
fundos y empresas ocupadas por los campesinos y obreros o intervenidos
y requisados por el gobierno popular para impedir la paralización
y el boicot de sus dueños, en su campaña por derrocar
a Allende. En esta fase, se restituyeron 258 empresas antes de
diciembre de 1973 y se privatizaron otras 350. En esta etapa se
pagaron también cuantiosas indemnizaciones a los consorcios
norteamericanos, a los cuales se les había expropiado (gran
minería del cobre, ITT y otras). Las indemnizaciones alcanzaron
a 1.315,2 millones de dólares (moneda de 1988) desde 1974
a 1988. Por razones desconocidas, se les pagó cantidades
superiores a las que estas compañías reclamaban
al gobierno de Allende, particularmente en el caso de las empresas
del cobre y de la ITT. Ello sin considerar que la expropiación
de la gran minería del cobre se había hecho de acuerdo
a la reforma constitucional aprobada unánimemente por el
Congreso Nacional.
Bajo la conducción de la Corporación de Fomento
de la Producción se vendieron empresas que ella administraba,
en licitaciones abiertas y decisiones reservadas a su vicepresidente
ejecutivo. Las devoluciones fueron discrecionales y sólo
en algunos casos rechazadas por sus primitivos dueños,
encargándose entonces la misma Corfo de su liquidación
o venta. Esta entidad, una vez concluida la transferencia de sus
empresas, redefinió sus funciones sólo como banco
de fomento con los recursos originados en dichas enajenaciones,
abandonando las amplias funciones de planificación y gestión
de las empresas del área social que tuvo en el gobierno
presidido por Salvador Allende.
La Empresa Nacional de Minería empleó procedimientos
similares a los definidos por Corfo. Las ventas comprendieron
pequeñas y medianas empresas de explotación y procesamiento
de minerales. Sólo conservó un porcentaje de la
planta de procesamiento (fundición y refinería de
cobre) de Las Ventanas, con lo que la mencionada empresa nacional
volvió a constituirse en un poder de compra sin operaciones
de explotación directa.
La Compañía de Aceros del Pacífico vendió
sociedades o participaciones en ellas, de acuerdo a la idea de
centrar sus operaciones en la fabricación de acero y no
en su procesamiento.
La Corporación de la Reforma Agraria (Cora)) y el Instituto
de Desarrollo Agropecuario (Indap) transfirieron el dominio de
todas las propiedades agrícolas bajo su control. En este
caso se utilizaron también diferentes modalidades, como
restituciones parciales, que consistieron en devoluciones o formaciones
de reservas dentro de predios expropiados; revocaciones, expresadas
en devoluciones totales de terrenos expropiados; asignaciones
de unidades reformadas (cooperativas y parcelas individuales)
y ventas de activos de la Cora, la que terminó por disolverse.
El Indap se mantuvo, pero con una considerable reducción
de sus actividades.
Con este desmantelamiento de los activos públicos, la dictadura
se propuso que el Estado no interfiriera en las actividades económicas
a no ser que se considerara necesario desde el punto de vista
estratégico. Sobre esta base, la privatización de
la economía derivó, por sobre todas las cosas, en
la centralización del poder económico de ciertos
grupos y en el consiguiente oligopolio de algunas industrias.
Más que en la extensión y expansión del sector
empresarial, esta centralización del poder económico
se tradujo en el desplazamiento de sectores pequeños y
de medianos empresarios. Las operaciones de transferencia se hicieron
con sigilo, sin fiscalización pública y en un ambiente
de irregularidades, algunas de las cuales salieron a la luz pública.
Al revés de la expropiación de las empresas de la
gran minería por el gobierno de Allende, que se hizo al
valor libros, con la crítica de la derecha, ahora ella
vendió las empresas públicas por lo general por
debajo de dicho valor.
