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Parlamento por reforma de la Salud

Mujeres en pie de Guerra

Desde distintas organizaciones, mujeres de todo el país llevan más de una década luchando por el acceso y la atención de salud sin discriminaciones, y con justicia social. Hoy, como otros sectores, se expresan críticamente frente a la reforma (plan Auge) que se está aprobando en el Parlamento.
Una oportunidad para manifestar abiertamente su disconformidad fue la celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que reunió a más de 200 mujeres en el ex Hospital San José. Allí reflexionaron, debatieron y delinearon los próximos pasos. Habrá de todo.
GLADYS Corral, presidenta del Colegio de Enfermeras; René Castro, encargado del Programa de Salud de la Mujer del Ministerio de Salud; y Carmen Leyton, del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) en el Parlamento de Mujeres por la Reforma de la Salud.

De partida, el miércoles 11 de junio, al mediodía, se concentrarán frente al Ministerio de Hacienda, para rechazar la pretensión de financiar la reforma de la salud con aumento del IVA o nuevas privatizaciones de bienes públicos. Desde su perspectiva, a Hacienda le corresponde asegurar los recursos indispensables para atender los requerimientos de salud integral de la población en los aspectos promocionales, preventivos, curativos y de rehabilitación, sin recargar los hombros de los más pobres. ¿De dónde sacar esos recursos? Las mujeres apoyan la propuesta de obtenerlos del cobro de impuestos a las empresas de la gran minería del cobre -que están agotando el principal recurso minero del país sin pagar un pe-so-, alzar la tributación por la compra de bienes suntuarios -como tabaco, alcohol y automóviles de lujo-, y disminuir la compra de armamentos.
En el encuentro, llamado Segundo Parlamento de Mujeres por la Reforma de la Salud, participaron pobladoras, trabajadoras, profesionales de la salud y de otros ámbitos, activistas feministas, educadoras, dueñas de casa y estudiantes de las regiones Metropolitana, V y VII. Todas trabajan por los derechos en salud, definidos como parte de los derechos humanos que deben ser garantizados por el Estado. Este “parlamento” fue organizado por un conjunto de organizaciones sociales y ONGs encabezadas por el Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. De las autoridades invitadas, ni el ministro ni el subsecretario de Salud pudieron asistir. Sólo llegó el encargado del Programa de Salud de la Mujer, René Castro, en quien se concentraron los fuegos del descontento durante un foro-debate sobre cómo la reforma de la salud aborda o desconoce las determinantes socioculturales de las mujeres, y cómo garantizar su derecho a la salud. También estuvieron en el foro, que reemplazó el viejo esquema de los discursos verticales, Carmen Leyton, jefa del área de Violencia, Familia y Calidad de Vida del Sernam, y Gladys Corral, presidenta del Colegio de Enfermeras. Ningún representante del ministerio de Hacienda ni de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados acogió la invitación.
Por eso, las “parlamentarias” no sólo acordaron ir a golpear la puerta del ministro Nicolás Eyzaguirre, sino también del Ministerio de Salud, Sernam y del Congreso, donde entregarán un documento que reitera sus propuestas sobre la reforma. Elaboradas democráticamente, en un proceso que tomó más de un año, fueron entregadas el 28 de mayo del 2002 a las autoridades de Salud. Pero como si no existieran, para quienes toman las decisiones en este país.

VIOLENCIA Y
DERECHOS SEXUALES

La equidad de género es uno de los aspectos ausentes, o apenas esbozados, en las reformas de salud que se encuentran en distintas etapas de desarrollo en América Latina, según expresó Henri Jouval, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en Chile, quien abrió este parlamento de mujeres haciendo hincapié en la importancia de ir superando desigualdades y discriminaciones que perjudican a las mujeres. Chile está lejos de ser una excepción. Por eso, la propuesta de reforma de las mujeres sitúa en primer lugar la equidad en salud y género. Luego, plantea el fortalecimiento del sector público y rechaza las presiones privatizadoras. Propone crear mecanismos y vías de participación ciudadana en salud; eliminar el impuesto a la reproducción en las Isapres -la reforma sólo garantiza igualdad en los precios de prestaciones para los problemas de salud incluidos en el Auge-; acceso igualitario de mujeres y hombres a atención tanto para las “patologías-Auge” como para las “no-Auge”, y abordar integralmente todos los aspectos relacionados con la salud mental y laboral de las mujeres.
En lo inmediato, la acción se centrará en dos propuestas. Una es lograr que la violencia sexual y doméstica se incluya dentro de las prioridades garantizadas en salud, contemplando prevención, tratamiento integral y rehabilitación para las víctimas. Se estima que este tipo de violencia debe ser considerado un problema de salud pública, debido a su alta incidencia. Según una encuesta del Sernam, 50% de las mujeres que viven en pareja en la Región Metropolitana han sido víctimas, alguna vez, de violencia física o psicológica.
Al mismo tiempo, las mujeres trabajarán activamente para que el proyecto de ley marco sobre derechos sexuales y reproductivos -enteramente elaborado por el movimiento de mujeres y el cual permanece inmovilizado en la Cámara de Diputados desde octubre del 2000-, sea considerado como una de las legislaciones indispensables para la reforma. Esto incluye la revisión de las leyes sobre el aborto y la reposición, al menos, del aborto terapéutico.
Son metas difíciles de lograr, pero no sólo en la última década sino que en varios siglos de lucha las mujeres han aprendido que cada conquista, por pequeña que sea, no ha sido un regalo de los gobiernos de turno, sino fruto de su esfuerzo

PATRICIA BRAVO

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Se privatiza la salud antes de aprobar la reforma

Una de las participantes en el Parlamento de Mujeres, Victoria Oyarzún, integrante de la Coordinadora Metropolitana de Usuarios en Defensa de la Salud Pública, explica a PF que el proyecto de ley sobre autoridad sanitaria -uno de los cinco proyectos de la reforma- proporciona el marco legal para la privatización del sistema público de salud. Entre otras cosas, porque se pierde la red asistencial. “Si bien el sistema público está colapsado en la actualidad, su recuperación no pasa por privatizarlo -opina-. Nosotras trabajamos con la ministra Michelle Bachelet, cuando estaba en Salud, para recuperar la salud pública. En la época de la dictadura militar se dieron los primeros pasos para privatizarla, con la municipalización y creación de las Isapres. Este proceso ha seguido avanzando. Por ejemplo, en la comuna de La Florida el presupuesto municipal para salud y educación se está reduciendo en 50%. Y nadie dice nada, a pesar que repercutirá directamente en los usuarios de la atención primaria. Ni siquiera al Ministerio de Salud le compete pronunciarse sobre cómo se fija el presupuesto municipal para los consultorios. La reforma de salud no se ocupa de esto ni de cómo se puede mejorar el nivel primario de salud. La amenaza es muy grave para todos, mujeres y hombres que no tenemos otra opción que el sistema público. Perderlo es dejar a la suerte del mercado la vida de la comunidad”.
Otro ejemplo de avance hacia la privatización es el reciente traspaso de dos consultorios de La Pintana -comuna sobrepoblada, donde están faltando seis consultorios- y uno de Puente Alto, al Hospital de la Universidad Católica como parte de un plan piloto de concesiones a privados.
Hay antecedentes de que en algunos consultorios de Peñalolén, Puente Alto y La Granja se exige copago a personas inscritas en los niveles C y D de Fonasa, a pesar que una ley de 1992 establece que la atención primaria es gratuita