Batiendo el cobre

Luego de trece años de indiferencia, parece increíble que el Senado acordara estudiar la situación tributaria de la gran minería del cobre, las eventuales irregularidades que se han producido por parte de las transnacionales y la posibilidad de establecer un royalty sobre su producción. No hay recuerdos de algo parecido en la historia de la Cámara alta. En caso de situaciones oscuras que puedan implicar responsabilidad de funcionarios públicos, lo normal es que se designe una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que tiene funciones fiscalizadoras de acuerdo a la Constitución.

SENADOR Jorge Lavandero Illanes: su tenacidad en las denuncias logró frutos.

Ahora se prefirió al Senado, que delegó en la Comisión de Minería que preside el demócratacristiano Jorge Lavandero Illanes la realización de la tarea, para luego entregar sus conclusiones a la Comisión de Hacienda. Casi dos semanas más tarde, la Cámara de Diputados acordó realizar un estudio similar. Seguramente el estudio del Senado aparecerá como de mayor peso ante la opinión pública, avalado por los expertos que han sido invitados a opinar.
La decisión del Senado no fue ajena a la perseverancia del senador Jorge Lavandero, convertido desde hace tiempo en abanderado de la causa del cobre chileno. Consciente de la magnitud del desafío que asumía y del poder de las transnacionales, Lavandero no se desanimó por el escaso eco a que parecían condenadas sus denuncias. Desde la nacionalización, en 1971, hasta cerca del fin de la dictadura, Codelco controlaba casi el 90% de la producción de la gran minería. Hoy sólo maneja el 32% de la principal riqueza del país. Los dos tercios restantes están en manos de multinacionales que, en su mayoría, no pagan impuestos. Utilizan diversos recursos: depreciación acelerada, transferencias entre filiales, servicio de créditos a la casa matriz, operaciones a futuros y otros arbitrios.
Por otra parte, la sobreproducción generada por las transnacionales en Chile hace bajar el precio del cobre en el mercado internacional produciéndose enormes pérdidas para nuestro país. Cada vez pesan más en la producción chilena los concentrados -etapa inmediatamente superior a la materia prima bruta- con escaso valor agregado, en circunstancias que la mayor parte de la producción de Codelco es de cobre refinado.
Codelco ha sido la empresa más afectada por la drástica disminución de precios provocada por la producción privada chilena. En seis años, entre 1995 y 2001, aumentó sus exportaciones en 52% y el valor de las mismas bajó en 23.8%. El 2001 exportó mucho más cobre, y el valor de sus exportaciones disminuyó en 731 millones de dólares.
El llamado “crecimiento empobrecedor” ha adquirido tales dimensiones que con exportaciones de cobre que llegan a 4 millones 650 mil toneladas, Chile recibe menos que cuando exportaba 2 millones 410 mil toneladas.
Todo esto se sabía. Había sido denunciado no solamente por el senador Lavandero. Centros de estudios alternativos como Cetes, Cenda, Terram y otros, destacados economistas, partidos y movimientos de Izquierda han hecho, en estos años, considerables aportes.
De improviso el cobre saltó al escenario político. Se había producido un cambio de calidad: de asunto negado se transformó en foco de atracción. Contribuyeron diversos factores. El más importante, sin duda, fue la búsqueda de recursos para financiar la agenda social del gobierno, pero una vez más se recurrió al alza del IVA y de determinados impuestos al consumo, que tienen un más fácil y alto rendimiento.
Muchos sectores, incluyendo la derecha, empezaron a mirar a las transnacionales que no pagan impuestos. Sólo dos o tres consorcios -de un total de 47- lo hacen. Los demás aparecen año a año con pérdidas, lo que es una burla ya que se trata de una de las actividades de mayor rentabilidad. Influyó, sin duda, la persistencia de la campaña de denuncias y también, el revuelo que produjo el caso Disputada, controlada por Exxon vendida en mil 300 millones de dólares a Anglo American luego de haber operado más de veinte años en Chile; habiendo producido 3 millones de toneladas de cobre, por un precio estimado de más de 6 mil millones de dólares, no pagó un centavo de impuestos. Junto con vender la empresa, Exxon transfirió a Anglo American un crédito por casi 600 millones de dólares contra el Fisco chileno al cual deberán imputarse futuros impuestos. Anglo American ha sido acusada, por su parte, de manejos especulativos en su empresa Mantos Blancos, que le permitió hacer desaparecer, en 1995, 48 millones de dólares de utilidades al transformarlos en pérdidas operacionales por 49 millones de dólares, mientras la utilidad real la traspasó a una filial.