La extensión y acentuación extrema del proceso centralizador
y concentrador de la economía aparece demostrada por la
evidencia del control sobre sociedades anónimas y demás
empresas. El simple cruzamiento de información de las empresas
licitadas con las empresas controladas por los principales grupos,
sugiere que el desmantelamiento del Estado, la privatización
de la economía y la acentuación extraordinaria del
poder oligopólico son facetas de un mismo proceso. Las
interrelaciones entre estas tres facetas se convirtieron, a partir
de entonces, en elementos centrales de todo análisis de
la economía nacional.(2)
NUEVAS ENAJENACIONES
La segunda etapa (1975-1982) comprende el lapso entre la recesión
del primero de estos años y la crisis del segundo, período
en el cual la Corfo vendió a través de subasta o
propuesta pública sus acciones y derechos en 135 sociedades,
de las cuales en 91 de ellas era socio mayoritario. De la misma
manera, transfirió al sector privado su participación
en 16 bancos comerciales. Además la dictadura realizó
más de 600 operaciones por ventas de plantas agroindustriales,
pertenencias mineras, bienes raíces así como más
de tres mil operaciones por ventas de bienes inmuebles.
Las privatizaciones continuaron extendiéndose hasta abarcar
diversos sectores de la vida económica y social. La legislación
minera, la reorganización de las municipalidades, la modificación
de los sistemas de educación, de salud, de previsión
social y el plan laboral abrieron paso a la más generalizada
privatización de la sociedad.(3)
La crisis de 1982 paralizó este proceso de enajenación
total, en medio de la bancarrota de algunos de los más
voraces grupos económicos, que más habían
aprovechado el remate o liquidación de este pequeño
país.
La tercera etapa (1983-1985) comprende los reacomodos al interior
de la clase dominante, remecida por la crisis de 1982. Como señala
Gustavo Marín, durante esta crisis se sucedieron hechos
de tanta importancia como la intervención estatal en el
sistema financiero, el derrumbe de los más destacados grupos
económicos, la oposición de algunos empresarios
a las políticas impuestas por la dictadura, el desplazamiento
transitorio de los Chicago boys del gabinete, la devaluación
de la moneda nacional, el ingreso de un hombre del grupo de Javier
Vial, Rolf Lüders, como biministro de Hacienda y Economía
-y luego la prisión de ambos por sus “irregularidades”-
la constitución de la Comisión Fiscalizadora de
las empresas y bancos del grupo Cruzat-Larraín, etc. La
crisis desarticuló el sistema generado en las dos etapas
anteriores, desencadenando un triple proceso:
a) combinación de nueva estatización y posterior
privatización de las actividades económicas, intervención
del sistema financiero quebrado por su endeudamiento, estatización
de la deuda externa privada, mediante el aval del Estado, al proceder
a su negociación, administración de bancos y empresas;
b) nueva privatización y transnacionalización del
sistema financiero cambiando los bancos de dueños, con
incorporación de inversionistas extranjeros y, c) privatización
de las fuentes externas e internas de ahorro e inversión.
LAS PRESAS MAYORES
La cuarta etapa (1985-1989) marca la reanudación de las
privatizaciones y la conversión de deudas en enajenación
de activos nacionales, de acuerdo a “recomendaciones”
del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Comité
de Bancos Acreedores, trayendo consigo una mayor desnacionalización
económica y política. Superado el lapso de administración
de la crisis de 1982 y resuelto el conflicto al interior de las
clases dominantes, los neoliberales volvieron a tomar el control
de la política económica y se realizó el
último reparto del botín de guerra entre los grupos
existentes y nuevos grupos emergentes en el interior del gobierno.
En esta cuarta etapa, según Gustavo Marín, se emplearon
diversos mecanismos:
1. La privatización del área denominada por los
técnicos de la dictadura como “rara”. Las empresas
productivas, servicios y bancos mantenidos en esta área
después de la crisis en referencia fueron reprivatizados
a partir de la Comisión Progresa y del equipo interventor
de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, pudiéndose
distinguir las siguientes situaciones:
a) Grandes empresas industriales (Copec y sus filiales, CCU y
sus filiales, Inforsa, Indus, CTI, Compañía General
de Electricidad Industrial, etc.) Ellas pasaron a manos de grupos
económicos locales, que habían sobrevivido a la
crisis, y de consorcios transnacionales a través de la
asociación del grupo Angelini con el grupo neozelandés
Carter Holt Harvey (Copec); de la asociación del grupo
Luksic son el consorcio cervecero alemán Paulaner (CCU)
y de la asociación del grupo Matte con Fletcher Challenger
de Nueva Zelandia (en el sector de la celulosa y el papel) optando
el primero por controlar Inforsa. Otros consorcios transnacionales
controlaron, sin asociación, importantes empresas como
Hucke, MacKay, Nestlé, Victric Vidrios y Aluminios Lirquén,
etc.
b) Las principales sociedades de servicios, como las AFP y las
compañías de seguros de vida fueron controladas
por consorcios financieros norteamericanos, como Bankers Trust,
Aetna y American International Group.
c) Las grandes instituciones de crédito como el Banco de
Chile y el Banco de Santiago, intervenidos en 1983, fueron a su
vez reprivatizados, diseminándose su propiedad.
