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Parlamento por reforma de la Salud
Mujeres en pie de Guerra
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Desde distintas
organizaciones, mujeres de todo el país llevan más
de una década luchando por el acceso y la atención
de salud sin discriminaciones, y con justicia social. Hoy,
como otros sectores, se expresan críticamente frente
a la reforma (plan Auge) que se está aprobando en
el Parlamento.
Una oportunidad para manifestar abiertamente su disconformidad
fue la celebración del Día Internacional de
Acción por la Salud de las Mujeres, que reunió
a más de 200 mujeres en el ex Hospital San José.
Allí reflexionaron, debatieron y delinearon los próximos
pasos. Habrá de todo. |
GLADYS
Corral, presidenta del Colegio de Enfermeras; René
Castro, encargado del Programa de Salud de la Mujer del Ministerio
de Salud; y Carmen Leyton, del Servicio Nacional de la Mujer
(Sernam) en el Parlamento de Mujeres por la Reforma de la
Salud. |
De partida, el miércoles 11 de junio, al mediodía,
se concentrarán frente al Ministerio de Hacienda, para
rechazar la pretensión de financiar la reforma de la salud
con aumento del IVA o nuevas privatizaciones de bienes públicos.
Desde su perspectiva, a Hacienda le corresponde asegurar los recursos
indispensables para atender los requerimientos de salud integral
de la población en los aspectos promocionales, preventivos,
curativos y de rehabilitación, sin recargar los hombros
de los más pobres. ¿De dónde sacar esos recursos?
Las mujeres apoyan la propuesta de obtenerlos del cobro de impuestos
a las empresas de la gran minería del cobre -que están
agotando el principal recurso minero del país sin pagar
un pe-so-, alzar la tributación por la compra de bienes
suntuarios -como tabaco, alcohol y automóviles de lujo-,
y disminuir la compra de armamentos.
En el encuentro, llamado Segundo Parlamento de Mujeres por la
Reforma de la Salud, participaron pobladoras, trabajadoras, profesionales
de la salud y de otros ámbitos, activistas feministas,
educadoras, dueñas de casa y estudiantes de las regiones
Metropolitana, V y VII. Todas trabajan por los derechos en salud,
definidos como parte de los derechos humanos que deben ser garantizados
por el Estado. Este “parlamento” fue organizado por
un conjunto de organizaciones sociales y ONGs encabezadas por
el Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, y la
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. De
las autoridades invitadas, ni el ministro ni el subsecretario
de Salud pudieron asistir. Sólo llegó el encargado
del Programa de Salud de la Mujer, René Castro, en quien
se concentraron los fuegos del descontento durante un foro-debate
sobre cómo la reforma de la salud aborda o desconoce las
determinantes socioculturales de las mujeres, y cómo garantizar
su derecho a la salud. También estuvieron en el foro, que
reemplazó el viejo esquema de los discursos verticales,
Carmen Leyton, jefa del área de Violencia, Familia y Calidad
de Vida del Sernam, y Gladys Corral, presidenta del Colegio de
Enfermeras. Ningún representante del ministerio de Hacienda
ni de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados
acogió la invitación.
Por eso, las “parlamentarias” no sólo acordaron
ir a golpear la puerta del ministro Nicolás Eyzaguirre,
sino también del Ministerio de Salud, Sernam y del Congreso,
donde entregarán un documento que reitera sus propuestas
sobre la reforma. Elaboradas democráticamente, en un proceso
que tomó más de un año, fueron entregadas
el 28 de mayo del 2002 a las autoridades de Salud. Pero como si
no existieran, para quienes toman las decisiones en este país.
VIOLENCIA Y
DERECHOS SEXUALES
La equidad de género es uno de los aspectos ausentes,
o apenas esbozados, en las reformas de salud que se encuentran
en distintas etapas de desarrollo en América Latina, según
expresó Henri Jouval, representante de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en Chile, quien abrió
este parlamento de mujeres haciendo hincapié en la importancia
de ir superando desigualdades y discriminaciones que perjudican
a las mujeres. Chile está lejos de ser una excepción.