PARAISO DE LAS TRANSNACIONALES

Desde la época de la dictadura Chile ha sido un paraíso tributario para las transnacionales. Este “status” fue denunciado muchas veces, entre otros por Radomiro Tomic. No alterar los privilegios concedidos a las transnacionales fue una de las decisiones medulares que adoptó la Concertación en los comienzos del primer gobierno democrático. “Ni nuevas privatizaciones ni nacionalización” fue una frase acuñada por Juan Hamilton. Como ministro de Minería en ese entonces, se preocupó de dar todavía mayores facilidades a los consorcios extranjeros, abriendo las reservas de Codelco para que pudieran ser privatizadas. Oficiosamente se explica que esa política fue adoptada teniendo en cuenta la debilidad de la transición -a causa del poder que conservaban los militares y la derecha- y la conveniencia de mantener las mejores relaciones con las transnacionales y los gobiernos de sus países de origen.
Esta situación no ha cambiado. El régimen tributario de privilegio de las transnacionales es un secreto a voces que inquieta poco al gobierno. De acuerdo a la información de Cochilco, de los productores de cobre, Chile es el que cobra menos impuestos (y seguramente el único al que no le pagan). Es también uno de los tres países que no cobra royalties. La tributación chilena en Primera Categoría es sólo de un 16%, -un 30% inferior a la de Perú, también empeñado en una política de apertura irrestricta a la inversión extanjera-. Los otros países mineros cobran desde un 28% (Polonia) hasta 38.6% (Canadá). Estados Unidos, Zambia y México cobran 35% y el 30% Australia, Sudáfrica y los demás países considerados. Todos -salvo Perú y México- cobran royalties. De acuerdo a Cepal, Chile es el país cuya tributación pesa menos en la rentabilidad de los proyectos mineros.
En sordina, y debido a las denuncias, en algún momento los gobiernos de la Concertación han vacilado, mostrando -incluso- interés en el tema. En 1998, en el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle el ministro de Hacienda, Eduardo Aninat, presionado para que considerara la posibilidad de un royalty, encargó un estudio a la Universidad de Harvard, la cual comisionó al economista Theodore Panayotou, experto en minería. El informe fue lapidario, según se desprende del texto publicado hace poco por la revista Siete+7. Titulado “Eficiente valoración de los recursos mineros y captación de su renta en Chile”, el estudio propuso una combinación de royalty ad valorem (sobre el valor bruto del producto final) y otro basado en las utilidades. El ministro Aninat decidió no darlo a conocer. Simplemente lo archivó.

¿ROYALTY A LA VISTA?

Importantes en el debate han sido las opiniones de Juan Villarzú, vicepresidente ejecutivo de Codelco. Ha hablado a título personal, pero sus opiniones producen impacto. Aclarando que estima que las empresas privadas se han ajustado a la ley excesivamente permisiva, sostiene que hay “espacio” para que las compañías aporten más al país, sin afectar su competitividad.
El elemento central es que las empresas del cobre tienen una alta rentabilidad, que se calcula entre 40% y 50%.
Entre las posibles medidas, el vicepresidente de Codelco considera la aplicación de una regalía o royalty por el derecho a explotar yacimientos que son los mejores del mundo y que están cerca del mar. El gravamen podría ir del 3% a 5%, sin frenar ningún gran proyecto, salvo aquéllos de costos altos lo que podría ayudar a disminuir la sobreoferta de cobre. Villarzú ha sostenido que una regalía o royalty por derecho de extracción del 5%, dejaría dividendos importantes al Estado. A un precio de 90 centavos y en un universo de explotación de tres millones de toneladas anuales, que es aproximadamente lo que producen las mineras privadas, Chile podría percibir cerca de 300 millones de dólares anuales.
El economista Orlando Caputo sostiene: “Chile puede y debe cobrar la renta minera. Su no cobro es lo que distorsiona el mercado. El cobro de la renta minera puede ir acompañado o no de modificaciones tributarias”. Caputo es menos cauteloso respecto de los montos. “Ahora, todos empiezan a hablar del royalty, pero están señalando uno insignificante de 1% ó 2% de las ventas. En las condiciones actuales se captarían de las empresas privadas sólo 80 millones de dólares. Debe ser más alto”.

TRANSNACIONALES,
ALERTA AMARILLA

La reacción de las transnacionales aparece algo débil. Prefieren recurrir al lobby entre bambalinas. Pero están conscientes, como escribió El Mercurio, que el aumento de impuestos a la minería “ha agarrado más vuelo que en otras ocasiones”.
Aunque no tienen la conciencia tranquila, las mineras miran las cosas con calma. Toda modificación tributaria es materia de ley, de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Apuestan a que el presidente Lagos tendrá cuidado de incomodarlas, porque una de sus preocupaciones es el bienestar de los inversionistas extranjeros y con mayor razón ahora, con el TLC. Entienden como muestra de buena disposición que el gobierno haya preferido elevar el IVA y los impuestos específicos antes que imponer alguna forma de gravamen a las mineras. Recuerdan, además, que cuando se amenazó con cobrar 300 millones de dólares como impuesto por la venta de Disputada, un oportuno viaje de los ejecutivos de Exxon rebajó el monto a sólo 27 millones de dólares

HERNAN SOTO

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