(I)
DESPERTAR DEL MOVIMIENTO SOCIAL
Señales positivas de recuperación comienzan a
surgir en diferentes sectores del movimiento social. Está
llegando a su fin el prolongado aletargamiento de las organizaciones
que agrupan al pueblo. La paciencia que invocó la Concertación
con el pretexto de llevar adelante en paz social el proceso de
“transición a la democracia”, tenía
un límite. Y a ese límite se ha llegado. Lo que
la propia Concertación llamó la “deuda social”
no se ha pagado y por el contrario, ha crecido. El costo que el
pueblo pagó por respetar los plazos y ritmos que fijaron
los gobiernos de la Concertación a sus demandas, ha sido
muy elevado. La apatía -del brazo de la decepción
y la desconfianza- se coló en el movimiento social, causando
estragos en la unidad y el espíritu de lucha forjados en
la resistencia a la dictadura. La dispersión se convirtió
en un azote que debilitó a todas las organizaciones y al
movimiento en su conjunto. El sectarismo y el dogmatismo se adueñaron
de minúsculos reductos políticos y sociales que
en el autoaislamiento encontraron el modo de asegurar su propia
existencia. El oportunismo, el acomodo y la corrupción
-por otra parte- ganaron espacios considerables, alentados por
la política clientelar de los servicios del Estado, los
municipios y buena parte de las ONGs.
Sin embargo, todo eso está llegando a su fin. Aparecen
iniciativas de recomposición de las organizaciones del
pueblo que reivindican su autonomía para fijar el rumbo
de sus luchas. Desde luego, habrá que trabajar muy duro
todavía para vencer las rémoras del período
de reflujo, pasividad y desarticulación de las organizaciones
sociales. Pero lo importante es que la corriente principal del
movimiento apunta en un sentido esperanzador.
Las recientes luchas de los empleados fiscales, las que mantienen
los estudiantes universitarios y las que se aproximan de los profesores,
así como el valiente esfuerzo del pueblo mapuche por recuperar
sus tierras -entre otras manifestaciones-, demuestran que hay
fuerzas emergentes en el campo social que intentan rescatar la
autonomía de sus organizaciones para que cumplan su misión
democratizadora y de justicia social.
La Central Unitaria de Trabajadores, por su parte, ha convocado
para el 13 de agosto a un paro nacional. Si bien la directiva
de la CUT está rodeada por la desconfianza de buena parte
del movimiento sindical y su respaldo orgánico mayoritario
está en el sector público, su llamado puso en marcha
la creatividad y espíritu de lucha de otros sectores. Sindicatos
del área privada, pobladores y estudiantes, han ido construyendo
acuerdos y avanzan en la organización de una protesta social
para el 13 de agosto, potenciando el paro nacional que librado
a la convocatoria de la CUT se estima de dudoso éxito.
En estos días los organizadores de la protesta social formularán
su llamado. Es seguro que esa convocatoria encontrará amplia
acogida en Santiago y otras ciudades.
Desde luego, los motivos para protestar sobran. En tal sentido
conviene dejar la palabra a los propios trabajadores. La Coordinadora
de Sindicatos de las empresas del grupo Luksic, por ejemplo, señala:
“La transición democrática no ha sido más
que el paso de una dictadura militar a una dictadura civil ‘democrática’
en donde una élite gobernante, profundizando las políticas
neoliberales, ha saqueado la economía vía corrupción
y robo descarado. Se ha provocado la exclusión masiva de
ciudadanos de los procesos electorales que son controlados por
los medios de comunicación y los empresarios nacionales
y extranjeros. Los candidatos son chantajeados por quienes tienen
el poder del dinero, cerrando toda posibilidad de éxito
a candidaturas asociadas a los sectores desposeídos de
la sociedad. Ni rastros quedan de las promesas electorales de
los actuales gobernantes de restituir a los trabajadores sus derechos
arrebatados durante el período dictatorial”. Y más
adelante la Coordinadora sindical de uno de los grupos económicos
más poderosos del país plantea con franqueza: “¿Por
cuánto tiempo más deberemos soportar esta situación?
¿Seguiremos viendo impávidos cómo día
a día se cercenan los pocos derechos que nos quedan? Corresponde
a las organizaciones sindicales en donde se agrupan más
de 700 mil trabajadores y primeramente a sus dirigentes sindicales,
hacer los esfuerzos por romper la apatía, la dispersión
y el inmovilismo que nos afectan y emprender la ruta de una recomposición
orgánico-político del sindicalismo que recogiendo
lo mejor de nuestro histórico pasado se apreste a enfrentar
con decisión nuestra adversa realidad”.
No sólo en los trabajadores organizados recae la responsabilidad
de poner en marcha la demanda por justicia social y más
democracia. La desestructuración social provocada por la
economía de mercado, ha creado nuevos actores de gran importancia.
Miles de organizaciones, aunque débiles por su aislamiento,
así como miles de trabajadores por cuenta propia o dependientes
de contratistas que hacen imposible su sindicalización,
configuran un universo social que busca nuevas formas de participación
para luchar por sus derechos. De ahí la importancia que
adquieren las corrientes de opinión y las instancias de
coordinación que encarnan las demandas más amplias.
Desde luego, la alianza que están forjando los sectores
afectados por el modelo económico incluye a sectores profesionales
y de pequeños y medianos empresarios que rechazan el neoliberalismo
y sus devastadoras consecuencias sociales.
Como lo refleja el análisis de la Coordinadora de Sindicatos
del grupo Luksic, todos estos sectores se encuentran hoy “huérfanos
de dirección política y sindical reconocida, dispersos
en la geografía nacional, arrinconados en pequeñas
organizaciones sindicales los menos y deambulando sin organización
la gran mayoría”.