2. La privatización de grandes empresas públicas.
En 1985 se privatizaron la Sociedad Química Minera de Chile
(Soquimich); Industria Azucarera Nacional (Iansa); Empresa Nacional
de Explosivos (Enaex); Compañía de Aceros del Pacífico
(Cap); Laboratorios Chile; empresas elécticas Metropolitana,
Quinta Región, Chilectra Generación, de Melipilla
y de Coquimbo; Empresa Nacional de Electricidad (Endesa); Compañía
de Teléfonos de Chile (CTC); Telex Chile. Además,
Empresa Nacional de Comunicaciones (Ecom); empresas eléctricas
de Tarapacá, del Norte, de Aysén, de Magallanes;
hidroeléctricas de Pilmaiquén, Pullinque, Colbún-Machicura,
Pehuenche; Línea Aérea Nacional (Lan Chile); Instituto
de Seguros del Estado; Empresa Nacional del Carbón (Enacar);
Carbonífera Schwager; Chile Films; Sociedad Chilena del
Libro.
3. Las privatizaciones posteriores al plebiscito de 1988. Los
mecanismos utilizados para el traspaso fueron, en general, los
mismos que se aplicaron anteriormente, aunque en algunos casos
se disfrazaron con la modalidad de “capitalismo popular”,
con la cual se privatizaron algunas empresas energéticas
en las regiones u otras en que participó personal de las
Fuerzas Armadas, como la Compañía de Teléfonos
de Chile y Endesa. En agosto de 1989, un balance de la progresión
de este proceso referido a las 29 empresas públicas “privatizables”
a mediados de 1985, expresaba:
a) al 30 de septiembre de 1988, trece de ellas estaban totalmente
enajenadas, ocho se encontraban parcialmente privatizadas y ocho
comenzaban su privatización;
b) después del plebiscito de octubre de 1988 se completó
la privatización de las ocho parcialmente enajenadas y
se privatizaron otras tres (Chile Films, Sociedad Chilena del
Libro y Edelnor);
c) en agosto de 1989, cuando se le acababa el tiempo a la dictadura,
24 de aquellas empresas se habían traspasado al sector
privado. Respecto a las otras empresas fueron desmanteladas, como
Ferrocarriles del Estado -privatizada por partes (carga)- y otras
que los asaltantes del poder no alcanzaron a vender, como Codelco
o el Banco del Estado. Sin embargo, metieron mano en sus recursos
financieros para favorecer a grupos y personas del régimen,
tanto en aquéllas como Enap, Correos, TVN y las que dependen
del Ministerio de Defensa.
EL SAQUEO DEFINITIVO
María Olivia Monckeberg investigó un grupo de las
últimas empresas privatizadas y tuvo el valor de desenmascarar
esta operación en su libro El saqueo de los grupos económicos
al Estado chileno. Ella expresa: “El último gabinete
de Pinochet que asumió a fines de octubre de ese histórico
año 1988, después del triunfo del ‘No’
en el plebiscito, tuvo un carácter marcadamente economicista.
Junto a Hernán Büchi, como jefe del equipo económico,
a Sergio Melnick en Odeplan y a Juan Antonio Guzmán en
Educación, se sumaron otros hombres de la alianza Chicago-militares
como Carlos Cáceres en Interior, Pablo Barahona en Economía
y Hernán Felipe Errázuriz en Relaciones Exteriores.
El objetivo estratégico de ese equipo estaba a la vista:
asegurar la proyección de la ‘obra del régimen’.
