Al asesino Fernández Larios
Juicio en Miami
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La jueza Lenard Garber, del Tribunal
Federal de Miami, podría hacer justicia en el crimen
de Winston Dwight Cabello Bravo. El economista de 28 años,
padre de dos hijas y director de la Oficina Regional de
Planificación para la Región Atacama-Coquimbo,
fue torturado y asesinado el 17 de octubre de 1973 por el
entonces teniente de ejército Armando Fernández
Larios, miembro de la Caravana de la Muerte del general
Sergio Arellano Stark, que cobró 71 víctimas
en el norte del país.
Diferentes tribunales de Chile y Argentina acreditaron
su intervención en los asesinatos del ingeniero David
Silberman, ejecutivo de Codelco y del general Carlos Prats
González y su esposa, ultimados en Buenos Aires,
entre otros delitos. La noche en que murió Winston
Cabello, la Caravana mató a trece personas más;
durante el día, una “corte marcial” ordenó
fusilar a otros tres ciudadanos cuyos restos todavía
no son encontrados. |
| ZITA
Cabello Bravo, hermana de Winston Cabello, asesinado por la
Caravana de la Muerte. |
Las audiencias del juicio en Miami comienzan el 16 de junio,
después de una ardua batalla legal de los familiares de
Winston Cabello que residen en Estados Unidos, principalmente
de su hermana Zita, economista y profesora de la Universidad de
California. De acuerdo al sistema judicial norteamericano, la
causa irrogará gastos de un millón de dólares.
Podría costar más si no estuviera a cargo de Robert
Kerrigan, abogado de The Center for Justice & Accountability
(Centro para la Justicia y la Responsabilidad), que no cobra honorarios
a la familia de la víctima.
La acusación fue presentada el 22 de marzo de 1999 en Miami,
porque Armando Fernandez Larios, 53 años, reside en ese
distrito desde 1987, después que se entregara a la justicia
estadounidense como “testigo” del asesinato de Orlando
Letelier en Washington (1976). Tres años duró el
proceso previo, antes que el tribunal decidiera dar lugar a este
juicio invocado por violación de dos leyes del siglo 19
contra crímenes de piratería: las “actas”
de Reclamo por Torturas en el Extranjero y de Protección
a las Víctimas de Tortura. La familia Cabello recurrió
a estas leyes antiguas para reclamar justicia, porque las leyes
actuales no lo permiten.
Las “actas” antipiratería castigan torturas
y asesinatos “en alta mar”, perpetrados lejos del
territorio de Estados Unidos y fueron concebidas para perseguir
a criminales de guerra y piratas ocultos en este país.
Esa legislación fue aplicada con buenos resultados a dos
generales salvadoreños -en su condición de torturadores-
residentes en Miami, quienes deberán pagar de por vida
las costas de un millón de dólares del juicio, con
cualquier ingreso legalmente acreditado. No se les condenó
a una reparación económica inmediatamente porque
alegaron ser “pobres de solemnidad”.
“Por este antecedente fue que buscamos el apoyo del Center
for Justice...”, explicó una entusiasta Zita Cabello
durante esta entrevista, efectuada en Berkeley. El optimismo no
es gratuito, porque la decisión judicial de acoger la causa
-conocida el 20 de octubre de 2002- ya fue una estimulante victoria
moral para la familia Cabello.
¿QUIEN ES ZITA CABELLO?
La hermana de Winston Cabello es doctora en economía y
enseña en la Universidad de California, sede Santa Cruz.
La entrevista se fijó en Berkeley, una mañana de
mayo. Zita Cabello llegó con su marido, Patricio Barrueto,
cargada de papeles y documentación, entre otros un aviso
de media página publicado por la familia en la página
3 del cuerpo C de El Mercurio el 20 de octubre de 2002. “Nos
costó ocho millones de pesos llamar la atención
en Chile sobre este juicio”, señaló. Dijo
saber que la publicación fue conocida por el general Juan
Emilio Cheyre, comandante en jefe del ejército.
Un párrafo relevante del aviso solicita cualquier información
útil para la Corte Federal de Miami, de “carácter
estrictamente confidencial” y “amparada por el privilegio
que regula las relaciones entre un abogado y su cliente, según
la legislación norteamericana”. Zita Cabello asegura
haber obtenido información y testigos importantes. “Si
usted desea contribuir a este caso con su conocimiento sobre Fernández
Larios, puede dirigirse a Zita Cabello Barrueto, representante
legal de la parte demandante, por alguno de los siguientes medios:
zita@cabellofoundation.org; P.O. Box 6163, San Mateo, CA 94403
USA; Casilla Postal 50541, Correo Central, Santiago, Chile”,
solicitó el costoso aviso que El Mercurio no aceptó
al primer intento para publicarlo. Ese mismo 20 de octubre de
2002 hubo un acto en memoria del economista Winston Cabello en
el aula magna de la Facultad de Economía de la Universidad
de Chile.