A superar esa situación apunta una de las más consistentes
propuestas nacidas del mundo social en el último tiempo:
la Fuerza Social y Democrática, a cuya cabeza aparecen
dirigentes sindicales, de gremios profesionales, federaciones
estudiantiles, organizaciones poblacionales y ecologistas, agrupaciones
de derechos humanos, etc. La FSD, sin duda, representa la heterogénea
amplitud del movimiento social existente. La FSD ha recorrido
un trecho del camino, construyendo relaciones de confianza que
se basan en el respeto al pluralismo ideológico, y está
haciendo -como se lo propuso- política desde lo social.
Esto significa, en definitiva, levantar una alternativa democrática
y de justicia social que impida que el pueblo se vea convertido
en el jamón del sandwich electoral que engullen la Concertación
y la derecha. Para esto la FSD ha comenzado a tomar contacto con
organizaciones sociales y políticas, invitándolas
a organizar en conjunto un Congreso por la Alternativa Social
(ver pág. 13 de esta edición).
El proceso de organizar ese congreso y de preparar la “Demanda
de Chile”, un programa que recogerá las plataformas
locales y sectoriales, constituye una vía eficaz para repotenciar
las fuerzas y capacidades del pueblo, convirtiéndolo en
constructor de su propio destino.
El agotamiento de la Concertación, como resultado de la
simbiosis política que la convirtió en la otra cara
de la derecha, ha contribuido no sólo al desencanto y despolitización
ciudadana. Está sirviendo para que, finalmente, el desaliento
se transforme en voluntad de acción. Las organizaciones
sociales están sacudiéndose del sopor. Reinician
la lucha democratizadora pero en una dimensión mayor, más
unitaria y plural. Las organizaciones sociales levantan la mirada
más allá de las fronteras de sus intereses sectoriales
y buscan espacios de coordinación desde los cuales levantar
propuestas políticas. Al proceder de esa manera entienden
que nadie hará por el pueblo lo que él no sea capaz
de hacer por sí mismo y con sus propias fuerzas
PF
(II)
El “pago de la derecha”
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Un curioso silencio en la derecha política y económica
encontraron las palabras del comandante en jefe del ejército,
general Juan Emilio Cheyre, al referirse “a los
sectores que nos incitaron y avalaron oficialmente nuestro
actuar en la crisis que provocaron”. Esta vez, los
aplaudidores profesionales de las FF.AA. se enfurruñaron
-y con razón- porque es la primera vez que el ejército
admite de algún modo que fue utilizado por la derecha
empresarial y política para derrocar al gobierno
constitucional del presidente Salvador Allende, instaurando
un largo período de terrorismo de Estado.
El general Cheyre -que ha emprendido una cuidadosa ofensiva
publicitaria para sacar al ejército del entrampamiento
en que lo han colocado las investigaciones judiciales
de los crímenes de la dictadura-, habló
esta vez en un regimiento de Calama.
|
Lo esencial en su discurso, desde luego, fue insistir en el
llamado a las autoridades civiles para alcanzar una solución
“de conjunto” al problema de los derechos humanos.
Pero Cheyre criticó a “una clase política
que fue incapaz de controlar la crisis que culminó en septiembre
de 1973”, y añadió: “nunca más
a los sectores que nos incitaron y avalaron oficialmente nuestro
actuar en la crisis que provocaron; nunca más excesos,
crímenes, violencia y terrorismo; nunca más un sector
ausente y espectador pasivo. En fin, nunca más una sociedad
chilena dividida”.
Tuvo, asimismo, palabras de comprensión con el sufrimiento
de los familiares de los detenidos desaparecidos.
La reactivación de los tribunales en los casos de violaciones
de los derechos humanos ha significado el procesamiento y detención
de numerosos altos oficiales y suboficiales en retiro de las FF.AA.
y Carabineros. Esto, sin duda, es el motivo central de la preocupación
del comandante en jefe del ejército. La actuación
de varios jueces ha hecho renacer la esperanza en que los crímenes
no quedarán impunes. Restablecer la verdad, hacer justicia
y reparar el daño causado a miles de familias, continuará
siendo el reclamo de una inmensa mayoría ciudadana. Eso
demuestra que están destinadas al fracaso todas las maniobras
y subterfugios para otorgar impunidad a los autores de asesinatos
y torturas.
En ese contexto, a partir de reconocer que los tribunales deben
tener las manos libres para hacer justicia, las palabras del general
Cheyre pueden estimarse positivas. De algún modo significan
una denuncia tardía -pero importante- de los sectores reaccionarios
que en los años 70 incitaron a las FF.AA. al golpe y que
avalaron el terrorismo de Estado. Son los mismos que se beneficiaron
con las privatizaciones fraudulentas de las empresas públicas,
cometiendo el despojo más grande sufrido por el patrimonio
nacional. El “pago de la derecha” debería servir
de lección a las FF.AA. No es la primera vez que son utilizadas
para interrumpir por la fuerza procesos legítimos y democráticos
de cambio y justicia social. Las FF.AA. hicieron un trabajo sucio
por el que hoy deben pagar. Pero también es de justicia
que los “generales civiles” del golpe -empresarios
y políticos- que siguen gozando de impunidad, acrecentando
sus fortunas y hasta aspirando a retomar el control del gobierno,
sean sancionados por la opinión pública. El 30º
aniversario del golpe debería servir para esa postergada
tarea de sanidad moral. Los Ricardo Claro, los Agustín
Edwards y otros tantos empresarios; los Sergio Fernández,
los Jovino Novoa, los Pablo Longueira, los Joaquín Lavín
y tantos otros políticos, que “incitaron” al
golpe y “avalaron” los crímenes de la dictadura,
merecen recibir su merecido, aun cuando éste sólo
sea el repudio y desprecio de la ciudadanía
PF
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