Trasladar las empresas a manos de quienes habían detentado
el poder en esos años fue su norte. Y para eso aplicaron
el acelerador a fondo”.(4)
Este último gabinete del “padrino” completó
el programa de privatizaciones iniciado en la década anterior,
aunque no alcanzó a extenderlo a otras presas mayores,
como Codelco, Empresa Nacional de Petróleo, Banco del Estado
y TVN. Por lo general, el control definitivo de las empresas privatizadas
lo obtuvieron los mismos ejecutivos nombrados por la dictadura,
mediante “sociedades de papel” como Pampa Calichera,
en Soquimich y las Chispitas 1 y 2, de Chilectra. Para impedir
la oposición de los sindicatos, se les vendió a
los trabajadores de cada empresa una pequeña cantidad de
acciones, operación calificada de “capitalismo popular”.
Extraña paradoja: las empresas públicas las compraron,
por lo general, los mismos vendedores.
La Cap fue fundada por Corfo en la década de los cuarenta.
Aunque el Estado tuvo una determinación decisiva tanto
en la formulación del proyecto como en el financiamiento,
se le concedió mayoría al sector privado (53% contra
47%). Pero en 1968 el Estado pasó a ser accionista mayoritario
y en 1973, el 97,6% de su capital pertenecía a él,
a través de Corfo. En el proceso de privatización
se transfirió primero el 47% de la empresa al sector privado
en 1986, por un valor de venta de 40 millones de dólares
en circunstancias que su valor real era de no menos de 200 millones
de dólares, subsidiando de esta manera a los compradores
en 160 millones en dicha moneda, es decir, se despojó de
esa enorme proporción al Estado. Estudios posteriores,
entre otros del Programa de Economía del Trabajo (PET),
del Chase Manhattan Bank y el Appraisant Company, calcularon una
pérdida de 99 a 223 millones de dólares. Como fue
habitual en otros casos de privatizaciones de las grandes empresas
del Estado, la de Cap favoreció a grupos de ejecutivos
que usaron información privilegiada y se privatizaron a
sí mismos con la empresa. El caso más destacado
en esta privatización fue el de Roberto de Andraca, gerente
general desde 1983, apoyado por los ministros de Hacienda Jorge
Cauas, Sergio de Castro y Hernán Büchi. La privatización
se completó en 1987.(5)
La Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) fue creada
en 1968 sobre la base de la industria del salitre, cuya propiedad
era compartida por la Corfo y la Compañía Salitrera
Anglo Lautaro, S.A. En el gobierno de Salvador Allende esa sociedad
se incorporó al área social y en la dictadura de
Pinochet pasó a manos de su yerno, Julio Ponce Lerou, un
ingeniero forestal que no tenía capital alguno pero sí
una audacia increíble. El proceso fue similar al de Cap.
El suegro lo nombró presidente en 1980, después
de ejercer otros cargos tanto en Corfo como en diversos organismos
públicos, desempeñándose como vicepresidente
ejecutivo su socio, de igual profesión, Patricio Contesse.
El mismo Ponce Lerou formó “sociedades de papel”
como Pampa Calichera y otras, que empezaron a comprar acciones
de Soquimich hasta 1988, año en que estaba privatizada,
siendo su principal accionista Pampa Calichera S.A.
Como en el caso de Cap, la Contraloría emitió un
informe sobre la enajenación de aquella empresa química
y minera, en el que establece las pérdidas de Corfo, la
que “obtuvo un precio por acción inferior a los valores
estimados ya que sólo registró ingresos equivalentes
al 29%, 53% y 59% de la proyección de los años 1986,
1987 y 1988 respectivamente”. Este despojo del patrimonio
público fue espectacular. Así lo sostiene María
Olivia Monckeberg: “La Contraloría agregó
que Corfo vendió en los años 1983 a 1988 el total
de su inversión en esta empresa (123.490.000 acciones)
en un monto de 119.982.594 dólares”. Y señaló
que “de mantenerse las utilidades de la sociedad en el nivel
del último año, obtendría por concepto de
dividendos en 2,5 períodos aproximadamente ese valor”.
El subsidio público para Ponce Lerou y su grupo fue de
76,4% apoderándose además de la totalidad de las
reservas de nitrato, yodo y litio del país y del mundo.
