TLC con EE.UU.
DE VUELTA A LA COLONIA
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La ciudadanía fue notificada que con fecha 6 de junio,
se procederá a la firma del Tratado de Libre Comercio de
Chile con Estados Unidos, por parte de los representantes gubernamentales
de ambos países; restando tan sólo la aprobación
parlamentaria para que este instrumento entre en vigencia, probablemente
a contar del 1º de enero de 2004.
Se pretende consumar así, en un contexto de profunda desinformación
ciudadana del contenido y proyecciones de tal Tratado, un hecho
que ha de marcar nuestro destino histórico como país,
por los próximos decenios.
Grave responsabilidad recae en esta situación sobre el
gobierno del presidente Ricardo Lagos. El Tratado en cuestión,
por encima de todo, sella la subordinación política
y económica de Chile a los designios del imperio norteamericano
y a los intereses de las empresas transnacionales estadounidenses,
en particular. En un momento histórico en el que el hegemonismo
unipolar -ejercido de manera brutal por los “halcones”
que lidera George W. Bush- provoca el repudio mayoritario de la
humanidad y el más profundo deterioro de las relaciones
diplomáticas de los Estados Unidos con la comunidad internacional
desde la Segunda Guerra mundial.
Resulta tremendamente vergonzoso que para “obtener”
esta “gracia” de la administración de los Estados
Unidos se haya tenido que dar excusas, por la posición
tomada con ocasión del intento norteamericano de convalidar
su agresión a Iraq con una votación del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas. Y que luego de ello, se haya
tenido que remover un embajador y cambiar a otro por su falta
de complicidad con las posturas y políticas de los Estados
Unidos y de lo que ellos exigen de sus socios o “aliados”
en estas circunstancias.
El Tratado de Libre Comercio de Chile con los Estados Unidos representa,
para el imperio, un primer paso significativo en dirección
a imponer sus términos en la negociación sobre el
Alca (Area de Libre Comercio de las Américas). El gobierno
de Chile contribuye así a pavimentar lo que no es otra
cosa que un intento de consolidar la dominación de Estados
Unidos sobre América Latina y el Caribe, garantizando el
predominio sin contrapeso de sus empresas transnacionales en la
región y su apropiación de todas nuestras riquezas
y recursos naturales; lo que nos despojará de toda soberanía,
acentuará sin límites la pobreza y la desigualdad,
depredará nuestro patrimonio natural y cultural y nos avasallará
integralmente.
Todo ello en un momento en el que gobiernos y pueblos de América
Latina marcan distancia con la potencia imperial, rechazan la
implantación de nuevas bases militares en la región,
multiplican pasos en dirección a una integración
sudamericana y condicionan, dignamente, toda negociación
comercial al desmantelamiento de los millonarios subsidios de
los Estados Unidos a sus productores agrícolas y a la eliminación
de su sistema antidumping. Nada de lo cual, por cierto, se contempla
en el Tratado que el gobierno de Chile está por suscribir.
Por el contrario, el Tratado en cuestión garantiza condiciones
leoninas en favor de los inversionistas estadounidenses, que podrán
demandar al Estado chileno ante tribunales internacionales en
caso de estimarse afectados por alguna medida; garantiza una total
desprotección de la economía chilena frente al libre
movimiento del capital especulativo; institucionaliza los procesos
de privatización y transnacionalización de los servicios
-educativos, de salud, previsionales, financieros, etc.-, amplía
los derechos de propiedad intelectual de las transnacionales,
etc.
Los ganadores absolutos de este Tratado son, sin lugar a dudas,
las empresas transnacionales norteamericanas y sus socios menores,
los grupos económicos locales. Los perdedores seremos la
inmensa mayoría de los ciudadanos que veremos destruir
la mediana, pequeña y microempresa chilena, con la consiguiente
disminución de puestos de trabajo, los mismos que no se
crearán en los servicios y negocios de exportación
en manos de transnacionales. Los perdedores seremos todos los
habitantes de Chile, que veremos agotar más rápidamente
nuestros recursos y dañar nuestro medio ambiente. Los perdedores
seremos todos los trabajadores que veremos flexibilizarse aún
más nuestras condiciones laborales, hasta el límite
de una esclavitud asalariada. Los perdedores seremos todas las
familias que veremos privatizarse aún más nuestra
salud y nuestra educación. Y por si todo esto fuera poco,
ahora se nos anuncia que además deberemos pagar mayores
impuestos para financiar tan tremendo “paso adelante”,
en nuestro proceso al desarrollo.
En efecto, la eliminación y reducción de impuestos
a las importaciones provenientes de Estados Unidos significarán
un menor ingreso fiscal que se estima en alrededor de 300 millones
de dólares. Y he aquí que el gobierno del presidente
Lagos nos acaba de anunciar la posibilidad de que ello se financie
con un mayor IVA, y en caso de no hacerlo, con nuevas privatizaciones.
Es sencillamente un enorme atropello.
La Fuerza Social y Democrática, frente a esta situación,
se hace un deber denunciar la gravedad de esta política
de subordinación al imperio que el gobierno del presidente
Lagos ha resuelto adoptar para los próximos años.
Rechazamos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos
y exigimos la realización de un referéndum o consulta
nacional como medida mínima de transparencia y legitimidad
para su suscripción definitiva.
Rechazamos igualmente, con energía, la pretensión
de buscar elevar el IVA para financiar los menores ingresos fiscales
que el Estado chileno recaudará por el menor precio de
las importaciones; en circunstancias que estos menores precios
no llegarán a los consumidores, sino que serán apropiados
por las cadenas de distribución hoy ya transnacionalizadas,
en su propio beneficio.
Rechazamos, igualmente, la eventualidad de que se busque reanudar
el proceso de privatización de las empresas sanitarias,
o peor aún de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap),
para resolver el mismo menor ingreso fiscal. Son las empresas
transnacionales las que deben pagar mayores impuestos; lo mismo
que el 5% más rico de los contribuyentes, a los que debe
subírseles la carga tributaria
FUERZA SOCIAL Y DEMOCRATICA
(Declaración leída en
conferencia de prensa el 1º de junio por los miembros del
comité ejecutivo de la FSD, Jorge Pavez, presidente del
Colegio de Profesores; Gladys Corral, presidenta del Colegio de
Enfermeras; Miguel Soto, presidente de la Confederación
de Trabajadores Metalúrgicos (Constramet); Luis Mesina,
presidente de la Confederación Bancaria; Alejandro González,
dirigente poblacional de La Pintana; Luis Mariano Rendón,
del Movimiento de Acción Ecológica; Rodrigo Caimanque,
vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile
(Fech); Manuel Cabieses, consejero nacional del Colegio de Periodistas;
Luis Parra, abogado; y Manuel Hidalgo, economista).
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