Por eso, la propuesta de reforma de las mujeres sitúa en
primer lugar la equidad en salud y género. Luego, plantea
el fortalecimiento del sector público y rechaza las presiones
privatizadoras. Propone crear mecanismos y vías de participación
ciudadana en salud; eliminar el impuesto a la reproducción
en las Isapres -la reforma sólo garantiza igualdad en los
precios de prestaciones para los problemas de salud incluidos
en el Auge-; acceso igualitario de mujeres y hombres a atención
tanto para las “patologías-Auge” como para
las “no-Auge”, y abordar integralmente todos los aspectos
relacionados con la salud mental y laboral de las mujeres.
En lo inmediato, la acción se centrará en dos propuestas.
Una es lograr que la violencia sexual y doméstica se incluya
dentro de las prioridades garantizadas en salud, contemplando
prevención, tratamiento integral y rehabilitación
para las víctimas. Se estima que este tipo de violencia
debe ser considerado un problema de salud pública, debido
a su alta incidencia. Según una encuesta del Sernam, 50%
de las mujeres que viven en pareja en la Región Metropolitana
han sido víctimas, alguna vez, de violencia física
o psicológica.
Al mismo tiempo, las mujeres trabajarán activamente para
que el proyecto de ley marco sobre derechos sexuales y reproductivos
-enteramente elaborado por el movimiento de mujeres y el cual
permanece inmovilizado en la Cámara de Diputados desde
octubre del 2000-, sea considerado como una de las legislaciones
indispensables para la reforma. Esto incluye la revisión
de las leyes sobre el aborto y la reposición, al menos,
del aborto terapéutico.
Son metas difíciles de lograr, pero no sólo en la
última década sino que en varios siglos de lucha
las mujeres han aprendido que cada conquista, por pequeña
que sea, no ha sido un regalo de los gobiernos de turno, sino
fruto de su esfuerzo
PATRICIA BRAVO
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Se privatiza la salud antes de aprobar la reforma
Una de las participantes en el Parlamento de Mujeres, Victoria
Oyarzún, integrante de la Coordinadora Metropolitana
de Usuarios en Defensa de la Salud Pública, explica
a PF que el proyecto de ley sobre autoridad sanitaria -uno
de los cinco proyectos de la reforma- proporciona el marco
legal para la privatización del sistema público
de salud. Entre otras cosas, porque se pierde la red asistencial.
“Si bien el sistema público está colapsado
en la actualidad, su recuperación no pasa por privatizarlo
-opina-. Nosotras trabajamos con la ministra Michelle Bachelet,
cuando estaba en Salud, para recuperar la salud pública.
En la época de la dictadura militar se dieron los
primeros pasos para privatizarla, con la municipalización
y creación de las Isapres. Este proceso ha seguido
avanzando. Por ejemplo, en la comuna de La Florida el presupuesto
municipal para salud y educación se está reduciendo
en 50%. Y nadie dice nada, a pesar que repercutirá
directamente en los usuarios de la atención primaria.
Ni siquiera al Ministerio de Salud le compete pronunciarse
sobre cómo se fija el presupuesto municipal para
los consultorios. La reforma de salud no se ocupa de esto
ni de cómo se puede mejorar el nivel primario de
salud. La amenaza es muy grave para todos, mujeres y hombres
que no tenemos otra opción que el sistema público.
Perderlo es dejar a la suerte del mercado la vida de la
comunidad”.
Otro ejemplo de avance hacia la privatización es
el reciente traspaso de dos consultorios de La Pintana -comuna
sobrepoblada, donde están faltando seis consultorios-
y uno de Puente Alto, al Hospital de la Universidad Católica
como parte de un plan piloto de concesiones a privados.
Hay antecedentes de que en algunos consultorios de Peñalolén,
Puente Alto y La Granja se exige copago a personas inscritas
en los niveles C y D de Fonasa, a pesar que una ley de 1992
establece que la atención primaria es gratuita |
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