SUMA Y SIGUE
La Industria Azucarera Nacional (Iansa) fue creada por la Corfo
en 1952, con plantas en Los Angeles, Llanquihue, Linares, Temuco,
Chillán, Rapaco y Curicó. la privatización
adolece de irregularidades similares al caso anterior. En 1986
se vendieron acciones sin licitación pública, a
un precio 21% inferior al valor de la Bolsa. En 1988 se acordó
vender en dicho organismo el 90% de las acciones que todavía
poseía la Corfo y en seguida, directamente, el saldo de
12,67%. Monckeberg afirma: “De acuerdo a un informe realizado
posteriormente por la Contraloría General de la República,
las ventas directas de acciones de Iansa sumaron 33.659.106 dólares,
lo que significó pérdidas netas que alcanzaron a
un monto de 47.628.514 dólares”. La misma autora
agrega que, según un estudio de un grupo de profesionales,
realizado en 1988, entre 1986 y 1988, se vendieron 2.606.947 acciones,
es decir, el 80,6% de la empresa, con un enorme subsidio implícito
en favor de quienes se quedaron con la empresa.(6)
La Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) fue fundada por la
Corfo en 1943, para impulsar la producción de energía,
tan necesaria para el desarrollo del país. Esta era una
de las empresas que escapaba a la voracidad de los privados hasta
la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988. En el año
siguiente comenzó el saqueo. “Al momento de su privatización,
Endesa controlaba el 60% de la generación eléctrica
del país, el 55% de la distribución y la casi totalidad
de las mercedes de aguas aprovechables para el sector hidroeléctrico.
Su privatización implicó, además, el traspaso
a los nuevos dueños de los derechos de agua que pertenecían
a la empresa estatal”. ¿Cuánto significó
este robo? “Un informe de la Contraloría General
de la República, que se conoció en 1991, señaló
que la privatización de la más importante empresa
eléctrica del país le habría significado
al Estado alrededor de mil millones de dólares de pérdidas”.(7)
Pero otro estudio ha representado que esta operación significó
un subsidio implícito de 44.089.544 en pesos del año
2000, el que benefició directamente a los nuevos dueños,
con Yuraszeck y su grupo a la cabeza. Un negocio parecido fue
el de las filiales (Pullinque, Pilmaiquén y Pehuenche).
La Compañía Chilena de Electricidad (Chilectra)
fue creada en 1921 y nacionalizada por el gobierno de Salvador
Allende en 1970. Tenía como función distribuir y
comercializar la energía eléctrica en la Región
Metropolitana y en Valparaíso. En el año 1981, la
dictadura la dividió en Chilectra Metropolitana o Chilmetro
(después denominada Enersis), Chilectra Generación
o Chilgener (hoy Gener) y Chilectra Quinta Región o Chilquinta,
para ser privatizadas después de 1985. Los administradores
de estas empresas estatales se encargaron de las privatizaciones,
encabezados por José Yuraszeck. Para eso, 19 ejecutivos
de Chilmetro formaron dos sociedades de “inversiones”:
Inversiones Civiles Chispitas Uno e Inversiones Civiles Chispitas
Dos, correspondiendo el uso de la razón social a seis de
los socios, con plenos poderes de administración. Con este
control, dichos ejecutivos invitaron a otros accionistas a incorporarse.
Este fue el “Plan Chispazos”. Si irregulares habían
sido las anteriores privatizaciones, ésta batió
todos los récords. Con un capital equivalente al 2% de
las acciones de Chilmetro, representado por los aportes de los
fundadores de las Chispitas más las acciones de los trabajadores,
obtuvieron un préstamo en el Banco del Estado por un monto
de diez veces la garantía y compraron el 20% de las acciones
de la misma empresa a un precio inferior al valor de la Bolsa.
Así, por un juego de artilugio, se apoderaron de grandes
inversiones del Estado en materia de electricidad. Con la misma
plata del Estado, recibida en préstamo, le pagaron al Estado
las acciones de aquella empresa.
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) fue fundada
por la Corfo en los comienzos de la década de los sesenta.
Como las eléctricas ya mencionadas, Entel era considerada
como una empresa estratégica que debía ser controlada
por el Estado. No obstante, los privatizadores la enajenaron como
en los otros casos, a un precio absolutamente inferior a su valor
real, a tal punto que un estudio posterior determinó que
se había concedido un subsidio inmenso para los “compradores”.