BUSQUEDA CON
DETECTIVE PRIVADO
El juicio en Miami tiene carácter civil. Armando Fernández
Larios disfruta el privilegio de no poder ser extraditado a Chile,
pero es sujeto de cualquier causa judicial en Estados Unidos,
porque rehusó el programa de protección de testigos
cuando se entregó a la justicia de ese país. ¿Por
qué lo hizo? Zita cree que fue por soberbia, porque pensó
“¿qué me va a pasar aquí?”.
La Segunda del 22 de mayo pasado dio otra “noticia”
falsa: “…como se sabe, Fernández Larios está
sujeto al programa de protección de testigos luego que
se entregara a la justicia norteamericana y fuera condenado a
tres años de cárcel”. Al día siguiente,
Zita nos confirmó: “el artículo de La Segunda
está equivocado. Fernández Larios nunca aceptó
la protección de testigos; esa fue la razón por
la cual nosotros pudimos ponerle el juicio. De lo contrario, nunca
lo habríamos podido encontrar. Protección de testigos
significa cambio de identidad, y nunca más se sabe de la
persona. Fernández Larios vive en Miami con su nombre.
Nunca cambió de identidad”.
¿Cómo hallaron a Fernández Larios en Estados
Unidos?
“Contraté un detective privado que comenzó
a buscarlo en 1998. El juicio tiene carácter civil porque
las leyes invocadas no permiten una causa criminal, simplemente
porque el delito prescribió, según la ley estadounidense.
La Corte aceptó un juicio que no durará más
de tres semanas. Primero debe seleccionarse el jurado, tarea que
puede tomar de uno a tres días. Luego viene la presentación
de testigos, cuyos interrogatorios pueden tardar hasta dos horas”.
Atestiguarán ella, expertos en la Caravana de la Muerte
y testigos presenciales. ¿Quiénes? No quiso revelarlo
para no dar información anticipada al victimario.
Una vez terminadas las audiencias y exposición de argumentos,
el jurado se encierra a deliberar. En el caso de los generales
salvadoreños ese debate tomó tres días. “Es
una guerra de nervios”, advierte Zita, quien se trasladó
a Palm Beach, Miami, para presenciar el juicio. No se puede predecir
lo que va a decidir el jurado. Y el fallo puede apelarse a una
Corte superior.
La familia Cabello se prepara a trasladarse a Miami. Desde otras
zonas de Estados Unidos viajarán Elsa, la mamá,
de 86 años; Manuel, el hermano mayor; Aldo, otro hermano;
y, por supuesto, Zita, alma mater de este grupo familiar ansioso
de justicia desde hace treinta años. Karen y otros cuatro
hermanos están preparando sus maletas en Chile. Hijos,
sobrinos y nietos también presenciarán este acontecimiento.
“Desde 1999 aspiramos a este juicio. A todos se nos va a
trastornar la vida, a hijos, parientes, amigos, gente de Chile
y de El Salvador; todos asistirán a presenciar el juicio”,
explicó Zita Cabello.
Zita está convencida que la justicia triunfará en
Miami. “Lo hacemos también por todas las víctimas
de la Caravana de la Muerte, ya que ninguno podrá tener
un juicio como éste”, explicó. “Es importante
que se nos devuelva la dignidad; vamos a establecer una verdad
legal. Legalmente vamos a saldar una deuda de dignidad por todos
nosotros”, explicó. El propósito es demostrar
el grado de responsabilidad criminal del ex oficial del ejército
chileno.
Los allegados a Armando Fernández Larios alegan que éste
puso todos los bienes que posee en Estados Unidos a nombre de
terceros. Para la familia Cabello no es relevante, porque no persiguen
una compensación pecuniaria. Se conforman con ganar el
juicio moral. De todas formas, Fernández Larios quedará
obligado a pagar las costas judiciales con cada ingreso que perciba
en Estados Unidos por mínimo que sea. La idea es golpear
donde más duele a criminales que no sienten la sanción
moral: en el bolsillo
ERNESTO CARMONA
En Berkeley, California
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