Entre estos, el ejército adquirió el 10%, a través
de Famae. El resto pasó a manos del Grupo Telefónica
España y otros privatizadores chilenos que después
vendieron, pasando su control al grupo de Hurtado Vicuña
y Eduardo Fernández León.
ENRIQUECIMIENTOS INEXPLICABLES
En todas estas privatizaciones, como lo prueba María Olivia
Monckeberg, se enriquecieron conjuntamente con el “gran
dictador” los ministros y altos ejecutivos, civiles y militares,
y los “compradores”. Entre los ministros que se proyectaron
al mundo de los negocios a través de las privatizaciones
destacan Jorge Cauas, Sergio de Castro, Pablo Barahona, Hernán
Büchi, Carlos Cáceres, Juan Antonio Guzmán,
José Piñera, Miguel Angel Poduje, Sergio Melnick,
Máximo Silva Bafaluy, Alvaro Donoso, Luis Larraín
y otros. No menciono a los generales que se quedaron en los directorio
de las empresas privatizadas.
Entre los que aprovecharon la “piñata” no puede
olvidarse a Bruno Phillippi, Juan Hurtado Vicuña, Julio
Ponce Lerou, el yernísimo del dictador seguramente casado
bajo el régimen de sociedad conyugal, Alvaro Saieh, José
Yuraszeck, Patricio Contesse, Guillermo Arthur, Carlos Alberto
Délano, el inefable Alvaro Bardón y otros. Para
penetrar en esa “corte de los milagros” hay que leer
el libro citado.
Estos privatizadores convirtieron además en negocios rentables
los servicios de utilidad pública como la electricidad,
el gas, el agua potable, los teléfonos, los bancos y financieras
que se han multiplicado y fusionado, que logrando grandes utilidades
alimentan la ilusión de la inmensa mayoría de la
población que compra toda clase de productos superfluos
y de fantasía, perdidos posteriormente en embargos y remates.
Es la vida al “fiado”, con deudas que nunca se terminan
de pagar y llenan las páginas de Dicom. No sólo
eso. Los nuevos “inversionistas” controlan también
la educación con la proliferación de las escuelas
de enseñanza básica y media subvencionadas. Fundaron
una cincuentena de universidades y centenares de centros e institutos
superiores, que se compran y se venden en el mercado financiero.
Igual cosa sucede con la salud, con la multiplicación y
concentración de las Isapres, seguros médicos, clínicas
y hospitales, laboratorios, farmacias y cementerios, es decir,
controlan a los chilenos desde que nacen hasta que mueren. Lo
peor de todo, suprimieron la previsión social financiada
con aportes de los empleadores y los trabajadores, para establecer
el ahorro obligatorio de estos últimos, liberando a los
patrones o empresarios de aportes al fondo de jubilación,
pero monopolizando la administración de estos fondos en
sus manos, a través de las AFP. Los ahorrantes pueden perder
con las inversiones de sus fondos, pero las AFP, en cuanto instituciones
privadas, siempre ganan, tanto en la colocación de sus
acciones que sus administradores eligen libremente, como en las
comisiones que cobran.
Estos nuevos dueños de Chile obtienen ingresos siderales,
que rompen todas las tablas para contar y medir la distribución
del ingreso. No habría que agruparlos en el 10% más
rico, sino quizás en el 1% (o menos) y se tendría
un ingreso asimilable a los jeques petroleros de Arabia, tanto
por participación en las utilidades de sus empresas como
por las dietas, indemnizaciones y otras regalías que perciben
en los directorios en que participan, tanto ellos como sus familiares,
mientras a sus trabajadores les pagan salarios mensuales equivalentes
al valor de los puros que fuman gratuitamente en las sesiones
de directorio. Este “éxito” económico
no es sólo el producto del conocimiento y el talento, que
no se podría negar, sino que influye decisivamente a lo
menos en su origen, el “valor agregado” del golpe
militar y la dictadura.
En realidad, ninguno de los hombres decisivos en las privatizaciones,
de los ejecutivos y “consultores”, tenía una
fortuna significativa, comenzando por Pinochet, Ponce Lerou, Büchi,
Cáceres, Saieh, Piñera y otros cabecillas del saqueo
al Estado, pero ahora son multimillonarios. Alguna vez se dijo
que el camino más corto para hacerse rico era la lotería,
pero ahora resultó que, durante la dictadura, fue la privatización
de las empresas públicas, la mayoría de las cuales
se han transnacionalizado posteriormente. Los privatizadores han
vendido todo o parte de su botín a los inversores extranjeros.
El caso más escandaloso es el de Yuraszeck que vendió
a Endesa España en 500 millones de dólares las “Chispitas”
y ahora ha invertido en otras empresas.
¿DONDE ESTA LA PLATA?
Entre las múltiples irregularidades en estos negocios,
cabe mencionar la multa aplicada por la Superintendencia de Valores
y Seguros a los directores de Enersis, Carlos Cáceres,
Sergio Gutiérrez, Felipe Montt, Leonidas Vial, Rodrigo
Errázuriz y Pedro Smith, por haber incumplido un requerimiento
del organismo respecto a que el directorio de esa empresa se debía
pronunciar sobre la esencialidad de las cláusulas de la
alianza estratégica suscrita con Endesa España.
La Corte Suprema rechazó los recursos de casación
que presentaron los condenados, ratificando las resoluciones de
los tribunales y organismos de las instancias anteriores. La sentencia
de la Corte Suprema no está relacionada con la legalidad
o ilegalidad de la negociación que realizó José
Yuraszeck con Endesa España. Esta materia se está
discutiendo en otros procesos. Tampoco se refiere a otras multas
aplicadas por la mencionada Superintendencia a ex ejecutivos de
Enersis por conflictos de intereses, las que suman 50 millones
de dólares.(8)
Aparte de los enriquecimientos inexplicables de los hombres de
la dictadura, tampoco se sabe en qué se invirtieron los
recursos obtenidos de la enajenación de las empresas y
servicios públicos, aparte del gasto corriente del Estado,
si se tiene en cuenta el enorme endeudamiento público en
que se incurrió durante los 16 años de gobierno
dictatorial. En efecto, al término de la dictadura la deuda
externa pública era de 9.600 millones de dólares.
¿Cuánto percibió la dictadura por las privatizaciones?
Este es un balance que tampoco se conoce, pero sí se sabe
que se disminuyeron los impuestos a las grandes empresas, a tal
punto que en los 10 últimos años se han recuperado
por ley más de diez mil millones de dólares anuales,
sin que hasta ahora se haya corregido la disminución de
los impuestos a las grandes herencias. De esta corrupción
es de la que hay que hablar.
¡Piense en grande!
No se distraiga con los pequeños roedores de las “coimas”,
sino que concentre su atención en los grandes dinosaurios
de la derecha, que se tragaron la riqueza de todos los chilenos.
Fue la “grande de la derecha”. Con Lavín esperan
la privatización de Codelco, Enap, BancoEstado, Televisión
Nacional y otras presas menores, si Lagos no se las entrega antes
BELARMINO ELGUETA BECKER (*)
NOTAS
1. Joseph A. Schumpeter, Diez grandes economistas: de Marx a Keynes,
Alianza Editorial, S.A., Madrid, quinta edición, 1983,
págs. 38 y 39.
2. Thomas Dragger, El desmantelamiento del pool de empresas estatales
y la concentración económica en Chile, mimeo, México,
1978.
3. Gustavo Marín, Trayectoria de las privatizaciones en
Chile durante el régimen dictatorial (1973-1989).
4. María Olivia Monckeberg, El saqueo de los grupos económicos
al Estado chileno, Ediciones B. Chile, S.A., Santiago, 2001.
5. Ibídem.
6. Ibídem.
7. Ibídem.
8. Diario El Mercurio, Santiago, 13 de julio de 2001.
(*) El autor fue dirigente nacional del Partido Socialista de
Chile durante treinta años y diputado en el período
1953-57. Estudió derecho en la Universidad de Chile y ejerció
la docencia e investigación en la enseñanza superior
de México. Autor de varios libros y de numerosos artículos
publicados en Chile y en el extranjero. Padre de Martín
Elgueta Pinto, estudiante universitario y militante del MIR, detenido
desaparecido desde el 17 de julio de 1974.
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